El fantasma de la hiperinflación

 

El gobierno radical de Raúl Alfonsín había aceptado y legitimado el total de la deuda externa heredada de la dictadura militar y esa carga sobre las cuentas públicas y el sector externo fue imposible de pagar, generando un persistente déficit fiscal, en el que los ingresos eran insuficientes y ni siquiera cubrían los gastos primarios (gastos que excluyen el pago de los servicios de la deuda) y el superávit comercial era tan magro que no alcanzaba para cancelar la mitad de los intereses [1].

En agosto de 1988, ante una situación fiscal y comercial insostenible y con un creciente incremento inflacionario  (con el exacerbado rol de las grandes empresas formadoras de precios en su deporte favorito de remarcar semanalmente, como pregona Armando Braun, de La Anónima S.A.) se decidió reconvertir el “Plan Austral” por el “Plan Primavera”.

El llamado “Plan Primavera” era básicamente igual a las medidas tomadas por Sergio Massa desde que asumió el Ministerio de Economía el 3 de agosto de 2022.  En 1988 se decidió un nuevo ajuste en las cuenta públicas para disminuir el financiamiento por el BCRA (por ejemplo, como sucede ahora: en el año 2022, el BCRA solo pudo financiar al Tesoro de la Nación en un 1 % del PIB y para este año 2023 es el 0,6 % del PIB) y se recurrió a múltiples tipos de cambio, como ahora, —dólar soja, dólar tarjeta— que los que tienen divisas pueden comprar directamente sin autorización previa [2], etcétera.

Es más, el “Plan Primavera” tuvo la osadía —que el “Plan Verano” y el “Plan Agro” de Massa no tienen— de establecer para las exportaciones agrícolas al tipo de cambio oficial, importaciones a tipo de cambio “libre” y exportaciones industriales a un valor intermedio entre el oficial y el “libre”. El 50 % de las exportaciones industriales debían liquidarse a tipo de cambio oficial y el otro 50 % en el mercado paralelo.

Diferente es el caso de las propuestas de Massa, que le mantuvo siempre el dólar oficial a los importadores (subsidiando una competencia desleal, sólo para mantener los precios internos, que fue lo acordado con las grandes empresas importadoras y, como siempre, no cumplieron). Primero subsidió las exportaciones de soja y desde el 10 de abril 2023 se ejecuta el tercer Programa de Incremento Exportador, más conocido como “dólar agro”, que aumenta de 211 a 300 pesos el tipo de cambio con el cual se comercializan los productos del complejo sojero y de las economías regionales. Pero al “campo”, como les gusta llamarse, le fue insuficiente, y tras conocerse que ese mismo día el FMI había negado un crédito puente de 5.000 millones de dólares, los distintos tipos de cambio no dejaron de subir. Por eso, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), señaló, el 15 de mayo de 2023, que el dólar agro “no es competitivo” y que complica al resto de las cadenas, que no debe existir más y exige un solo tipo de cambio que rondaría el precio del dólar MEP o del dólar CCL, que el día 18 de mayo de 2023 era de 478,98 pesos y de 473,5 pesos respectivamente, contra un dólar oficial de 243,02 pesos.

El incremento inflacionario y la desaceleración del nivel de actividad interno hicieron que el llamado “Plan Primavera” fracasara estrepitosamente y el 6 de febrero de 1989 el presidente del BCRA, José Luis Machinea, reconoció que no tenía más reserva de libre disponibilidad y que no podía vender un solo dólar, lo que desencadenó la hiperdevaluación: de 17,62 australes a 650 australes por dólar cuando Menem asumió  la presidencia de la República, el 9 de julio de 1989 (en forma anticipada y ante el caos social). Luego, el proceso siguió hasta 10.000 australes el 1° de abril de 1991 (Plan de Convertibilidad). La hiperdevaluación es la madre de la hiperinflación, que fue de 3.079,5 % para ese año 1989 y de 2.314 % en el año 1990, según informa el INDEC.

El proceso se frenó el 1° de abril de 1991 porque ante el altar de pagar la deuda,  se malvendieron YPF; FFCC; Gas del Estado; Hidronor; SEGBA; SOMISA; Aerolíneas Argentinas; ELMA, Obras Sanitarias de la Nación; Agua y Energía; ENTeL; Encotesa, y la Caja de Ahorro y Seguro. Fue necesario vender nuestro patrimonio empresarial para juntar los dólares para pagar una deuda que benefició a una minoría en la dictadura militar. Ahora, exigen nuestro patrimonio natural, merced a no investigarse la evasión fiscal y la deuda del gobierno de Macri por más de 100.000 millones de dólares, que también benefició y beneficia a una minoría de la población [3].

Es obvio que la deuda externa es el factor desequilibrante que no sólo enriquece al 1 % o a lo sumo y con toda la furia al 2 % de la sociedad argentina, sino que es un condicionante que obliga a ceder nuestro trabajo, nuestra producción y activos valiosos para su pago.

La decisión de pagar la deuda externa de las empresas privadas con las reservas internacionales del BCRA (por un total de 18.070,1 millones de dólares según el balance cambiario del BCRA, desde el 1° de enero 2020 al 31 de marzo 2023), y no investigar la deuda generada en el gobierno de Cambiemos, crea el marco disruptivo que empuja al gobierno a solicitar al FMI o a los BRICS nuevas deudas para llegar a fin de año.

Llevado a estas circunstancias, hay sin embargo diferencias con el gobierno de Alfonsín dignas de mención:

1. La tasa de inversión interna bruta fija fue del 19,94 % del PIB en el año 2022 (último dato publicado por el INDEC) y es esencialmente realizada por el sector privado. En el año 1988 y primer trimestre de 1989, la IBIF no superó el 12 % del PIB y era mayoritariamente inversión pública. Los grandes empresarios no apostaban ni invertían en el país
2. No existía como punta de lanza ni la soja, ni Vaca Muerta, ni el litio, y no se esperaba un aumento de las exportaciones récord como ocurrió en 2022 de 88.500 millones de dólares (17,75 % del PIB), cifra que va a ser superada este año. Las exportaciones de 1988 fueron de 9.135 millones de dólares (6,3 % del PIB).
3. En 1988 el monto de intereses que devengaba todos los meses el BCRA por los depósitos indisponibles y otros instrumentos de esterilización del excedente de pesos superaba todo el gasto del Tesoro. En mayo de 2023, los intereses de los encajes remunerados (pases pasivos+Leliq+Notaliq) es de 1,2 billones de pesos y representa la mitad del gasto del Tesoro.
4. Existen los BRICS como alternativa de financiación. Alfonsín sólo tenía el financiamiento del FMI.
5. El Ministerio de Economía y el BCRA actual venden bonos dolarizados y contratos en pesos de dólar futuro que “el mercado” acepta. Y también dólares al contado (la semana pasada fueron en torno a 130 millones de dólares) y permite compras de dólares por el CCL y que esos dólares se vendan en el mercado informal o blue para reducir ese precio.

 

Fin de juego 

Está claro que el Ministerio de Economía espera que el Fondo Monetario Internacional autorice que en junio  se adelante el desembolso total de los 10.793 millones de dólares que, según el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado y autorizado por la Ley 27.668, deben ingresar en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023, y que el “mercado” lo sabe. De otro modo, la corrida cambiaria y bancaria tomaría proporciones graves [4].

Las situaciones son semejantes porque son arrastradas por los mismos actores: las grandes empresas que se endeudan real o ficticiamente en el exterior y después le compran a precio oficial las reservas internacionales del BCRA para pagar dichas obligaciones, por un lado, y la presión del FMI, con un severo plan de ajuste fiscal, comercial y financiero que lo que hace es empobrecer a la población redistribuyendo el ingreso a favor del sector externo y de los que poseen divisas.

Por ende, se deben tomar medidas distintas que las que tomó el gobierno de Alfonsín:

1. Investigar la evasión y la fuga de capitales en la gestión de Cambiemos como propone el proyecto del senador Oscar Parrilli, que cuenta con la sanción de esa Cámara y tiene dictamen de mayoría (a favor) y de minoría (en contra) en las dos Comisiones de la Cámara Baja que trataron el tema (Legislación General y Presupuesto y Hacienda).
2. Restablecer el Decreto 2.581/1964 (Emergencia Cambiaria) por el que se faculta al BCRA a imponer plazos de liquidación de las exportaciones, así como los pagos de importaciones con financiación a plazo que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, que deben ser previamente justificados ante el Banco Central. El artículo 5º del Decreto 2.581/1964 sostiene: “La ejecución de las remesas de divisas extranjeras por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto, serán regladas por el Banco Central de la República Argentina, el que conforme a la naturaleza de las mismas fijará los límites correspondientes". De esa manera, sólo se emplean las divisas bajo control estricto del BCRA.
3. El BCRA debe transformar la mayor parte de Leliq y Notaliq en crédito a través de constituir un stock remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de encajes remunerados se transformaría en un préstamo aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado (pequeñas y medianas empresas) y estatal. Para que el Estado pueda financiar obra pública en general y la construcción de viviendas en particular, que no sólo da respuesta al déficit habitacional, sino que crea trabajo y no tiene que depender de compras en el exterior porque todos los insumos que se obtienen para la construcción se producen en la Argentina. Sin embargo, no se lo hace, para que los que trabajan en esa construcción no tengan más ingresos y con ello puedan comprar más alimentos y más energía. De esa manera, disminuiría el saldo exportable de alimentos y aumentaría la importación de combustible.

En síntesis, el gobierno tiene herramientas no sólo para no ceder ante la presión del FMI, del resto de los acreedores y de los grandes empresarios que fugaron capital y propician una mayor devaluación para comprar por la mitad lo que vale el doble, sino y fundamentalmente para revertir la situación e impulsar de verdad la investigación de la deuda de Cambiemos y que la deuda la paguen los que la fugaron.

 

 

[1] Entre los años 1985 y 1988, se abonaron de intereses de la deuda por la totalidad del superávit comercial del periodo (8.500 millones de dólares), y sin embargo la deuda externa pública creció de 45.650 millones de dólares a 63.200 millones de dólares.

[2] El sistema se denomina “sin acceso”, por lo que los interesados no tendrán que acceder al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), el Banco Central y la AFIP habilitan una ventanilla especial para atender estos casos. El nuevo SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) les pregunta a las empresas si eventualmente cuentan con dólares para efectuar la operación y de manera automática pasan a la nueva “ventanilla”.

[3] El 17 de mayo 2023 se publicó el Informe de la Auditoría General de la Nación que demuestra las severas irregularidades que se cometieron al recibir el crédito del FMI en junio de 2018, dado que no fue autorizado por el Congreso de la Nación, que no tuvo los debidos informes jurídicos y del BCRA, etcétera; causas más que suficientes para suspender todo pago al FMI, hasta que no se aclare qué fue lo que realmente pasó. Y exigir que se haga ley la sanción del Senado de la Nación para que se investigue el destino de esa deuda

[4] Igual existe un plan B. El 29 de mayo 2023 el ministro y una comitiva van a Beijing a reunirse con sus pares de la República Popular China quienes pueden permitir que utilicen parte de los más de 18.000 millones de dólares (en yuanes) para pagar compromisos externos o que habiliten al banco de los BRICS que le den un crédito puente a la Argentina, sabiendo que el año 2024 la Argentina tendrá un superávit comercial que rondará los 20.000 millones de dólares y así sucesivamente en los próximos años, por la exportación de granos y derivados (harina, pellets, aceite, biocombustibles), de hidrocarburos, de litio y demás minerales, etc.

 

 

 

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