El FMI y los estallidos sociales

 

Desde su instauración a sangre y fuego en 1976, el régimen de acumulación neoliberal fue apoyado por el FMI. El estallido de 2001 puso fin al segundo y más largo ciclo de un patrón de acumulación de la economía argentina. Signado por una política de liberalizaciones inaugurada en su primera fase por la dictadura militar para interrumpir la industrialización sustitutiva de importaciones, no era sólo un modo de organización y dinámica económica. Conllevaba una estructura social, un tipo de sociedad que el terrorismo de Estado que se apropió del gobierno en 1976 se dio a la tarea de destruir.

En aquellos años todavía no estaba constituida una hegemonía neoliberal a nivel global. En la Argentina y Chile se experimentaron esos modelos que llegarían a desplegarse plenamente en los países centrales a partir de la década posterior, alcanzando una vasta expansión mundial durante los '90. Previamente, tanto aquí como en nuestro vecino trasandino hubo gobiernos y movimientos populares con densidad que se propusieron profundizar la democracia, redistribuir progresivamente el ingreso y el poder y establecer horizontes que superaran el capitalismo dependiente en el que esas naciones habían desarrollado incompletos procesos de industrialización.

El objetivo de ambas dictaduras terroristas fue la reestructuración de las sociedades y economías para evitar que amplios sectores radicalizados, con influencia en vastos sectores del pueblo, avanzaran hacia proyectos de sociedad más justos. El arrebato del poder político por parte de dictaduras cívico-militares condujo a profundas reformas económicas, introducidas por la fuerza y la represión sin límites de los sectores populares.

En esta primera fase, la Argentina sufrió los siguientes cambios, pilares del nuevo modelo de acumulación:

1. Liberalización del mercado de cambios.
2. Liberalización financiera, que dispuso la de las tasas de interés. Esta se llevó a cabo con la reforma financiera instrumentada por la ley 21.526 e incluyó la creciente apertura e inserción en la incipiente, y luego generalizada, apertura financiera internacional.
3. Liberalización de los precios de la economía.
4. Prohibición y suspensiones de la actividad sindical que creó las condiciones para una redistribución del ingreso de gran dimensión, lo cual significó un cambio sustantivo en la relación de los capitalistas con los trabajadores.

Las tasas de interés se establecieron a niveles mucho más altos que las internacionales. Así se abrió el camino a la valorización financiera de los capitales de corto plazo, que ingresaban al país y lucraban con ese diferencial, generando pérdidas de divisas.

Dice Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina que “al tener en cuenta la irrupción del predominio de la obtención de la renta financiera en la economía internacional y asumir que el fracaso de las dictaduras anteriores radicaba en haber intentado disciplinar a los sectores populares impulsando la expansión industrial, esta vez la estrategia elegida consistió en restablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional y, de esa manera, restablecer relaciones de dominación permanentes en el tiempo (…) Si bien el golpe militar en la Argentina no parece haber respondido a la iniciativa motorizada directamente por Estados Unidos –como sí ocurrió en Chile–, caben pocas dudas acerca del apoyo de la administración norteamericana previa a la presidencia de (Jimmy) Carter”. Durante este período, la génesis de un ciclo de endeudamiento externo fue vital para la acumulación de los sectores privados de la economía. Ese endeudamiento será el combustible para la fuga de capitales a lo largo de la Argentina neoliberal.

La instauración del nuevo régimen de acumulación fue apoyada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según Noemí Brenta, por el mayor acuerdo contingente que el organismo había brindado hasta ese momento a un país de América Latina.

 

 

 

El primer estallido en la época transformista

Con posterioridad, durante la gestión del ministro de Economía del Presidente Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun, se llevó a cabo una política que intentó restaurar la situación previa a los cambios estructurales introducidos por el régimen genocida. Las condiciones productivas y de constitución y relación de los bloques sociales ya no eran iguales y el FMI no se avino a aceptar una digna refinanciación de la deuda que habían dejado los dictadores. Así, la recuperación de parte de lo perdido por los asalariados duró poco tiempo. El gobierno de Alfonsín reemplazó a su ministro por el equipo del Plan Austral, el que denominó a su política como de “ajuste progresivo”. Los acuerdos con el Fondo desmintieron esa progresividad y lo llevaron a emprender reformas estructurales hacia la instalación de un perfil industrial-exportador, cuyo destino vislumbraba una lógica reprimarizadora.

El gobierno radical perdió el respaldo del bloque social en el que intentó apoyarse, lo que produjo el acortamiento de su período de mandato. Brenta relata en Argentina atrapada, historia de las relaciones con el FMI, 1956-2006, cómo David Mulford y Nicholas Brady –aliados con el comité de bancos acreedores y con los técnicos del FMI liderados por Michel Camdessus– impusieron el criterio de exigir un duro ajuste fiscal frente a las autoridades del Banco Mundial y otras de las finanzas norteamericanas que priorizaban las reformas liberalizadoras. El fundamento de los vencedores era que “otorgar un tratamiento blando a los deudores exigiría extenderlo a todos los demás países, en detrimento del sistema financiero internacional”. Es un argumento que pareciera sobrevolar las negociaciones que hoy sostiene el FMI con la Argentina y tal vez sea uno de los puntos dogmáticos de su credo. Finalmente, el fracaso del ajuste, el estallido social y la hiperinflación desembocaron en el adelanto electoral.

 

 

El segundo estallido

El segundo período neoliberal fue el que abarcó toda la década del '90 e incluyó dos turnos, en los cuales participaron los dos partidos políticos que antes de 1976 se reconocían como portadores de programas populares y sostenían el patrón de acumulación de sustitución de importaciones. El Partido Justicialista (PJ) durante el largo período menemista y la Unión Cívica Radical (UCR) en la presidencia de Fernando De la Rúa se comportaron como gestores de los intereses del bloque de poder oligárquico-imperial.

Las transformaciones antipopulares y antinacionales de esas gestiones fueron:

• La privatización de la mayoría de las empresas públicas.
• La privatización del régimen jubilatorio, sin sustitución de recaudación fiscal para atender a los trabajadores pasivos que debían cobrar sus haberes durante la transición, lo que llevó a una crisis fiscal.
• El aumento de la deuda externa pública más importante de una década hasta ese momento, la que en casi su totalidad financió fuga de capitales. De acuerdo con la tesis de Magdalena Rúa en FLACSO, esa fuga ascendió a 123.600 millones de dólares entre 1990 y  2000.
• El incremento sideral del endeudamiento del sector privado en el exterior.
• La creación institucionalizada de un sistema financiero bimonetario, destinado a un default final inevitable por la ausencia de un prestamista de última instancia.
• La apertura de la economía, sumada a la apreciación cambiaria en un régimen de rígida convertibilidad, provocó la desindustrialización del país y la elevación del desempleo hasta el equivalente a 23 puntos del PBI.
• La sumisión del sistema financiero argentino a la normativa de superintendencia del régimen regulatorio de Basilea, contraindicado para una política de desarrollo.
• El régimen de convertibilidad, que significó la renuncia a tener una política monetaria propia.
• Ajustes nominales de salarios públicos y jubilaciones a la baja.

El Fondo Monetario Internacional destacó a la Argentina por el desempeño de semejante programa. Ya en 1996 elogiaba al sistema financiero del país tildándolo de robusto. Unos años después, la Nación se encontraba en recesión, con una profunda crisis de su balanza de pagos y sus cuentas fiscales.

Como siempre, el FMI reapareció en esas circunstancias. En el año 2000 el país registró deflación, aumentos de la tasa de interés, suba del desempleo y profundización de la caída del nivel de actividad. Ante la imposibilidad de cumplir con sus pagos externos, se realizó el operativo llamado blindaje, que consistió en una puesta a disposición sin desembolso de un monto de 40.000 millones de dólares, compuesto por un acuerdo contingente del FMI por 13.500 millones, préstamos del Banco Mundial y del BID por 4.800 millones e inversiones de empresas españolas por 1.600 millones. El resto lo aportaron bancos locales mediante colocaciones en los mercados secundarios de títulos de la deuda argentina. A mediados de 2001 se volvieron nuevamente claras las imposibilidades de la Argentina de cumplir con las metas comprometidas con el FMI en su acuerdo anterior. En junio se concretó un megacanje de títulos a tasas elevadísimas con una valuación ficticiamente alta de los bonos canjeados.

Mario Rapoport relata en Las políticas económicas de la Argentina que los bancos que llevaron a cabo el negocio cobraron comisiones leoninas. El proceso fue conducido por David Mulford del Credit Suisse First Boston. Rapoport consigna que en 2001 fugaron al exterior 30.000 millones de dólares, correspondiendo la mayor parte a empresas que figuraban en los primeros lugares del ranking de facturación. En agosto de ese año se firmó un nuevo acuerdo con el compromiso de llevar el déficit público a 0. En ese fatídico año, la recaudación de impuestos cayó un 30% y el PBI se hundió en 10.5%. Brenta comenta que las reservas cayeron de enero a setiembre en 9.000 millones de dólares y que en ese momento el FMI desembolsó 6.300 millones, de los cuales 6.000 salieron para satisfacer la demanda para la fuga de capitales. Este último desembolso muestra la misma conducta que el FMI tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en este último caso, multiplicada por 7.

La situación devino en una crisis de iliquidez e insolvencia del sistema financiero que había sido evaluado por el FMI como robusto. Derivó en la conformación de un “corralito” que impidió el retiro de los depósitos del sistema financiero, una quiebra general del sistema macroeconómico y un alarmante crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. Las políticas ofertistas aplicadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo hacia el final de la convertibilidad –como la reducción de impuestos, costos laborales y tasas de interés– no fueron efectivas. El círculo vicioso de bajar los salarios y el gasto público en recesión sólo llevaba a reducir la base imponible y a provocar un crecimiento del déficit fiscal.

El corralito enardeció a las clases medias, que vieron a sus ahorros transformados en números indisponibles para su eventual uso. Los sectores populares más vulnerables estuvieron dispuestos a invadir los supermercados para hacerse de los bienes esenciales, para cuyo acceso los salarios u otros ingresos fijos estaban en un nivel lejos de la suficiencia. El bloque social popular se rebelaba mientras el gobierno de la Alianza UCR-FREPASO decretaba el Estado de sitio. Y se desató la pueblada: el régimen neoliberal fase 2 estallaba por los aires. El 19 y 20 de diciembre de 2001 el gobierno decidía reprimir las movilizaciones y asesinaba a más de 30 argentinos para caer derrumbado, desprestigiado y sin ningún sostén posible en democracia.

Esa caída cerró una etapa política. La del transformismo argentino, de gobiernos elegidos por la ciudadanía hegemonizados por antiguos partidos populares que, luego de la dictadura, reaparecieron aplicando los programas del bloque tradicional de poder, modernizado las condiciones de la financiarización.

 

Bloque social y proyecto nacional

Ninguna propuesta había podido sustituir, tampoco la del PJ menemista, a la original del peronismo, que logró la viabilidad social del proyecto de sustitución de importaciones. Esta estrategia fue defendida para expandir el empleo, mientras –como sostuvo Juan José Llach en Desarrollo Económico '92– el objetivo de aumentar los salarios reales lo llevó a regular y controlar las exportaciones.

Como se puede concluir a partir de la reciente historia nacional, no hay modelo económico viable sin el poder político para llevarlo a cabo. El neoliberalismo se impuso a sangre y fuego contra el pueblo y su continuidad fue garantizada por un tiempo por el transformismo, derrumbado por una rebelión popular. Con posterioridad se restauró una estrategia basada en el empleo, la mejora del salario, la redistribución progresiva, la reindustrialización y el intento de confrontar con el poder mediático y la corporación judicial, en búsqueda de un cambio institucional, llevada adelante por el kirchnerismo. Le faltó una estrategia que completara la sustitución de importaciones con un papel activo del Estado como empresario central de un proceso de complejización de la producción para diversificar la matriz productiva y exportadora. Sin embargo, el embrión de esa política puede verse en la importancia que Néstor Kirchner y Cristina Fernández le dieron a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Las secesiones vividas por el renovado peronismo, la batalla que el capital financiero dio a través de los fondos buitre contra el tercer gobierno kirchnerista y los límites de la restricción externa –no superada por las razones que describimos– derivaron en el ascenso al poder de la derecha lisa y llana de un partido de CEOs y ONGeistas despolitizantes, junto a un radicalismo desprovisto de cualquier rasgo de su origen. El devenir de este tercer turno neoliberal es de vivencia reciente.

El regreso del Frente de Todos en 2019 encontró una situación muy compleja con un endeudamiento con el FMI gravísimo y un deterioro del salario real. Las condiciones de recomposición de la economía requieren de la construcción de un bloque social que la haga posible. Esa salida necesita de una reactivación de la demanda agregada que se apoye fundamentalmente en la variable del consumo y el gasto público. Ahí está el arranque. No sólo por la economía, sino también por la política. Por eso es imprescindible no acceder a deprimir la tasa de crecimiento de la economía, como pretende el FMI.

Por supuesto que la inversión y las exportaciones deben ser estimuladas, pero con una matriz productiva no basada en la lógica de las ventajas absolutas, sino en decisiones estratégicas desde una visión política y planificada del rol que la ciudadanía y el pueblo quieran darle a su futuro nacional. Desde esta perspectiva, la discusión de un acuerdo con el organismo multilateral debe excluir la urgencia por conseguir dólares, que sustituiría a la soberanía popular.

El FMI debe esperar. Se debe evitar lo que siempre hizo con el síntoma del escorpión sobre la rana cruzando el lago: finalmente le inoculaba su veneno. Esta vez hay que garantizar que eso no ocurra. Cobrar lo que se pueda pagar: sí. Disciplinar sobre la base de imponer una deuda imposible de pagar: NO.

 

 

 

 

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