El día en que lloramos y sonreímos

 

El 10 de junio de 2021 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín conformado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini y la jueza María Claudia Morgese leyeron el veredicto de la causa conocida como Contraofensiva Montonera, parte de la mega-causa Campo de Mayo. Los fundamentos del veredicto al que arribaron estos jueces, que según sus dichos no son sus excelencias sino que trabajan de jueces, los conoceremos el 10 de agosto.

 

Algunos números

La causa por 94 víctimas se desarrolló a lo largo de 78 audiencias durante más de dos años. Casi la mitad de las audiencias fue en tiempos de pandemia. Declararon alrededor de 200 testigxs. De los diez genocidas procesados, cuatro murieron, cinco fueron condenados y la situación del décimo se resolverá en unos días cuando lxs peritxs evalúen su salud.

Nuestro reclamo histórico como movimiento de derechos humanos, de “Juicio y castigo a todos los culpables” y “cárcel común y efectiva”, se vio satisfecho:

• Todos los acusados fueron miembros de la Inteligencia del Ejército y terminaron condenados a la pena de prisión perpetua. Resaltamos: prisión perpetua.
• Se revocaron las prisiones domiciliarias y se ordenaron los traslados a unidades del Servicio Penitenciario Federal, siempre que la salud de los condenados lo permite. Resaltamos: cárcel común.
• Se los condenó también por la privación ilegal de libertad agravada a cinco menores de entre 16 años y pocos meses de vida, solicitando al juzgado de instrucción que investigue la privación ilegal de la libertad de otrxs once niñxs, todos menores de 6 años. Resaltamos: reconocimiento de los menores como víctimas.
• Se solicitó al Ministerio de Defensa que inicie el proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación de la que puedan estar gozando. Resaltamos: exoneración del Ejército. Se quedarán sin los “honores de pertenecer”.

Hay otras cosas para contar. De algunas aún no tenemos conciencia cabal pues todo ha sido muy intenso y se requiere de la calma que llegará con el tiempo para poder hacer nuevos balances y apropiarnos de todo lo aprendido.

Es invaluable el trabajo de reconstrucción histórica y documental que se logró en diez años de trabajo articulado y colectivo de hijxs, familiares, sobrevivientes, compañerxs y abogadxs sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia de la Argentina, dentro y fuera del país. Sin duda, este trabajo dará sustento a otros juicios en marcha y a las investigaciones que llegarán de distintas disciplinas, pero por sobre todas las cosas nos está permitiendo reescribir nuestra historia política, la de distintas expresiones de las luchas populares y antidictatoriales, de las resistencias y el derecho de los pueblos a ejercerlas.

Hay también otras historias colectivas y singulares de militancia y de afectos que se fueron tejiendo en el proceso que vivimos buscando Justicia y Verdad: nuestra propia transformación política y humana, porque eso es parte de la maravillosa experiencia que vamos haciendo en los juicios por delitos de lesa humanidad y que se vio potenciada en la causa de la Contraofensiva.

Silencios que dejaron de serlo para poder ser hablados, estigmas que se transformaron en orgullo, fantasmas que pudieron ser atravesados. Miedos, culpas y vergüenzas se disiparon tocados por la vara mágica del amor de y por lxs compañerxs presentes y ausentes, por la vida elegida desde los valores más luminosos. Se recuperó y visibilizó el sentido más profundo de lo hecho contra la opresión. Se ganó en comprensión sobre lo humano y lo inhumano.

Dos años y 78 audiencias fueron el escenario donde se desplegó no sólo la lucha personal y política de cada compañerx detenidx desaparecidx o asesinadx sino también cómo la militancia armaba familia y amorosidad, el lazo íntimo y entrañable que trajo a los sobrevivientes a testificar buscando justicia con el corazón, no sólo la convicción; el increíble camino, a veces solitario, de lxs hijxs buscando conocer y entender a ese padre o esa madre que el genocidio les arrebató, búsqueda que los llevó a recorrer el país y veces a cruzar la frontera tras las pistas de esos pasos tantas veces esquivos: fueron epopeyas y verdaderas historias de amor.

En el silencio de la sala escuchamos las grabaciones con las voces del Padre Jorge Adur y la de Jorge Benítez, de 16 años al momento de su secuestro. Ambas son parte de la conmoción que no se olvidará.

Recordaremos por siempre a los compañeros que siendo niños sufrieron secuestro y desaparición para luego ser liberados y que hoy, adultos, dibujaban en la sala de audiencia, frente a todxs nosotrxs, los mismos croquis del lugar de su secuestro: cinco años tenía uno y su dibujo permitía reconocer el lugar que graficó el que tenía ocho, la Brigada Femenina de San Martín. La poca explorada participación de las mujeres en el sistema represivo queda como tema pendiente.

La admiración por la declaración de Pablo Verna, que desde su desobediente decisión se sentó a contar cómo su padre, médico militar, había intervenido en el homicidio de varios militantes de la Contraofensiva.

Escuchar durante horas a las testigas expertas desarrollar el resultado de años de investigación para ayudarnos a entender cómo funcionaba el aparato de inteligencia, investigaciones que hacen al amor por la Verdad y el compromiso con su tarea.

No faltó la foto que permitió que uno de los genocidas, hoy condenado, volviera a la cárcel por quebrar la prisión domiciliaria: su imagen yendo al supermercado es el resultado de esos ojos siempre atentos porque ¡a donde vayan los iremos a buscar!

La decisión pionera del TOF-4 que permitió a La Retaguardia transmitir el juicio de manera abierta merece un párrafo aparte. Rompió con la historia de un Poder Judicial que, desde el Juicio a las Juntas hasta aquí, se resistió a transmisión en vivo de los juicios con argumentos falaces. Si en algo incide positivamente la imagen es en la posibilidad de transparencia del proceso. La Retaguardia, medio de comunicación alternativo y popular, puso su oficio, conocimiento y militancia para que miles de personas puedan seguir el juicio en simultáneo y a posteriori: si las restricciones sanitarias no permitieron salir de casa para seguir llenando la sala como lo hacíamos, el juicio fue llevado a cada casa y a las aulas también. Fue así que una sobreviviente pudo reconocer a uno de sus captores cuando estaba declarando en el juicio como testigo de la defensa, dar aviso a su abogado y este el TOF-4: hoy el ex comisario Roberto Álvarez está procesado por delitos de lesa humanidad.

 

 

No quiero concluir esta crónica (pobre ante la inmensidad de lo realizado y vivido) sin referirme a algo que fue mencionado en el alegato de la querella y que quiero recuperar: el tema de la crueldad. El día anterior a la lectura del veredicto el abogado defensor del genocida Jorge Norberto Apa presentó un certificado médico particular informando que no estaba en condiciones mentales para estar en juicio. Aunque en los próximos días una pericia determinará la veracidad o no de dicha conclusión, quiero reflexionar sobre este hecho: el día previo a la lectura del veredicto, se intenta obstaculizarla. La tensión y expectativa ante una sentencia es enorme, años de trabajo y esfuerzo esperan verlo coronado con condenas.

Sea cual sea el resultado de esta maniobra, decimos que en sí misma es un ejercicio de crueldad: si Apa, como dice el certificado particular, está demente, esto ya lo sabían hace mucho tiempo; haberlo ocultado hasta aquí y visibilizarlo en el minuto final es intentar generar un sabor amargo e impotencia. Si todo es un montaje, la postergación de la definición o el intento de que quedara suspendido momentáneamente el veredicto también buscar dañar. Así son: mientras nosotrxs buscamos justicia, ellos desarrollan conductas vengativas.

Este juicio, como cada juicio por delitos de lesa humanidad, consolida el camino por Memoria, Verdad y Justicia. Sabemos que es mucho lo que falta por hacer, pero hoy, cuando miramos para atrás y volvemos a mirar el horizonte, sonreímos.

 

* La autora es psicóloga, investigadora del Observatorio de Crímenes de Estado (FSOC-UBA) y del Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF). Se desempeña como perita de parte en causas por delitos de lesa humanidad e integra la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.

 

 

 

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