El cristal con que se mira

 

El pasado sábado 18 de abril La Nación publicó una nota, firmada por tres periodistas, con el título “Coronavirus: Rodríguez Larreta desplazó a dos funcionarios por compras de la ciudad”. Clarín tituló de modo similar.

El contenido es más fuerte que el título. Refiere denuncias de sobreprecios en la compra de barbijos y hotelería por una empresa que integraría la media hermana del Jefe de Gobierno, Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, y la hija de la extitular de la AFI, Silvia Majdalani. Según la publicación, la contratación en favor de la hermana de Rodríguez Larreta y la compra de barbijos tienen un punto en común: el doctor Ignacio Sáenz Valiente. Director de la empresa hotelera y principal accionista de la sociedad que vendió los barbijos al gobierno porteño. La nota informa que en el mismo domicilio social de esas sociedades aparece otra “que tuvo como accionista a Rodrigo Miguel, el hermano del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel”, pero advierte que no aparece como proveedora del Estado. También señala vínculos sociales entre Miguel y Sáenz Valiente, que no parecen prohibidos. El diario Tiempo Argentino del 19.04.2020 informa vínculos de Saenz Valiente con Grupo Clarín y Calcaterra.

Los problemas con las contrataciones del Estado no son nuevas. Entre el siglo III y II a.c. aparecieron en Roma los contratadores estatales o publicanos. Eran “la flor del orden”, según Cicerón. Las autoridades no podían beneficiarse con esos contratos, pero el historiador inglés Brunt dice que no puede asegurarse que esa sabia medida se respetara. Si en tiempos de la República ocurrían estas cosas, podría decir Larreta, qué decir de la administración más republicana del país.

Fue el vicejefe de gobierno, Santilli, quién declaró: "Hicimos lo que teníamos que hacer. Iniciar una investigación, aceptar la renuncia de los dos funcionarios y reforzar todas las medidas de transparencia para los procesos de compras y licitaciones. No hubo nada irregular".

Un informe de las contrataciones de esas sociedades y sus vinculadas en los últimos años con el gobierno de la Ciudad y aun con la Nación durante la administración de Macri demostraría si hubo o no algo irregular.

No sorprenden tanto los sobreprecios en la república porteña, sino el nivel de precisión e información que las notas proveyeron sobre un asunto grave, involucrando apellidos con peso, familiares, etc., en un diario que habitualmente es amigable con el PRO, el gobierno porteño y los intereses que expresan.

No fue la única crítica dura que recibió Larreta en estos días. También la decisión de restringir de modo especial la movilidad de los adultos mayores de 70 años fue cuestionada. Como ejemplo puede verse la nota “Señor Larreta:”, de Claudio Escribano, también en La Nación (19.04.20).

En uno de sus últimos párrafos le dice: “La reacción pública con la cual usted se enfrenta está fundamentada en lo más profundo de la moral y la política, en el espanto ante el peligro del abuso de poder y el exceso en las restricciones”.

La medida era poco feliz, por donde se la mire. Los sobreprecios, escandalosos. Pero no es habitual que los medios que han compartido las ideas e impulsado las políticas del PRO deslicen tal información de los proveedores, aun bajo un título sin estrépito. Tampoco el destrato de mencionarle el “espanto ante el peligro del abuso de poder”, como si la Buenos Aires de Larreta fuera la Cádiz de Camus en El estado de sitio.

El Jefe de Gobierno intentó tibiamente sostener la medida, estableciéndola, pero sin sanción a su violación. No fue la solución. Ante el fallo de un juez local que la declaró inconstitucional, decidió consentirlo, tratando de cerrar el asunto por esa vía; en lugar de derogarla él en tanto autoridad política. Admitiendo que los jueces en causas contenciosas pudieran derogar, con efecto general, las decisiones de los gobiernos. El uso de la no apelación para evitar asumir decisiones políticas fue usado más de una vez por Macri. En diciembre de 2015 ordenó no apelar la declaración judicial de inconstitucionalidad del tratado con Irán oportunamente aprobado por una ley. Cualquiera haya sido el mérito de ese acuerdo internacional, era una decisión política del Estado, ajena a la competencia de los jueces. Si Macri lo consideraba inconveniente, debió promover él su denuncia. Hubo, también, un extraño desistimiento de un recurso extraordinario por un tema tributario, en un caso que la Corte federal igual sentenció.

Larreta fue visto en las últimas semanas como una figura cercana en la gestión al gobierno nacional. Parece plausible desde todo punto de vista ante la emergencia. Su presencia en el acto donde se informó de la propuesta a los tenedores de bonos fue otro gesto importante. Seguramente lo hace por necesidad, su territorio es uno de los más afectados por el virus, pero también por decisión propia de no adoptar la oposición cerrada que proponen Macri y su grupo.

En ese contexto, Macri y sus íntimos quedan como espectadores marginales, como el pasado. Solo tendrán chances de liderar la oposición si la gestión de la emergencia fracasa.

Puede atribuirse a ese acercamiento en la gestión la causa de la virulencia. Se infiere del texto de Escribano. Al “señor Larreta” le pide que “no olvide que sus decisiones están siendo sopesadas en el contexto de un gobierno que administra a fuerza de decretos de necesidad y urgencia. Que lo hace con un Congreso que no sesiona, es decir, que no legisla ni fiscaliza, y con un Poder Judicial retraído literalmente, salvo para una u otra urgencia, en su mutis por el foro”. Y concluye: “La historia los juzgará a todos por igual, pero estamos hablando de lo que ocurre ahora”.

 

 

 

 

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