El fuego desgraciado

 

El cambio climático parece haber llegado con todo. Inundaciones, olas de calor, olas de frío, lluvias extremas y sequías nunca vistas. En la Argentina, el río Paraná presenta desde hace un año una bajante que no se registraba desde 1944. La última manifestación de esta nueva realidad fueron los incendios en Corrientes, que dejaron 934.238 hectáreas quemadas, el 11% del territorio provincial, según el último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Al cierre de esta nota había focos activos en diez departamentos correntinos, pese al esfuerzo realizado por equipos que llegaron desde todo el país. El impacto económico por las pérdidas productivas en ganadería, arroz, cítricos, forestación y yerba mate supera los 69.000 millones de pesos. Los Esteros del Iberá, el parque nacional que es una maravilla de la naturaleza y una de las joyas del turismo ambiental —en el Top 10 de lugares recomendados por el New York Times— hoy es un desierto de cenizas y es difícil saber si algún día recuperará su esplendor.

En la polémica que se generó sobre la responsabilidad y la respuesta a los incendios hubo acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial y el nacional. Se denunciaron varios desmanejos y se hicieron afirmaciones que no son totalmente ciertas. Una de las más instaladas es que Corrientes es una provincia húmeda que no está acostumbrada a lidiar con fuegos descontrolados, como Córdoba o las provincias del sur patagónico. Eso no es tan así. En octubre de 2020, los incendios en el Parque Provincial San Cayetano destruyeron el 90 por ciento de su superficie. “Y no se recuperó en seis meses, como dicen algunos que pasará con los humedales ahora”, hace notar Florencia Quijano, bióloga de la ONG Defensores del Pastizal. Desde entonces, la organización hizo pedidos de información a los dos organismos ambientales de la provincia, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y la Dirección de Recursos Forestales. Los ambientalistas querían saber qué porcentaje del área afectada eran humedales, cuánto pastizales y cuánto bosque nativo. También buscaban esa información sobre todo el territorio provincial. No les dieron la información con el argumento de que la ONG no tiene personería jurídica.

 

 

 

Antes, en 2018, un proyecto bueno en los papeles terminó generando un desastre ambiental a otra escala. San Luis del Palmar es un barrio de 179 casas construidas por la provincia en 1997 sobre un lecho inundable. El barrio se inundó dos años seguidos por las intensas lluvias. Entonces, la provincia inició el dragado del Riachuelo, a unos 20 kilómetros de la capital provincial. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente contrató a la empresa Ecoyma S.A. Usaron una draga estacionaria sobre una barcaza, sin tracción. Tenía que ser arrastrada por dos retroexcavadoras a gasoil desde la orilla del curso de agua. Las primeras dos etapas del trabajo provocaron la destrucción de bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo en más de 20 kilómetros de ribera. Además, según los ambientalistas, la arena del Riachuelo se depositó demasiado cerca de la orilla. “Con las primeras lluvias vimos cómo caían los terrones de arena nuevamente al río –recuerda Quijano–. Al poco tiempo, San Luis del Palmar se volvió a inundar”. Finalmente, las protestas lograron detener la obra.

¿Corrientes estaba preparada para enfrentar incendios a gran escala? Claramente no. La provincia no contaba con aviones hidrantes ni tiene una brigada forestal de incendios. Los primeros –y los últimos– en salir a enfrentar los focos fueron los bomberos voluntarios de cada localidad, algunos bien equipados, otros no tanto. Pero ninguno con la capacitación y experiencia para luchar contra incendios forestales, una categoría muy distinta a un incendio urbano. Corrientes recibió la ayuda de cuerpos de bomberos de Misiones, Chaco, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires colaboró enviando drones para detectar focos desde el aire. También llegaron al terreno 5 aviones hidrantes, 1 avión observador y 4 helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ministerio de Defensa y Policía Federal, 8 autobombas, equipamiento, maquinaria pesada, un camión logístico, otro de comunicaciones y móviles de apoyo. Viajaron 286 brigadistas y personal de apoyo.

 

 

 

Latente

La posibilidad de que se desataran estos fuegos estaba latente. “Se sabía porqué estamos teniendo una gran sequía hace dos años –le dijo a El Cohete Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente–. Pero es verdaderamente complejo hacer una acción preventiva en un área tan inmensa y de tan difícil acceso como los humedales o los esteros. No se compara con la acción preventiva en las forestaciones y los bosques del sur, donde se previene quitando la materia orgánica, limpiando las banquinas y los bajos de las líneas de alta tensión”. Para Federovisky, estos incendios son una muestra del “cambio climático en estado puro. Es un problema global, no local”, dice el funcionario y recuerda los incendios de enero de 2020 en Australia, que quemaron 23 millones de hectáreas, los de Canadá, que afectaron a 4 millones de hectáreas el último verano, y los incendios recurrentes en California, Estados Unidos, con pérdidas anuales de alrededor de 1 millón de hectáreas.

Por ley, el manejo de los recursos para enfrentar el fuego es responsabilidad de cada provincia. Esto no quita que el ministerio afirme haber ofrecido ayuda a tiempo para colaborar. “El domingo 30 de enero hablé con el ministro de producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le ofrecimos ayuda y me dijo que no hacía falta. El lunes a la mañana salió por los medios quejándose de que la Nación no les enviaba refuerzos”, contó. Fue la primera de las polémicas, que se trasladó a un cruce de acusaciones entre el ministro Juan Cabandié y el gobernador Gustavo Valdés, de Juntos por el Cambio. En cuanto a la ayuda internacional, el ministerio pidió colaboración a las embajadas rusa y estadounidense en la Argentina y a la Federación Forestal de Chile. Sólo Bolivia respondió en concreto: envió a 79 brigadistas que llegaron a Corrientes el viernes 25 de febrero.

En algo coinciden las autoridades, los ambientalistas y los productores agropecuarios. Una vez desatados, los grandes incendios son muy difíciles de controlar. Por eso, la mira está puesta en qué se puede hacer para detectarlos y prevenirlos a tiempo. Los ambientalistas ponen el foco en el monocultivo, que en este caso no es la soja que desplaza a los cultivos tradicionales de la Argentina, sino la forestación con dos especies “implantadas”: el pino y el eucalipto. “Cuando el fuego entra a una forestación de pinos, no hay forma de pararlo: es como si tomara un tanque de petróleo”, grafica un periodista de la capital correntina. “Las plantaciones tienen muchas condiciones para que los incendios se descontrolen: los árboles están uno al lado del otro, se usan para producción de resina, un material muy combustible, así como el material vegetal que queda en el suelo, la pinocha y las hojas”. Eduardo Scofano es guía turístico de los Esteros del Iberá: “El eucalipto —dice— ayuda un poco más a la oxigenación; el pino es más desgraciado. En un pinar no hay animales”.

Pese a que todas las forestaciones deben contar con un estudio de impacto ambiental y con una estructura y personal para manejar y combatir el fuego, incluso aprobada por autoridades nacionales –ya que la mayoría cuenta con algún beneficio fiscal federal–, los mismos productores reconocen que cumplir las normas es una cuestión de “conciencia” o, directamente, interés comercial. Según la superficie, cada plantación está obligada a contar con equipamiento y profesionales capacitados para combatir el fuego, hacer las plantaciones dejando un espacio de prevención sobre los bosques nativos, realizar cortafuegos, instalar sirenas de alarma y atalayas para vigilar el inicio de focos. Pero “como siempre, unos cumplen, otros más o menos y otros nada”, reconoce Rodolfo Goth, ex presidente regional de la Asociación Forestal de Argentina.

Varias multinacionales tienen un manejo más profesional en este sentido. En el nordeste de la provincia varias empresas conformaron un consorcio de manejo del fuego netamente privado que funciona bien, cuenta Goth, ingeniero agrónomo que asesora y maneja varias plantaciones. Y recuerda que “el fuego es el enemigo, pero también una herramienta de trabajo: cuando la usás tomando recaudos y avisando a los vecinos, funciona”.

Se calcula que el 90 por ciento de los incendios de este año no se iniciaron por causas naturales, como tormentas y rayos, sino que fueron provocados por el hombre. No por la costumbre de la quema para generar pasto fresco, que se realiza en invierno, sino por actividades más banales como quemar basura o ramas. Sin embargo, las grandes empresas también tienen su currículum en el daño ambiental. Básicamente por cómo usan un recurso cada vez más preciado: el agua. Además de la forestación y la ganadería, la tercera actividad fundamental de la provincia es la producción de arroz, demandante de agua por demás. Es el caso de la arrocera El Oscuro, basada en un campo que fue de los Pérez Companc, luego de Petrobras y ahora del megagrupo Adecoagro, con accionistas como George Soros, Al Gharrafa Investment Company (fondo vinculado con el Estado de Qatar) y HBK. En 1998, un desborde de la represa provocó la inundación de la localidad de Paso Tala, en el sur provincial. En 2011, la Corte Suprema frenó la construcción de la represa Ayuí Grande, el emprendimiento arrocero del vicepresidente y accionista del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y El Oscuro, que pretendía inundar 8.000 hectáreas, eliminar 130 kilómetros de bosques en galería y adueñarse de un río en la localidad correntina de Mercedes.

 

 

 

 

Ley de humedales

Como no hay datos oficiales, se calcula que los llamados bosques implantados ocupan 550.000 hectáreas de la provincia. Además de la producción de resina para la industria química, la madera se vende directamente, sin industrializar. En este panorama nació el proyecto de instalar una pastera en Ituzaingó, sobre el Paraná, con el nombre Isyry Cuatiá, que en guaraní significa “río de papel”. Demandaría una inversión de 3.000 millones de dólares y es, probablemente, la apuesta más fuerte a un salto productivo del gobernador Valdés, que en 2019 visitó el megaaserradero Versowood en Finlandia y el mismo año se reunió con el alcalde chino de la ciudad de Harbi, Sun Zhe, en busca de expertise e inversiones para la pastera.

Los ambientalistas están asustados: afirman que el plan es llevar la superficie de bosques implantados a 3 millones de hectáreas, con las consecuencias negativas conocidas para la fauna y flora autóctonas. El pedido es que se haga la industrialización de la madera ya plantada pero que no se extiendan las forestaciones. Del otro lado, los productores se entusiasman con empezar a industrializar la madera, agregarle valor y sumar empleos y riqueza a la provincia. “Lo que tenemos plantado ocupa el 6% de la superficie provincial. Me resulta difícil imaginar que se pase a 3 millones de hectáreas cultivadas, aunque la superficie lo permitiría -dice Goth–. Pero la pastera es necesaria: podés producir papel y todos sus derivados, desde pañales hasta papel higiénico y papel de impresión. Eso se hace con pino, eucalipto y álamo”.

Finalmente, y otro eje de la discusión, es la famosa Ley de Humedales, que avanzó por la Cámara de Diputados con dictamen de dos comisiones hasta que fue cajoneada en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Su presidente es el joven diputado José “Pitín” Ruiz Aragón, del Frente de Todos. Pitín es correntino. Los defensores del medio ambiente ven en la ley un primer paso para hacer un registro nacional y saber cuántas hectáreas tiene el país de humedales –Corrientes es una de las provincias con más territorio en esa categoría–, pastizales, bosques nativos e implantados. Al mismo tiempo se definiría qué actividades están permitidas y cuáles no en esas áreas. El problema es que la misma ley debe definir a qué se considera un humedal. “Depende de cómo lo midas, las tres cuartas partes de Corrientes pueden ser consideradas humedales. Y si no podés hacer ninguna actividad productiva ahí, tenés que cerrar la provincia”, exagera Goth. Y plantea que se haga una ley consensuada entre el Estado, el sector productivo y las organizaciones ecologistas.

Después de casi un mes luchando contra las llamas que devoraban todo a su paso, la última semana llegó algo de lluvia al norte correntino para aplacar la situación. Con el agua llegaron los festejos y las lágrimas de los bomberos y los habitantes de la zona, el alivio después de vivir una catástrofe nunca imaginada. El daño está hecho y nadie puede asegurar si el paisaje volverá a ser el mismo en el futuro. Algunos especialistas hablan de 40 años para que esteros y humedales vuelvan a lucir como los conocimos.

Junto a la desgracia, en los que luchan por preservar el paisaje nativo, los animales y las plantas surgió algo de esperanza. “La sociedad despertó –afirma Quijano–. Las ONGs ambientalistas formamos una asamblea, llamada Basta de Quemas, con organizaciones vecinas del Chaco”. La ecologista se entusiasma por la “buena convocatoria” que tuvo la marcha de la semana pasada frente a la Casa de Gobierno de Corrientes. Ninguna autoridad los recibió.

 

 

 

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