El fraude que defrauda

 

Recuerdo la editorial con letras tamaño catástrofe de la revista La Ley. La nota era de German Bidart Campos y el titulo decía: “Un fallo que avergüenza a la justicia argentina”. Trataba el articulo sobre el caso “Fayt”. ¿Y de qué trataba el caso “Fayt”? De la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de… ¡la Constitución Nacional!

Básicamente hablaba del artículo que establece que los jueces deben obtener una nueva designación a partir del cumplimiento de los 75 años, para seguir siendo jueces. Es el articulo 99, inciso 4. Incorporado a la Constitución por la reforma de 1994, el entonces miembro de la Corte Suprema, Carlos Santiago Fayt, solicitó y obtuvo judicialmente que se lo declarase inconstitucional.

El fallo fue considerado por la comunidad jurídica como un escándalo, aunque la frágil memoria de los tribunales argentinos hizo que el mismo fuese tomado como precedente por otros jueces para solicitar la excepción y continuar siendo jueces luego de cumplidos los 75.

El caso “Fayt” fue considerado de gravedad institucional y no me cabe duda de que lo era. Y sin perjuicio de su utilización posterior por parte de algunos magistrados, no deja de tener relevancia que la correcta aplicación de la premisa que la inconstitucionalidad se declara para quien la solicita y a ello se limitan los efectos de su declaración, a fin de evitar mayores males.

Recién en el año 2017 las consecuencias del fallo Fayt fueron revertidas por otro fallo, denominado “Schiffrin”, que deshizo en parte la doctrina de Fayt.

Ahora bien, cabe preguntarse qué harán los jueces que cumplan 75 años, si ahora no existe la posibilidad de solicitar la inconstitucionalidad de la propia constitución como en Fayt.

Una iniciativa curiosa es la que habría adoptado un juez federal de Córdoba bastante conocido, llamado Ricardo Bustos Fierro. Dentro de los hits más conocidos de Bustos Fierro están la habilitación a la reelección de Carlos Menem y la suspensión del decreto que declaró servicios públicos a las comunicaciones y que facultó al Estado Nacional a poner limites a los aumentos de tarifas que las compañías disponen sobre los servicios de comunicaciones. Todo un personaje, su señoría, y con un criterio más que cuestionable en materia de interpretación de leyes.

Bustos Fierro tiene además un problema y es que en octubre de 2022 vence su prorroga para segur siendo juez, habiendo cumplido ya los 75 años. Y la iniciativa para obtener la prorroga de su designación pareces sacada del Código Penal antes que de cualquier otro texto de estudio. Es lisa y llanamente someter al gobierno nacional a una extorsión.

El mecanismo es sencillo. La Sociedad Rural presentó vía su filial Córdoba una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las retenciones. El caso fue radicado en el juzgado federal que conduce Bustos Fierro, que hace unos días admitió la acción. Y el mensaje que se lee desde el gobierno es que el trato está explicitado. Si se otorga una nueva prórroga a la designación de Bustos Fierro la acción será rechazada, y si por el contrario no se otorga dicha prorroga, el juez declarará inconstitucionales las retenciones. Con el daño económico que eso ocasionaría al país.

Me acorde de esto escuchando a CFK el viernes, cuando dijo: “Pero cuando alguien propone ampliar una Corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes... ¿Pero cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura que está solamente para seleccionar y sancionar jueces lo llevan de 13 a 20 y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran sólo cuatro personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le convienen poquitos, para poder apretar y mandarles tapitas de diario?"

Y no me cabe duda de que algo así sucede. El poder tiende a tener una fuerza concentracional, centrípeta dirían los que saben, Y las leyes buscan el efecto contrario, esto es desconcentrar el poder. Lo que estamos viendo no es más que los efectos de la colisión entre ambas tendencias. Por un lado, la tendencia a concentrar el poder que demuestra la Corte Suprema y los tribunales de este país, y por otro lado la fuerza que ejercen la política y sus representantes para desconcentrar ese poder y que la distribución de funciones —y de competencias— sea un poco más equilibrada.

Veo en la vida institucional de este bendito país las huellas claras de la disputa. Somos el país de las leyes resucitadas y de las leyes amenazadas. Resucitadas por voluntad de una Corte Suprema que no sólo dicta sentencias, sino que legisla; y leyes amenazadas porque los legisladores, cuando están disconformes con los resultados que obtienen en las Cámaras, van a reclamar al Poder Judicial que modifique las decisiones de orden político que allí se votaron.

Hemos llegado al punto de un absurdo tal, que hace unas semanas el Consejo de la Magistratura le propuso a la oposición que votase su propias ternas para jueces y, crease o no... ¡la oposición se negó a hacerlo! Porque la sola idea de afectar el actual funcionamiento concentrado del Poder Judicial es vista por la oposición como un peligro tan grave, que prefirió no votar a sus propios candidatos. Imagínense ahora el espanto que pueden tener estos sectores frente a la posibilidad que se ha planteado en el Congreso de la Nación de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Rayos y centellas, parecen gritar quienes se oponen. Yo escuché a un par de legisladores decir que no era un tema prioritario y que no se lo podía debatir porque la sociedad tiene hambre.

Podría estar de acuerdo en que la sociedad la está pasando mal, y hasta darles la razón en eso. Lo que no entiendo es por qué debatir el número de miembros de la Corte va a influir en el hambre de la sociedad. Peor aún, no debatir va a aumentarlo.

Creo que en épocas de discursos pomposamente democráticos y nulamente republicanos, lo que no podemos permitir es no hacer nada y dejar que haga el poder sin control alguno. Más me asustan las charlas de las que no soy parte, como las que sucedieron en el Llao-llao, que las que se dan en el seno del Congreso, donde nuestra Constitución establece que se den las discusiones estructurales.

Decisiones trascendentes que deben necesariamente ser tomadas por los representantes del pueblo. Que deben discutirse cara a la sociedad y con ella incluida en el debate. Y no dejar que el poder, el poder de verdad, ese que puede cambiar el curso de los acontecimientos, se trafique en despacho tribunalicios y sin que nos enteremos de lo que sucede y por qué. Porque ese poder ejercido a escondidas no es más que un fraude a nuestra Constitución, a nuestra vocación democrática y a nuestro sistema republicano. Como lo fue el caso Fayt en su momento, y por eso quise recordarlo.

 

 

 

 

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