EL DESAFÍO DE LA INTEGRALIDAD

 

Las políticas públicas de matriz neoliberal realizan un abordaje de la violencia de género centrado en un modelo securitario y privatista, que privilegia el tratamiento individual de las violencias, las respuestas judiciales y policiales y la atención de la emergencia por sobre otros modelos posibles de respuestas estatales. Sin dudas este modelo que se ha replicado tanto en los niveles nacionales como provinciales y locales ha dado muestras de su ineficacia en términos de respuestas integrales en materia de protección y asistencia de las personas en situación de violencia de género: el número creciente de femicidios y de causas que se multiplican en los fueros judiciales son muestras de ese fracaso.

Estas políticas públicas han contribuido a una mayor privatización del ámbito familiar y doméstico, promoviendo un creciente aislamiento de la vida cotidiana y una ruptura con los espacios colectivos y comunitarios. Este contexto recrea el marco habilitante para que los hechos de violencia contra las mujeres y los femicidios sean posibles. Para decirlo en otras palabras, han apuntado al individuo –en este caso a las personas que se encuentran en un contexto de violencia– y no a las estructuras sociales, políticas y económicas que la promueven.

Tanto desde el movimiento feminista como de los organismos internaciones de derechos humanos el reclamo por la implementación de políticas públicas integrales en materia de violencia de género ha sido parte de las demandas hacia el Estado. Sin dudas la reciente creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación enmarca, con mayor jerarquía institucional y presupuestaria, la puesta en marcha de políticas de carácter integral que han sido definidas en el “Plan Nacional de acciones contra las violencias por motivos de género 2020/2022”.

El diseño de políticas públicas centradas en la integralidad y el fortalecimiento de las redes federales y tejidos territoriales buscan reflejar en su enunciación y ejecución un modelo estatal de abordaje de las violencias centrado en los problemas estructurales que explican las desigualdades de poder entre los géneros, que sustentan las violencias.

En la búsqueda de esa redefinición es evidente que “la salida” de las situaciones de violencia no puede ser individual. El desafío se define en torno a la integralidad de las políticas públicas, que supone dos dimensiones.

La primera, garantizar el acceso de las mujeres y el colectivo LGTBI+ a los derechos que les aseguren su autonomía. Es decir, llevar a cabo políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas en situación de violencia por motivos de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la tierra, al mundo del trabajo y la promoción de formas de organizaciones colectivas vinculadas a la economía social forman parte de esta definición de políticas integrales.

Segundo, impulsar articulaciones entre los distintos niveles del Estado, pues la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos para el diseño y ejecución de políticas es prioritario para alcanzar estas definiciones. Para ello resulta necesario implementar territorialmente las políticas de prevención, asistencia y fortalecimiento de acceso a la justicia ante las violencias por motivos de género, junto con los distintos agentes institucionales, los múltiples dispositivos provinciales y locales, y las organizaciones sociales y comunitarias que tejen la trama social y comunitaria que previene, asiste y protege a personas en situación de violencia de género.

Un abordaje estatal integral supone entonces generar modelos de gestión que permitan intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado, con organizaciones sociales y comunitarias, incorporando diferentes tipos de servicios y apoyos, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias por motivos de género en los distintos territorios.

Para ello se requiere desarrollar diagnósticos situados, tanto regional como localmente, que permitan identificar los dispositivos estatales existentes, las redes territoriales y comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil, los recursos técnicos y profesionales disponibles en cada caso, y sobre todo el contexto de vida de cada persona y el proceso en el que se encuentra.

Ahora bien, si partimos de entender a la violencia de género como un problema estructural, que se expresa en los distintos ámbitos de la vida social y que adquiere características diferenciales en razón de la clase, la raza, la etnia, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la expresión de género, la situación de migrante, entre otras, a la perspectiva de la integralidad es necesario sumar la de la interseccionalidad y la diversidad en la formulación de políticas públicas. Es decir, identificar de manera específica y transversal las necesidades, las violencias, las desigualdades y la discriminación estructural e histórica que atraviesan determinados grupos en cada territorio.

El paradigma neoliberal focaliza y entiende las desigualdades –incluidas las desigualdades entre géneros– como la consecuencia de actitudes y responsabilidades individuales. Avanzamos ahora hacia un nuevo paradigma que busca  concentrar los esfuerzos en la creación de estructuras, prácticas e instituciones capaces de cambiar las condiciones de vida de las personas frente a las múltiples violencias que nos atraviesan.

 

 

 

 

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