El Estado en las sombras

 

El país se precipita hacia una posible hiperinflación al mismo tiempo que el Plan de Ajuste del FMI impulsa una recesión bajo la amenaza de una corrida cambiaria permanente. Esta semana se conoció que el Índice de Precios Mayoristas subió un 16 % en septiembre, triplicando su velocidad en relación al mes anterior. Al mismo tiempo, el Índice de precios minoristas tuvo una suba mensual del 6,5%. En lo que va del año, los precios minoristas acumulan un alza del 32,5% y en los últimos doce meses llegan al 40,5%. Esta medición, menor que las de consultoras privadas, muestra que el costo de vida de los últimos doce meses a septiembre, se ubica apenas por debajo de la inflación de 1992 (40.9%) y de 2002 (41%).En el caso de los alimentos, varios artículos superaron los dos dígitos, especialmente los de mayor consumo popular (entre otros: fideos para guiso 20,1%, pan francés 16,7%,). Al mismo tiempo, la política monetaria basada en tasas de interés crecientes y en los niveles mas altos del mundo estimula la timba financiera y produce un endeudamiento diario y creciente mientras los papeles del Banco Central se acumulan en los encajes bancarios a tasas insostenibles en el tiempo.

En estas circunstancias, empiezan a soplar los vientos de un año electoral y el gobierno apura a la oposición para que apruebe un Presupuesto que es una aceptación del Plan de Ajuste del FMI. Los gobernadores y los dirigentes de la oposición todavía no conocen los términos del nuevo Acuerdo firmado con el FMI y los condicionamientos que lo acompañan. Este drama tiene como música de fondo el fragor del enfrentamiento entre bandos de la coalición gobernante que luchan por ganar control sobre el Poder Judicial y sobre las operaciones mediático-judiciales. Estas ultimas son hoy la vía natural para apretar a la oposición, desarticular al peronismo e impedir su triunfo electoral en el 2019.

A simple vista, estos acontecimientos parecen fluir con una dinámica propia, intrínseca a nuestra realidad mas inmediata. Sin embargo, esta dinámica deviene más compleja si la analizamos desde la perspectiva de las relaciones de poder que predominan a nivel de la coyuntura financiera internacional. Como hemos visto en las últimas notas, esta se caracteriza por una gran fragilidad que tiene causas estructurales potenciadas por la creciente militarización de la política económica de los Estados Unidos. La pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas en el centro del capitalismo global monopólico contribuye a desestabilizar a un mundo cada vez más integrado económicamente y afectan nuestra realidad más inmediata.

 

Los cambios en las instituciones estadounidenses

El capitalismo global es una forma de organización social caracterizada por el control monopólico de todos los aspectos de la vida en sociedad: desde la economía y la política hasta los símbolos y valores que dan sentido a la vida cotidiana. Esta forma de organización social se ha basado en la expansión mundial de las grandes corporaciones norteamericanas en cadenas de valor global y en la consiguiente penetración de los grandes bancos estadounidenses en los mercados financieros del mundo. La cara oculta de estos fenómenos residió en el fuerte impulso dado por el Estado  a la industria de guerra y al desarrollo tecnológico asociado a la misma, fenómenos que derivaron en el desarrollo de una situación de guerra permanente en las regiones con las mayores reservas de recursos naturales no renovables, indispensables para la acumulación del capital. Al mismo tiempo, amplias regiones de los Estados Unidos se desindustrializaban y vastas capas de la población norteamericana se empobrecían. El estancamiento de los salarios fue acompañado por un endeudamiento creciente de la población y por drásticos cambios en el sistema institucional estadounidense  .

Hacia 1961, al dejar la Presidencia, el general Eisenhower advertía sobre un nuevo peligro que se cernía sobre el país: la existencia de un “complejo industrial militar” cuya “enorme influencia económica, política e incluso espiritual" se hacía sentir en “cada ciudad del país y en todos los estamentos de gobierno”. Aludía así a una articulación de intereses económicos comunes a las corporaciones que producían y vendían armamento, y a los militares y funcionarios vinculados con la defensa. Este complejo industrial militar aseguraba el financiamiento de sus proyectos a través de una red de relaciones integrada por lobbistas de las grandes corporaciones económicas, miembros del Congreso y funcionarios públicos. Solo una población consciente del peligro que esto representaba para la vigencia de los principios e instituciones democráticas podía, según el general Eisenhower, impedir que este peligro se convirtiese en realidad.

 

 

Esta advertencia resuena hoy en un contexto caracterizado por la emergencia de un Estado de Seguridad Nacional que hunde sus raíces en el complejo industrial militar y en la importancia creciente que las funciones de seguridad interior y defensa han tenido a lo largo de los últimos cincuenta años. La ley antiterrorista Patriot Act de octubre de 2001 institucionalizó la injerencia creciente de las agencias federales vinculadas con la inteligencia (recolección de información y espionaje) en la política interna y externa del país y la privatización de las actividades militares, policiales y de inteligencia. Hacia 2010 una burocracia dedicada a la seguridad nacional incluía a 1271 organizaciones gubernamentales y 1931 empresas privadas ubicadas en más de 10.000 localidades esparcidas en territorio estadounidense (Top Secret America, Washington Post, 2010). Hoy existe una “Comunidad Inteligente” constituida por 16 agencias del Gobierno Federal especialmente dedicadas al espionaje, además de agencias de inteligencia en los distintos estados e innumerables secciones dedicadas al tema en otras agencias cuyos fines no son los de hacer inteligencia. Esta Comunidad incluye a los líderes partidarios del Congreso, a los miembros de los Comités de Defensa e Inteligencia de las dos Cámaras y a un agregado de Cortes Federales, incluida una que opera totalmente en secreto (M. Lofgren, The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government, 2016). Este estado de Seguridad Nacional tiene un núcleo de poder cada vez mas concentrado: un verdadero Estado en las Sombras, recorrido por contradicciones internas, y con una incidencia política que trasciende las fronteras y produce “cambios de régimen” (regime change), países inviables y “golpes blandos” en el mundo.

Paralelamente con estos cambios en las instituciones del Estado, desde 1960 las instituciones democráticas norteamericanas han sufrido una creciente erosión en su capacidad de representación y en su legitimidad social. Diversos estudios sugieren que una élite económica constituida por grandes corporaciones y un grupo pequeño de individuos muy ricos e influyentes impone las políticas implementadas desde el Estado, independientemente del partido que esté en el gobierno y en contradicción con los intereses de la mayoría de los votantes. Esta élite tiene una incidencia enorme sobre la elección de candidatos, sobre los resultados electorales y las políticas del gobierno estadounidense. Una situación que coincide con la apatía expresada en una muy baja participación electoral y asociada con el desinterés político y el descreimiento sobre el accionar de las instituciones políticas. Paralelamente se ha producido una enorme concentración de los medios de comunicación, y una creciente manipulación de la información, uniformidad de los contenidos y predominio del entretenimiento.

 

Trump y el populismo

El descontento acumulado tras décadas de desigualdad social, desempleo y falta de representación política salió a la luz en las primarias de las elecciones presidenciales de 2016, a través de nuevas fuerzas que, enfrentadas a las direcciones de los partidos demócrata y republicano, exigían mayor representación, trabajo y mejores salarios. Trump se montó sobre estos reclamos para desafiar a la dirección del partido republicano y catapultarse al centro de la escena política. Con un discurso proteccionista, prometió restituir la grandeza de Estados Unidos, la creación de empleo, salarios dignos, sanciones económicas a los países competidores, mano dura contra los inmigrantes y los terroristas y una limpieza drástica del pantano político de Washington. La xenofobia, el racismo y la misoginia formaron parte de un discurso que reveló una personalidad volcánica, impredecible e incontrolable. En su campaña política se enfrentó sistemáticamente con la prensa y logró desarticular a todos sus competidores.

Una vez llegado al gobierno, sectores del Estado en las Sombras desataron un feroz golpe blando en su contra que dura hasta el presente. Con la participación activa de la dirección del partido demócrata, congresistas republicanos, sectores de los organismos de inteligencia y buena parte de la prensa, este golpe blando ha tratado de destituir al Presidente por su supuesta connivencia con Rusia para ganar las elecciones; por sus esfuerzos para supuestamente obstruir la Justicia; por corrupción en el manejo de sus negocios privados, e incluso por su posible incapacidad mental para gobernar. Esta verdadera guerra interna ha polarizado al país en bandos, intensificando conflictos segmentados y aislados entre sí, de índole económica, racial, y de género (identity politics).

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha adoptado una serie de políticas para estimular la producción. Sin embargo, la brecha entre crecimiento de la deuda y crecimiento del producto bruto sigue ensanchándose. Los principales beneficiarios de las políticas de Trump han sido las grandes corporaciones que han utilizado parte de estos beneficios para ampliar la recompra de sus acciones y aumentar la especulación financiera en los mercados de acciones. Asimismo, las políticas de Trump han estimulado el gasto militar, la expansión de la industria de guerra y el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas con el control del espacio estratosférico y cibernético, incluyendo la conformación de un nuevo Ministerio del Espacio.

Desde que asumiera el gobierno, la verborragia nacionalista de Trump ha marcado a fuego a su administración. El discurso nacionalista y guerrero ha sido funcional a la necesidad de sobrevivir al golpe blando creando un estado de confrontación exterior que aviva el apoyo de sus votantes en vísperas de las elecciones de medio término a realizarse en noviembre de este año, y donde se disputara el control del Congreso.

El polvo levantado por la pelea interna en los Estados Unidos aumenta la precariedad de la coyuntura financiera internacional, amenazada ahora por el posible enfrentamiento a nivel mundial con países considerados enemigos (China, Rusia e Irán) e incluso con países aliados (la Comunidad Europea y Arabia Saudita, entre otros). Cualquier incidente en la política exterior del país puede resultar en el chispazo que encienda la implosión financiera mundial. En esta lucha por reafirmar el control geopolítico del planeta se destaca la importancia creciente del endeudamiento en dólares y del control de los recursos no renovables en vías de extinción.

El conflicto con Arabia Saudita en torno al salvaje crimen del ciudadano saudí Jamal Khashoggi, recientemente ocurrido en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, es un fogonazo que ilumina por un instante la endiablada importancia del petróleo, la deuda y la venta de armamento en el momento actual. Periodista del Washington Post, con larga trayectoria en el mundo de la inteligencia saudí y norteamericana, Khashoggi se oponía al poder adquirido por el príncipe Mohammed bin Salman, actual gobernante de Arabia Saudita. El feroz crimen y la complicidad y silencio de Arabia Saudita desataron una presión internacional que obligó a Trump a expresar en un primer momento su repudio y la posibilidad de “terribles consecuencias” para Arabia Saudita si se demostraba su autoría. Al mismo tiempo descartó la posibilidad de terminar la relación con el reino, debido a que este constituye el principal comprador de armamento estadounidense (theguardian.com 13/10/2018). La respuesta de Arabia Saudita no se hizo esperar: una editorial de un diario oficial expuso las consecuencias que una sanción al reino tendría para los Estados Unidos y el mundo entero: el reino “militarizaría al petróleo”, cortando su abastecimiento, y produciendo un caos en su precio internacional. Además suspendería la compra de armamento estadounidense —compra que representa cerca del 20% del total de las ventas—  y podría desprenderse de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense , con el consiguiente impacto sobre las finanzas internacionales. (zerohedge 14, 15/10/2018) Poco tiempo después Trump limpiaba de culpa y cargo a las autoridades del reino. (zerohedge 16/10/2018). Sin haber concluido aún, este episodio muestra las prioridades del momento actual y el grado de desintegración de los valores de la civilización occidental.

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ajuste del FMI: los limites al populismo

El Plan de Ajuste del FMI intenta imponer un chaleco de fuerza al conflicto social a fin de canalizar a través de la deuda y sus intereses la transferencia de ingresos, excedente, riqueza acumulada y recursos naturales hacia el centro del capitalismo global monopólico. Hay, sin embargo, algo más: el FMI es la garantía del endeudamiento creciente, que, en las condiciones actuales, solo es sostenible a partir de la garantía otorgada por los yacimientos de recursos no renovables descubiertos en Vaca Muerta y otras regiones del país, y que hoy constituyen la segunda reserva mundial de gas y petróleo no convencional. Así, el Plan de Ajuste del FMI es el camino necesario para la integración del país a la dinámica del capitalismo global monopólico: una dinámica que busca acrecentar el control sobre los recursos no renovables en vías de extinción a partir del endeudamiento.

Asimismo, el plan de Ajuste del FMI crea las condiciones para el desarrollo de formas institucionales de gobierno que vacían a las instituciones democráticas de contenido y sustituyen al Estado de Derecho por un autoritarismo creciente. El ajuste busca imponer una paz de los cementerios que permita una manipulación sin límites del Poder Judicial, convirtiendo a los gloriosos cuadernos de la corrupción empresaria en una épica por la transparencia y refundación de la República que impida la vuelta de CFK al gobierno. Macri ya ha lo ha anunciado en diversas ocasiones: el objetivo de su gobierno es “terminar con 70 años de políticas desquiciadas”. Un eufemismo para designar el periodo en que el movimiento peronista irrumpió en la vida política y planteo un proyecto de país que enfrentó los intereses de los dueños del poder económico en la Argentina.

De ahí la necesidad y la urgencia de constituir un frente amplio con participación de todos los sectores sociales y políticos que se oponen al Ajuste, para llegar a las elecciones del 2019 y votar por un proyecto de país verdaderamente inclusivo, nacional e integrado. Pero para ello es necesario organizarse desde abajo hacia arriba y en forma horizontal, de modo tal de superar la fragmentación y aislamiento de los conflictos en innumerables colectivos parciales que si bien plantean demandas legitimas, al aislarse hacen posible el viejo principio del dividir para reinar. La lucha contra el tarifazo, la inflación y el endeudamiento popular constituyen los principales frentes que hoy permiten nuclear a los diversos colectivos en un único movimiento contra el Ajuste del FMI.

 

 

 

 

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