El escándalo del no escándalo

 

Es extraño en verdad, la foto no causó el escándalo que debería haber causado. El ex Presidente Macri comiendo en restaurant con el actual fiscal general de la Provincia de Buenos Aires. Y hay que resaltar que salvo que Conte Grand esté pensando en lanzarse a la política, la reunión no tenía razón de ser. Porque Mauricio Macri no deja de ser un ex Presidente procesado por haber llevado adelante espionaje ilegal precisamente en la provincia de Buenos Aires. Y lo que es más, está siendo investigado por múltiples tareas de espionaje ilegal que sucedieron en la provincia durante su gobierno. ¿Qué tenían que charlar Macri y Conte Grand?

El siempre atento Rodolfo Tailhade señaló que esa reunión violaba lo dispuesto en el Código de Ética que el propio Conte Grand aprobó en el año 2019. La que refiere a conductas incompatibles. Y por eso, la enorme Teresa García, senadora de la provincia, pidió la remoción de Conte Grand.

Creo que lo que sucedió es que toda la sociedad da por sentadas las simpatías políticas de Conte Grand. Sin horrorizarse. Porque, seamos honestos, hasta los más furiosos republicanos del macrismo no ven afectación de la independencia de un funcionario con reconocidas afinidades políticas. Porque nadie se cuestiona si eso está mal. Porque jamás se cuestionan la cancha inclinada cuando se inclina para su lado.

Son los mismos furiosos republicanos que salieron a pedir juicio político para los jueces que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner. Y lo hicieron sin siquiera haber leído el fallo. Porque furiosos republicanos sí, pero opiniones informadas jamás. ¿Para qué? Sus seguidores no se las requieren ni sus difusores se las solicitan. Y en consecuencia navegan cómodos en su mar de prejuicios sin fundamentos recurriendo a la más absurda confirmación de sesgo.

Gente que estimo llegó a señalar que a los funcionarios debía aplicárseles la “presunción de culpabilidad”, algo que no solo no existe en la Argentina, sino que además de existir sería ilegal. Para sostener ese absurdo lo quisieron confundir con la inversión de la carga de la prueba del delito de enriquecimiento ilícito. Un disparate. La inversión de la carga de la prueba en el enriquecimiento ilícito solo señala que el funcionario cuya situación patrimonial aumento desmedidamente, deberá probar que los fondos con los que adquirió los bienes o el dinero que acumuló son de origen lícito.

Cuando hablamos de presunción de inocencia, yo siempre cito un voto que adoro de Enrique Petracchi –cuya memoria también adoro—, el último gran juez que tuvo la Corte Suprema, en un caso llamado “Ricardo Francisco Molinas v. Nación Argentina” y donde a propósito del principio de inocencia señaló: “Lo contrario importaría ni más ni menos que echar por tierra un bien que la humanidad ha alcanzado y mantenido a costa de no pocas penurias: el principio de inocencia, el cual, tal como lo señaló la Corte Suprema estadounidense in re «Coffin vs. United States» (156 U.S. 432, págs. 453 y sgtes.), posee antecedentes muy lejanos en el tiempo. Así, en dicha oportunidad el citado tribunal recordó lo acontecido en épocas del Imperio Romano: Numerius —gobernador de Narbonensis— se hallaba sometido a juicio criminal, y había asumido su propia defensa negando su culpabilidad y la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación se dirigió a Juliano: «¡Oh! Ilustre César —le dijo— si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables»; a lo que Juliano respondió: «Y si fuese suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes». (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum. L.XVIII, C.l). Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido sino a riesgo de negar la propia dignidad humana, y la Constitución Nacional, pues, según reza: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo» (artículo 18). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.

Es decir que si en un juicio por enriquecimiento ilícito, se le negara a alguien el derecho a defensa, por mucho que no acreditara el origen de los fondos ese juicio sería no válido, judicialmente hablando. Porque habría vulnerado el principio de inocencia, que establece que todos deben ser tratados como inocentes hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Y ser tratado como inocente implica entre otras cosas el derecho a defenderse y a producir prueba. Luego lo que existe es una tabulación legal de cómo debe ser leída esa prueba en tribunales, pero nada tiene que ver esa “tasación” de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito, con la presunción de inocencia.

Señalo esto porque creo que son conceptos que se usan mal deliberadamente. Y para simular que ciertos prejuicios que se emiten, podrían ser premisas válidas. Dejo sentado que no lo son. Pese a que esto pueda entorpecer el confort de algunos, que deberían aprender a disfrutar del aplauso legítimamente ganado, y no de los que se obtienen de premisas prejuiciosas, falsas y simplonas.

Porque hay que decirlo con toda claridad. En la Argentina hay poca información sobre qué es un proceso judicial. Y sobre cómo se lleva adelante. Y sobre qué son exactamente los derechos y las garantías. Un buen numero de personas jurará que los juicios en la Argentina son idénticos a los que muestran las pelis yanquis. No, no lo son.

Estoy convencida de que parte de ese desconocimiento de la sociedad no es un accidente. La opacidad que cubre todo lo judicial es en parte una idea de ciertos sectores del poder, respecto a que el Poder Judicial es un ariete para conseguir cosas que poco tienen que ver con lo estrictamente judicial o con la ley. Justo ayer en la mañana leía en una columna publicada en Clarín, firmada por Juan Vicente Sola, decir: “Porque aun cuando no se haya cumplido con la obligación constitucional de transferir la justicia ordinaria de la Ciudad, tradicionalmente llamada 'nacional' a la Ciudad, la existencia del Tribunal Superior surge de la Constitución porteña y tiene plenas funciones constitucionales aun cuando ese paso inconstitucionalmente postergado no se concrete”. Es un ejemplo de cómo se pretende torcer la discusión y tratar de justificar una decisión que a todas luces carece de marco legal para adoptarse. Porque lo relevante es que “no se cumplió la Constitución”. De ahí en más hay poco que opinar en el marco del derecho. Es absurda esa nota, que intenta justificar que no se cumpla con la ley. Cosas de los raros republicanos que tenemos en estas pampas. Pero verán, que como paso con la inexistente presunción de culpabilidad, dicen y hacen cosas terribles y simplemente pasa como si nada. Solo es un prejuicio mas que anida en la mente de las personas que de buena fe leen esas cosas y creen que están bien. Y no, no lo están.

Algo similar sucede con otra curiosa editorial que leí también ayer. Publicada en La Nación esta vez, señala en referencia al premio que recibió Estela de Carlotto que “en esta oportunidad se ha recurrido para homenajearla a la figura de Juan Bautista Alberdi, uno de los pensadores más importantes de nuestra historia institucional, que ha sentado las bases de nuestra Constitución desde una mirada aperturista, sin sesgos ni demonizaciones. Defensor de los derechos y de las libertades individuales, Alberdi postulaba la importancia del Estado de Derecho, la división y el equilibrio de poderes y el ejercicio de la libertad y la igualdad ante la ley, al tiempo que criticaba con dureza al Estado que distrae su misión esencial para hacerse 'fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante o editor (…) En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno –decía–, [el Estado] obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor'. Nada más alejado de la concepción de la libertad, en su más amplia acepción, y del propio Estado que la que profesan los gobiernos kirchneristas a los que la homenajeada adscribe”. Curiosa defensa de la libertad que concluye cuestionando la libertad individual de las opciones políticas que toma alguien. Y no cualquier alguien. Porque Estela —como Lita, como Norita, como Taty, como Hebe— es una mujer que pasó por una de las situaciones más dramáticas que puede sufrir alguien. Sus hijos fueron asesinados por el Estado que, por la Constitución de Alberdi, debía protegerlos.

Pero continúa la columna diciendo: “No hay dudas de la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lideraron la lucha por sacar a la luz casos de apropiación de personas durante la última dictadura militar para facilitar a esas víctimas la recuperación de una identidad arrebatada a poco de nacer. Durante mucho tiempo, la organización llevó adelante su cruzada sin estridencias ni manifestaciones facciosas ni de odio. Liderada por Carlotto, se presentaba cumpliendo una misión reparadora, lo que le valió un extendido y bien ganado reconocimiento internacional. Sin embargo, hay que lamentar que la labor haya quedado muy ensombrecida como consecuencia del reiterado empecinamiento y las fidelidades políticas de su presidenta, empeñada en una mirada sesgada y falaz de la trágica década del '70. Premiar esas conductas no es premiar una misión humanitaria y civilizadora. Es, por el contrario, premiar que los valores hayan sido traicionados”.  Yo le diría a quien escribió eso que primero piense que tipo de traición han tenido que afrontar esas mujeres tan valientes, que tienen que dormir todas las noches con la certeza acerca de sus hijos asesinados, y reitero, por el Estado que debía protegerlos. Y que en lugar de alzarse de manos clamando venganza, con paz y memoria, buscaron la verdad sobre las atrocidades que sufrieron y castigo a los responsables. Creo que hay pocas personas más dignas de un premio con el nombre de Alberdi que Estela de Carlotto, que ha profesado un respeto enorme a la ley y a la Constitución en su búsqueda de justicia. Si la tarea de Abuelas es de tipo reparador, pocas personas han hecho mas en este país por el restablecimiento del Estado de Derecho que proponía Alberdi que Estela. Negarles esa relevancia histórica solo porque no se comparte lo que piensan, es además de miserable, un error conceptual y una canallada.

Yo soy peronista, no es ningún misterio, y pocas coincidencias tengo con el gobierno de Alfonsín, pero no por eso le negaría su importancia histórica en favor del Estado de Derecho.

Yo sé, o creo saber por qué nadie de entre los furiosos republicanos se escandaliza con la foto de Macri o las visitas secretas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos. Porque aceptan que se invoque la Constitución para violar la Constitución y porque osan demonizar a alguien que ejerce su libertad política usando el nombre de Alberdi.

Y eso es porque detrás de la furia republicana solo hay una fachada de papel maché, de utilería. Una fachada de hipocresías que pretende justificar un sistema que se hizo profundamente desigual. Desigualdad de la que son tributarios privilegiados. Y voy a citar una de las mas bellas frases de Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. Él tiene su propia ley, que es su propia fuerza”.

No nos equivoquemos al leer los cantos de sirenas de los enfurecidos republicanos de utilería. Detrás de las palabras, detrás de la mascarada sempiterna, no se oculta otras cosas que los fuertes queriendo imponer su fuerza, sus intereses y llamarlos ley cuando no lo son.

El viernes conmemoramos los 38 años de democracia en la Argentina. Y estoy convencida de que el camino es ese. Más democracia, más Estado de Derecho, y más derechos y garantías. Y no las reglas que nos pretenden imponer los fariseos. Mercantes de las leyes. Y lo maravilloso de la democracia es que como sociedad podemos luchar por ese camino. Como nos enseñaron las madres y las abuelas. Con paz y con honestidad intelectual.

Y no quiero dejar de saludar a otra de las premiadas ayer, mi colega y amiga, la doctora Lucila Larrandart, que tanto luchó para que la verdad, la memoria y la justicia no sean un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos.

 

 

 

 

 

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