EL ENIGMA PORTEZUELO

 

Apenas avanzamos en el interés por el proyecto mendocino Portezuelo del Viento vamos recogiendo más dudas que certezas, más incógnitas que seguridades. Las propuestas hidroeléctricas multipropósito son estudiadas ampliamente en todos sus aspectos, y actualmente no se las considera viables sin la previa licencia social, que se instrumenta a través de un Estudio de Impacto Ambiental, en este caso Regional (EIAR), expuesto finalmente en Audiencia Pública.

Por ello la ejecución de esta obra se tramitó en el ámbito del Comité de Cuenca del Río Colorado (COIRCO), a la cual pertenece el Río Grande, asiento de la represa, afluente principal de aquel extenso río argentino. Y de allí surgió la contratación de la consultora integrada por una UTE de profesionales de las Universidades de La Plata y el Litoral para efectuar el estudio respectivo. No conozco los términos de referencia para ese estudio, cuyos resultados el Comité Ejecutivo del COIRCO aprobó, con la disidencia de La Pampa. Pero, restando la aprobación del Consejo de Gobierno del COIRCO, este último decidió recientemente la realización de un nuevo EIAR y una posterior Audiencia Pública. ¿Hay motivos para ello? Lo analizamos a continuación.

En su oportunidad el Gobierno de La Pampa solicitó a la Universidad de La Pampa un análisis crítico del EIAR realizado por la UTE mencionada, cuyo resultado resumo muy brevemente, y que no despejó las dudas sobre este emprendimiento, ya que expresó objeciones sumamente importantes:

• Describió al Estudio como “incongruente” ya que no considera en su trabajo temas esenciales como el trasvase de las aguas del Río Grande al Río Atuel, previstas en el Proyecto Portezuelo, omisión que la UTE justifica con una indicación que le diera el COIRCO. Esa es la cuestión principal de la controversia actual, ya que esta circunstancia es pública, tanto en algunos documentos del proyecto como en lo informado por funcionarios mendocinos, pero al mismo tiempo es omitida en el estudio que analizamos y en las manifestaciones sobre el Proyecto en algunos ambientes institucionales.
• Tampoco se consideran las influencias del cambio climático en los caudales del Río Grande y su proyección en todos los usos del agua, consuntivos y no consuntivos.
• Se observa en ese informe la falta de marcos teóricos en la elaboración de la línea de base, especialmente en lo socioeconómico y cultural;
• Ausencia de trabajos de campo y verificación de información secundaria;
• Análisis compartimentado de impactos, obviando un enfoque integrador.

La información es insuficiente en la mayoría de los componentes del Estudio, el que carece de objetividad e imparcialidad al omitir aspectos esenciales para un trabajo de este tipo, sin la tarea de campo requerida, con información imprecisa o insuficiente y evaluando sesgadamente componentes que revisten impactos negativos importantes y permanentes.

Al concluir que el proyecto “es factible desde el punto de vista ambiental”, el Estudio omite las falencias metodológicas y de información, así como de tareas de campo que lo hacen inconsistente como EIA, carente de sustento, que se contrapone a los resultados de sus propias matrices.

Esta es una síntesis apretada de una evaluación mucho más intensa en consideraciones de todo orden, profunda y terminante, realizada con profesionalismo, que evalúa también las insuficiencias en el análisis de la geología de la presa y de la sismicidad inducida; del estudio de la ictiofauna; del estudio demográfico de la cuenca y sus vulnerabilidades; del efecto “aguas claras”; del análisis de la productividad económica de la zona afectada, y otros más.

A pesar de esta crítica a la UTE, se rescata su afirmación de la necesidad y conveniencia de la revisión del Plan Único de Distribución de Caudales efectuado en 1976 a propuesta del MIT, por obsoleto y fuera de contexto a 50 años de realizado.

Ahora bien, considerando los fines energéticos del proyecto, si bien no son los principales, pero sí los que demandan gran parte de sus costos, el análisis realizado por otra consultora en su Estudio de Factibilidad Económica, llega a la conclusión de que, a un costo estimado de u$s 525 millones, exige un precio de venta de energía muy alejado de los valores actuales, por lo que concluye que el proyecto no es viable, sin considerar los beneficios de agua para el consumo o riego. Por otra parte la potencia media de la central hidroeléctrica a ser aprovechada es muy inferior a los 210 MW de potencia nominal, estaría cerca de los 90 MW. Y ello, sin considerar afectación eventual por el Cambio Climático. Con lo cual la energía generada no remuneraría la inversión, más allá de otros beneficios.

Para el control de crecidas, una eventualidad de escasa recurrencia, el análisis de la Universidad de La Pampa considera la represa como un inconveniente, habida cuenta de los beneficios que pueden acarrear para la biota y la riqueza costera.

Con relación a los caudales del Río Colorado, actualmente en una serie de años en baja, de 110 m3s promedio para el período 2005-2017, frente al histórico caudal de 135, y actualmente menor aún, el cierre para la construcción de la presa y la duración del llenado del embalse sólo prometen inconvenientes, que pueden ser graves en el cauce aguas abajo hasta la Provincia de Buenos Aires, con afectación del consumo humano y del riego actual o proyectado. A lo cual debemos sumarle el objetivo no aclarado suficientemente de la derivación de las aguas del Río Grande al Atuel, nunca desmentido, nunca confirmado, nunca acordado, que rodea el conjunto de equívocos intencionales o no que acompaña a este proyecto.

Esa derivación está asumida en el estudio original de la consultora INGETEC-INCONAS-LANDE, que expresa con claridad que Portezuelo sólo se justifica con los beneficios del trasvase del Río Grande al Atuel, con el riego en esa zona del sur mendocino y el incremento de energía en las presas ya construidas en dicho río. Ese trasvase supondrá, en una duración que puede ir de 5 a 15 años, en una sustracción de hasta 34 m3s del caudal del Río Grande, y en la disminución proporcional del caudal del Río Colorado.

Se podrían agregar otras afectaciones a la cuenca, que suelen aparecer cuando las cosas no son claras, y que la fantasía alienta en estos casos, como el uso del agua de la presa para eventuales perforaciones de hidrocarburos o de proyectos mineros, pero son fantasías que deben desestimarse. Los datos duros son algunos de los aquí señalados, y despejar dudas sería importante para los que habitan la cuenca del Río Colorado, y también para los ciudadanos de Mendoza.

Si bien el objetivo energético está en cuarto lugar entre las prioridades de la presa,  teniendo en cuenta su costo ello nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es el significado que tiene para la Provincia de Mendoza este proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos principales y reales más allá de las descripciones formales de esta “obra del siglo”? ¿Por qué invertir tamaña cantidad de fondos, 1.000 millones de dólares aproximadamente, cuando no están despejadas estas dudas?

Las provincias que componen la cuenca del Río Colorado, incluida Mendoza, merecen que esas incógnitas se despejen debidamente en otro EIAR, en defensa de los intereses generales y del debido respeto a la naturaleza que nuevamente ha puesto en evidencia para este tipo de conflictos de cuenca el reciente fallo de la Corte en el caso del Río Atuel.

 

 

 

 

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