El final de Pedro Castillo

 

Tras 16 meses de gobierno de Pedro Castillo, las esperanzas que para muchos peruanos generó su triunfo estallaron por los aires el 7 de diciembre al intentar dar un golpe de Estado al más puro estilo fujimorista, horas antes de que se abordara el tema de su vacancia en el Congreso de la República.

Sin conocimiento de su Gabinete (con la excepción de la presidenta del Consejo de Ministros y del ministro de Defensa), Castillo disolvió el Congreso, convocó a elecciones para conformar uno nuevo –con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses– y declaró en reorganización todo el sistema judicial. Además decretó el toque de queda y ordenó la incautación de armamento ilegal, el mismo que debía ser entregado a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas con la amenaza de pena privativa de la libertad.

Su accionar fue rechazado de inmediato por las Fuerzas Armadas y policiales, los miembros de su Gabinete, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, lo que empoderó al Congreso a poner a votación, sin debate, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, la cual fue aprobada con 101 votos a favor, de un total de 130. Así, la Vicepresidenta Dina Boluarte –expulsada en enero de este año del Partido Perú Libre por diferencias con Vladimir Cerrón, el líder del partido– se convirtió en la primera Presidenta del Perú, y la sexta mandataria en seis años.

Tras el fallido golpe, Castillo dejó el Palacio de Gobierno para asilarse en la Embajada de México, pero fue capturado en el camino y posteriormente llevado a la prisión donde se encuentra el ex Presidente Alberto Fujimori. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión inconstitucional, a espaldas de su Gabinete, entre gallos y medianoche, sin respaldo de las Fuerzas Armadas, los poderes fácticos ni de la ciudadanía? ¿Actuó solo, algún sector le ofreció respaldo y luego lo traicionó? El tema está en investigación.

 

 

 

El asedio

Es probable que el grueso calibre de las denuncias por corrupción de colaboradores eficaces en las que Castillo aparecía involucrado, que lo asediaron durante los últimos tres días de gobierno, expliquen en parte su salto al vacío. En el tercer intento de la oposición por vacarlo, temió que pudieran alcanzarse los 87 votos requeridos, a pesar de que los medios señalaban que no se contaba ni siquiera con 80.

El gobierno y el Congreso estaban enfrentados como dos vaqueros del oeste atentos a ver quién dispara primero: el Congreso con sus pedidos de vacancia, y el Ejecutivo con sus pedidos de confianza, tal como se señala en Fuego Cruzado, publicada en El Cohete. En este trance, Castillo gatilló primero, pero contra él mismo, al anunciar el quiebre institucional y pasar en pocas horas de la Presidencia a la detención preliminar con posibilidad de enfrentar prisión por 10 a 20 años.

Los argumentos que utilizó Castillo para justificar el fallido golpe de Estado no son ajenos a la verdad, pero no justifican en absoluto su decisión. La lentitud del Congreso con los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, en especial los vinculados a la segunda reforma agraria, la reforma tributaria o la masificación del gas natural; la focalización de las investigaciones del Congreso en su persona y en su entorno y no en los actos delictivos de sus propios integrantes; la responsabilidad del Congreso en haber limitado el poder soberano del pueblo al aprobar una ley que restringe el ejercicio del referéndum, así como en la ruptura del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo al haber modificado la Constitución con leyes ordinarias con el fin de debilitar al primero para instalarse como una “dictadura congresal” son hechos que, a grandes rasgos, sucedieron.

En su argumentación para perpetrar la ruptura del orden constitucional, Castillo denunció al Congreso por no autorizar su salida para participar en eventos internacionales (la asunción de Gustavo Petro en Colombia, reuniones en El Vaticano y en la Unión Europea y la Cumbre de la Alianza del Pacífico). Inclusive, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento de rechazo al impedimento de salida en oportunidad de la toma de mando de Petro. A ello habría que sumar el rechazo inicial del Congreso a que Lima fuera la sede de la 52ª Asamblea General de ese organismo debido al requerimiento de la instalación de un “baño neutro”. El objetivo era restringirle el protagonismo al ex Presidente.

En suma, Castillo denunció que sus adversarios políticos se unían con el propósito de hacer fracasar su gobierno y tomar el poder sin haber ganado una elección. Sin decirlo explícitamente, podría entenderse como una forma de golpismo encubierta, que se puso de manifiesto tan pronto se supo que, a pesar de la millonaria inversión en avisos luminosos de “no al comunismo” o “no queremos ser Venezuela” y las bendiciones de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori, Castillo le ganó las elecciones legítimamente. Entonces inventaron la teoría del fraude y perturbaron su proclamación, que tuvo lugar apenas nueve días antes de que asumiera el mandato en julio de 2021.

A pesar del reconocimiento internacional a su gobierno, las teorías del fraude y los intentos de sacarlo del poder no cesaron en su corto período de gobierno. Basta revisar las consignas de las múltiples manifestaciones realizadas en su contra, en general pírricas, como “Vacancia YA”, “La batalla final”, “87 goles por el Perú” o “Reacciona Perú”, sin ningún éxito.

 

 

 

 

 

Lo señalado anteriormente no lo exime de su responsabilidad en la mala gestión de gobierno, que se expresa en la alta rotación de ministros, gente poco idónea para los cargos, compadrazgos en nombramientos y favores y prebendas a congresistas a cambio de sus votos para evitar su vacancia, que se convirtió en el eje de sus preocupaciones, desatendiendo a los sectores olvidados que Castillo dijo representar. Su falta de proyecto y el hecho de no contar con técnicos calificados dieron lugar a que la economía siguiera manejada por la tecnocracia de siempre.

Presionado por Vladimir Cerrón, al ser el dueño del partido que lo llevó a la presidencia, este impuso a sus cuadros, la mayoría sin calificaciones y muchos involucrados en pequeñas redes de corrupción de provincia. Así, Castillo no pudo conformar nunca un gabinete de profesionales de centro izquierda que le permitiera enfrentar el acoso de la derecha.

Castillo tardó mucho en desprenderse de su vinculación con Cerrón y optó entonces por construir poderes paralelos y fraccionar al movimiento sindical y político, con el único fin de acumular poder de su facción del sindicalismo magisterial y de otras organizaciones aliadas.

 

 

 

El auxilio de la OEA

En ese escenario de ingobernabilidad, el gobierno invocó la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana Democrática de la OEA y solicitó su presencia como facilitador del diálogo. La demanda fue atendida por aclamación y la OEA envió una misión conformada por cancilleres y vicecancilleres de la Argentina, Belice, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Costa Rica. Luego de reunirse con todas las fuerzas políticas, poderes del Estado, sociedad civil, entre otros sectores, emitieron un informe que no dejó satisfecha a la oposición, básicamente por recoger versiones que señalan que en Perú los medios de prensa están concentrados en pocas manos, carecen de objetividad y en algunos casos son desestabilizadores. Tampoco agradó que la OEA señalara en su informe que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial.

Como si la corrupción no estuviera incrustada en las entrañas de Perú desde hace 30 años, tampoco les gustó que se atribuyera la crisis de gobernabilidad a la “guerra civil” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin mencionar el rol de la corrupción en esta. Al respecto, el Grupo de Alto Nivel de la OEA (GAN) señaló que la fiscalía debería continuar con las investigaciones y que los impasses entre ambos poderes del Estado debía resolverlos el Tribunal Constitucional.

Como corolario, el GAN propuso una tregua de 100 días e hizo una invocación al diálogo. Pero ni la oposición ni el gobierno le hicieron caso. Tan pronto partió la misión, Betssy Chávez, una ministra anteriormente interpelada y censurada por el Congreso y con denuncias por tráfico de influencias, fue nombrada presidenta del Consejo de ministros en reemplazo de Aníbal Torres, quien renunció a mediados de noviembre después de que el Congreso le denegara la confianza que había solicitado para derogar una ley, aprobada en enero, que limitaba la realización de referéndums y restringía la participación ciudadana. El nombramiento de Chávez buscaba que el Congreso le negara la confianza cuando presentara a su nuevo Gabinete en un plazo máximo de 30 días. Al denegarse por segunda vez, el Ejecutivo estaría facultado a disolver constitucionalmente el Congreso y a convocar a nuevas elecciones.

Mientras tanto, el Legislativo alistaba sus balas. Además de presentar la tercera vacancia, preparaba la modificación de una ley que permitiera solo 66, y no 87 votos, para suspender a Castillo de la Presidencia hasta por tres años. Pero el juego se terminó el 7 de diciembre con su anuncio del quiebre institucional.

 

 

 

Desafíos

La asunción a la Presidencia de Dina Boluarte es una válvula de descompresión de la crisis política para una ciudadanía agobiada por una maraña de denuncias de corrupción, combinada con las crecientes pugnas entre los poderes del Estado. Boluarte ha tomado el guante de la tregua y el diálogo recomendados por la misión de la OEA y ha anunciado que conformará un gabinete de amplia base, pero podría no serle fácil. No cuenta con una bancada propia, lo que le puede dificultar la gobernabilidad. El móvil de la destitución de Castillo por el Congreso, desde un inicio, tenía motivaciones de clase y subalternas. Nada garantiza que ello no ocurra si Boluarte intenta vulnerar alguno de sus intereses. En ese caso, probablemente tendrá que ceder y hacer múltiples concesiones; de lo contrario intentarán destituirla de alguna forma.

Boluarte está habilitada para cumplir el mandato de Castillo hasta julio de 2026, pero el terreno político y económico están minados. La salida de Castillo, con 30% de respaldo, ha incitado a la población a salir a las calles en varias ciudades del país para exigir el cierre del Congreso (con 10% de aprobación) y el adelanto de elecciones, algo que los congresistas en su mayoría no están dispuestos a conceder. Los cortes de rutas y el anuncio de movilizaciones de ronderos campesinos ejercen una presión desde el vamos.

Mientras tanto, Pedro Castillo ha finalizado su presidencia arrinconado en el más profundo ostracismo. El fallido golpe le ha hecho perder el respaldo que tenía en la OEA, e inclusive en Estados Unidos, puesto que no representaba ninguna amenaza. Los Presidentes de México, Colombia y Chile lo apoyaron sin dudar cuando el 20 de noviembre decidieron, estando ya en México, suspender la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que Castillo debía recibir de AMLO la presidencia pro tempore de ese organismo. Los tres manifestaron que irían a Lima el 14 de diciembre para que Castillo pudiera participar, ya que el Congreso no le autorizaba la salida. Dados los hechos, esta se ha suspendido.

Su leal abogado y ex presidente del consejo de ministros Aníbal Torres, quien junto con Bettsy Chávez muy probablemente participaron de esta acción e inclusive escribieron el discurso que Castillo leyó, hoy niegan su participación y señalan que el haber estado presentes durante el anuncio no los hace partícipes. Ante la posibilidad de ser acusado de rebelión o conspiración, Torres, de 77 años, ha decidido pasar a la clandestinidad.

Como dice el periodista peruano César Hildebrandt: “Jaqueado por las evidencias, Castillo se suicidó. Pero, en vez de elegir la tragedia, como hizo Alan García, eligió la comedia. García murió para no ser esposado y luego largamente procesado. Castillo se sumó al elenco del circo Perejil”, en el que un Congreso, también golpista, celebra su caída y se vanagloria como si fueran cruzados de la democracia.

 

 

 

 

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