El dilema YPF

 

YPF fue durante mucho tiempo la principal empresa del país. Quizás lo siga siendo, según el sistema de valoración que se use. Lo cierto es que el gobierno de Cambiemos hizo todo lo posible para destruirla, sobre todo en su especialidad, endeudándola. También le quitó participación en el mercado y la marginó y perjudicó de varias maneras, evitando optimizar el protagonismo que se intentó con su estatización parcial con mayoría accionaria del Estado en 2012. Aquella epopeya, que significó entonces un importante avance de soberanía, duró apenas hasta fines de 2015, con los primeros intentos de un relanzamiento de la producción hidrocarburífera como eje, especialmente de la incipiente estrella de Vaca Muerta.

Para arruinar y marginar a YPF, el macrismo promovió ventajas y rentas especiales en esos yacimientos no convencionales. Eso fue a costa del encarecimiento del gas a la demanda nacional, el producto principal de la matriz energética argentina.

 

 

Dos caminos, dos políticas

Es así que, endeudada, con una organización empresarial privada y sujeta al cumplimiento de obligaciones legales con el resto de los accionistas privados, YPF se enfrenta hoy a un dilema que no sólo le atañe a la compañía. Al mismo tiempo, implica la definición de una política energética y el rol que debieran cumplir en ella los hidrocarburos: o YPF es la promotora de un desarrollo nacional encabezando la industria argentina a partir de la producción de gas y petróleo, o se prioriza la tarea de superar su comprometida situación económico-financiera como una obligación empresaria ineludible. En este segundo caso, se limitará a participar con el conjunto del empresariado privado –nacional y extranjero– en la explotación de Vaca Muerta y demás yacimientos no convencionales, con el objetivo central de la exportación de hidrocarburos y la obtención de divisas, una suerte de soja negra.

Son dos finalidades diferentes, dos políticas económicas divergentes, que suponen visiones del país distintas.

En este dilema compuesto –el de YPF y el de la política energética de hidrocarburos– pesa no sólo la incapacidad actual del Estado de concurrir a su auxilio económico para resolver su deuda, sino también la complejidad de alternativas que le permitan retornar a ser una real empresa del Estado, cuya configuración le otorgue la función esencial de ser el actor que arrastra al conjunto empresarial en la producción sustentable de hidrocarburos con destino al autoabastecimiento.

Ante ese conjunto de desafíos difíciles de encarar, la empresa ha optado, hasta ahora, por la segunda opción. Así, la nueva conducción está intentando largar lastre, entre otras decisiones, privándose de numeroso personal (algunos de ellos, profesionales de vasta experiencia), y vendiendo inmuebles para obtener fondos para solucionar en algo su frágil situación financiera. Además ha propuesto negocios alternativos con sus yacimientos de menor envergadura o semimarginales, pero liquidando parte de sus reservas, como ha comunicado últimamente el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Y ha fortalecido su cash-flow con reiterados aumentos de combustibles, entre otras medidas. También ha asumido directamente la defensa de esta segunda alternativa respecto a la política energética, capitaneando la estructuración del Plan Gas, que consolida esa vía política para los hidrocarburos, encareciendo el gas natural y los combustibles líquidos y, a través de ellos, toda la energía del país.

Ante este dilema, y las enormes dificultades para elegir la primera opción, YPF no sólo ha optado por la segunda alternativa, sino que se ha inscripto en el camino elegido actualmente para los hidrocarburos: su exportación para la obtención de divisas. Aunque son necesarias para la economía nacional, esta elección conlleva determinadas consecuencias que también condicionan al país.

La decisión de profundizar la explotación de Vaca Muerta con el fin último de la exportación de petróleo, y en menor medida de gas natural, implica la necesidad de construir una infraestructura de importantes magnitudes para atravesar grandes territorios: el ferrocarril a Bahía Blanca para ingresar áridos y otros suministros a los yacimientos y enviar productos de la zona y la ampliación de los oleoductos y gasoductos para destinar la producción hacia el consumo nacional y a los puertos para la exportación, con grandes longitudes. Todo ello implica ingentes fondos de los que carecemos, por lo que el país debe endeudarse. En general, implica también la importación de insumos y tecnología que lo condicionan. En estos casos, la industria nacional pierde participación y protagonismo.

La viabilidad técnica de este mecanismo, pero especialmente la sustentabilidad económica de esta segunda vía, es una apuesta con destino incierto. Tanto por la variabilidad de los precios internacionales como por la tendencia de los grandes capitales a invertir en renovables a nivel global, que limita notablemente el éxito de una decisión y que una vez implementada no tiene retorno, salvo con grandes costos.

A ello se suma la dificultad del presupuesto para financiar los subsidios que implica el Plan Gas, eje de este camino de producir con miras a la exportación. Por otro lado, es probable que los capitales convencidos de la conveniencia de esta opción terminen creando un grupo concentrado de gran importancia relativa en el conjunto de la economía, con las influencias que ello significa en las políticas nacionales. Es lo que ya ocurre con la producción agraria – especialmente con la soja– y con la elevación de los precios locales del consumo de derivados de los hidrocarburos, pero también de la electricidad.

 

 

 

 

Una vía alternativa

Ante estos reparos, ¿existe una vía alternativa que no sea la referida, que sea sustentable y posible en el marco de las limitaciones actuales?

Para responder a esta pregunta abierta, una primera reflexión implica abandonar, por un momento, la rigidez que plantea el dilema inicial. Aceptando caminos posibles, paulatinos e intermedios, que tengan en cuenta el interés nacional y, al mismo tiempo, la realidad del contexto.

El esfuerzo debe estar en optimizar otras fuentes energéticas –no sólo las renovables, como la nuclear, en auge en todo el planeta– sino también las grandes hidroeléctricas (que todavía tienen mucho camino en el país) y, fundamentalmente, la producción de gas para el autoabastecimiento. La exportación debe tener un carácter eventual y subsidiario, en un camino de una lenta transición hacia energías renovables.

¿Es ello posible? ¿Existen capitales suficientes –locales o externos– para una producción de carácter intensivo como exigen los no convencionales, teniendo presente las limitaciones de YPF referidas?

Sin desconocer las dificultades de una propuesta intermedia, que represente el interés nacional, veamos algunas medidas para acercarse a esa posibilidad.

1. Replantear la estructura accionaria de YPF para que el Estado Nacional tenga un protagonismo real. Las posibilidades son muchas, complejas, pero existen. Exceden este trabajo, pero permitirían que el accionista privado no se beneficie con el esfuerzo del pueblo argentino a través de las ganancias empresariales de YPF, y que esta sea la empresa que representa el interés nacional en la política energética.
2. Desarrollar una política nacional de optimización e incremento de la producción actual de gas de los yacimientos offshore, que poseen una potencialidad de producción muy importante.
3. Replantear los estímulos a la producción de gas de Vaca Muerta, a fin de contemplar especialmente inversiones y participación de pymes locales en los suministros, y precios acordes con la realidad de la demanda en el contexto económico. Fijar una política de cumplimiento de los plazos de las concesiones y de sus renovaciones, con condiciones adecuadas al espíritu de ley 17.319 y sus eventuales modificaciones.
4. Aplicar a nivel nacional un sistema de contratos de explotación con metas de producción y asociación con YPF u otra empresa nacional, que remunere sólo lo producido.
5. Promocionar los yacimientos convencionales cerrados pero con reservas de gas, con estímulos al efecto, especialmente para contar con la infraestructura necesaria.
6. Proponer sistemas de almacenamiento de la producción de gas para los meses de mayor consumo. Alternativamente, analizar la posibilidad de licuar el gas en cabeceras de gasoductos en el sur patagónico y su traslado por mar a las instalaciones regasificadoras de la zona de mayor consumo, evitando así costosas importaciones.
7. Promover la exploración a nivel nacional, onshore y offshore, para descubrir nuevos yacimientos y posibilitar la sustitución de reservas.
8. Limitar las inversiones en gasoductos y obras de infraestructura destinados principalmente para la exportación, con endeudamiento por décadas. Realizar solamente los que aporten al consumo local o a la producción de industrias que lo utilizan dándole valor agregado.

Si bien estas respuestas pueden ser insuficientes, permiten la fijación de una política nacional que concentre los esfuerzos de las escasas divisas disponibles. También evitan que los fondos destinados a subsidiar al sector empresario de hidrocarburos y de energía eléctrica consuman partidas del presupuesto nacional que podrían destinarse a financiar esta alternativa intermedia. Un camino que representa mejor a los intereses de la Nación y a su desarrollo industrial, con precios adecuados a la demanda y energía sustentable.

 

 

 

 

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