El desembarco

 

Carlos Rosenkrantz está cada vez más aislado. Eso no es novedad. La última acordada del pleno de la Corte redujo su presidencia a funciones meramente ejecutivas, y le quitó las funciones operativas. Lo que es una novedad, no sólo colorida, es que en esa caída preserva el manejo de lealtades jurásicas, que flaco favor le hacen.

 

 

A comienzos de abril, la Corte sacó un fallo trascendente para las causas de lesa humanidad: el fallo Cacivio, sin la firma de Rosenkrantz. El fallo dejó en claro la vigencia del antecedente Acosta para los crímenes aberrantes de la dictadura, aquel que en 2012 determinó la extensión del plazo de la prisión preventiva para los imputados. El fallo es adelanto de una discusión que todavía está abierta en el máximo tribunal. Pero debe leerse como una respuesta política a la andanada de ceses de prisiones preventivas que vienen abriendo las celdas de los imputados que aún esperan condenas. Pero además debe leerse como una marca de autonomía del máximo tribunal frente al gobierno. El fallo evoca con claridad los compromisos internacionales de Argentina en esta materia como posición diferenciada de los funcionarios que acompañan a los defensores de los perpetradores a golpear las puertas del sistema interamericano. Y también marca la decisión de sostener la vigencia del escenario de protección internacional, justo cuando Argentina firmó el acuerdo con otros tres países para limitarlo.

Con esta sucesión de antecedentes marcando agenda y la cancha, la Sala II de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, dictó una sucesión de fallos desde entonces que discuten esos criterios y atrasan diez años los lineamientos del proceso de justicia. Una de las resoluciones abrió las puertas de la cárcel a 15 imputados de Ejército en Bahía Blanca con ceses de prisión. Y otra de la semana pasada separó a uno de los imputados de la ESMA del juicio en curso, y luego le otorgó el cese de prisión. Esa decisión, basada además en una argumentación arbitraria, generaría un precedente absurdo si quedase firme: puede impedir que un mismo tribunal juzgue distintos tramos de una megacausa. Y eso significa, lisa y llanamente, dejar a los juicios sin jueces. Es decir, una vía para frenar los juicios.

 

 

El fallo Cacivio es importante no sólo porque comenzó a mostrar la voluntad del máximo tribunal para analizar uno de los dilemas que enfrenta el proceso de justicia. Sino por el tipo respuesta. El cese de prisión preventiva es la libertad que obtiene un acusado luego de permanecer en prisión durante un tiempo sin ser juzgado. Hasta ahora, el criterio rector en lesa humanidad estaba fijado por antecedente Acosta: el fallo de 2012 en el que Corte estableció que si bien el plazo máximo de la preventiva son dos años prorrogables por un año mas, los plazos para las causas de lesa humanidad pueden extenderse por la complejidad de las causas, su volumen y la naturaleza de los hechos. En 2016, el primer fallo del 2 x 1 Muiña intentó fijar otro criterio para los condenados. Luego de la intervención del Congreso y el nuevo fallo de la Corte, quedó consolidada la excepcionalidad. Pero los defensores insisten. Intentan mejorar la situación de los condenados con pedidos de domiciliarias. Y cese de prisión para quienes aún esperan juicios o nuevas condenas. Esos pedidos están saliendo de manera casi automática desde la Sala II, siempre con la disidencia de Alejandro Slokar.

El reciente fallo de la Corte intenta poner un freno. El fallo responde a una resolución de la Sala I de la Cámara de Casación Penal del año 2017 que confirmó el cese de prisión dictado por el Tribunal Oral Federal de La Plata para ocho imputados que no estaban en condiciones de juzgar. Entre ellos de Jaime Lamont Smart, Jorge Antonio Bergés y el Francés, Gustavo Adolfo Cacivio. El Ministerio Público se opuso. Pero la Sala I con votos de Eduardo Riggi y Liliana Catucci ni siquiera habilitó la audiencia para escuchar la oposición: lo declaró inadmisible. El último 4 de abril, la Corte revocó ese fallo. Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Horacio Rosatti dijo que la Cámara Federal de Casación se había apartado injustificadamente del criterio reiteradamente sostenido por la Corte en materia de prisión preventiva en casos de lesa humanidad a partir de su precedente Acosta, y que en consecuencia se encontraban en riesgo los compromisos internacionales asumidos por la Nación. En uno de sus párrafos más importantes también dijo que el cese de la prisión preventiva de personas imputadas por delitos de lesa humanidad configura "un supuesto de gravedad institucional que pone en riesgo los compromisos asumidos por la Nación respecto de estos delitos".

Rosenkrantz venía de la apertura del año judicial. Y de pronunciar un discurso en el que por primera vez, desde la reapertura de los juicios, la Corte no hizo una sola referencia a la agenda de estos juicios. No firmó este fallo. Y eso que parece a esta altura muy obvio en realidad no es un dato menor: dentro de la Corte dicen que este fallo muestra una nueva etapa del presidente de la Corte, con una definitiva salida del closet.

 

 

Las últimas decisiones de Yacobucci y Ledesma juegan ese juego. Yacobucci no es cualquier juez. Ni la Sala es cualquier sala. Allí tramitan causas emblemáticas. La megacausa ESMA, siempre paradigmática y que espera confirmación de la sentencia por vuelos de la muerte. También están ahí todas las causas de Campo de Mayo, entre ellas las históricas condenas a los directivos de Ford. Tiene Ejército de Bahía Blanca y, entre otras, Operativo Independencia. Durante años esa Sala estuvo integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David. Con esa integración Ledesma solía quedar en disidencia, pero sus votos no tenían impacto porque quedaba en soledad. Ella es conocida por su garantismo excesivo, una bandera que la llevó a pronunciarse a favor del 2x1 antes del fallo Muiña sin mirar el deber de control de las convenciones internacionales. El lugar de Pedro David ahora lo ocupa Yacobucci. Y ese es el problema. La combinación de los dos votos ahora son explosivos.

Yacobucci suele ser recordado por dos cosas: en 1977 y 1978 mientras estudiaba derecho y buscaba hacer carrera judicial, escribía con sus iniciales en la revista Cabildo, defensora del estado del terror. También por su paso como subrogante de la Casación en 2008-2009, cuando se reabrían las causas de lesa humanidad. En ese contexto, también votó por el cese de prisión de Jorge "El Tigre" Acosta y Alfredo Astiz. El fallo terminó en la Corte. Y generó el antecedente que ahora el máximo tribunal volvió a poner sobre el escenario. En 2005 tuvo otro momento importante en los medios: condenó a Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca en la causa que había iniciado Mariano Bergés. Reingresó a la Casación el año pasado impulsado por el gobierno, pero su perfil en ocasiones jurásico —parecido al del presidente de la Corte—, puso en duda el nombramiento que fue confirmado sólo horas antes de la jura. En los últimos tiempos, la Sala II con su voto golpeó a Carlos Stornelli con un fallo que le rechazó la recusación contra Alejo Ramos Padilla. En clave de la interna de Boca que se juega en los tribunales de Comodoro Py, eso confirma que sus lealtades pasan por otro lado. Tal vez lesa humanidad sea una puerta. Quienes integran la Sala saben que llegó para cambiar las reglas de juego en esas causas. En el último fallo de ESMA también hubo otra cosa: la estatura del liberado.

 

 

El liberado es Horacio Luis Ferrari, una figura simbólica por su trayectoria. Conocido como Pantera en el Centro Clandestino de la ESMA e identificado con nombre y apellido ya en 1984, logró ascender en la carrera naval hasta el grado de contraalmirante. En 2013, cuando la justicia lo detuvo, se había retirado pero era vicepresidente del Centro Naval de la Armada, una estructura con lógica de mutual y club social que asistía financiera y jurídicamente a los imputados a quienes llamaban "presos políticos".

En febrero de este año, Ferrari declaró en el juicio ESMA IV y dio esos detalles. Dijo que el ministerio de Defensa de Nilda Garré "por intermedio de su Secretaría de derechos humanos, había prohibido a la Armada que se le brinde apoyo a los miembros de la institución detenidos. Yo ocupaba la vicepresidencia del Centro Naval —dijo— y desde allí le dimos apoyo permanente a los socios detenidos y a sus familias. Eso generó mucho malestar en el ministerio al no poder controlar dicha institución por ser independiente de la Armada".

 

 

Ferrari dijo que lo detuvieron por eso. Y no por la causa. Que la primera denuncia en su contra apareció en ese contexto. Que los sobrevivientes lo confundieron. Que él no era Pantera. Y que para 1977 estaba lejos de la ESMA, embarcado en el Destructor Rosales. Lo que dijo, sin embargo, no es así. Su nombre integra los listados con los nombres de los represores presentados por los sobrevivientes a la Conadep en 1984. Uno de los documentos es la lista de 81 nombres de condecorados el 12 de septiembre de 1978 por Emilio Massera “en el Grupo de Tareas 3.3, en operaciones reales de combate”. El listado incluye su nombre. Una copia de la lista fue aportada por Ricardo Coquet. Sobreviviente de la ESMA, obligado a realizar tareas de diagramación y falsificación de documentos, recibió de los marinos un listado para preparar las condecoraciones. Coquet guardó una copia y la entregó a la justicia.

 

 

 

Durante el juicio actual a Ferrari también lo nombró José Bustamante García, hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García, ambos desaparecidos, él apropiado e identificado en 2017. “Fuimos víctimas mi padre, mi madre y yo", dijo. Y agregó: "Llegué de la ESMA a Puerto Belgrano. Fui entregado a la familia de un militar, un suboficial. Según las denuncias, Horacio Luis Ferrari sería la persona que hizo mi traslado de la ESMA a Puerto Belgrano”. Y entre otros, también lo recordó Martín Gras en diálogo directo con el Tigre Acosta.

"Morocho morocho, tez tirando a mate, atlético, de una actitud muy agresiva, muy combativa", dijo Gras. "Y curiosamente enfrentado con Jorge Eduardo Acosta en un pequeño detalle", explicó. A esa altura, Acosta impulsaba el llamado 'proceso de recuperación', "que era una especie de ventana de posibilidad de supervivencia, en marcos razonablemente éticos, para un grupo importante de detenidos". Pantera "tenía una discrepancia respecto del proceso de recuperación: decía, y hay que reconocer que lo decía con franqueza y lo decía adelante de los detenidos, que el proceso de recuperación era una equivocación, que estaban dejando viva a gente, o dándole la posibilidad de quedar viva y que la lógica de un lugar como la ESMA era tener no prisioneros, tenía que ser el exterminio total".

Aunque esto no está en discusión, sirve para entender la escala del personaje. El propio Ferrari que mencionó a los detenidos desaparecidos como terroristas subversivos durante el juicio como si el tiempo no hubiese pasado, también dijo algo sobre su capacidad de lobby.

"Lo único que escucho de parte de muchos miembros de la Justicia con los que me ha tocado interactuar o que son familiares directos míos o amigos —tengo un hermano juez y un amigo juez en una de las cámaras de Casación—, me dicen permanentemente: esto es un tema político y no jurídico. Me cuesta aceptar que mi vida y la de mi familia esté en manos de la política y no de la Justicia".

La abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa retomó ese párrafo en la audiencia, y le preguntó:

—Dijo que tenía un hermano juez y un amigo juez de la Cámara de Casación que cuestionaban estos juicios. Si nos quiere compartir el nombre del juez de Casación.

—No —dijo Ferrari—. No lo quiero compartir.

Zaldúa dio las gracias. Y él continuó:

—Si me permiten no hablar del juez, pero siendo vicepresidente del Centro Naval me he reunido con, por ejemplo, el senador que está de presidente, Pinedo. Y él me dijo que los juicios eran una aberración. La ministra Bullrich me dijo que los juicios eran una aberración. Dos asesores actuales del ministro Garavano me dijeron que eran una aberración estos juicios, que eran netamente políticos. O sea, así que mucha gente piensa eso. Los asesores de Garavano, por ejemplo, también son miembros de la Justicia.

 

 

La saga de incidentes que lo liberaron empezaron el 8 de marzo de 2018. Ese día se conoció la sentencia ESMA III y estaba por empezar el juicio por ESMA IV. Ambos a cargo del Tribunal Oral Federal 5 con dos jueces repetidos en los dos tramos: Adriana Palliotti y Daniel Obligado. El abogado de los marinos, Daniel Fanego, presentó una recusación contra ellos porque a su criterio la participación en el tramo previo impedía que fueran imparciales en el tramo siguiente para juzgar a cinco nuevos imputados. Una discusión que estaba resuelta hacía años.

Desde 2009 la distribución de los juicios de lesa se rige por una acordada de la Casación con este criterio: un tribunal por centro clandestino. El TOF 5 quedó a cargo de la megacausa ESMA. La megacausa, como todas, se elevó en tramos. El primer tramo juzgó al prefecto Febres. El segundo, al grupo del Tigre Acosta. El tercero incluyó nuevos imputados de los tres períodos de la ESMA. Y el cuarto incluye a un nuevo grupo de víctimas y de acusados por primera vez, entre ellos Ferrari. La acordada de 2009 ya previó que los jueces iban a repetirse. Y entendió que eso no implicaba contaminación alguna, porque entendió que cada fragmento era parte de un mismo proceso acumulativo. La acumulación iba a permitir avanzar en la consolidación de pruebas y en la reconstrucción fáctica sin necesidad de volver a discutirlo todo con cada comienzo. Siempre se supo, además, que la responsabilidad de cada nuevo imputado debía ser probada en el tramo correspondiente. Ese criterio está convalidado a esta altura por jueces, tribunales de alzada y la Corte cada vez que confirmó una sentencia. Cualquier planteo distinto discute diez años de historia.

Por esa razón, el planteo de Fanego fue rechazado por querellas, fiscalía, los jueces y el Tribunal que se constituyó para analizarlo. Pero Fanego insistió. El 5 de septiembre de 2018, logró entrar en queja a Casación. El 11 de diciembre consiguió su primer fallo. Y el último 26 de abril, la confirmación. En conclusión, la Sala II decidió apartar finalmente sólo a Ferrari con votos de Ledesma y Yacobucci. Además los jueces declararon inadmisible el planteo para recurrir a la Corte. Y dejaron firme el cese de prisión.

El argumento usado es que los jueces adelantaron juicio de valor sobre Ferrari. Los votos sin embargo no lo pudieron probar. La discusión fue larga. Pero en resumen, Yacobucci dijo que los jueces valoraron numerosos testimonios que se referían a los nuevos imputados. Ledesma dijo que eso era así sólo respecto de Ferrari y aunque su análisis intentó ser más detallado terminó siendo el más problemático. Ledesma trascribió párrafos de la sentencia con la palabra Ferrari o Pantera para intentar demostrar que hubo valoración previa. Dijo que los jueces transcribieron las palabras que usó Nestor Omar Savio, otro imputado. "Así, en oportunidad de analizar la responsabilidad de Savio —dijo—, el tribunal señaló que el nombrado 'no es ‘Ladrillo’ ni ‘Pantera’". Punto. La jueza no dijo más. Y luego tomó el testimonio que abrevó en la sentencia de una sobreviviente. "Y a su vez —dijo Ledesma—, (la sentencia) indicó el testimonio de Ana María Martí, en cuanto refirió que ‘recordó que a su derecha iba Astiz, a su izquierda otro oficial de la Marina a quien le decían ‘pantera’ y adelante dos personas más’”. Como se ve, los jueces trascribieron testimonios. Pero la jueza infirió sin argumentos que las transcripciones eran una valoración. Un argumento que abre otros problemas. Tal vez intentar fragmentar por ejemplo, el testimonio de los sobrevivientes. Un absurdo en el sentido del deber de reparación del proceso de justicia.

En fin, es posible que todo esto se revierta en la Corte. Pero en el medio, no sólo seguirá libre Ferrari sino la enorme lista de cesados que viene otorgando la Sala con sus lealtades.

 

 

 

 

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