El FDT y el poder económico

 

El gobierno del Frente de Todos (FdT) generó muchas expectativas en amplias capas de la sociedad argentina, en especial en aquellos sectores más castigados por el experimento neoliberal de Cambiemos. Esas expectativas se vinculaban, de modo relevante, con una retórica en la que se jerarquizaban los intereses del campo popular y en la que además se planteaban escenarios de cierta confrontación con segmentos del poder económico que habían resultado ampliamente favorecidos por el macrismo (acreedores externos, capital financiero, grandes exportadores, empresas privatizadas, etcétera). En pocas palabras: terminar con la lógica de privilegio de los intereses del “círculo rojo” de poder.

Sin embargo, a poco de andar el gobierno del FdT, esa impronta empezó a deshilacharse. Sin duda, el momento icónico fue el temprano retroceso en el “caso Vicentín”. El grupo empresarial había usufructuado del dinero público, tomando préstamos del Banco Nación bajo Cambiemos para financiar un proceso de fuga que terminó en la quiebra. Con toda la evidencia del desfalco, el gobierno terminó eligiendo no avanzar en un proceso que le hubiera permitido tener acceso a información básica para la gestión comercial, cambiaria e impositiva en el complejo exportador más relevante del país. A pesar de la parálisis, el gobierno pagó el costo social, promovido por la oposición, como si hubiera avanzado.

Esta inflexión en el rumbo se hizo presente durante la pandemia, para cuya gestión nadie tenía las recetas. Sin embargo, esta situación de crisis generalizada se presentaba como una oportunidad para modificar rasgos estructurales que indujeron, o al menos potenciaron, esta misma crisis. El FdT buscó de manera incesante en ese primer año resolver el problema de la deuda con privados y el FMI. Si bien parte del paquete de estímulo ante la crisis consideró la situación de los grupos más vulnerables (aunque de modo limitado con el IFE), se trató de hacerlo sin tocar los intereses de los poderosos. Buscar la rara alquimia de “redistribuir conciliando” con los ganadores del proceso previo. La propia negociación con los acreedores supuso evitar cuestionamientos de legalidad, legitimidad y consistencia con los derechos humanos de la población. Se llegó a un acuerdo cuya lógica fue dilatar en el tiempo los pagos, “ganar tiempo”, para poder pagar mientras se hacían las tareas necesarias. Y esas tareas incluían la reducción del gasto público y la promoción de exportaciones (sobre todo de bienes primarios): no tanto para estabilizar la economía, sino centralmente para pagar deuda. Los límites de esta estrategia se expresaron nuevamente en el costo de una creciente rigidez fiscal y concesiones a quienes pudieran proveer de divisas, a pesar de sus efectos sociales.

Digámoslo claro: el centro de gravitación de la política económica no estuvo en recomponer los ingresos populares, sino en recuperar la estabilidad macroeconómica para que el propio crecimiento se encargue de eso. Aunque se logró crecer, la estabilidad y el “derrame” nunca llegaron. Y esto es porque el crecimiento se logró a partir de concesiones al poder económico, lo que contrastó con las promesas sobre el orden de prioridades y fue quitándole legitimidad al discurso oficial. En los hechos, se puso al frente el conciliar con el capital más concentrado, aun cuando esto afectara a las mayorías.

En ese contexto, existe un cúmulo importante de acciones estatales con ese sesgo que han motorizado una fenomenal traslación de ingresos públicos (es decir, del conjunto de la sociedad) a distintos estamentos del poder económico local. En el marco del acuerdo con el FMI, ello no hace más que descargar el grueso del ajuste fiscal procurado sobre partidas del gasto público que podrían servir para traccionar el crecimiento económico en una coyuntura (interna e internacional) por demás compleja e incierta: salarios estatales, jubilaciones y pensiones, obra e inversión públicas, transferencias a las provincias, etcétera.

Es posible resaltar algunas de las concesiones del gobierno del FdT a diversas fracciones del poder económico.

Quizás un lugar preeminente, no siempre resaltado, ha sido la garantía de acceso preferencial a divisas para la cancelación de deudas privadas. Es importante tener en claro que muchas grandes empresas participaron de la especulación financiera en el gobierno de Juntos por el Cambio para aprovechar la coyuntura y luego fugar divisas. Como se demostró en el “caso Vicentín”, hay un componente relevante de deudas “intragrupo empresario”, o sea de autopréstamos, un mecanismo habitual para la fuga de capitales. Con todo, en un cuadro de falta de divisas, resulta difícil de justificar el acceso barato para el pago de estas deudas, que se llevó más de la mitad del superávit comercial desde que asumió el FdT. Ocurre que muchas de las firmas líderes que han accedido a estos beneficios son las mismas a las que se ha venido tentando para que exporten más, para aliviar la restricción externa. Pero se trata de actores que cumplen funciones contradictorias, un aspecto que suele ser soslayado, cuando no ocultado adrede.

Justamente, otra concesión fue la implementación de tipos de cambio diferenciales para “estimular” exportaciones, una medida que benefició en lo fundamental a los grandes intereses del sector agropecuario. En especial, sobresalen los llamados dólar soja I y II, cuyo costo fiscal, según la propia Sociedad Rural, equivalió a reducir las retenciones a la mitad. Vale señalar que a pesar de elevar la recaudación en el mes de aplicación, la reducen en los meses siguientes. Además, estas medidas impulsaron fuertemente la emisión monetaria, que totalizó 1,6 billones de pesos, el equivalente aproximado a un año y medio de todo el gasto en los planes Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar. Esta emisión fue parcialmente absorbida emitiendo más letras de corto plazo, que permiten ganar intereses a los bancos que las poseen. De modo que exportadores y finanzas ganaron con la medida mientras se decidió auditar y recortar planes sociales.

De hecho, a pesar de las declaraciones de campaña sobre privilegiar a los jubilados antes que a los bancos, la masa de letras en manos de las entidades financieras se ha expandido. A mediados de marzo superaba los 10 billones de pesos, pagando una tasa nominal del 78 % de interés, una indexación de ingresos que supera cualquier paritaria firmada durante el año. A esto es necesario agregar la deuda de corto plazo del Tesoro. Justamente, ante el problema de la inflación y para despejar vencimientos, a principios de este mes, el ministro de Economía Massa ejecutó un canje de deuda en el que ofreció a los acreedores un doble seguro, anti-inflación y anti-devaluación a la vez. Esta garantía dual permite a los acreedores asegurar lo que nadie más en el país puede: que podrán cobrar según el mecanismo de indexación que mejor les garantice ganancias sea en pesos o en dólares.

La necesidad de impulsar exportaciones ha dado lugar también a diversas subvenciones estatales a la producción hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta (un rubro por demás rentable, más allá de los subsidios), lo mismo que a mega proyectos mineros bajo control transnacional (litio). Como estimaron FARN y ACIJ, para 2023 se destinarán cerca de 300.000 millones de pesos a subsidios para petróleo y gas. Un monto que es 333 veces más que los fondos de la partida destinada a la conservación de la biodiversidad. A su vez, se estimó que el monto para sostener el régimen de promoción de la minería en 2023 es de 58.000 millones de pesos, lo que supera al presupuesto total del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En paralelo a las concesiones aludidas, el gobierno del FdT propició la condonación de deudas multimillonarias a algunas empresas prestadoras de servicios públicos regulados, aun a pesar de los déficits ostensibles en que incurrieron, por caso en lo referido a compromisos de inversión o a la calidad en la prestación. En el marco de los cortes de luz difundidos que asolaron al área metropolitana de Buenos Aires durante el tórrido período estival, se decidió avanzar en la intervención de una de esas compañías (Edesur), dejando de lado la caducidad de la concesión (más que justificada hace rato ante los flagrantes incumplimientos contractuales de la firma). El argumento principal para la intervención fue que la caducidad podía desembocar en un juicio en tribunales internacionales, toda vez que la empresa está controlada por capitales extranjeros y sus inversiones se encuentran “protegidas” por Tratados Bilaterales de Inversión (un lastre normativo de la década de 1990 que el FdT no cuestionó, de allí que no se iniciara el necesario proceso de denuncia, como sí se ha hecho en otros países de la región).

Por último, cabe destacar que como parte del combate infructuoso a la inflación, ciertos sesgos de la intervención estatal (acciones y omisiones) han sentado las bases para que varias corporaciones mono u oligopólicas capten excedentes de modo diferencial. Tal es el caso de diversos rubros agroindustriales: alimentos balanceados, productos agrícolas, derivados del almidón, azúcar, aceites y grasas vegetales, etcétera. Y de varios segmentos productores de insumos de uso difundido: sustancias químicas básicas, productos de caucho, cerámica refractaria, minerales ferrosos y no ferrosos, cemento y cal, metales básicos, vidrio y derivados, materias primas textiles.

En vista de todas estas abultadas transferencias de ingresos, que contrastan con la evolución declinante del poder de compra de los salarios y otros ingresos fijos, no llama la atención el carácter regresivo de la dinámica socioeconómica de los años recientes (ello, contemplando incluso la demorada aplicación del denominado impuesto a las grandes fortunas). Según surge de información del INDEC, a fines de 2022 la participación asalariada en el ingreso (43,9 %) resultó 2,3 puntos porcentuales más baja que en 2019 y casi 8 puntos inferior que la de 2016. Las evidencias disponibles dan cuenta de que la recuperación económica se ha dado con un proceso de creación de empleo mayormente precario, cuyos ingresos no alcanzan a superar a la inflación. Las personas ven que hay trabajo disponible, pero también que los ingresos que generan corren contra el tiempo y los precios, y se prestan a diversas maniobras especulativas que escapan a su control (y al del propio Estado). Esto genera hartazgo, independientemente de si tengan los datos a mano: es una experiencia cotidiana de cualquiera que viva de su capacidad de trabajar.

Lo antedicho da cuenta de un gobierno que terminó alejándose claramente de su retórica original, abandonando por esa vía a amplios sectores de su base social de sustento (real o potencial) y subordinándose, en los hechos, al poder económico. Se trata de una claudicación que no ha encontrado “retribución” alguna de parte de esos sectores de la clase dominante (que han criticado la impronta del gobierno cada vez que han podido). Por el contrario, alentaron el hartazgo de quienes confiaban que otro rumbo era posible con el gobierno del FdT. La pregunta obvia es: ¿para qué y por qué semejantes concesiones?

 

 

 

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