El desguace a golpes de DNU

 

El lunes 21 de enero, a través del DNU 58, el inefable gobierno modificó la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, aprobada por el Congreso en noviembre de 2015. El DNU sustituye el artículo 11, que reserva con carácter preferencial a favor de la empresa pública Arsat un grupo de bandas de frecuencias para atender “las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en asociación con Licenciatarios de Servicios de TIC que tengan el carácter de Municipalidades, Cooperativas, Sociedades del Estado”.

Sin la autorización del Congreso que exige la ley, el DNU dispone que estas frecuencias reservadas pasen a manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que sean subastadas, y señala que no menos del 20% de estas frecuencias se destinarán a dar “participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”. No hay manera de que el DNU no termine beneficiando al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro.

Pongamos en contexto este nuevo paso en la dirección del desmantelamiento de Arsat, uno de los casos más deslumbrantes de éxito tecnológico en América Latina.

 

Comunicaciones satelitales como sector estratégico

La empresa pública Arsat fue creada en 2006, luego que la empresa de capitales extranjeros Nahuelsat, promovida por el menemismo, fuera a la quiebra sin cumplir los compromisos mínimos. El fracaso de Nahuelsat dejaba claro que un sector estratégico desregulado no quedaba en manos del mercado sino como rehén de un rígido ajedrez oligopólico.

No mejoró el servicio, la gente no pagó mejores precios, los satélites eran importados y el país estuvo a punto de perder la coordinación de una de las dos posiciones orbitales gestionadas ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, activos que los países “serios” consideran extensión de la soberanía territorial al espacio exterior. Porque cuando se trata de negocios de retornos crecientes (intensivos en tecnologías avanzadas), siempre aparece la soberanía.

El Estado compró Nahuelsat a un peso (simbólico) y creó la empresa Arsat con una novedad: en su estatuto se fijaba que tenía que gestionar la fabricación en el país de sus satélites geoestacionarios para ocupar las dos posiciones orbitales. La empresa rionegrina INVAP firmó como contratista principal.

Si se visitaba la sala limpia de la empresa INVAP en 2011 se podían ver cuatro satélites en construcción: el SAC-D y el modelo de ingeniería del SAOCOM 1A (satélites de observación) y los Arsat-1 y Arsat-2. En el período 2003-2013 INVAP había incrementado su personal de 350 a 1100 personas y había elevado su factura­ción de 30 a 200 millones de dólares anuales. Alrededor de INVAP participaban más de 100 proveedores calificados nacionales. A fines de septiembre de 2013 se in­auguraba en Bariloche la empresa CEATSA (Centro de Ensayos de Alta Tecnología), una sociedad entre INVAP y Arsat, con insta­laciones para ensayos am­bientales de satélites. En octubre de 2014 fue lanzado Arsat-1 y en septiembre de 2015 Arsat-2. Todo fue un éxito: lanzamiento, inserción en órbita y operación. Tomando como patrón de innovación al silo bolsa para el acopio de soja, Arsat-1 y 2 fueron hitos desmesurados que abrieron un nuevo sector de la economía argentina de altísimo valor agregado.

Arsat-1 se ubicó en una posición orbital 72º O (se lee “72 grados longitud oeste”), que estaba siendo explotada por un satélite alquilado (el AMC-6), y Arsat-2 en la posición 81º O, donde no había un satélite previo. Mientras que la cobertura de Arsat-1 estaba restringida a la Argentina y a países limítrofes, Arsat-2 ampliaba la cobertura de la empresa pública a todo el continente.

A fines de 2015, Arsat era una empresa en expansión, que contaba con dos satélites de diseño y construcción nacional, un Centro de Datos de 4500 metros cuadrados con certificación internacional Tier III y personal cali­ficado, 88 estaciones terrestres de Televisión Digital Abierta (TDA) en su última etapa de des­pliegue, que había logrado cubrir el 80% de la población con el servicio terrestre y el 100% del territorio con el servicio satelital –incluyendo Península Antártica e Islas Malvinas–, el ten­dido de una red troncal de fibra óptica para que el acceso a banda an­cha en la Argentina fuera homogéneo en precio y servicio, y un cronograma para fi­nalizar la puesta en operación a fines de 2016.

El éxito de Arsat mo­tivó que el Congreso sancionara la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que declaró “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad nacio­nal, en lo que respecta a satélites geoestacio­narios de telecomunicaciones” y aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 que prevé, entre otros objetivos, el desarrollo nacional de ocho satélites en los siguientes 20 años.

Esta proyección incluía los satélites que reemplazarán a Arsat-1 y 2 –cuya vida útil se es­tima en quince años–, además de proyectar la exportación de dos satélites a países de la región. El primer hito del Plan era el proyecto Arsat-3, satélite de alto rendimiento para llevar banda ancha donde las redes terrestres son insuficientes o no llegan, que de­bería haberse comenzado en 2016 para cumplir con los plazos y ser puesto en órbita en 2019.

 

Abogados, consultoras y embajadas

Ni bien se inició el gobierno de Cambiemos, el abogado Oscar Aguad asumió como ministro de Telecomunicaciones, el abogado-yerno Rodrigo De Loredo asumió como presidente de Arsat y el abogado Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de De la Rúa, quedó como vicepresidente. En paralelo al desguace, siempre a golpe de DNU, de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital, la tríada de abogados contrató a la consultora norteamericana McKinsey para que les diga, a cambio de 12,5 millones de pesos, qué tenían que hacer con Arsat. En diciembre de 2016, el yerno reconocía que McKinsey terminó “ratificando diagnósticos y proyecciones que nosotros medianamente también teníamos”.

El macrismo heredó Arsat-1 con su capacidad vendida y Arsat-2 en proceso de entrada en servicio y un cronograma de migraciones de tres clientes para ocupar el 30% de su capacidad. Sin embargo, una de las primeras medidas de la tríada Aguad-yerno-Aguiar fue paralizar –negando que se paralizaba– el pro­yecto Arsat-3 y repetir la política ruinosa de “cielos abiertos” de Aguiar y De la Rúa: en 2016 autorizó la entrada de siete satéli­tes extranjeros al mercado satelital argentino, a mediados de 2017 eran catorce y hoy son veintidós. Durante 2016 también se paralizó la instala­ción de antenas de televisión digital, se disconti­nuó la entrega de decodificadores y se transfirió el Data Center al Ministerio de Modernización. Desguace (en el sentido más puro) con extranjerización.

En julio de 2017 se filtró el texto de una carta de intención entre Arsat y la empre­sa norteamericanca Hughes, donde se hablaba de crear una sociedad con mayoría accionaria (51%) a favor de la empresa norteamericana. La sociedad Hughes-Arsat se encargaría de gestionar la fabricación de Arsat-3, que ocuparía una posición orbital argentina. Si se concretaba este acuerdo –abandonado por escandaloso–, habría habido transferencia de patrimonio público argentino a una empresa con mayoría accionaria de capitales norteamericanos, violando la ley 27.208.

Por último, esta ley también establece que Arsat debe presentar una actualización del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 cada tres años. En noviembre de 2018 se cumplió el primer plazo, pero no habría habido actualización.

La trayectoria macrista de Arsat muestra que el DNU 58/2019 del 21 de enero –que irónicamente habla de “seguridad jurídica”– vuelve a la lógica del silo bolsa: en lugar de soja, ahora se trata del acopio de frecuencias a favor del oligopolio de las TICs. El manoteo de bienes públicos aleja al Estado argentino del control de un sector estratégico que preocupa a la Embajada de EE.UU. Sí, sí, acá también la Embajada. Aunque suene setentista y poco cool, ahí está implacable cuando se trata de clausurar senderos de desarrollo o, como gustan decir los economistas, de cambio estructural.

En Wikileaks se puede leer un cable de fines de junio de 2006:

 

Allí, la Omnipresente comentaba a varios organismos de su gobierno que “las capacidades en tecnología satelital de Argentina no llegan a la construcción de satélites de telecomunicaciones” y que “INVAP no tiene todavía la capacidad técnica necesaria para competir a nivel mundial”. Esto decía justo tres meses antes de que el hecho maldito del país burgués creara la empresa Arsat.

 

 

 

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