El destino de Vicentín

 

Son tiempos difíciles para Vicentín, la empresa agroexportadora conocida por el fallido intento de Alberto Fernández por intervenirla. “Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando en otras alternativas”, dijo el Presidente, hace poco, sin rendirse. A su cesación declarada en 2019 –que la situó al borde de la quiebra–se le suman conflictos laborales, multas por desobediencia judicial, un directorio sospechado por estafas millonarias y una orden judicial de allanamiento. Un combo explosivo que, de acuerdo a lo que se maneja en los pasillos de Casa Rosada, abre un nuevo escenario. ¿Es posible aún una expropiación desde el Estado? ¿Todos los caminos llevan a una empresa mixta?

En el caso de la orden judicial de allanamiento, desde agosto de este año Vicentín se niega a entregar miles de toneladas de trigo y soja que, según Díaz y Forti S.A., tiene secuestradas en su planta. La Justicia federal de Rosario le dio la razón a la firma –que acusa a Vicentín de retener dicha mercadería, la cual Díaz y Forti se la había vendido a la Unión Agrícola de Avellaneda, en Santa Fe, hace unos meses–, pero Vicentín hizo caso omiso y ahora la Justicia le vuelve a pisar los talones: acaba de ordenar que un oficial de justicia de la localidad santafesina de San Lorenzo se presente en la planta que la empresa tiene allí y realice un pronto allanamiento e inspección ocular. La firma Díaz y Forti, una exportadora de cereales y oleaginosas de la provincia de Chaco, quiere saber si la mercadería sigue existiendo y en qué estado se encuentra. El gigante Vicentín niega que lo controlen: se resguarda en su fortaleza.

 

 

 

Estrés financiero

Bajo el argumento de “estrés financiero”, Vicentín anunció su cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019. Fue la primera señal de lo que luego se revelaría, según especialistas financieros, como una de las mayores estafas de la historia económica argentina. La empresa había anunciado una reestructuración de su deuda –calculada en más de 1.500 millones de dólares–, que hasta el momento sigue en veremos: no se ha cumplido el cobro de los créditos por parte de los acreedores como tampoco el destino definitivo del complejo exportador. El Banco Nación, en rigor, es su principal acreedor: Vicentín le debe más de 300 millones de dólares. En el tenor de la estafa, y recordando otras como la de Correo Argentino –experta en dilatar los trámites judiciales y proponer migajas para cerrar su abultada deuda–, Vicentín ofreció pagarle 20 millones. “Es un despropósito, algo inaceptable”, dijo el por entonces presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Una fuente de Casa Rosada reveló que Presidencia de la Nación está expectante por cómo la Justicia resolverá los distintos frentes de Vicentín, cuyos desenlaces, auguran, serían desfavorables para la empresa, aunque todavía tenga el beneplácito de magistrados locales, como el cuestionado juez Fabián Lorenzini. La salida bajo la modalidad cramdown (salvataje) se trata de un mecanismo económico de última instancia previo a la quiebra, que se encuentra previsto en la ley. “Es una oportunidad para que los acreedores, tanto privados como estatales, hagan una propuesta para tomar el control de la firma. En la práctica sería la conformación de una empresa mixta, que manejaría el complejo Vicentín”, confió la fuente.

Dicha escena de lo macro a nivel económico no se encuentra en absoluto separada de lo que acontece en los tribunales penales de Santa Fe, donde 14 directivos de la empresa –incluyendo a la sindicatura societaria– están procesados por defraudación. Son dos causas que tramitan en paralelo. En una de ellas, el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, los acusó por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros, perjudicados por el default de la empresa, una estafa calculada en 500 millones de dólares. Ahora, Moreno extendió la acusación también por asociación ilícita y el 21 de diciembre indagará a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza. En la otra, el fiscal Roberto Salum, a cargo de la fiscalía federal de Reconquista, les imputó la presentación de facturas apócrifas entre 2016 y 2018, que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos. Es decir: se cree que presentaron documentación falsa para acceder indebidamente a reintegros del IVA.

Las indagatorias empezaron en noviembre de este año y por sede judicial desfilará la troupe de acusados hasta fin de año. Por si fuera poco, el presidente de Vicentín, Daniel Néstor Buyatti, fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos, recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas. Para el fiscal Moreno, que cotejó en su investigación una descomunal evidencia electrónica de archivos, si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados se podría llegar a la pena máxima contra los directivos, que contempla hasta 50 años.

 

¿Solvente y confiable?

“La empresa está más acorralada que nunca y lo único que hacen es negar lo innegable”, dice a este medio un investigador de la fiscalía de Moreno. Se encuentran desconcertados ante la prueba porque nunca creyeron que sus maniobras fraudulentas, por su colosal poder, iban a quedar al descubierto.

Lo último que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, pudo saber en las audiencias de la semana pasada fue que el complejo agroexportador, en una de sus tantas maniobras, “habría celebrado contratos de compraventa recibiendo mercadería, sabiendo de la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”, como surgió de la documentación presentada de los balances anuales. Balances que, de acuerdo a las pericias, contenían información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

Esos informes, en rigor, exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentín “con el fin de ocultar su realidad económica financiera y engañar a las entidades financieras. Así provocaron, bajo error, disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones, en virtud de líneas de créditos acordadas con bancos extranjeros”, según detalla el expediente. Además se comprobó que Vicentín ofrecía mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores.

La puesta en escena de una empresa “solvente y confiable” se cae a pedazos. Y los directivos siguen mirando para el costado. “Vicentín no ha incurrido en nuevas deudas post-concursales, ha pagado todos los salarios e impuestos, ha mantenido las plantas funcionando, no ha habido despidos y las únicas deudas de la sociedad son las que se verificaron en el concurso”, dijeron los integrantes de la agroexportadora en recientes declaraciones.

La realidad muestra lo contrario. En los últimos días la empresa, que también tiene la concesión del Puerto de Rosario, fue denunciada por los gremios portuarios por no depositar la totalidad de los sueldos. Enterados de la medida, los trabajadores frenaron las actividades en el puerto y cortaron la avenida Circunvalación sobre 27 de Febrero. Acusan a Vicentín, a la vez, de descontar salarios en medio de una Conciliación Obligatoria con el Ministerio de Trabajo. Tras el anuncio de despidos de trabajadores, sigue abierto el conflicto con semanas de negociaciones en las que la empresa no retrocede.

Hoy existe una comisión creada especialmente en la Legislatura santafesina, que puso la lupa sobre las estafas de la empresa y que funciona como resguardo político ante el tráfico de influencias que ha demostrado Vicentín en tribunales. La empresa, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yace con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creen que el salvataje del Estado es urgente y necesario para que Vicentín no termine en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores no despejan el enigma: primero deben saber dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda.

 

 

 

 

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