El derecho de las bestias

 

Cuando Mauricio Macri era presidente de Boca no miraba los partidos. Aunque tenía reservado un selecto palco en la Bombonera, elegía encerrarse en su oficina y recurría a alguna película para pasar el rato. Tal vez haya sido por eso que decidió, tan fácil y tan rápido, que los demás tampoco tenían derecho a mirar fútbol.

El 11 de diciembre de 2015 a las 10.01, Macri partió desde su casa en Palermo, junto a su esposa Juliana y su hija Antonia, hacia el Congreso de la Nación para la ceremonia de asunción de la Presidencia. En simultáneo, y no por obra de la casualidad, un empleado del estudio jurídico Sáenz Valiente, por orden directa del Grupo Clarín, fue eyectado hacia la oficina 2069 del Palacio de Tribunales para inaugurar el nuevo tiempo político: escaló sin trajinar la breve escalinata sobre la calle Lavalle, uno de los laterales del Palacio, y presentó una acción de inconstitucionalidad redactada meses atrás sobre todo el bloque de normas que regulaba la Televisión Digital Abierta, la alternativa gratuita a la TV por cable.

19 días más tarde, el 29 de diciembre, Macri firmó el decreto que desmanteló artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No se oyeron voces empresarias que se quejaran por la ruptura de reglas ni por el súbito aumento de la inseguridad jurídica. A su vez, el programa Fútbol para Todos, que el flamante presidente había prometido mantener pero “sin política”, también fue interrumpido para ceder los derechos del fútbol de primera división a dos cadenas privadas trasnacionales: Fox y Turner.

Nadie puede decir que llegó sin planes.

El ascenso de Macri a la primera magistratura estuvo jalonado, al menos en su instalación pública, desde la presidencia de Boca, que ejerció entre 1995 y 2007. La irrupción de un empresario, cuyo apellido estaba asociado a la patria contratista, a uno de los clubes más populares de la Argentina no fue un acto espontáneo sino que tuvo como condición de posibilidad la grave crisis que atravesó el club en los ‘80, que lo tuvo al borde la quiebra y con la Bombonera parcialmente clausurada.

Bajo el juicio de la televisión, acaso el punto más bajo de aquella deriva económica –que incluyó el dispendio de los ingresos de un tercio del pase de Maradona al Barcelona– ocurrió el 8 de julio de 1984 cuando las cámaras registraron una derrota de Boca con Atlanta (2-1) en la que los jugadores xeneizes (con mayoría de juveniles de la cuarta división dado que el plantel estaba de huelga por falta de pago) salieron a jugar con una camiseta blanca de entrenamiento con los números improvisados y pintados con un fibrón negro. El trazo manual, naturalmente, se fue destiñendo con el correr del reloj.

La tradicional camiseta azul y amarilla coincidía con la de Atlanta, que tiene los mismos colores, y el árbitro, Juan Bava, inusualmente inflexible, ordenó que el cambio, por reglamento, lo debía hacer el local. Pero Boca no tenía en la Bombonera ninguna alternativa disponible. Atlanta entonces ofreció prestar su camiseta sustituta, pero esa variante presentaba un conflicto con el sponsor de Boca y las frágiles finanzas del club no admitían la apertura de un nuevo frente de conflicto. Sólo había a mano camisetas blancas, que eran utilizadas para los movimientos de calentamiento pero, sin números, se perdían los puntos. Ahí apareció la solución artesanal del fibrón.

No son rigurosas las crónicas periodísticas que señalan que Boca ya no tenía medios económicos ni para comprar camisetas, como quedó establecido en la memoria oral. De hecho, camisetas sobraban. Pero la realidad es que se las resguardaba en el predio de La Candela, en San Justo, para eludir la llegada sin aviso de algún oficial de justicia que, a falta de bienes sustanciosos, se llevara un recuerdo simbólico. La historia real no es menos cruel que el mito.

Lo cierto es que aquel día una camioneta viajó de apuro desde La Boca hasta San Justo para, al menos, conseguir una alternativa para el segundo tiempo. Pero el árbitro cedió en el entretiempo y Boca jugó el resto del partido con su camiseta oficial.

De aquella debacle se salió con la venta de la Ciudad Deportiva y la década de gestión de Antonio Alegre en la presidencia del club (1985-1995). El economista Carlos Heller fue el principal ladero del dirigente radical y, si bien el club recuperó su economía, la falta de éxito deportivo allanó el camino para que arraigara el discurso renovador de Macri, que cambió de cuajo la imagen de Boca como una asociación civil sin fines de lucro.

Fue aquel Macri quien creó un fondo de inversión para “capitalizar” al club convocando a sus empresarios amigos, cedió a su familia la construcción de los nuevos palcos y cerró las actividades deportivas amateurs que no generaran rentabilidad. Con coherencia con esa línea, cuando asumió la presidencia de la Nación, en la espinosa cuestión de la televisación del fútbol, entendió que el abordaje apropiado era el de un negocio con resonancia política y no un asunto académico sobre los derechos de las audiencias. La única ciencia social que tenía lugar era la economía.

Por eso Pares Tv, que en 2015 llevaba cinco años de emisiones abiertas, gratuitas y con tecnología HD para divulgar las imágenes de los partidos de Luján y Flandria en el fútbol del ascenso, chocó de frente con las políticas del gobierno de Macri.

El decreto 267, publicado el 4 de enero de 2016, incluyó el acta de defunción del AFSCA y el nacimiento de un nuevo órgano regulador, el ENACOM, ahora bajo la esfera del Ministerio de Modernización.

Con ese movimiento también se eliminó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el esquema de audiencias públicas para determinar todos los años cuáles eran los acontecimientos de interés relevante y, por lo tanto, de emisión abierta y gratuita.

La directriz política fue transparente: se vació de contenido todo instrumento en pos de asegurar la emisión por televisión abierta del fútbol argentino.

Las señales políticas inequívocas del gobierno alentaron la celebración de un contrato para la cesión inmediata de los derechos de televisación del campeonato de fútbol de la B Nacional y la Primera B Metropolitana a las empresas Trisa y Torneos y Competencias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

La cesión fue “ilimitada” e incluyó la prohibición de la reproducción por terceros y por cualquier medio, incluso aquellos inexistentes (“a crearse a futuro”).

A los clubes, el eslabón más débil de la cadena, se les delegó el trabajo sucio: rastrillar todo el territorio argentino para desterrar cualquier emisión “irregular”, sea por televisión abierta local o vía streaming, que tras algunas vacilaciones se ejecutó con fuerza desde marzo de 2017.

“Por una disposición del Club Atlético Douglas Haig no se permiten transmisiones televisivas de ningún tipo”. “Lamentamos informarle que su acreditación ha sido denegada ya que no podemos acreditar a medios que no sean TyC Sports. Club Santamaría de Tandil”. Fueron algunos de los correos que recibió ese mes la dirección de programación de Pares Tv. No sólo no podían registrar los partidos (y en todo caso luego dirimir en la justicia la titularidad de los derechos), sino que la orden, avalada por AFA, fue prohibir el ingreso de los canales rebeldes a los estadios.

En la 35ª fecha del campeonato de la B Nacional de la temporada 2016/2017, en ocasión de la visita de Flandria a Gualeguaychú, Entre Ríos, para enfrentar al local Juventud Unida, Pares Tv inauguró el más singular equipo de transmisiones deportivas que se haya conocido jamás: además de relatores, comentaristas, vestuaristas, productores, camarógrafos y asistentes, el colectivo periodístico del canal de Luján incorporó a un escribano público en cada ciudad de la Argentina que estaba listo para constatar cuando los clubes que se acomodaban al viento del momento inventaban una prohibición de ingreso a los estadios.

La estructura federal del torneo de la B Nacional y el plus que exigen los honorarios profesionales para alterar la placidez de una tarde de sábado o domingo elevaron considerablemente los costos de las transmisiones. Derechos tenemos todes, pero su ejercicio se cuenta en billetes.

El carácter indócil del canal de Luján, que a poco tiempo quedó como la única transmisión perseguida de televisión abierta (también continuaron muchas experiencias audiovisuales en plataformas, sin uso de licencia), empujó a Trisa, finalmente, a tomar el asunto en sus propias manos: el 10 de mayo de 2017 inició una avanzada judicial sobre Pares Tv para reclamar una reparación económica por la televisación de los partidos que a Trisa no le interesaba televisar.

A su vez, Pares Tv recurrió a la justicia y presentó una medida cautelar que le permitió demorar dos años la supresión de las emisiones en directo y evitar, exitosamente hasta la fecha, una legitimación judicial de la conducta abusiva del Grupo Clarín.

¿Cuál era la legislación que habilitaba a Pares Tv a realizar sus emisiones abiertas del fútbol local?

El artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le encomienda al Poder Ejecutivo “que adopte las medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir determinados acontecimientos en directo y de manera gratuita”. Se trata del establecimiento de un límite legal a la libre disposición de los derechos de retransmisión.

Con ese paraguas, Pares Tv avanzó sobre el terreno siempre espinoso de la justicia federal y presentó una acción de amparo y, tras cinco años de litigio, Trisa no pudo asegurarse todavía el ejercicio pacífico de sus derechos exclusivos.

El comportamiento empresario de Trisa también podía encuadrarse bajo la esfera, también reprochada por la legislación, del “abuso de derecho”: en el campeonato 2016/2017 de la B Nacional, por ejemplo, sobre los 46 partidos disputados por Flandria, Trisa televisó apenas 6, mientras que los 39 restantes no tuvieron pantalla en la Tv.

Los derechos de las audiencias, ausentes.

El Código Civil, conforme a su reforma de 2015, propulsada por una comisión encabezada por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, que no expresa precisamente una visión innovadora y heterodoxa del derecho civil, incorporó expresamente que la configuración de “posiciones dominantes” en el mercado podían constituir una forma de ejercicio abusivo de los derechos. Y precisa que la obligación de los jueces es procurar su cese y ordenar una reparación.

Trisa contraatacó. Y ensayó su primer intento en disolver la controversia judicial con Pares Tv propulsando el dictado, por parte del obediente Ministerio de Modernización, de un listado de eventos de interés relevante en 2018 (resolución 703-E-2017) que, sin embargo, no fue un listado sino que incluyó solamente un concepto: los partidos del seleccionado argentino de fútbol. Va de suyo que la agenda del seleccionado no necesitaba estar en ese listado ya que su gratuidad y transmisión en forma abierta estaba garantizada por ley.

De paso avasallaba las competencias de la Defensoría del Público, que no es un órgano del Poder Ejecutivo sino que depende de la Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la Comunicación Audiovisual en el Congreso de la Nación.

Se trataba de ofrecer una pantalla de legalidad al imperio de la fuerza que, como decía Perón, es el derecho de las bestias.

Mauricio Macri dejó la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2019: no había entonces eventos de interés relevante ni programa Fútbol para Todos. Se había interrumpido la inversión para el despliegue de la TDA; se alentaba el incumplimiento de la obligación de las empresas de cable a incluir en sus grillas a las televisoras abiertas locales y hasta la Defensoría del Público se encontraba intervenida. Cualquier resabio de la arquitectura jurídica y fáctica que sostenía el derecho de las audiencias estaba desmantelada.

Una política de franca contradicción con la LSCA, que, más allá de cualquier debate, significó el reconocimiento del público como sujeto de derecho.

Aquellos que antes de la ley eran simplemente consumidores se transformaron en portadores de un derecho. Ese fue el cambio trascendental de aquella norma, más allá de cualquier juicio de orden político.

Y, sin embargo, se trata de un programa inconcluso.

Volvamos a la historia.

En 1984, cuando la quiebra amenazaba a Boca y los jugadores salían a la cancha con los números pintados con un fibrón, la Bombonera, aun con la tercera bandeja clausurada como estaba entonces, alcanzaba para cubrir la demanda de los hinchas, al menos los residentes en la zona metropolitana, que podían ir a la cancha o ver los resúmenes del partido por Tv. Aquella derrota con Atlanta está a disposición de cualquiera en el canal de YouTube.

Hoy la demanda del público desborda la capacidad del estadio: desde 2012 existe en Boca una enorme lista de espera para asociarse “en forma plena”, esto es, socios con garantía de ingreso a la Bombonera. Los “socios adherentes”, sin acceso asegurado, son sin embargo una máquina de generar ingresos: pagan y esperan. Pagan por un derecho en expectativa. Por la posibilidad de un día tener derecho. No tienen entradas garantizadas y, en general, deben someterse a las reglas de la reventa. Consecuencia: pagan un sobreprecio.

A la vez, para mirar a Boca por televisión también se requiere un abono especial sobre la suscripción arancelada del servicio satelital o por cable.

El fútbol es un privilegio de clase: exclusivo y excluyente.

Como un empresario del Grupo dijo alguna vez, lo democrático es que el que quiera mirar, pague.

 

* El artículo es un resumen del cuarto capítulo de Fútbol Propiedad Privada, el libro del periodista y abogado Mariano Suárez que publicaron Ediciones Al Arco y Editorial Mil Campanas.

 

 

 

 

 

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