El Estado, entre ser y no ser

 

Un amigo memorioso recordaba un hecho sorprendente que ocurrió en el segundo año de la gestión de Mauricio Macri, a raíz de una gira que realizó como Presidente a China.

Bajo el título de “Una insólita diferencia con China complica las negociaciones comerciales”, el diario Clarín informaba el 13 de mayo de 2017 que había surgido una diferencia muy significativa entre lo que el gobierno argentino y el gobierno chino calculaban como los intercambios comerciales entre ambos países. Para los órganos estadísticos de la Argentina, el déficit comercial con la potencia asiática era, en ese momento, de 5.591 millones de dólares. Pero para el organismo que recopilaba la información estadística china, el superávit comercial chino con Argentina era de sólo 2.084 millones de dólares. Había entre las estadísticas públicas una diferencia gigantesca de casi ¡3.900 millones de dólares!

El diario consignaba que se había creado un grupo de trabajo técnico entre el INDEC y el Ministerio de Comercio de China y que “tras dos reuniones no lograron detectar el motivo de las diferencias”, aunque se afirmaba que “las principales diferencias entre el número de exportaciones e importaciones a China se dan en los rubros de maquinaria, equipos y material eléctrico y semillas y frutos oleaginosos”. Hacia el final de la nota, al pasar, se mencionaba que “en los últimos meses el gobierno detectó que la Argentina tiene diferencias en la balanza comercial con otras regiones”.

A esta altura del relato, cabe recordar que las estadísticas comerciales no registran sensaciones, ensoñaciones o climas subjetivos, sino bienes materiales mensurables. Si bien ese registro puede encontrar dificultades, o errores involuntarios, una magnitud tan extraordinaria de discrepancia estadística no podía reflejar sino horrores institucionales vinculados a movimientos económicos no registrados por unos y otros aparatos estadísticos.

¿Quién estaba tan equivocado? ¿A quién se le escapaba la entrada/salida en masa de maquinarias, o de cereales y frutos oleaginosos? La confirmación de que la Argentina mantenía diferencias con “otras regiones” permitía suponer que había problemas aduaneros locales que no sólo se referían a China. Pero la diferencia abrumadora hubiera merecido una profunda investigación pública sobre qué estaba ocurriendo con los intercambios comerciales reales de nuestro país, y la enorme distorsión en los registros públicos de esa realidad que se le había ido de las manos al Estado.

La caída de la gran empresa Vicentin ha vuelto a poner sobre la mesa numerosos problemas relevantes que arrastra la Argentina. Aquí queremos enfatizar uno: la incapacidad de las aduanas locales para captar el verdadero movimiento de bienes a través de nuestras fronteras, con efectos directos sobre dos cuestiones económicas centrales — el nivel de las reservas disponibles en el Banco Central de la República Argentina, y la recaudación impositiva vinculada al comercio exterior. Estamos hablando nada menos que de la capacidad de las autoridades públicas para controlar el tipo de cambio y regularlo en un nivel compatible con otras metas macroeconómicas, y de la posibilidad de que el Estado en sus niveles nacional, provinciales y municipales pueda contar con fondos suficientes para cumplir con sus tareas específicas.

Puede pensarse al sistema aduanero como un organismo público capturado por intereses privados, o destruido por la saturación de funcionarios corruptos, o por una convergencia de factores que vienen desde el fondo de la historia nacional. Pero lo cierto es que hoy sabemos que una parte de la riqueza producida en el territorio nacional sale hacia el exterior, cumpliendo el sueño perfecto del capital en esta etapa de la globalización neoliberal: no aportar un dólar a la sociedad en la cual opera.

Cuando se habla de un Estado ineficiente, en el sentido de que no satisface las expectativas sociales en materia de prestación de diversos servicios (desde los más básicos hasta la provisión de una moneda confiable para ahorrar y realizar transacciones), se lo debe relacionar con esta otra ineficiencia: la de captar los recursos estipulados en las leyes para garantizar el fondeo de las actividades públicas.

A partir del ciclo rentístico-financiero iniciado en 1976, estas dos características de ineficiencia estatal, como prestador y cómo recaudador, constituyeron un sistema que se retroalimentaba, conformando una verdadera máquina de producir neoliberalismo social. Como el Estado no recauda, nunca tiene fondos suficientes para cumplir sus tareas. Pero lo más importante desde el punto de vista político: como cumple insatisfactoriamente sus tareas, el discurso neoliberal aprovecha para deslegitimarlo socialmente, explicando esa ineficiencia por una suerte de “esencia” estatal, promoviendo aún más el incumplimiento fiscal y la privatización de las más diversas áreas del Estado.

Además del desfinanciamiento estatal permanente –no sólo por falta de ingresos locales, sino por la sangría de recursos que provoca el endeudamiento permanente promovido por los neoliberales—, no se ha producido un debate público fundamental en torno al sentido del cumplimiento de la Ley, al pago de impuestos y a las cargas fiscales que corresponden a cada sector de la sociedad.

Esta falta de problematización de un lazo social fundamental, como el impositivo, es el telón de fondo de otra dificultad concreta con la que se encuentra la actual gestión: lo que debería ser un hecho casi natural, incluso promovido por los propios sectores pudientes, como es la aplicación de un impuesto por única vez a las grandes fortunas para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, resulta de complejo tratamiento y no sale expeditivamente, apoyado en un vasto consenso social como debería ser en una sociedad mínimamente cohesionada.

¿Qué ocurrirá entonces con la propuesta de una reforma impositiva progresiva, imprescindible para financiar en los próximos años alguna forma de ingreso universal que permita garantizar una vida mínimamente decorosa a todxs lxs argentinxs?

Y los sectores populares, ¿verán la relación entre recaudación fiscal y gasto público, y por lo tanto apoyarán una reforma impositiva que apunte a protegerlos en los próximos años, o serán indiferentes hacia las grandes decisiones públicas sin advertir su vínculo directo con su propia realidad, o se alinearán con los pudientes en la indignación constante contra la “agobiante carga impositiva por parte del Estado ineficiente”?

Parece que estamos en un momento en el que introducir más pluralismo ideológico e informativo en la escena pública contribuiría a fortalecer la acción gubernamental.

 

 

Microfísica de la debilidad estatal

Ese círculo perverso, que se ha dado entre un Estado política y organizativamente débil, recursos insuficientes que frustran las expectativas sociales y un establishment sediento de negocios particulares y con control sobre los medios de comunicación, ha sido una desgracia para el desarrollo nacional.

Se logró instalar en parte de la opinión pública un estado de desconfianza, cuando no rechazo, a lo estatal, con la contrapartida de una mirada idealizada de lo privado, totalmente disociada de la realidad empírica. Nuevamente el caso Vicentin daría para una larga reflexión en cuanto a este libreto ideológico que ha distorsionado la comprensión de la realidad en una parte de la población.

Pero el debilitamiento de lo estatal es más profundo aún: se trata del debilitamiento de lo público, lo que concierne a toda la población.

En la pasada semana, luego que se detectaran 10 casos de Covid-19 en una sola sucursal de la empresa Coto en la localidad de Lanús, se dispuso la clausura del local por razones sanitarias. Cuando el personal público llegó al local, se encontró con el firme y destemplado rechazo del gerente de esa sucursal. Conclusión del episodio: los funcionarios se retiraron sin tomar la medida sanitaria correspondiente.

Es decir que, en plena pandemia, en pleno ciclo ascendente de contagios, en pleno AMBA, se detecta un verdadero foco de enfermedad, pero el Estado –en este caso municipal— no es capaz de actuar, sea por temor, falta de convicción o complicidad con una empresa. El caso sirve para pensar el grado de deterioro de lo público, porque no cabe duda que si esa amenazante situación escandalizara a la comunidad, no habría cómo parar una clausura más que justificada. Y también es cierto que si los responsables políticos locales tuvieran un compromiso real con la salud de la comunidad a la que deben proteger, si creyeran en el valor de lo público, no hubiera habido gerente desaforado que frenara una medida de sanidad pública.

No les fue mucho mejor a los funcionarios enviados por el Estado Nacional para ingresar a las instalaciones de Vicentin en su sede central. La propia policía local les advirtió que no podía garantizar su seguridad, ni siquiera en el hotel donde se iban a alojar. Una rebelión antiestatal – Estado Nacional que representa el interés del país—, hecha a medida de las necesidades por los delincuentes.

Bancos y entidades financieras acreedores de la firma, con sede en el exterior, estiman que la empresa hizo desaparecer activos por 1.000 millones de dólares, mientras que en el distorsionado clima local, aún se sigue convenciendo incautos con el relato de una empresa familiar y trabajadora, agredida por un Estado voraz…

No hace falta decir que si no se puede cerrar un foco de Covid-19, o acceder a la sede de una empresa en quiebra fraudulenta, el Estado empieza a ser una ficción, un remedo de autoridad que en realidad no está en capacidad para ejercer.

El día del banderazo en “defensa de la propiedad”, se vio cacerolear en el barrio de Almagro a una empleada de una fábrica de pastas, que vociferaba que el “Estado se quería quedar con la empresa” (que no era suya). Este tipo de delirio debería estar limitado a habitantes de nosocomios psiquiátricos, pero puede ser repetido con convicción por gente común, debido a este mito incrustado del “Estado malo y codicioso” versus “privados buenos y laboriosos”. ¿Por qué no se está escuchando en el ámbito público una voz clara respondiendo al delirio planificado?

 

 

Nubarrones en el horizonte mundial

El FMI acaba de realizar nuevas estimaciones sobre el impacto de Covid-19 en la economía mundial.

Para nuestra región, México, Brasil y la Argentina estarán contrayéndose en aproximadamente un 10% durante este año. La pequeña diferencia entre el Brasil neoliberal autoritario y la Argentina protectora es que aquel país, en un solo día, acumula más muertes que todas las ocurridas en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Su población es 5 veces mayor a la nuestra, pero los muertos son 47 veces más.

Otro dato de notable importancia es que el FMI ha estimado que la economía de Estados Unidos caerá un 8% en 2020, mientras que la de China crecerá un 1%. Además, el vecino del norte se aproxima a otro pico de muertes, de desaceleración económica y recrudecimiento del desempleo, dada la total falta de disciplina social y carencia de políticas públicas coherentes en la mayor potencia del planeta.

El significado político de esto es que el ya enrarecido clima de confrontación de 2019 entre ambas potencias recrudecerá por el sólo hecho de que en 2020 China habrá dado otro gran paso para acercarse al tamaño económico de los Estados Unidos. Dos grandes aliados norteamericanos han mostrado el creciente peso económico y tecnológico chino: el Reino Unido con sus negociaciones con Huawei para la instalación de la red 5G en ese país, y el Estado de Israel, que debió ceder ante fuertes presiones norteamericanas para impedir que una empresa china, que ganó una licitación, instale una gran planta desalinizadora en ese país.

La combinación de la confrontación estratégica norteamericano-china y el estado anémico de la economía mundial post-pandemia hacen presagiar un horizonte muy complejo en la economía internacional. El “mundo” no estará esperando a la Argentina para comprarle cosas, sino que estará embarcado en una dura disputa multilateral por colocar productos y servicios en las otras economías, tan contraídas como las que quieren vender. Nuestra región seguirá sufriendo gobiernos neoliberales repitiendo como zombies estrategias de ajuste y achicamiento fiscal, sin ningún horizonte de progreso.

Como aún no ha madurado a nivel mundial una salida realmente transformadora, basada en la licuación de deudas y la redistribución del ingreso, seguiremos escuchando la sinfonía cada vez más desafinada de la globalización en decadencia.

Es un escenario que requiere un liderazgo nacional que no puede ser provisto por el sector privado concentrado, básicamente ocupado en impedir que el Estado pueda realizar su función insustituible de cuidar del destino común de todos sus habitantes.

La reconstrucción del Estado en sus capacidades de intervención, de regulación, de captación de recursos y de adecuada canalización de los mismos hacia fines sociales y productivos es una tarea imperiosa, para afrontar el complejo escenario global que se aproxima.

El gobierno del Frente de Todos está ante la disyuntiva de ceder a la inercia individualista de la sociedad argentina y de parte de su dirigencia, moldeada en décadas de prédica neoliberal contra el Estado y contra lo público, o romper con esa lógica mediante un claro posicionamiento político de reafirmación de la autoridad estatal para resolver los grandes problemas públicos existentes.

Antes, la prédica antiestatal tenía la función de crear un “consenso social” que permitiese la apropiación privada de grandes negocios a expensas de que se pudiera construir en nuestro país un modelo más articulado e inclusivo. Ahora esa prédica es aún más dañina y peligrosa, porque implica dejar sin timón a un barco en la tormenta de las tensiones mundiales.

Los que todavía siguen pensando que se van a salvar solos, no deberían ser quienes indiquen cuál debe ser el rumbo del país.

 

 

 

 

 

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