El frente marino

 

En la Argentina, el grupo Tompkins Conservation (TC) desplegó su radio de interés y acción desde tierras costeras hacia aguas continentales marinas bajo jurisdicción nacional. La compra y donación de tierras para la creación del Parque Nacional Monte León en Santa Cruz le permitió proyectar e iniciar un despliegue en dos espacios de la Patagonia, en la cordillera y en el mar. Avanzó en Santa Cruz, quedó paralizado en Chubut, tiene seria resistencia en Tierra del Fuego (TdF). El frente marino es tal vez el menos debatido en sus alcances profundos, con reservas alimentarias y genéticas de altísimo valor estratégico para la vida en el planeta.

“Nuestro objetivo es llegar a proteger el 30% del mar argentino para asegurar la conservación y regeneración de sus ecosistemas mediante la creación de una red de áreas protegidas marinas y costeras”, planteó en su página web institucional. A fines del 2018 la pasada gestión de Mauricio Macri creó por ley los parques nacionales marinos Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II, los primeros en el Atlántico comprendidos dentro del Sistema de Áreas Marinas Protegidas de la Argentina. En su web, TC sigue hablando de tres proyectos (Patagonia Azul / parques nacionales marinos/ península Mitre) aunque no informa si existe normativa aprobada para cada uno de esos proyectos.

La trayectoria de TC se enlaza con otros procesos, cuya profundización queda pendiente para otro momento:

• La reformulación de la estrategia general de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) que incluyó el océano como espacio territorial a proteger, en concordancia con acuerdos internacionales y marcos jurídico globales;
• La intervención activa de ONGs en la formulación de proyectos de creación de parques y reservas en tensión con los intereses de las comunidades locales directamente afectadas;
• El amplio espectro de ONGs volcadas a lo ambiental que van desde grupos locales de profunda inserción social pero sin estructura, pasando por las reconocidas por los gobiernos centrales que llegan a poner funcionarios en lugares claves, hasta las que tienen capacidad de acción global por sus fuentes de financiamiento y conexiones empresarias y políticas;
• Y, en definitiva, el debilitamiento y retroceso del Estado desde las reformas estructurales del neoliberalismo, que otorga poder a particulares para que moldeen proyectos públicos de acuerdo a su (cosmo)visión e intereses, necesariamente hegemónicos al ser impuestos sin debate social amplio.

 

 

Santa Cruz

El proyecto de crear el parque del área Monte León, en la desembocadura del río Santa Cruz, data de 1996, durante la gestión de María Julia Alsogaray al frente del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente. Contaba con fondos del Banco Mundial para las obras de infraestructura y de la privatización del hotel Llao-llao para la compra de tierras a privados. El proyecto se estancó y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) interesó a Douglas Tompkins y Kristine McDivitt, quienes aportaron 1,7 millones de dólares a través de Patagonia Land Trust (PLT). FVSA actuó como agente fiduciario en la operatoria de compra de la estancia Monte León en mayo de 2001. Un año y medio después se formalizó la donación a la administración de Parques Nacionales. En 2004 se sancionó la ley 25.945 de creación del primer parque nacional marino costero continental con 700 kilómetros cuadrados de espacio marino, algo más de 62.000 hectáreas de estepa patagónica y 40 kilómetros de costa. La provincia aportó tierras y mantuvo la jurisdicción sobre la reserva Isla Monte León. La historia oficial de este caso está volcada en un libro. Más explícito es el plan de manejo aprobado, donde consta que “la donación del inmueble a la APN está sujeta en el contrato de Fideicomiso a una condición suspensiva consistente en la elaboración y aprobación de un plan de acción para el área, por parte de un Comité de Administración creado al efecto y conformado por PLT, la FVSA, la APN, la Provincia de Santa Cruz, la señora Silvia Braun (en nombre de los anteriores propietarios de la Estancia Monte León) y Guillermo Harris, experto en conservación marina de la Fundación Patagonia Natural”.

 

 

 

 

Paraguas UNESCO

Distintos proyectos elaborados en distintos períodos aspiraron a alcanzar un manejo unificado del litoral marítimo patagónico, con objetivos diferentes, complementarios y en ocasiones contradictorios.

Por un acuerdo entre la Nación y la provincia de Chubut de 2007, formalizado por ley dos años después, se creó el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), ubicado a 28 kilómetros de la localidad costera Camarones, en el golfo San Jorge. Comprende más de 31.000 hectáreas de estepa patagónica y 72.000 hectáreas de espacio marino, más de cuarenta islas e islotes en 180 kilómetros de costa entre el cabo Dos Bahías al norte y la isla Quintano al sur. Al norte el espacio se une con el área natural protegida provincial Cabo Dos Bahía, de 1.160 hectáreas.

Todo ese espacio se revalorizó al ser incluido por UNESCO en la Red Mundial de Reservas de la Biósfera como Reserva Patagonia Azul en 2015. Una superficie comparable a la de Bélgica, con 300 kilómetros de litoral marítimo y una vasta diversidad de especies de flora y fauna nativas. A través de la Fundación Rewilding Argentina, TC tomó ese escenario institucional para plantear su propio proyecto: “El PIMCPA es el punto de partida sobre el cual proyectamos reforzar y expandir la protección de los ecosistemas costeros y marinos, a través del modelo de Producción de Naturaleza”.

Rewilding compró la estancia El Sauce, 20.000 hectáreas de uso ganadero tradicional para carne y lana, que está ubicada exactamente al norte del área PIMCPA, es atravesada por una ruta y se extiende muy cerca del ejido municipal de Camarones. Desde esa base propia desarrolla actividades locales, mientras el proyecto general está aparentemente paralizado. Dentro del área quedaron doce propiedades privadas, entre ellas la de Florent Pagny, francés con propiedades rurales en Cholila, y la empresa Alcalis de la Patagonia, con planta industrial en San Antonio Oeste (Río Negro), según el plan de manejo del parque.

 

 

En 2016 Rewilding se entrevistó con funcionarios públicos provinciales y legisladores de Chubut, etapa que pudimos revisar con un profesional contratado por la fundación. Martina Sasso encabezó esa ronda de conversaciones, contrató un equipo para analizar toda la legislación local sobre áreas protegidas y régimen local de áreas costeras, lo amplió con biólogos y especialistas de universidades asentadas en la zona. Con un diagnóstico jurídico en la mano, inició conversaciones con las autoridades de aplicación del PIMCPA; con Néstor García, ministro de Turismo y áreas protegidas, así como con el titular de pesca deportiva. En algún momento la agenda del Ejecutivo local la acaparó la crisis institucional cada vez más severa y la fundación dejó de mover fondos en el terreno. Así, al parecer el proyecto ambicioso está acotado en la base sólida propia de la estancia El Sauce, al menos en esta etapa.

 

 

El sur del sur

El desembarco de TC en TdF fue muy debatido públicamente, resistido, con destino incierto de acuerdo al pormenorizado relato que ofrecieron Nancy Fernández, de la Asociación Mane’kenk, y Nora Loekemeyer, ex directora provincial de Áreas Protegidas entre 2004 y 2008.

En 2014 se aprobó la creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Conservation Land Trust (CLT) desembarcó en la isla en 2017, poco después de iniciar las tratativas en Chubut. Lanzó el programa de conservación marina “Sin Azul No Hay Verde”, slogan detrás del cual se licuó la identidad CLT, que causa mucha resistencia donde se respira vivo el conflicto irresuelto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas y Georgias del Sur. La campaña pública inicial la hacen jóvenes que promovían y colaboraban en el proceso de creación de las dos primeras áreas marinas protegidas (Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II), lo que el macrismo hizo al año siguiente.

En ese clima, se plegó a la campaña de sectores y organizaciones locales contra las salmoneras en el canal de Beagle, unificando el movimiento y los intereses conservacionistas que alientan en Chile. Hicieron visible el conflicto con remeros en kayak, en una estrategia de marketing del estilo de la desplegada en el sur contra el proyecto Hidroaysén. Fue un año muy activo. La Argentina y Chile anunciaron la voluntad de establecer un área de interés científico común: Parque Marino isla Diego Ramírez-Paso Drake (Chile) y la futura AMP Yaganes (Argentina), en tanto que TdF impulsa la creación de un Parque de la Paz Bioceánico.

 

 

Así, el gobierno provincial anunció la creación del área protegida Península Mitre, un viejo proyecto local que por distintas coyunturas se demoró desde su ingreso a la Legislatura en 2003. Busca proteger aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra y 200.000 hectáreas de mar, incluyendo las aguas circundantes a la Isla de los Estados. Son tierras fiscales provinciales que contienen turberas, formación particular pantanosa considerada entre los mejores captadores naturales del carbono, estrategia para mitigar los efectos del calentamiento global que tiene consenso global. La fijación del carbono es un servicio de la naturaleza al que el mercado le puso precio. Rodolfo Iturraspe, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, explica que “en América del Sur, la concentración más importante de turberas extra tropicales es la que está en la Patagonia. En Península Mitre se encuentra la principal concentración de turberas del país: 2.400 kilómetros cuadrados”.

Una parte de la discusión es quiénes son los actores del proceso de protección del área y cuál es el instrumento jurídico más apropiado, si una reserva de jurisdicción provincial de acuerdo a lo previsto por la Constitución Provincial, o un parque nacional como el que impulsa TC. Toda la promoción e información por parte de la fundación confunde al usar la identificación de parque Península Mitre. Otra discusión pendiente es sobre el modelo económico que propone, una vuelta de tuerca respecto al conservacionismo expulsor de pobladores, marca de origen oligárquico de Parques Nacionales. Sin demasiada profundidad teórica, para alejarse de las críticas que suscita la ecología profunda de la que surgió Tompkins, el grupo promueve “la producción de naturaleza. La conservación no como una alternativa a la producción sino como una producción alternativa que genera una serie de bienes y servicios. El debate ya no es entre producción o conservación, sino entre tipos de usos productivos dentro de un mismo territorio”. Esa síntesis es más amigable con las poblaciones locales en algunos casos, pero insuficiente para analizar esta variante de territorialización y acaparamiento verde por parte de capitales trasnacionales vía fundaciones.

Sasso pidió una reunión con los ambientalistas de TdF. Ofreció su contacto directo con Marcos Peña Braun, en ese momento jefe de Gabinete del gobierno nacional. Tenían un fuerte lazo a partir de un decreto a medida que habían conseguido en 2016. “No era lo que buscábamos nosotros, que fuercen decisiones locales con operaciones políticas”, recordó Loekemeyer.

Mane’kenk no tiene traducción. Es el nombre que se dio a sí mismo el pueblo originario que habitó la península Mitre, el mismo que la colonización blanca llamó haush. Muchas cosas sólo se entienden en lengua local.

 

 

 

 

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para este informe.

 

 

 

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