EL EVANGELIO SEGÚN MATEO

 

La derecha argentina nunca arría el pendón de bajar el gasto público. El dragante que atavía su escudo de armas se engulle al Estado, desentendiéndose de las consecuencias sobre el orden público de la miniaturización. Eso es lo que desnuda el lado completamente demagógico del perenne estandarte bajemos-el-gasto-público. Lo único que parece importarles es la desembocadura de tal acción, que es la de pagar menos impuestos. Si por achicar el sector público se prende fuego el país y resulta un verdadero infierno en vez del edén de la libertad que prometía, no es su problema, ni al parecer tienen consciencia de ello.

Lo usual en la derecha de los países centrales –y eso la diferencia mucho de la versión criolla— es que las propuestas de adelgazar el sector público que hacen no se disfrazan únicamente de la retórica vacía de la eficiencia, sino que ponen en juego propuestas para preservar el orden a menor costo, no de ningún costo como la derecha argentina y su invitación al descalabro. Es el caso de la teoría del “Empujoncito” (nudge) por la cual el Nobel de Economía 2017 le fue otorgado al estadounidense Richard H. Thaler en vista de "su contribución a la economía conductual". Para confirmar la muy hegeliana idea de que la hora de su nacimiento es la hora de su muerte, dos destacados científicos del comportamiento, los ingleses Nick Chater y George Loewenstein, publicaron en marzo un working paper titulado: “Cómo centrarse en soluciones a nivel individual ha desviado la política pública conductual” (The i-Frame and the s-Frame: How Focusing on Individual-Level Solutions Has Led Behavioral Public Policy Astray) publicado en el sitio SSRN. Afirman que el movimiento del “Empujoncito” ha perdido el rumbo. El dueto define el núcleo del Nudge como una línea de pensamiento por medio de la cual “muchos de los problemas más apremiantes de la sociedad pueden abordarse de manera económica y efectiva a nivel del individuo, sin modificar el sistema en el que operan los individuos (…) ahora creemos que esto fue un error. Los resultados de tales intervenciones han sido decepcionantemente modestos (…) De hecho, resaltar la estructura individual (i-frame) es un objetivo establecido desde hace mucho tiempo por los opositores corporativos a la acción sistémica concertada, como la regulación y los impuestos”. Chater y Loewenstein epilogan su análisis señalando que “aunque hoy en día vemos las intervenciones del marco sistémico como el camino a seguir para la política pública conductual, nosotros, y muchos otros científicos conductuales, teníamos en mente una imagen muy diferente (y) es probable que el entusiasmo de los científicos del comportamiento por el estructura individual haya reducido activamente la atención y el apoyo a la reforma sistémica, como pretenden las corporaciones interesadas en bloquear el cambio. Hemos sido cómplices involuntarios de fuerzas que se oponen a ayudar a crear una sociedad mejor”. Honestidad intelectual pocas veces vista.

 

 

Pero lo cierto es que, ya sea por casualidad, por imprevisión o por instrumento meditado, ciencia y experiencia testimonian que el gasto público siempre tiende a crecer cuando se trata de consagrar la igualdad de oportunidades, uno de los núcleos centrales de la vida democrática. Ejemplo de lo primero son las consecuencias del luto de la decimonónica reina Victoria. De lo segundo, la ingenua creencia de que sacar los subsidios a los jóvenes desempleados no tienen derivaciones sobre el comportamiento criminal. De lo tercero, la juiciosa proposición legislativa que se plasma en el proyecto del salario básico universal (SBU).

 

 

 

Matrimonios y algo más

El economista Marc Goñi de la Universidad de Bergen en Noruega, en el número de julio de la revista académica American Economic Journal: Applied Economics, publicó un paper titulado: “Variaciones en el apareo de la cúpula de la distribución del ingreso: evidencia del mercado matrimonial más exclusivo del mundo" (Assortative Matching at the Top of the Distribution: Evidence from the World's Most Exclusive Marriage Market). El paper se sitúa entre marzo de 1861 cuando falleció la madre de reina Victoria y diciembre de ese mismo año cuando se produjo el deceso del consorte Alberto. Muy golpeada, la reina guardó luto por su esposo (1861-1863), incluso sin aparecer en público.

Por respeto a ese sentimiento se interrumpió la llamada Temporada de Londres. Ese era un evento muy importante para la aristocracia, pues ahí se formaban las parejas entre los jóvenes casaderos descendientes de las familias de la más alta alcurnia. La nobleza del Reino Unido según el economista noruego "fue probablemente la élite más exclusiva que jamás haya existido", la que era "inusualmente pequeña, exclusiva y rica". El mecanismo para mantener ese pequeño grupo de ultra élite era justamente la Temporada de Londres, una serie de bailes en los que los descendientes elegibles de la nobleza se reunían y emparejaban. Las invitaciones se extendían solo a las familias del estatus social más alto y la asistencia era muy costosa, lo que significaba que para participar era necesario ser de buena cuna y rico.

Goñi dice usar datos novedosos sobre esa forma de establecer los matrimonios de la nobleza en Gran Bretaña —lo que se corrobora ni bien se revisa donde están volcados: el anexo de 90 páginas que acompaña el paper— para demostrar que el luto victoriano elevó mucho los costos de buscar pareja y redujo la segregación del mercado. Así se atenuó fuerte la probabilidad de que las mujeres se casen con muchachos de similar altísimo abolengo. Como resultado del duelo de la Reina Victoria, aumentaron los matrimonios mixtos entre nobles y plebeyos en un 40% y se redujo la posesión en una sola mano de la riqueza de la tierra en un 30 %.

Tales matrimonios causaron un daño real a los hermanos de la hija e incluso a los padres. Sus hermanos tenían un 50% menos de probabilidades de ingresar al Parlamento y el prestigio de su familia decaía. A raíz de esta mezcla donde se imponía –por una vez- que el amor fuera más fuerte, los distritos electorales que ya no estaban representados en el Parlamento por el noble de la más alta alcurnia, tenían muchas menos probabilidades de oponerse a la introducción de la educación estatal, que finalmente se convirtió en ley en la década de 1870. Esa ley, en gran medida, disminuyó el poder político de los nobles y afectó la política pública en la Inglaterra de fines del siglo XIX, lo que se consolidó con la actuación del sindicalismo. Los nobles se vieron obligados a pagar impuestos que sostenían la educación pública.

 

 

Desalentar el crimen

Los problemas que deben ser atendidos con políticas públicas por lo general presentan un dilema. La naturaleza del asunto y las circunstancias llevan a situaciones donde es necesario optar entre dos alternativas con sus costos y beneficios. Las más de las veces, se trata de bajar costos para que aparezca algún beneficio. Tal aproximación suele estar ausente en el debate sobre los subsidios al desempleo, cualquiera sea su expresión legal. El asunto es a todo o nada entre los que los maldicen, pues aducen que desalientan las ganas de trabajar de los beneficiarios. Los planes, en lugar de generar una solución, se constituyen en una fábrica de vagonetas, pasto del clientelismo político. Todo a costa del sufrido contribuyente. Sin planes se verían obligados a buscar trabajo, y no tiene trabajo el que no quiere, completa el diagnóstico. Los granos de verdad que contienen estas observaciones se pierden entre las peticiones de principios, a las que adornan para que no luzcan tan irracionales. Lo logran a medias: la sociedad civil quiere pasar al cuarto a los planeros, pero no se anima a vociferarlo. Murmura.

La economista de la universidad de Chicago Manasi Deshpande y su colega de la universidad de Michigan Michael Mueller-Smith se preguntan en un paper publicado este año en la revista académica The Quarterly Journal of Economics si “¿los pagos por transferencias sociales previenen el delito? (“Does Welfare Prevent Crime? The Criminal Justice Outcomes of Youth Removed from SSI”). Tal el título de su trabajo. Explican los académicos que históricamente, los recortes a los programas de asistencia social han estado motivados por la preocupación de que puedan desalentar los logros educativos y la búsqueda de trabajo. El análisis que hacen se enanca en el experimento natural de la ley de reforma de la asistencia social de 1996 en los Estados Unidos, para examinar el efecto de los programas de asistencia social en un tipo diferente de "trabajo": la actividad delictiva destinada a generar ingresos.

Los autores encuentran que eliminar a los adultos jóvenes del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario de los Estados Unidos (Supplemental Security Income: SSI) aumenta la trayectoria por el ámbito de la justicia penal y, en especial, la actividad ilícita de generación de ingresos. Si bien el programa desalienta el empleo formal entre los adultos jóvenes, su efecto mucho mayor es desalentar la actividad delictiva. Deshpande y Mueller-Smith estiman que “sacar a un adulto joven del SSI aumenta la cantidad total de cargos penales asociados con la generación de ingresos (hurto, robo, distribución de drogas, prostitución y fraude) en un 60 % durante las siguientes dos décadas. Este aumento en la actividad delictiva conduce a un aumento del 60 % en la probabilidad de estar encarcelado en un año determinado durante el mismo período de tiempo”. Con el SSI vigente para los adultos jóvenes la probabilidad de encarcelamiento en un año determinado va del 5 % al 8 %.

Deshpande y Mueller-Smith se expiden tanto sobre el costo-beneficio social como acerca del impacto en el diseño de la política de bienestar social. Respecto de lo primero calculan que “los costos de la ejecución y el encarcelamiento casi eliminan los ahorros para el gobierno por el menor gasto en beneficios de SSI. Además, según nuestros cálculos utilizando suposiciones conservadoras, el costo para cada víctima del aumento de la actividad delictiva es asombroso: 85.600 dólares por la eliminación del SSI”.

En cuanto a las implicaciones para la política de bienestar, Deshpande y Mueller-Smith advierten la obviedad de que “los adultos jóvenes retirados del SSI son una población específica: tuvieron desventajas cuando eran niños y provienen de familias pobres”. Los resultados de su investigación —entienden los autores— que pueden ser generalizables a los otros programas que proporcionan “un considerable beneficio en efectivo a los hogares de bajos ingresos”. Asimismo –y de manera más general—, los resultados del paper de Deshpande y Mueller-Smith cuestionan el enfoque histórico de la política de bienestar en el desincentivo del trabajo, al mostrar que “si bien el SSI desalienta el empleo formal entre los adultos jóvenes, su efecto mucho mayor es desalentar la actividad delictiva. Para estos adultos jóvenes, mantener un empleo estable en el mercado laboral formal puede no ser factible, ya sea que reciban o no beneficios de SSI. Puede que no haya suficientes puestos de trabajo para absorberlos en el mercado laboral, o pueden tener habilidades insuficientes para competir por el empleo”. Así es como “muchos recurren a la actividad delictiva para recuperar los ingresos perdidos después de que se les quita el SSI, con consecuencias asombrosas para sus propias vidas y para la sociedad en general”, concluyen Deshpande y Mueller-Smith.

 

 

 

SBU

Desde el pasado victoriano hasta el cercano presente en la ciudad de los vientos, en el país que sea una vez alcanzado cierto umbral de desarrollo económico, un mejor funcionamiento social requiere financiar con más impuestos el igualitarismo moderno y además tener presente que el dilema real es transferencias sociales sin contraprestación (lo que sí, efectivamente, desalienta buscar trabajo) o aumento de la actividad criminal. Es de lamentar que ni ese abordaje ni los estudios pertinentes se localicen entre nosotros. Desde esta perspectiva –y aunque sea a fuerza de olfato— resulta racional y necesario el proyecto del salario básico universal (SBU). En sus fundamentos el proyecto señala que hay un “sector significativo de la población trabajadora que se encuentra estructuralmente excluido del mercado laboral, tanto en su modalidad formal como informal. Las políticas sociales existentes alcanzan sólo parcialmente a este último sector”.

A esto hay que sumarle que “el empleo no garantiza ingresos suficientes para la reproducción de la vida en sociedad, sobre todo en economías (…) caracterizadas por altos niveles de precariedad, como la que existe en nuestro país”. En los fundamentos se dice bien que “las políticas de ingreso y seguridad social no resuelven el desafío del desarrollo humano integral (…) pero proporcionan un piso de derechos que permite resolver lo urgente para avanzar luego en lo importante”. En ese contexto el SBU “tiene como sentido avanzar hacia la universalización de la seguridad social para que ningún compatriota y ninguna compatriota quede fuera de la protección del Estado, y de esa manera integrar en un sistema coherente políticas de ingreso en su totalidad loables, pero hoy dispersas, asistemáticas y, en ocasiones, superpuestas”. En los fundamentos del proyecto “se estima un total aproximado de 9 millones de beneficios. Asimismo, se estima un costo fiscal anual bruto de 2,1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $1,5 billones de pesos, a valores de 2022 (…) Si a ese cálculo se le adiciona la estimación del retorno fiscal generado por el propio SBU, se alcanza un costo fiscal neto de aproximadamente el 0,9% del PIB”. En el proyecto se ve una “oportunidad para establecer un esquema más coherente, a través de un análisis científico riguroso de la realidad social argentina y del establecimiento de pautas conceptuales claras, que combinen sin confundir objetivos de ingresos y de trabajo”.

La derecha puso el grito en el cielo. Son tan insufriblemente demagógicos en su afán de no pagar impuestos que únicamente hablan de costos, como si el proyecto una vez puesto en marcha no generara ningún beneficio; por ejemplo bajar la actividad criminal. Si fueran serios, que no lo son, centrarían el debate en el proceso costo-beneficio para mostrar que hay una forma más económica y racional de integrar la sociedad. Insensibles a la integración nacional, todo lo que hay que esperar son versiones interesadas y berretas del desechado “Empujoncito”. Por su parte, ciertos sectores del oficialismo, refugiándose en la restricción externa y la delicada problemática dólar-inflación (y si falla en impresionar al interlocutor recurren al argumento del reflujo marciano) cuestionan con que ahora no es cuando, sin definir cuándo es ahora.

 

 

 

 

 

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