EL DÍA QUE ARRIBAS LLAMÓ A LA POLICÍA DE CAMPS

 

Día 24 de agosto de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigía al Estado nacional determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado. La Agencia Federal de Inteligencia tenía desplegado su panóptico de espionaje político en la provincia de Buenos Aires. La Base de Pilar reportaba, ese día, el hallazgo de un flyer: "Semana de agitación", decía. Y luego del dibujo de la cara del joven artesano, un llamado al boicot de los responsables. Los espías volcaron sus impresiones de guerra fría en un informe. Hoy es una de las miles de piezas del monumental fondo de documentos analizado en el juzgado federal de Dolores. "La pieza se hizo viral en la red social WhatsApp, escribieron: no se puede determinar todavía el emisor inicial, ni su ubicación geográfica". Con pasión forense, escribieron que ese elemento al que llamaron panfleto digital tenía objetivos disgregadores. Entonces buscaron un libro sobre guerra psicológica de Frade Merino. Y explicaron la palabra disgregar.

“Tiene como finalidad enemistar a los individuos dentro de un grupo o a distintos grupos dentro de la sociedad”, anotaron. Trazaron posibles destinatarios. Y usaron la palabra colectivos: “Colectivos que se consideran a sí mismos como marginados: feministas radicales (feminazis), desocupados, los sin tierra”. Y volvieron al diccionario.

“La utilización de la palabra colectivos asocia su empleo principalmente a la política venezolana”, continuaron. “Pero se debe aclarar que es un término en uso desde hace varios años en nuestro país, como en otros países de habla hispana (incluida España), especialmente en los ambientes progresistas y de corrección política”.

Y siguió.

 

 

La mirada torva de los agentes de la AFI cambió la geografía política de la provincia de Buenos Aires con paisajes donde hasta las mochilas aparecen retratadas como armas.

Día 19 de octubre, 2017. Base San Martín. Marcha en Plaza de Mayo a las 15.30 por el reclamo de justicia a Santiago Maldonado. Los espías reportaron tareas de campo y relevamientos en redes sociales "a fin de localizar puntos de encuentro para posterior movilización de agrupaciones sociales y políticas". A las 14, supieron por exploración de redes sociales que un grupo iba a reunirse en el Suteba de Tigre, Santa Fe 1028, General Pacheco. Subieron a un auto. Y se dirigieron allí.

Un informe da cuenta de una trayectoria en lógica de road movie. Pararon en el cruce de las rutas 197 y 8, "del lado de Malvinas Argentinas". Vieron un micro escolar. Hicieron foto. Anotaron: aparentemente el micro estaba preparado para la movilización, con 15 personas, trece masculinos y dos femeninas, sin bandera política, sin carteles, portando mochilas.

 

 

 

Se acercaron al local del gremio. Hicieron otra foto. Ahora a los avisos: convocaban a la concentración en Capital. A las 17 horas, anotaron, doce personas salieron con autos propios. El informe continúa en la estación San Isidro, la Línea Mitre del ferrocarril. Anotaron: diez personas salieron sin banderas. Otra foto. Siguieron a la estación José C.Paz y San Miguel, Línea San Martín. Todo vacío. Más fotos. “No se observó presencia de concentraciones numerosas, sólo el habitual número de pasajeros”. A las 17:24 llegaban al local de ATE de Malvinas Argentinas. ¿Sería uno o un ejército? Anotaron: colectivo azul. Más fotos: ahora foco a las patentes. Escribieron: "Doce personas descendieron con bolsos, mochilas y dos o tres banderas, verdes, en su mayoría mujeres, regresaban de la marcha abortada por poca convocatoria".

 

 

 

El miércoles pasado, el juez Alejo Ramos Padilla cerró un ciclo de la investigación de espionaje prohibido. Analizó el trabajo de las delegaciones de la AFI en territorio bonaerense. Dispuso procesamiento del entonces director y subdirectora, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, de dos coordinadores y siete jefes del denominado Proyecto AMBA. Así cerró otro tramo de la causa que se había iniciado en julio con el hallazgo de los archivos y en septiembre con pedidos de indagatorias para ellos y el procesamiento del director de Reunión de Información, Pablo Pinamonti y el comisario de la base Ezeiza y socio de Marcelo D'Alessio, Ricardo Bogoliuk. Ramos Padilla los consideró autores de espionaje prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia y por haber pretendido influir en la situación institucional del país en ocasión de las elecciones de medio término del año 2017. La resolución de casi mil páginas analiza el fondo documental encontrado en las computadoras de las Bases, cerradas apresuradamente en 2018, alojadas en el edificio de la calle 25 de Mayo, y todavía intactas. Describe la magnitud de una estructura supuestamente creada para investigar delitos federales complejos como narcotráfico o trata, pero que se dedicó centralmente y de manera prácticamente exclusiva, dijo el juez, al espionaje político de agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias a las que el gobierno veía como contrarias a sus intereses.

“La magnitud del espionaje y el modo sistemático en que implementaron estas acciones –dijo— en toda la provincia de Buenos Aires constituyen premisas objetivas que permiten concluir que no fueron causadas por la mera extralimitación de algunos agentes o por una actuación aislada de ciertas dependencias, sino que existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”.

El juez hizo un esfuerzo por desnaturalizar la aparente normalidad de esa práctica. Hizo pedagogía sobre derechos, libertades y límites de los organismos de inteligencia. No prescribió detenciones porque buscó simbólicamente diferenciarse de los jueces del martillo. Fijo elementos para seguir la investigación hacia los agentes contratados por las Bases. Y no avanzó con una imputación sobre Mauricio Macri, pero aseguró que se trató de un plan organizado desde el vértice de la estructura de Inteligencia del Estado.

 

Minería de datos

El texto judicial ahora es también una historia de las Bases. El Proyecto AMBA, dice el juez, estuvo integrado por seis bases que se sumaron a las delegaciones históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Las nuevas se establecieron en Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes. Tuvieron por lo menos 87 agentes. Trabajaron en los 135 distritos, con 15 vehículos, gran cantidad de cámaras espías, micrófonos, grabadoras, celulares y computadoras. Si bien formalmente funcionaron entre abril y diciembre de 2017, los documentos muestran actividad desde mediados de 2016. Desde entonces armaron paulatinamente los equipos y alquilaron lugares de trabajo, tarea a cargo de Darío Biorci, cuñado de Majdalani. Las bases tenían la lógica de los destacamentos de la Policía Bonaerense, eran las últimas microestructuras de una organización piramidal que de esta manera accedía a la capilaridad del territorio. Estaban alojadas en casas comunes, metidas dentro de los barrios.

 

 

 

 

En septiembre, Ramos Padilla señaló como punto de origen una resolución de abril de 2017 que tiene la firma de puño y letra de Gustavo Arribas. Ahora volvió a retomarla. La resolución rediseñó la orgánica de la AFI y dotó de misión y funciones a las bases de Reunión de Información de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, estableció tareas legalmente prohibidas: “Planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y el componente científico-tecnológico”. Ese artículo, clave para la imputación de Arribas, señala –según el juez— que incluso formalmente se otorgaron facultades para realizar actividades expresamente prohibidas para servir de eventual cobertura legal a las acciones que se volcaron en los informes de inteligencia.

La persecución a ciudadanos clasificados como factores repetía la clasificación de la policía de Ramón Camps hacia sus blancos, que a su vez retomaba la terminología implantada durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), disuelta en 1997, también dividió a la oposición en factores.

 

 

 

 

En ese sentido, la AFI reinstauró institucionalmente prácticas ilegales a través de las bases, escribió el juez en septiembre. Una de las novedades de esta nueva resolución es que contiene los datos de los jefes de las Bases: gran parte de ellos provenientes de la Bonaerense de aquellos años.

Debajo de Arribas, Majdalani y Pinamonti había dos coordinadores como enlace con los delegados: Daniel Alejandro Salcedo y Antonio Vicente Melito, ahora procesados. Melito ingresó a la Policía Bonaerense en 1982, tuvo como primer destino la Comisaría de La Matanza en 1983 y retiro obligatorio como comisario en 2014. El 2 de septiembre de 2016 entró a la AFI. Daniel Salcedo es conocido como perito de Sandra Arroyo Salgado, y fue quien sostuvo la hipótesis del homicidio de Nisman. Ingresó a la Bonaerense en 1977, estuvo en la Comisaría de San Antonio de Areco en 1979 y fue jefe de la fuerza entre 2007 y 2009. El 6 de octubre de 2016 entró a la AFI. En 2017, Arroyo Salgado lo hizo público sentada en la mesa de Mirtha cruzada por las internas del espionaje. “Nos enteramos hace tres semanas e inmediatamente revocamos su designación en el expediente”, dijo la jueza. Le habían sacado al perito.

Por debajo, estuvieron otros jefes:

Alicia Nocquet ingresó a la Bonaerense en 1977. Su primer destino fue la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Osvaldo Etchecolatz, de la que dependían las Brigadas de Investigaciones, la mayoría Centros Clandestinos de Detención. En 1994 estuvo en la Dirección de Narcotráfico Morón-Matanza y en 2006 tomó la Jefatura Departamental de Morón hasta su retiro en 2007. Entró a la AFI el 16 de diciembre de 2016. Tomó la jefatura del territorio que ya conocía: la Delegación de Morón, con 10 agentes a cargo. Días antes paseaba por Praga. Y tiempo después entrenaba a su gente.

 

 

 

Luego:

• Pedro Oscar García ingresó a la Bonaerense en 1976, su primer destino fue la Comisaría de Olavarría en 1978. Ingresó a la AFI el 2 de septiembre de 2016 como jefe de la Delegación de Quilmes con 12 agentes a cargo.
• José Luis Fiorentino ingresó a la Bonaerense en 1974. Estuvo en la Comisaría de Tres de Febrero. Ingresó a la AFI el 2 de septiembre de 2016 como jefe de la Delegación San Martín con 8 agentes a cargo.
• Gustavo Emilio Carreiras ingresó a la Bonaerense en 1979. Entre 2007 y 2009 tuvo como destino La Matanza. Ingresó a la AFI el 19 de abril de 2017. Como Nocquet volvió a territorio conocido: tuvo como destino la jefatura de la Delegación La Matanza con 8 agentes a cargo.

Esto explica esa lógica de cuadrícula en cuadrícula, los miles de microdatos que atraviesan las páginas, el rastreo manzana a manzana. Las caracterizaciones torvas. Y también garantiza que no hubo ninguna sorpresa: hicieron lo que sabían hacer.

 

El fondo de la agenda electoral

Ramos Padilla hizo énfasis en la agenda: produjeron información para las elecciones de medio término de 2017. Siguieron las articulaciones de Unidad Ciudadana, pusieron en foco a Cristina Fernández y el agobiante seguimiento al gremio docente tuvo de fondo paritarias cerradas a sólo cinco semanas de las elecciones con la candidatura del entonces ministro Esteban Bullrich para enfrentar a CFK. El período muestra además la preocupación por los efectos electorales del caso Maldonado. Sin embargo, uno de los datos más interesantes del período no son los casos concretos sino la extraordinaria capacidad de producción de microdatos. Es que aunque los reportes no parecen producto de una formación sofisticada, había dicho el juez en septiembre, lograron "un conocimiento bastante acabado de articulaciones políticas de cada zona, de los referentes, movimientos de los intendentes, estructuras de los locales partidarios y de cada agrupación de base”.

Hay listados de votos castrenses. Relevamiento de imagen de obras públicas de los intendentes. Datos de la interna del PJ. Chances de intervención al Partido. Mucho micro conflicto gremial. Y marchas. Cartoneros al CEAMSE, guardavidas de Chascomús o el paro de la línea de colectivos 504 en Villa Gesell con choferes de la UTA que reclamaban salarios adeudados. Uno de los objetivos de época fueron los comedores sociales. Desde la Base Ezeiza, entraron a un comedor del Frente Popular Dario Santillán. Y escribieron: “En los diversos barrios del municipio poseen comedores sociales en los cuales pueden llegar a sumar en sus movilizaciones a vecinos que asisten a los merenderos”. La Base de Morón entró a otro lugar llamado Arca de Noe. Referente: Padre Pablo Marcenaro. “De lunes a viernes realizan tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda. Tienen grupo de jóvenes voluntarios. Y brindan a los chicos de la calle alojamiento, vestimenta, alimentación y atención médica”.

Los relevamientos se hicieron con fichas estandarizadas y sábanas y sábanas de excel con nombre, indicación de si es zona vulnerable, cantidad de asistentes, referente y municipio.

 

 

 

 

 

 

El tiempo no es

El 13 de septiembre de 2016 entraron al Centro Cultural Bartolina. Un local de Nuevo Encuentro en Morón. Organizaban una charla con Horacio Verbitsky y Elizabeth Gómez Alcorta, entonces defensora de Milagro Sala. El espía más tarde describió presencia de unas 130 personas, todas militantes, edades promedio 50 años, clase media y algunos media baja. La escasa juventud –puso— bebía cerveza. El documento parece ser uno de los primeros antecedentes de las Bases, el juez lo tomó para discutir el supuesto comienzo formal del mes de abril de 2017. Las charlas, escribió el espía, tenían como “finalidad el adoctrinamiento a los militantes, alimentando la incorporación de estrategias organizativas tendientes a desarrollar actividades opositoras en las calles”. Verbitsky, anotó, se refirió a Ernesto Sanz y “siempre utilizó frases con ironías y buscando no cruzar el límite de la legalidad aludiendo siempre a datos y su condición de periodista”.

El final de las Bases sobrevino de repente. Vicente Melito lo describió en la indagatoria: “El día que supuestamente nos dijeron 'se disuelve la Dirección', yo justo estaba en la base, con ese tema y aparecieron los muchachos de Contrainteligencia:

—Nadie se mueve –dijeron.

Es más, siguió Melito, "nuestra actividad terminó con un allanamiento, como si fuese un allanamiento. Vino Contrainteligencia, no nos dejó movernos”.

Como se sabe, poco después comenzaban otros capítulos. En febrero de 2018, D'Alessio se sentaba con Daniel Santoro y Leonardo Fariña en el bar Grappa de Palermo. En mayo de 2018, Alan Ruíz pasaba del ministerio de Seguridad a la AFI y reclutaba Policías de la Metropolitana. Los amigos D'Alessio y Santoro escribían El Mecanismo, D'Alessio mantenía contacto con Bogoliuk y visitaba despachos judiciales de la Aduana paralela. La Base Mar del Plata se encargaba de las viudas del ARA San Juan. Todas estas escenas investigadas en Dolores, Mar del Plata y Lomas de Zamora retratan una época, pero podrían no hacerlo: hoy son franca zona de disputa en el escenario judicial.

 

 

 

 

 

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