El Estado es responsable

El hostigamiento contra Milagro Sala continúa

Por Sabrina Roth
La persecución política y judicial contra Milagro Sala continúa. Foto Luis Angeletti.

 

El pasado jueves una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación viajó a Jujuy para entrevistarse con Milagro Sala y con autoridades judiciales de la provincia a fin de relevar información sobre las condiciones de detención y el hostigamiento que enfrenta. Además mantuvieron un encuentro con organizaciones de derechos humanos que denunciaron la situación de violencia institucional que se vive en la provincia. Las irregularidades en la detención y la incesante persecución judicial contra la dirigente social, que los integrantes de la Secretaría pudieron corroborar en su visita, son motivos para que no se cierre el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde la Secretaría que conduce Horacio Pietragalla Corti advirtieron a las autoridades locales que en tanto la medida provisional que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017 continúe vigente, el Estado argentino sigue incurriendo en responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos.

 

 

Por otra parte, la resolución que emitió esta semana la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa de los huevos, uno de los emblemas de la utilización de un expediente judicial para hostigar a Milagro Sala, determinó que los jueces federales de Jujuy que condenaron a la dirigente social y rechazaron los pedidos de prescripción presentados por su defensa realizaron una interpretación arbitraria e indebida de la normativa aplicable; que la decisión de los magistrados presenta una fundamentación sólo aparente, carente de rigurosidad y no ajustada al derecho vigente.

 

 

La preocupación de la Corte IDH

El 23 de noviembre de 2017, la Corte IDH en una resolución sin antecedentes dictó una medida provisional en favor de Milagro Sala y le exigió al Estado argentino adoptar medidas de protección efectivas para garantizar su vida, su integridad personal y su salud. En ese contexto, y entre otras acciones, requirió que se sustituya la prisión preventiva de la dirigente social por el arresto domiciliario o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos.

A pesar de su carácter vinculante para el Estado Argentino, la disposición de la CorteIDH fue fuertemente resistida por los jueces locales. Fue necesaria una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que se debía cumplir con urgencia la medida provisional para que los magistrados ordenaran el traslado de la dirigente social fuera de la cárcel de Alto Comedero, el 29 de diciembre de 2017, casi un mes después del fallo del tribunal internacional. Sin embargo, el ensañamiento de los jueces era tal que en lugar de llevar a Sala a su casa en el barrio de Cuyaya, la trasladaron a una vivienda en la localidad de El Carmen que había sido saqueada tras la detención de Milagro y que gracias al trabajo de integrantes de la Tupac Amaru con ayuda de lo recaudado a través de los comités por su libertad fue reconstruida. El predio fue cercado con alambres de púa, instalaron cámaras de seguridad y montaron de manera ilegal un dispositivo de la gendarmería nacional para custodiar el lugar, algo que jamás se hace para ninguna otra persona en el país que sea beneficiario del arresto domiciliario. Después de reiterados reclamos y casi un año después, la dirigente social fue trasladada a su casa en Cuyaya, donde aún permanece.

A casi cuatro años de dicha disposición, la medida provisional continúa vigente. Luis Paz, abogado de Milagro Sala, en dialogo con El Cohete a la Luna explicó: “Como su nombre lo indica, este tipo de medidas se otorgan para que se termine una determinada situación respecto de una persona cuyos derechos están siendo vulnerados por parte del Estado. En este caso, a pesar del traslado de Milagro a prisión domiciliaria, su integridad física y psíquica continúa en riesgo por las irregularidades en su detención y por la continuidad del hostigamiento judicial en su contra. Y es el Estado argentino el responsable ante el Sistema Interamericano, el que tiene que responder frente al hecho que en una provincia se violen los derechos humanos contra una dirigente social y política”.

“La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación es la representante del Estado argentino en la medida provisional que le otorgó la Corte IDH a Milagro Sala. Esta medida que actualmente sigue vigente es relevante en tanto y en cuanto es la única medida provisional que hay en contra del Estado argentino y este organismo internacional sigue con preocupación la situación de detención arbitraria de Milagro. No hay ninguna otra persona en Jujuy con domiciliaria que tenga custodia policial. La denuncia que presentó Milagro y su defensa por el espionaje ilegal y sus posteriores ampliaciones no tuvo ningún tipo de tratamiento por el Ministerio Público Fiscal. La visita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la medida provisional se da en ese marco de preocupación de la Corte IDH. La acumulación de causas, la persecución política y judicial contra Milagro continúan vigentes”, detalló Paz.

 

 

La Ley 24.660 de Ejecución Penal establece que ante “la pena domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal, o cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios (…) en ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”. Sin embargo, los jueces de Jujuy, como suelen hacer en el caso de la dirigente social, por acción o por omisión no cumplen con la normativa vigente. Tan es así que desde aquel 29 de diciembre de 2017 policías de civil permanecen en el frente de la casa de la líder de la Tupac Amaru y no sólo registran sino que también sacan fotografías de las personas que ingresan a visitar a Milagro Sala. Incluso los abogados defensores denunciaron que en la provincia se viola la Ley de Inteligencia Nacional y utilizan aquellos datos de manera ilegal.

En su visita a la casa de Milagro Sala, Pietragalla Corti junto con la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete de la Secretaría, Nicolás Rapetti, pudieron corroborar la presencia de esta custodia policial.

Respecto al hostigamiento judicial, la dirigente social detalló a los funcionarios la persecución judicial de la que fue víctima en las últimas semanas, pero que es una constante desde diciembre de 2015.

En los días previos a las elecciones provinciales que tuvieron lugar el 20 de junio último fue trasladada a la fiscalía en el marco de un fuerte operativo policial, con agentes con armas largas y con transmisión en vivo de uno de los principales medios locales. En este caso fue notificada de una nueva causa en la que la acusaron de ser instigadora de las protestas sociales que realizaron en marzo de este año vecinos de Campo Verde que se manifestaron en contra de la construcción de una escuela en un espacio verde del barrio y que fueron reprimidos por la policía provincial. La dirigente preguntó cómo podría instigar los reclamos cuando ya lleva más de cinco años detenida arbitrariamente.

El día anterior, el Tribunal Oral Federal de Jujuy realizó una audiencia –que convocó con solamente 48 horas de antelación, violando así el derecho a la defensa– para fijar una nueva sentencia en la causa de los huevos en virtud de una resolución de junio de 2017 de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, compañeros de juego del ex Presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos.

A los pocos días fue notificada de la condena a tres años y seis meses de prisión en el marco de esta causa. El ex abogado de Gerardo Morales en este proceso y actual legislador provincial, Luciano Rivas, había desfilado por los medios anunciando que la dirigente social sería trasladada a la cárcel federal de Salta para cumplir la condena.

El fallo de la Cámara de Casación Penal que firmaron Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Liliana Catucci esta semana, que hizo lugar a los planteos de la defensa de Milagro Sala, fue lapidario respecto de la actuación de los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Marta Liliana Snopek (prima de Tulia Snopek, actual pareja del gobernador jujeño).

En la resolución, Ledesma dio cuenta de las arbitrariedades en la interpretación de los jueces a la hora de rechazar los planteos de la defensa que reclamaban la prescripción de la causa. Carbajo aseguró que las conclusiones de los jueces del TOF se asentaron sobre “una interpretación indebida que prescinde de la letra manifiesta de la ley”. En otro pasaje, el juez sostuvo que “debe descalificarse el análisis asumido por los sentenciantes en punto al efecto predicado en derredor de la comisión de otros hechos por no ajustarse al texto legal” y finalizó: “La decisión impugnada presenta una fundamentación tan solo aparente y carente de rigurosidad, equiparable a su ausencia, lo que configura un supuesto de arbitrariedad”. En el mismo sentido, Catucci determinó que la resolución de los jueces del tribunal de primera instancia “no resulta ajustada al derecho vigente”.

Si bien estos planteos fueron en torno a la interpretación de los magistrados del TOF en relación a los planteos concretos de prescripción de la causa de los huevos, no está de más recordar que la condena original a Milagro Sala estuvo basada en la declaración de un único testigo de cargo, empleado de Morales, que cobró por parte del estado provincial alrededor de un millón de pesos en los meses previos al juicio y que fue el único que sostuvo la existencia de una reunión en la que supuestamente la dirigente social lo mandó a tirar los huevos contra el entonces senador.

En su visita a la provincia, la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos se reunió con diferentes funcionarios judiciales de la provincia de Jujuy, como el juez de Ejecución, Emilio Carlos Cattan; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y con las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia, los jueces Federico Otaola y Sergio Jenefes.

En los encuentros, los funcionarios nacionales pusieron de manifiesto la preocupación no sólo por la vigencia de la medida provisional sino también por la persecución contra la dirigente social. Si bien no es función de la Secretaría ni materia analizable por parte de la Corte IDH el fondo de cada una de las causas, sí preocupa la consecución de los procesos judiciales y las declaraciones públicas tanto de dirigentes políticos como judiciales en relación a la detención de Sala.

En ese contexto, no está de más recordar que Gerardo Morales desde un primer momento sostuvo que tenía más de 60 causas judiciales en contra de Milagro Sala. En los últimos días aseguró que antes de indultar a la dirigente social se pegaría un tiro. El ex integrante del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, alejado del cargo luego de ser denunciado por abuso sexual, sostuvo que la dirigente estaba presa porque “Morales no la quería soltar”. La ex titular del máximo tribunal, Clara Langhe de Falcone, dijo en mayo de 2017 a la prensa que Milagro “no es una presa política, sino una política presa”.

Por otra parte, los funcionarios se reunieron con organismos de Derechos Humanos de Jujuy que plantearon “los casos de violencia institucional que se viven en la provincia en forma sistemática desde que asumió Morales en 2015; se expusieron distintas situaciones de violencia, como la represión en Campo Verde, el atropello permanente a vendedores ambulantes, la represión a la Comunidad De Tusca Pacha el año pasado cerca de Palpalá, donde ingresaron con máquinas e intenciones de desalojo, entre tantos otros hechos”, contó a este medio Anabel Yacianci, de la CTA e integrante de la Coordinadora contra la Violencia Institucional.

La próxima semana la Secretaría de Derechos Humanos deberá presentar un informe ante la Corte IDH.

“El Estado argentino tiene la obligación de garantizar y proteger el goce de los derechos humanos. En el caso de Milagro no se respetaron sus derechos al debido proceso, a ser juzgada por un tribunal imparcial e independiente y a que los órganos acusadores actúen conforme a las previsiones de la ley. De allí que la visita de la Secretaría de Derechos Humanos para recoger información respecto a las denuncias por las violaciones a los derechos fundamentales de Milagro es parte de la obligación del Estado en investigar, esclarecer los hechos y aplicar las sanciones pertinentes a quienes violen los derechos humanos”, sostuvo la defensa de la dirigente. “Milagro Sala es objeto de una persecución institucional inédita en la provincia de Jujuy, que es impulsada principalmente por el Poder Ejecutivo provincial y se concreta y ejecuta en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación. Se le ha dado un tratamiento ad hoc a Milagro en todos los sentidos respecto a la acusación y persecución en su contra para privarla de su libertad. Prueba de ello es el tratamiento particular que se le da en sus condiciones de detención, que llevó a la intervención de un tribunal internacional para que se garantice la integridad física y psíquica que se encuentra en grave peligro por el ensañamiento por parte de las instituciones de la provincia de Jujuy”, destacó.

 

 

 

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