El final de la tregua

 

El acatamiento del distanciamiento social por parte de las organizaciones populares ha permitido en forma progresiva que la oposición se empodere y se presente ante la sociedad como una autoridad dominante en el espacio público. Las recurrentes movilizaciones producidas por los macristas, custodiados por los anticuarentena, vienen siendo reforzadas y amplificadas por los comunicadores mediáticos y sus asistentes virtuales, responsables de la ingeniería digital.

Las aglomeraciones de la oposición han originado un fenómeno inédito respecto de la historia política del último siglo: la suposición de que los colectivos adosados a los intereses concentrados han llegado a liderar la visibilidad social, luego de asaltar el espacio urbano. Desde las concentraciones en defensa de la empresa Vicentin y las sorprendentes marchas terraplanistas, pasando por el último desfile fascista por la puerta de la casa del supremo Lorenzetti, se observa una modesta escalada en las pretensiones de evidenciar control territorial. Esa secuencia de desfiles, cuyos asistentes expresaban una total carencia de programas propositivos, fue observado de forma contemplativa por parte de las bases sociales ligadas al gobierno de lxs Fernández. Durante los últimos meses se consideró que la exposición caricaturesca de sus participantes (los odiadores seriales, los agresores de periodistas y la escenificación descarada de autos de alta gama), exhibía suficiente evidencia para desacreditar por sí mismo a sus desfiles, y de esa manera motivar un rechazo generalizado.

Sin embargo, este contexto generó una doble consecuencia no prevista. Por un lado, permitió que se reforzara la creencia de un debilitamiento de la articulación interna del Frente de Todxs; y por el otro –gracias a la irradiación hegemónica comunicacional–, se instaló la imagen de una minoría intensa en marcha triunfal, obstinada en desencadenar una crisis de gobernabilidad sistémica. Sumada a esa exhibición territorial, el macrismo residual se vio respaldado por una combinación de ataque especulativo contra la moneda y la obstinada resistencia de una fracción del Poder Judicial, que se niega a disolver La Mesa de operaciones conjuntas creada para perseguir a la actual Vicepresidenta.

En los estudios políticos, se repite que el poder es análogo a un espacio gaseoso. No existe el vacío. Lo que un actor colectivo cede es ocupado inmediatamente por otro. La decisión de mantenerse ausente de toda manifestación pública ha permitido el asalto a ese espacio por parte de variadas tribus heterogéneas cuyo común denominador es la tirria inconfesable contra todo lo que se asocie a lo latinoamericano, lo sindical, lo criollo, lo peronista y/o kirchnerista. Y mientras más tiempo pasa, más se valida la acción colectiva liderada por las corporaciones.

El vaciamiento ha sido procesado, además, como una ventana de oportunidad para quienes históricamente catalogaron a las manifestaciones sociales como el señorío de la sobreactuación populista. A la territorialidad urbana se le suma, además, la preeminencia comparativa del uso tóxico de las redes sociales, que incluye la siembra de falacias, el hostigamiento a referentes populares, la tergiversación de la información y la imposición de agendas de debate para eludir discusiones no deseadas.

Si los medios son catalogados por la tradición republicana como el cuarto poder institucionalizado, la calle expresa –en la tradición latinoamericana, pero sobre todo en la argentina– una relevancia superior. Desde inicios del siglo XX, todos los cambios sociales profundos han sido precedidos y/o acompañados por movilizaciones populares multitudinarias. La escena política argentina está atravesada por la visibilidad pública, la apropiación simbólica del espacio urbano y la manifestación colectiva.

El poder dramatúrgico de estas acciones ha sido fundante de todos los cambios sociales que han existido desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Los sectores minoritarios han sabido interpretar las imágenes de los cánticos, las pancartas y los bombos como una muestra de fuerza irreverente y enérgica. En la inmensa mayoría de las ocasiones, la conquista de derechos tuvo como actores colectivos a los trabajadores, a los que se le sumaron los movimientos sociales en las dos últimas décadas. La inmensa mayoría de las conquistas ciudadanas han sido precedidas por movilizaciones multitudinarias que han logrado poner en agenda demandas específicas, derechos conculcados o reclamos postergados.

 

 

 

Algo se mueve

 

 

 

Todas estas escenificaciones expusieron en forma periódica la conflictividad entre intereses contrapuestos. En esa tensión, los sectores populares jamás se vieron obligados a vaciar el ágora pública por decisión propia. Sus cíclicos repliegues fueron invariablemente el resultado de imposiciones represivas resueltas por los sectores dominantes de cada etapa, con el aval geopolítico del imperio de turno.

La paradoja actual consiste en que las mayorías sociales y sus organizaciones –entre ellxs el Frente de Todxs, los movimientos sociales y las centrales de trabajadores (la CGT y la CTA)–  han restringido en forma consecuente y responsable su inmensa capacidad de movilización, proporcionando una inédita sobrerrepresentación a los sectores minoritarios, que se presentan en forma insistente como alternativa de gobierno, pese a haber fracasado estrepitosamente en el cuatrienio reciente. Su entramado actual repite la fórmula que agrupa a las corporaciones financiarizadas junto a los entramados del Poder Judicial, representados por la trifecta comunicacional. Esta coalición se encolumna de manera obediente bajo el patrocinio de la embajada de Estados Unidos, que funciona como el distribuidor del juego monopólico local, coherente con los intereses geopolíticos conducentes a conservar la supremacía en la región.

Según el pensador alemán Jürgen Habermas, la política es el lenguaje de la esfera pública y este espacio solo existe si un grupo social toma autoconciencia de sus necesidades, y en ese marco se decide a actuar conjuntamente para luchar por sus demandas y encontrar el reconocimiento del resto de los ciudadanos: “…Un desarrollo pleno de la ciudadanía se adquiere por medio de una predisposición para la acción, la voluntad de ejercer las libertades urbanas”.

El acoso incremental que sufre el gobierno los lxs Fernández permite entrever algún formato de estampida, a corto plazo, producto del cansancio social acumulado. Los infectólogos y epidemiólogos catalogan como seguras las caravanas de automóviles siempre y cuando los vehículos permanezcan aislados del entorno (con ventanillas cerradas). El riesgo de contagio aumenta con el contacto difusivo, habitual en la interacción del transporte público y en las congregaciones presenciales que no respetan las distancias sociales preventivas. Estas indicaciones han sido suficientes para que referentes sindicales y de los movimientos sociales empiecen a proyectar posibles caravanas populares capaces de devolver el protagonismo a los colectivos que han sido sorprendidos en su buena fe por los instigadores del derrumbe.

Quienes insisten en contribuir al deterioro de la autoconfianza del activismo popular y, al mismo tiempo, buscan sembrar incertidumbre sobre el devenir institucional, deberán sentir, en un futuro cercano, la respuesta previsible de quienes se resisten a ser las silenciosas víctimas del accionar destituyente. La movilización no puede ser responsabilidad de un gobierno, sino la decisión planificada y organizada de las fuerzas políticas y sociales, autónomas, que no aceptan ser desplazadas de las calles por colectivos minoritarios contaminados por un virus más poderoso que el coronavirus: el odio. Manuel Belgrano vaticinó tiempos como este: “El miedo sólo sirve para perderlo todo”.

 

 

 

 

 

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