El crucifijo y el supermercado

 

La semana pasada presentamos en Salta con Diego Sztulwark el libro Vida de Perro, balance de un país intenso, de 1955 a Macrì. La actividad fue organizada por la cooperativa de periodistas y comunicadors Coyuyo, la Mesa de Comunicación  Popular de Salta y Jujuy y la Cámara de Diputados se realizó en la sede de la Legislatura Provincial, donde antes funcionaron los tribunales. Al ingresar, nos señalaron una escultura de la justicia, con la venda corrida y la balanza desequilibrada, como protesta del arquitecto por el atraso en los pagos. Como diría Menem, ajustes habrá siempre.

El diálogo con los asistentes que ocuparon todas las bancas fue muy interesante, sobre la economía, la política y la situación social. Al terminar, firmamos ejemplares. Al llegar su turno en la fila, un muchacho se presentó:

—Soy Matías Hessling, activista LGTBQ. ¿Usted sabía que por su presencia quitaron el crucifijo que siempre preside las sesiones?

Me di vuelta sorprendido y comprobé que efectivamente, sólo había un escudo.

—Pero después van a colocarlo de nuevo— siguió Matías, menudo y con una barba bien cuidada.

 

 

Un hombre robusto y con bigotes escuchaba con atención. El pibe lo advirtió y me explicó que era el diputado nacional por el Frente para la Victoria Sergio Napoleón Leavy, a quien increpó:

—Mañana repondrán el crucifijo en un lugar donde no tiene nada que hacer.

Otras personas intervinieron. Entre ellas, un par de chicas con sus pañuelos verdes. Una me informó que Leavy apoyaba la clandestinidad del aborto y la penalización de la madre. El diputado explicó que había votado según su conciencia, lo cual dio lugar a una discusión acerca del mandato que había recibido al ser electo como representante del kirchnerismo. Las chicas cerraron el diálogo cantando:

—Aborto legal, en el hospital.

 

 

El portal salteño Adelantado tituló que yo había pedido el retiro del crucifijo y publicó las dos fotos que reproducimos aquí, lo cual es una inexactitud menor, que rectifico porque no me gusta atribuirme méritos ajenos.

El sacerdote Oscar Ossola, de la villa veraniega San Lorenzo presentó una indignada denuncia, pero el presidente de la Legislatura, Manuel Santiago Godoy,  respondió que no sabía quien había pedido el retiro del símbolo cristiano. Como la Legislatura no es una institución religiosa, si lo desean se puede sacar el crucifijo, dijo El Indio Godoy.

Negocios en el lecho de muerte

De tanto asistir a quienes a último momento quieren salvar su alma, la Iglesia Católica desarrolló una aptitud especial para incrementar su patrimonio a expensas no sólo de las personas sino también de los gobiernos moribundos.

En 1958, horas antes de entregar el gobierno a Arturo Frondizi, los dictadores Pedro Aramburu e Isaac Rojas cedieron al Arzobispado porteño un inmueble frente a la Plaza de Mayo donde reconstruir la curia incendiada en 1955. Para que se acomodara en forma transitoria mientras se realizaba la obra, también le entregó la residencia presidencial de la calle Suipacha 1032, ocupada durante muy poco tiempo por Roberto M. Ortiz. Cuando regresó a la Plaza de Mayo, el Arzobispado no devolvió el edificio de la calle Suipacha, sobre un terreno de dos mil metros cuadrados. Allí instaló su sede la Conferencia Episcopal. En 1981, antes de dejar la Casa de Gobierno, el dictador Jorge Videla convirtió la cesión precaria en definitiva. Hoy los eclesiásticos explotan en ese terreno ubicado en la mejor ubicación posible un hotel y una playa de estacionamiento, cuya relación con el culto es más difícil de explicar que el misterio de la trinidad.

En noviembre de 1998, el presidente Carlos Menem envió al Congreso un proyecto de ley transfiriendo sin cargo 15 hectáreas en la Matanza para que el obispado de San Justo construyera en ellas viviendas para personas con escasos recursos. La ley se promulgó el día de reyes de 1999 y el predio fue escriturado por el obispo Jorge Meinvielle el 10 de febrero. Pero apenas una semana después, Meinvielle lo revendió al supermercadista Alfredo Coto por 1,6 millones de dólares, que terminaron de pagarse el 2 de noviembre de 1999, cuando a Menem sólo le quedaban cinco semanas de gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

En 2006, la diputada radical santafesina Alicia Tate presentó un proyecto de ley anulando esa cesión, que nunca fue tratado. El mismo propósito tiene otro proyecto elaborado ahora por la diputada Romina del Pla, del PO, que dispone la revocatoria en 30 días de esa transferencia gratuita. Además impone al obispado de San Justo una multa por el mismo monto de la venta a Coto, de 1,6 millones de dólares, que debería destinarse a la finalidad originaria de construcción de viviendas populares en ese predio. El proyecto se propone “que el conocimiento y la difusión pública de esta situación, sirvan para reforzar el debate y la lucha popular contra el oscurantismo, la explotación, el sometimiento, y por la separación de la Iglesia del Estado”, dicen sus fundamentos.

 

 

 

 

 

 

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