El embate de las billeteras furiosas
Ahora desde la oposición, Cambiemos protegió a los grandes propietarios y los operadores de cable
Ya es un clásico: el tema de las retenciones agropecuarias se discute sin números. Son todas sensaciones, emociones y pasiones. La gente se declara ofendida, expoliada, oprimida, pero no aporta un número que pueda demostrarlo. Acuden, a lo sumo, a inventos de datos sobre lo que se paga en otras partes del mundo.
En realidad, toda la argumentación emocional encubre el rechazo visceral a pagar impuestos, aunque sean razonables, aunque sean imprescindibles para que la sociedad funcione. Detrás de ese comportamiento, en los sectores más poderosos está su falta de sentido de pertenencia a la sociedad.
Pero ahora este abordaje “emocional” para discutir las medidas económicas, donde prevalecen la furia y las imágenes dantescas sobre el razonamiento, se va extendiendo a otras áreas, como en el tema de la presión impositiva. Así ocurrió con el caso del Presupuesto Bonaerense, diseñado con mucha sensatez y equilibrio, pero redireccionando las cargas hacia sectores claramente prósperos y con capacidad contributiva.
En esta ocasión Cambiemos-Juntos por el Cambio empezaron a consolidar su rol de defensores de los intereses particulares de los poderosos ahora desde la oposición: protegieron a los grandes propietarios y los operadores de cable.
Todo el episodio bonaerense no hace más que reflejar la puja distributiva vigente en la sociedad argentina –que durante cuatro años favoreció al capital concentrado— y el comportamiento antisocial de los sectores más pudientes, a los que economistas pagos y otros propagandistas suministran los argumentos falaces con los que recubrir su avaricia social.
Como en otros episodios, en los que el Estado trató de avanzar en una línea de mayor progresividad distributiva, se verifica una desproporcionada reacción de los propietarios que cuentan con el valioso instrumento de la prensa dominante, que a su vez forma parte de ese bloque de poder.
La desmesura, el clima intelectual asfixiante y cerrado de ciertos círculos sociales, lleva a planteos que rozan el delirio.
Así surgió la fantasía de un desplazamiento masivo de familias de altos ingresos al Uruguay. Su nuevo Presidente neoliberal, Luis Lacalle Pou, propuso en el encuentro anual de construcción de torres y complejos de residencias, mejorar las condiciones jurídicas y económicas para favorecer la radicación de argentinos prósperos, quizás 100.000, lo que constituiría un verdadero experimento de relocalización de ricos.
La fantasía de los pudientes de desprenderse del lastre de los pobres hace ya unas décadas recorre el mundo. En Italia ha sido el movimiento por la independencia de la Padania. En Bolivia, la región de Santa Cruz de la Sierra ha tratado de independizarse del país lleno de indios. Incluso en la secesión de Cataluña hay elementos de ese tipo. Dubai es un espacio artificial para que convivan y hagan negocios sólo ricos de Occidente y Oriente, sin molestas interferencias sociales. Pero esta migración masiva a la República Oriental, como si se trataran de refugiados sirios, es una novedad que refleja la profundidad de la frustración de ese sector social por el estrepitoso fracaso político de su creación, Cambiemos, para perpetuar el gobierno de los ricos y blancos.
De concretarse la fantasía uruguayo-argentina, surgiría una burguesía ausentista, cuyo único nexo con la Argentina sería su propiedad, y cuyo principal drama económico sería su rechazo a pagar impuestos como en cualquier lugar del mundo. Esta transformación debe conectarse con la situación patrimonial de numerosos funcionarios durante el macrismo, quienes mantienen fuera del país –según sus propias declaraciones juradas— dos tercios de su patrimonio. Ganar plata, extraer excedente aquí, y colocarlo afuera, parece ser la nueva seña de identidad de los sectores acomodados.
Entre tanto, y desde que asumió el actual gobierno y tomó sus primeras medidas fiscales, se puso en marcha todo el aparato de asesoramiento jurídico contable, no sólo a nivel privado, sino en los propios medios de comunicación, para evitar el pago de impuestos, como si se tratara de un deber cívico. En muchos casos, se trata de los mismos contadores y abogados que admiten que los impuestos serían altos porque la evasión y la elusión impositivas son extendidas.
Otra vez más con el gasto político
Otra discusión sin números que propone la derecha es la del “gasto de la política”. Ya usaron ese argumento en la época de De la Rúa y cada tanto lo sacan nuevamente para confundir incautos. En los tiempos de la Alianza, fingían escandalizarse –y escandalizaban a la gilada— con el “gasto político” para tratar de tapar el inconmensurable fracaso de la Convertibilidad, echándole la culpa al sueldo de la secretaria del diputado de Formosa de los resultados de la catastrófica política macroeconómica neoliberal.
Pero como en el terreno de la derecha todas son las emociones subjetivas, basta con poner en marcha el amplio aparato de comunicación para activar los prejuicios sociales implantados luego de un trabajo ya largo de adoctrinamiento colectivo y de acondicionamiento psicológico de una parte de la población. Así la irritación social nunca roza, ni por asomo, las causas económico-sociales de los problemas.
No es que no hayan abusos o nombramientos discutibles en el mundo de la política. Pero no es casual que estos embates surjan como argumento alternativo al del debate fiscal en serio, a la discusión racional sobre la carga que le debe corresponder a cada sector. Los sectores adinerados usan el “costo de la política” para hacer antipolítica y abusarse, como siempre, de la desinformación social. El fair share aceptado como criterio de equidad contributiva teórica en Estados Unidos les resulta completamente desconocido.
Porque si se hablan de números, tendrían que abordar el descomunal despilfarro en serio de las LEBACs y las LELIQs, cuando se pagaban cerca de 3.000 millones de pesos diarios en intereses al sector financiero. Siempre es más fácil y visible –y rentable para la derecha— la incitación contra algún político impresentable. La política popular tendría que difundir con mucha fuerza la verdadera explicación de las actuales carencias presupuestarias y de las presiones fiscales del Estado.
El combate a la pobreza, necesario pero no suficiente
Las medidas de alivio que viene tomando el gobierno de Alberto Fernández son –por ahora— modestas, en relación a la baja de ingresos provocada por Cambiemos durante su gestión. El efecto de la declinación de los ingresos populares fue disimulado por el propio macrismo estimulando el otro flagelo: el endeudamiento de los sectores más débiles económicamente de la sociedad, impagable dados los magros ingresos.
El gobierno se mueve con prudencia, inyectando cifras discretas en los sectores más débiles (jubiladxs, perceptorxs AUH, asalariadxs de bajos ingresos). Estas bienvenidas transferencias de fondos contribuyen a evitar nuevos hundimientos, empobrecimientos y endeudamientos, pero el nefasto esquema distributivo del macrismo continúa en funciones. Ese fue el amargo caso de los jubilados que se encontraron con que los pobrecitos bancos les retenían parte del aumento decidido por el gobierno –que era un refuerzo imprescindible en sus ingresos— como parte de pago de deudas financieras.
El freno a los aumentos de servicios, del transporte, la rebaja del 8% en el precio de los medicamentos y la baja progresiva de las tasas de interés bancarias, morigeran la mala situación de los ingresos, sometidos aún a la inflación residual dejada por el macrismo. Situación que está estrechamente conectada con la contracción del mercado interno y la continua caída de la actividad económica desde hace más de un año y medio.
En ese sentido, parece claro que el alivio que se está promoviendo no constituye aún un impulso suficiente para motorizar una convincente expansión económica.
Hoy podemos decir que las medidas que se vienen aplicando contribuyen a frenar la declinación, alivian a las franjas sociales más dañadas, pero no es esperable que a partir de ahí se revierta plenamente la contracción económica general.
Los alivios que la AFIP ofrece a las pymes también son fundamentales para cortar la cadena de quiebras, pero de por sí no revierten la situación de carencia de demanda efectiva.
También los rescates a provincias en crecientes dificultades permiten evitar situaciones críticas, pero no constituyen todavía una estrategia de relanzamiento general.
Nos encontramos en una etapa de transición prudente, en el marco de la espera de un acuerdo con los acreedores que libere fondos públicos en cantidad suficiente para que el Estado prenda los motores del despegue. Es que el Estado tendrá que asumir una tarea que ningún sector privado puede protagonizar: liderar un proceso de crecimiento.
Alguien podría sostener que se trata de una afirmación prematura, pero los últimos 4 años de Cambiemos deben ser comprendidos e interpretados en toda su profundidad.
Lo que ocurrió durante la gestión del gobierno “de los mercados” fue que las corporaciones no emprendieron ningún tipo de proceso inversor significativo, ni se produjo ninguna lluvia de inversiones extranjeras. Ni los actores domésticos ni los externos invirtieron en el país, bajo un gobierno que “cortaba el pasto” para los grandes capitales.
Insistimos: no invirtieron durante su propio gobierno.
Por consiguiente, este papel fundamental de promover la inversión productiva deberá ser asumido por el Estado, o no habrá actores que se hagan cargo de esa tarea vital. Seguramente lo hará con estrategias innovadoras, y no repitiendo políticas públicas que sólo sirvieron para engordar empresarios. Lo que tiene que engordar es la producción privada, pública y social.
La opción neoliberal alternativa, por otra parte, consiste en entregar negocios puntuales a las multinacionales. Dada la mala imagen externa del país, provocada por las políticas neoliberales de endeudamiento irresponsable –con sus consecuencias macroeconómicas desastrosas—, las corporaciones extranjeras piden tasas de rentabilidad altísimas, o cláusulas jurídicas inaceptables para un país soberano, para invertir en actividades que por otra parte no son las que harán de la Argentina un país desarrollado. El alto empresariado local, luego del mamarracho macrista, ha probado no tener ninguna propuesta nacional viable.
Las pymes necesitan que se mueva el mercado interno, pero no están en condiciones de liderar ese proceso.
Una vez dinamizado el mercado interno por el Estado, es probable que el sector privado aproveche para expandir su producción y se enganche en una dinámica expansiva. Pero no será al revés.
Aprietos y aprietes de la política internacional
El reiterado zapateo que realiza el Presidente norteamericano Donald Trump sobre las mínimas reglas de convivencia, genera una incomodidad creciente en el sistema mundial. Todos los países soberanos están evaluando cómo pararse frente a la prepotencia hecha política externa. Salvo el propio Estados Unidos, y sus satélites latinoamericanos, todos se sienten amenazados por un ejercicio de poder que abandona las formas hegemónicas y se desliza, en lo militar, pero también en lo económico, a formas imperativas y autoritarias.
Nuestro país ha sido puesto por el neoliberalismo en una de las peores situaciones posibles. El macrismo lo volvió a colocar en una situación de extrema fragilidad financiera y de dependencia externa de la limosna internacional, que depende en este hemisferio precisamente de la potencia que se ha embarcado en un unilateralismo militante.
Ya el nuevo gobierno argentino, que pretende retomar una política externa autónoma, con raíces en una larga tradición yrigoyenista y peronista, alfonsinista y kirchnerista –dejada de lado transitoriamente por Menem y De la Rúa—, ha sido reconvenido por no adoptar obedientemente el libreto neocolonial de Washington sobre Venezuela y Bolivia. Ahora, los abundantes voceros locales de los Estados Unidos también se han unido a las advertencias sobre cualquier posicionamiento internacional independiente de nuestro país, blandiendo precisamente la precariedad construida por Cambiemos. Seguramente miran con admiración a Bolsonaro, Presidente que no se priva de humillar al Brasil con un seguimiento digno de un servidor fiel al amo que le pega y luego lo perdona.
El mundo, en su gran mayoría, está cansado de las bravuconadas norteamericanas, y especialmente de Trump, cuya imagen según encuestadoras norteamericanas muestra un creciente deterioro en las opiniones públicas en Asia, Europa y también América Latina.
Estados Unidos, a pesar de su notable poderío, ya no es la enorme potencia que fue al terminar la Segunda Guerra, debido al crecimiento de otros espacios, como la Unión Europea, las potencias asiáticas y la recuperación rusa.
El capital global, luego de la caída soviética, se volvió crecientemente aventurero e irresponsable, adoptando cada vez más una actitud de descompromiso con el entorno, tanto en lo social como en lo ambiental. Trump parece ser la quintaesencia de ese proceso, con la novedad de un discurso agresivo hacia enemigos y aliados por igual.
El gobierno argentino, en la medida en que responde al interés nacional, se ve sometido a la tenaza de intereses internos y externos asociados a hacer negocios a costa del futuro del país. No ofrece ninguna perspectiva política auspiciosa empezar a retroceder frente a esta alianza conservadora, que sólo le ofrece macrismo 2.0 a nuestra sociedad.
Trump es un maestro de la amenaza y un duro negociador, en nombre de una potencia que no acepta un mundo que ya es, objetivamente, multipolar. Estados Unidos sabe perfectamente que matar al general Suleimani no modificará un ápice la política exterior iraní, ni la declinante influencia norteamericana en esa parte de Asia. Son gestos de poder y amedrentamiento, pero también de impotencia política.
De todas formas los problemas norteamericanos de hegemonía declinante son incomparables a los problemas argentinos.
Nosotros ya hemos retrocedido demasiado.
Esa debe ser nuestra fortaleza.
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