El FMI le puso la cascabel al Gato

 

El FMI es la quinta columna del capital financiero internacional que tiene su base en los Estados Unidos y que no quiere que produzcamos un alfiler. Pretende que solo seamos proveedores al mundo de minerales, energía y alimentos, reduciéndonos a una colonia en su patio trasero. Si tenemos claro eso, podemos entender todo lo demás.

Desgraciadamente, dada la hegemonía de los valores de los sectores dominantes y la debilidad del campo nacional y popular, se entiende que se deba conversar con el FMI, máxime que es el mayor prestamista de la Argentina. En 2020, solo y siempre y cuando se cumplan sus severas condiciones, le va a dar a la nueva administración 973 millones de dólares por trimestre. En septiembre de 2020 hay que pagar la primera cuota de las ocho trimestrales del crédito de 14.458 millones de dólares concedido el 22 de junio de 2018 [1], a las que se van a sumar las otras cuotas del total de lo adeudado al FMI, a medida que se cumpla el plazo de gracia de los nueve trimestres de cada desembolso que el FMI realiza.

Pero una cosa es jugar obligadamente y acumular fuerza social y política para revertir la situación, y otra creer que se puede acordar con el FMI y cumplir con su mandato. En ese último caso, es como pensar que se puede agarrar una víbora yarará con la mano y salir indemne. Es lo que les pasó en su momento al gobierno nacional cuando Sourrouille, Canitrot, Frenkel, Machinea y Brodersohn le dijeron a Alfonsín que se debía acordar con el FMI y cumplir con lo pactado. Alfonsín aceptó toda la deuda externa y legitimó títulos firmados por la dictadura cambiándolos por nuevos. Así dejó una hipoteca inmensa al pueblo argentino, condicionándolo para toda la vida y beneficiando a una minoría parasitaria, cuyos hijos quieren repetir la historia.

Por otra parte, financieramente el FMI no pierde nada, el objetivo escrito en la conformación del FMI en 1944 es “proporcionar (con las garantías adecuadas) recursos a disposición de los países miembro que experimentan desequilibrios de sus balanzas de pagos”. Las garantías adecuadas son los activos del Estado, de allí que propician las privatizaciones que, para la Argentina de esta época, serán Vaca Muerta (en este caso con el grupo Techint, Bulgheroni e YPF incluidos), las reservas de litio, de agua potable y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, entre otras.

Michael Mussa, que fue el jefe de los economistas del FMI en los años '90 y firmó seis acuerdos de financiación con la Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001 por un importe total de más de 29.000 millones de dólares, dice que el Directorio del FMI no quiso ver la degradación política y económica del país presionado por los Estados Unidos —que es el principal contribuyente y responsable por los recursos del FMI, cerca de una quinta parte de la financiación a disposición del FMI viene de Estados Unidos—, porque querían sostener a Menem y después a De la Rúa pese a que era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias del Fondo.

Pero el ministro Nicolás Dujovne que “nosotros aprendimos y el FMI también aprendió”, como si las políticas de ajuste fiscal con reducción de las jubilaciones y pensiones (en número y en importe), la precarización de las condiciones de trabajo y su remuneración, los despidos en masa y las privatizaciones, fueran producto de un error de aplicación.

 

 

Obviamente no es así. Tomando el gasto fiscal ejecutado por la Administración Nacional en 2018, observamos que el mayor desembolso es el previsional (jubilaciones y pensiones contributivas): 1.167.949 millones de pesos que representan el 39, 7%  del gasto público primario (de 2.939.547 millones de pesos, excluyendo los servicios de la deuda). Paradójicamente es la erogación que más crece en el gasto primario, producto principalmente de la aplicación de la movilidad automática, aunque la misma es menor que el sistema previo. La combinación del 70% por IPC —Índice de Precio al Consumidor— y 30% de RIPTE [2] expande dicho gasto.

El grueso de los jubilados, después de haber trabajado toda una vida, cobran en febrero de 2019 en torno a los $ 9.309 pesos por mes. Esa remuneración va a ser cada vez peor, porque el FMI y el gobierno tratan de asegurar un menor incremento del gasto previsional. Están viendo la forma de negar el reajuste a los que se acogieron a moratorias, retrasar la edad para jubilarse, eliminar el beneficio de la devolución del IVA, etcétera. Una situación de desamparo similar en Grecia hizo que el jubilado Dimitri Christoulas se quitara la vida frente al parlamento heleno como forma de protesta. Dejó una carta en la que denunciaba: “El Gobierno ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35 años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma, no veo otra solución que poner fin a mi vida para no tener que terminar hurgando en la basura para subsistir” (Dimitris Christoulas, 4 de abril de 2012).

 

 

Tampoco podemos dejar de mencionar que el gasto público se incrementó mucho menos que la inflación, porque los salarios de la administración nacional perdieron un alto porcentaje. Las provincias hicieron más o menos lo mismo, por ende, si bien la recaudación tributaria fue menor en términos reales (creció menos que la inflación), su tasa de acrecentamiento fue mayor que el ajuste salarial. Son los 3.553.000 trabajadores estatales (732.000 de la Administración Nacional; 2.366.000 de las Provincias; 455.000 municipales) con sus menores remuneraciones, los que permitieron cerrar las cuentas de la Administración donde la prioridad fue pagar los servicios de la deuda.

 

 

La Argentina no es Portugal

Ahora dicen que podemos acordar con el FMI como lo hizo Portugal, que fue pagando religiosamente vencimiento tras vencimiento, cuota tras cuota, un crédito del FMI por 26.300 millones de euros al 5,8% de interés en el año 2011. Este año 2019 pagará el saldo.

En 2011 Portugal había tenido que pedir un rescate de 78.000 millones de euros (88.140 millones  de dólares al cambio actual) a la troika del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

Al igual que pasó con Grecia, la troika impuso durísimas condiciones de austeridad fiscal, que un gobierno conservador en Portugal intentó cumplir y si bien no pudo en su totalidad, llegó a despedir miles de empleados públicos, se recortaron los salarios, muchos días festivos fueron cancelados por un gobierno que intentaba evitar la quiebra nacional, redujo jubilaciones y pensiones, planes sociales, etcétera. El desempleo llegó al 16,3% de la PEA [3] en el año 2013 (tres veces más que el valor promedio de desocupación de ese país).

Recién después de haber sufrido lo indecible asumió como Primer Ministro el social demócrata Antonio Costa, el 26 de noviembre de 2015, con una alianza política de socialistas y comunistas lusitanos que dejaron el manejo técnico y burocrático a los economistas profesionales tipo Domingo Felipe Cavallo. Así se formó el equipo que acompaña al Ministro de Economía, graduado en Harvard, Mario Centeno, a quién en reconocimiento a las duras y exitosas reformas que Portugal ejecutó para cumplir con el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” fue nombrado presidente del Eurogrupo —el foro de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona—, el 13 de enero de 2018.

Portugal, un país de unos 11 millones de habitantes con un PIB estimado en unos 189.400 millones de euros (unos 214.300 millones de dólares), al revés que la Argentina tiene una industria en pie que representa el 25% del PIB (textiles, vestuario, fibras sintéticas, petróleo, lácteos, hierro y acero, accesorios de metal, químicos, calzado, artículos de madera, papel corcho y alimentos) y un fuerte ingreso de divisas por el turismo (y con ello el comercio y demás servicios). Sin embargo, la deuda nacional sigue siendo muy elevada: alcanza el 124,8 del Producto Interno Bruto, pero garantiza su pago con un superávit comercial que se amplía por el turismo a favor y es divisa constante y sonante.

No somos Portugal, tenemos un déficit en la Cuenta Corriente comercial que ronda el 5% del PIB, cuando el superávit comercial puede llegar a ser en el mejor de los casos del 1% del PIB. Ni siquiera se pueden cubrir los vencimientos de 2019 si no es con la ayuda del FMI. Cosa que está por verse respecto del año 2020, cuando solo se reciban 973 millones de dólares por trimestre y a su vez haya que comenzar a devolver el primer crédito del FMI. Además habrá vencimiento de capital de deuda por unos 25.760 millones.

 

Los encantadores de serpientes

Los hombres de la hermandad de los Aïssawas, una antigua orden místico-religiosa al pie de las montañas del Atlas Medio en Marruecos, con las ondas emitidas por el pungi —instrumento de viento— logran que la víbora (una cobra) realice movimientos como si bailara al compás de la música, pero en realidad son movimientos defensivos porque el animal se cree atacado. Primero crían la cobra y le extraen el veneno. Pero aun así el animal puede volver a reproducirlo, razón por la que deben ser extremadamente cuidadosos y examinar a la cobra periódicamente.

En los Estados Unidos la víbora venenosa por excelencia es la cascabel y no existe quién la haya dominado. Su mordedura es letal por hemorragias internas y puede llevar horas de agonía.

En una situación totalmente desigual —donde el acreedor impone las condiciones y el deudor debe cumplirlas sabiendo que aumentará la desocupación, el cierre de establecimientos, la pauperización de jubilados y pensionados y del resto de la población vulnerable y favorecerá la extranjerización y concentración económica—, no hay encantador de serpientes que valga.

Néstor Kirchner tuvo en claro desde antes de asumir la presidencia —cosa que hizo el 25 de mayo de 2003— que debía liberarse del FMI. Gracias al default declarado por el Presidente Adolfo Rodríguez Saa en diciembre de 2001, pudo usar esos recursos para aumentar los salarios, jubilaciones y pensiones por decreto. Además desdolarizó las tarifas de los servicios, lo cual, combinado con las retenciones, le permitió el 3 de enero de 2006 cancelar en un solo pago los compromisos con el FMI.

Obviamente ahora la deuda es mucho mayor, pero se podría hacer un plan de cancelaciones en pocos años.

En primer lugar se debe auditar la deuda, para saber qué se contrajo y dónde fueron a parar los dólares que ingresaron al Tesoro y de este al BCRA, cuando el gobierno actual se niega a dar los nombres de los principales compradores de divisas en año 2018 e invoca el derecho individual a hacer lo que cada uno quiera con un bien social como es la divisa.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confecciona un Mapa de la Provincia de Buenos Aires con el catastro de las propiedades rurales, en base a la información suministrada por la Provincia y por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales. De allí se desprende que 1.303 familias (entre ellas los Blanco Villegas, propietarios de 25.000 hectáreas en Tandil) son dueñas de 11.081.138 hectáreas. Con que solo aporten en un pago patriótico 1.000 dólares por hectárea [4], tendríamos 11.081 millones de dólares por año. (Lo ideal sería establecer dicho pago durante tres años consecutivos.) Esa medida se puede extender a otras jurisdicciones, como las estancias en la Patagonia del grupo Benetton que posee 900.000 hectáreas; Douglas Tompkins, 400.000; Herman Warden Lay (de las papas fritas Lay’s), 50.000; Mijndert Pon, 25.000; Joseph Lewis, 20.000 incluido el Lago Escondido; Jacob Suchard, 20.000 hectáreas; George Soros, 15.000; Hubert Grosse, 11.000; Ted Turner, 10.000 hectáreas. En el norte argentino hay grandes propiedades de las sociedades de las familias Macri, Brito (del Banco Macro), Blaquier, etcétera. Esto sumaría un ingreso anual del conjunto de todas ellas (incluida la provincia de Buenos Aires) no menor a 17.000 millones de dólares al año, durante tres años.

Lo mismo podrían contribuir los Rattazzi, los Rocca, los Pagani, los Madanes Quintanilla, los Toledo de Mar del Plata, entre otros que, ante un gobierno que buscara fortalecer el mercado interno con lo que sus actividades volverían a acrecentarse, bien podrían contribuir con ese Estado (de ese Gobierno populista que les garantice un mercado interno cautivo) con un 1% de su patrimonio por año. Allí tendríamos otros 8.000 millones anuales.

La Argentina es un país rico pero injusto. Para que no paguen el ajuste los trabajadores y los jubilados y pensionados, debe llamarse a un acuerdo social que contribuya a que todos pongan su parte para salvar a la Nación. Los ricos de este país ya saben que de otra forma se seguirá adelante con el plan del FMI y que esa gente sí que “viene por todo”.

 

 

[1] La devolución del crédito  del FMI es en ocho cuotas trimestrales, a partir de septiembre de 2020 (que es el primer vencimiento de los U$S 14.458 millones ingresados el 22/06/2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los dos años y un trimestre después de haberse recibido, en ocho cuotas trimestrales iguales, más los intereses.

[2]  El índice de ajuste que se aprobó en la Ley 27.426 de Reforma Previsional, no bien Macri ganó las elecciones del año 2017, se conforma por el 70% Índice de Precios al Consumidor del INDEC y 30% Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), e implicó en la práctica una pérdida significativa de ingresos que impactó en el poder de compra de los jubilados y pensionados y la Asignación Universal por Hijo. En el año 2018 las jubilaciones aumentaron tan solo un 28,5 % mientras la inflación acumulada, según el INDEC, fue del 47,6 %.

[3]  PEA: Población Económicamente Activa, los que trabajan o están en condiciones de trabajar.

[4] Hectáreas en la tierra más fértil del mundo, cuyo valor promedio no baja de 20.000 dólares.

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