EL CRIMEN ES LA POLÍTICA

 

El peruano Diego García-Sayán, quien desde la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados dio forma a la primera denuncia contra el gobierno de Cambiemos por la presión ejercida sobre jueces en noviembre de 2019, esta semana pidió información sobre el espionaje masivo a defensores, empresarios y detenidos en el penal de Ezeiza por la causa Cuadernos. En la carta dirigida al defensor Alejandro Rúa manifestó “su interés en dar seguimiento” al caso, requirió nombre de las víctimas y consentimientos. Rúa, su co-defensora Graciana Peñafort y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires enviaron respuesta este viernes en representación de todos los abogados víctimas y se presentaron en nombre de un grupo de detenidos, entre los que están Amado Boudou, Roberto Baratta, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta carta que muestra la violación de las reglas de juego de la defensa y el primer procesamiento de Mauricio Macri por espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, dictado también esta semana, refutan al ex Presidente: no hay causa aislada, ni patrullas perdidas, ni persecución de juez militante, sino un esquema repetido como patrón en los más diversos expedientes que se acumulan en los juzgados.

 

 

 

El jueves y viernes se llevaron a cabo las primeras jornadas sobre lawfare de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Fueron abiertas por su titular, Horacio Pietragalla, junto al ministro de Justicia, Martín Soria, y cerradas por el ex Presidente de Ecuador Rafael Correa. En una mesa presentó su libro el defensor de Milagro Sala, Marcos Aldazabal, magister de la LSE, la London School of Economics and Political Sciences de Londres, una de las mejores universidades del mundo. Escrito con Martín Haissiner, La criminalización de la política discute la categoría de lawfare y da cuenta de una tendencia creciente hacia la penalización de la política con datos. De Raúl Alfonsín a Néstor Kirchner, recuenta apenas un puñado de casos: ninguno con Alfonsín, con Carlos Menem el caso Swift, Yomagate, IBM-Banco Nación y la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Con Fernando de la Rúa, las coimas en el Senado y luego Skanska y Antonini Wilson con Kirchner. Dice: “El hilo conductor de esos casos es que eran delitos puntuales por hechos puntuales, manejo ilegal de dinero en la administración pública con fuerte presunción previa”. Y agrega: “En los últimos años, los casos pasaron de excepción a regla y de la criminalización de la corrupción se pasó a la criminalización de la política. Como consecuencia, en 2014 la ex Presidenta Cristina Fernández y su gabinete de ministros acumulaban 745 causas penales”. Sí: 745 causas penales. Y Mauricio Macri fue denunciado 144 veces. Los datos no son el único parámetro de lo que presentan como el avance del Poder Judicial como un pacman sobre los otros poderes del Estado, en un salto de judicializaciones de corte constitucional a la preeminencia voraz de los fueros criminales que es perjudicial para todos: políticos, jueces y ciudadanos. Carlos Zannini, quien fue uno de los detenidos de Ezeiza, manifestó en las jornadas que el objetivo es el desprestigio de la dirigencia política para que el pueblo esté más sujeto a la división y a la menor defensa de su soberanía. Es una manera de atomizar pueblos y regiones. Caída la política, ¿qué le queda a los humildes como posibilidad de defensa? En ese sentido, las jornadas fueron un llamado de alerta a la protección de los consensos de la democracia. Eso incluye el cumplimiento de una de las normas de ese pacto, como lo es la Ley de Inteligencia con su prohibición del espionaje político.

 

 

 

 

 

Las reglas y el juego

Alejandro Rúa envía informes periódicos al relator Diego García-Sayán desde junio de 2020, cuando comenzó la causa del espionaje con origen en Lomas de Zamora y se descubrió el alambrado a los detenidos en Ezeiza, las escuchas en los teléfonos públicos, los mapas de relaciones y el fichaje de los defensores. Él y Graciana Peñafort se presentaron como víctimas y enviaron información cada vez que aparecieron nuevos elementos. En octubre, Rúa agregó las transcripciones de 220 conversaciones entre abogados y detenidos y luego el testimonio del juez Alejo Ramos Padilla en la causa de la Mesa Judicial, que describió la propalación de las diálogos del Operativo Puf como una operación de inteligencia ilegal y lo que ocurrió en esos días como el más grande e ilegal sistema de escuchas del que la democracia tenga memoria, realizadas sobre decenas de opositores políticos detenidos, sus familiares y sus abogados, durante muchísimos meses. Hasta ahora, la Relatoría solo receptaba envíos. Esta fue la primera respuesta con pedido de información, interpretada como una señal de avance en el caso.

Según la misiva, los pedidos son para elaborar comunicaciones, que son cartas de las agencias de la ONU a los gobiernos en las que informan denuncias de violaciones de derechos humanos, recuerdan disposiciones, solicitan aclaraciones y, cuando es necesario, piden medidas para prevenir o detener la violación, investigar, llevar el caso ante la Justicia y asegurarse de que las víctimas o sus familias dispongan de recursos. Para avanzar no necesitan que las vías de investigación interna se hayan agotado, lo que también es una buena noticia porque la investigación penal sigue en trámite, pero sobre todo porque está técnicamente parada: la Cámara Federal porteña está sentada sobre el expediente y no confirma ni revoca los 38 procesamientos del juez federal Juan Pablo Augé dispuestos en el mes de febrero, antes del pase del caso a Comodoro Py. “Las comunicaciones –explicaron a Rúa– tienen como objeto solicitar una respuesta sobre las medidas tomadas para detener, investigar las violaciones, buscar una sanción a los responsables y brindar reparación a las víctimas” y “permitir al Estado tomar las medidas necesarias para responder las preocupaciones expresadas”.

Rúa envió su respuesta al organismo y solicitó que exija al Estado argentino la destrucción de las grabaciones y pida garantías de no repetición. En el texto, describe la escala y sostuvo que las escuchas comenzaron a partir del ingreso masivo de los detenidos de Cuadernos, vulnerando las reglas de la defensa. “En el ejercicio de mi profesión –dijo–, asistí a distintas personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal I, donde se concretó la escucha ilegal de sus conversaciones telefónicas, incluidas aquellas con sus abogados. Ello se enmarcó en una práctica de espionaje y violación de derechos mucho más amplia, que se desencadenó a partir del ingreso masivo a los pabellones de ese Complejo, en su Módulo VI, especialmente acondicionado, de decenas de detenidos a los que se involucró judicialmente en un caso difundido mediáticamente como el de las Fotocopias de los Cuadernos, y tuvo cómo víctimas directas a todas y cada una de las personas que estuvieron privadas de libertad por esa y otras causas de similar factura, a todos sus abogados y a sus familiares y visitas, incluidos los integrantes de organizaciones de derechos humanos o de asistencia penitenciaria, que fueron objeto también de seguimientos indebidos y espionaje ilegal”.

 

 

 

En ese contexto, dijo además que pudo acreditarse que, con la intención de escuchar ilegítimamente las comunicaciones que resultaban de interés, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se procuró de manera fraudulenta una orden judicial que diera apariencia de legalidad y que llevó a que durante meses y meses, entre los años 2018 y 2019, se grabaran indiscriminadamente todas las conversaciones de todos los teléfonos públicos allí instalados, que es el único modo de comunicación de los internos con el exterior y, claro, con sus abogados, conservándose hasta la fecha el registro completo de las grabaciones. Desde la AFI, añadió, “sin orden judicial, se concretó la escucha directa y la transcripción de comunicaciones para un destino ilegal y absolutamente ajeno al expediente judicial que sirviera de cobertura. E incluso alguna de esas grabaciones o transcripciones, ilegales en todos los casos, se difundieron masivamente luego en una campaña pública de desprestigio, y la información ilegalmente obtenida es utilizada hasta hoy en acusaciones inválidas”.

Verano. 8 de febrero de 2019. Alguien marca un número de teléfono desde Ezeiza. La grabación todavía contiene la voz de la compañía de teléfono.

—Hola, está caluroso —saluda la mujer.

—Yo ya hice mi caminata de una horita —dice el varón—, así que me voy poner a cocinar la tarta.

—¿Llegó el hijo de Báez? —pregunta ella.

—Sí. Lo pusieron en el hospital, para joderlo un poco.

—¿Sabés si te citaron a indagatoria en los Cuadernos?

 

 

 

 

 

Se picó

Franco Picardi tiene delegada la investigación de la Mesa Judicial. Esta semana defendió el análisis de declaraciones públicas y tweets de funcionarios del gobierno anterior, que ellos denuncian como ciberpatrullaje. A las críticas se sumó el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, que habló de ataque a la libertad de expresión y pidió urgente suspensión de la medida. El procurador interino Eduardo Casal rechazó el pedido, dijo que no podía interferir, pero le pidió explicaciones a Picardi, quien –usualmente de perfil bajo– el jueves respondió con un durísimo escrito en el que denuncia una injerencia indebida de parte de la entidad. “El Directorio del Colegio se inclina a enjuiciar en forma desfavorable aspectos de una investigación que se encuentra formalmente a mi cargo y en curso, mediante afirmaciones equivocadas y vagas, pues carecen de fundamentos reales. En otras palabras, el repudio se sustenta en deducciones, sin apoyo ni referencias concretas a mi actuación, ni al contenido de la instrucción y a riesgo de entrometerse indebida, irresponsable e injustificadamente en las misiones y funciones definidas por ley y mandato constitucional para la actuación del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.

 

 

 

 

El texto es, a la vez, una puesta al día de la causa, una de las más calientes en Comodoro Py. Están imputados Mauricio Macri, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Entre las víctimas hay doce magistrados, entre ellos, la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Todos declararon como testigos, además de un juez, una jueza y un fiscal. La causa se inició por denuncias que se hicieron eco del informe de García-Sayán de noviembre de 2019, que la División Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dirigió al entonces canciller, Jorge Marcelo Faurie. El fiscal sostiene que las denuncias, aquella presentación y los testimonios contienen la hipótesis del objeto procesal que él escribió cuatro veces a disposición de todas las partes. Ese objeto refiere a presiones e interferencias para direccionar investigaciones de parte de miembros y sectores afines al gobierno del ingeniero Mauricio Macri y a la existencia de un “plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales”. Y precisa que ya la denuncia de García-Sayán señalaba la hipótesis de campañas de desprestigio público como parte de los mecanismos de intimidación u hostigamiento. La medida de prueba busca confirmarlo o descartarlo.

Picardi pidió ese análisis a la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial y Escuchas de la Corte. Lo hizo el 23 de junio, el pedido estuvo a disposición de todas las partes, aclaró, y nadie cuestionó. Hasta ahora, la Dajudeco presentó informes sólo de dos magistrados porque cuando lo hizo arreciaron las denuncias contra el fiscal. Hoy Picardi sostiene que no pretende que eso sea evidencia autosuficiente, que no busca delitos de calumnias e injurias, que no vulnera la libertad de expresión, ni privacidad, sino que es medida respaldatoria, analizada como parte de un entramado más complejo. Pero pasó todo lo que pasó y la producción de prueba está  también paralizada en este caso porque la Dajudeco dejó de entregarle al fiscal los análisis desde que la Corte le pidió explicaciones tras una presentación de Elisa Carrió. La Corte –que dice que no sólo se presentó ella– todavía no se expidió. En el expediente, en tanto, también se presentaron Carrió y Garavano para pedir nulidad de la prueba. Picardi está respondiendo y la decisión final queda en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien avanzará aun con el silencio del máximo tribunal.

 

 

 

Entre las declaraciones, la causa subió al sistema el terrible testimonio de la jueza federal de San Martín Martina Forns, autora del amparo colectivo contra los tarifazos. “Debo admitir que en mi ya dilatada carrera judicial –ingresé en el año 1978– jamás viví ni observé ni fui víctima ni testigo de un maltrato sistemático semejante por parte de funcionarios de otros poderes, o del mismo Poder Judicial, por haber dictado una resolución en una causa de mi competencia”, dijo. En ese caso, “probablemente apoyados o combinados con un exageradamente agresivo aparato de prensa que tergiversaba hechos, ofendía gratuitamente, difundía falsedades y calumnias, que luego se retroalimentaban mutuamente con lo que decían o hacían los mismos funcionarios”.

El 16 de agosto de 2016, recordó ella, el ministro de Energía Juan José Aranguren defendió el aumento de tarifas ante el Congreso, reivindicó la facultad del Ejecutivo de hacerlo sin audiencias públicas y la descalificó en términos personales. “Esa misma tarde, vecinos de mi barrio de Chacarita encontraron una granada en la esquina de mi casa, fuera del alcance de las cámaras de seguridad que poseo”, dijo. En septiembre de 2016, una de las ventanas interiores del primer piso de su casa recibió otro ataque y destrozó la puerta de la habitación de su hijo. Una persona arrojó excrementos sobre su auto, drones sobrevolaron su patio y sus computadoras fueron afectadas con virus periódicos. “Como dato anecdótico –agregó–, debo destacar que durante esas semanas fui víctima de burlas agraviantes por parte de otros. Era como un círculo vicioso, que impactaba también en las redes sociales –con convocatorias públicas a escraches en nuestros domicilios o hacia nuestras familias–, que terminaban en una denuncia formal, ya fuera judicial o ante el Consejo de la Magistratura. Luego la cuestión iba creciendo en adjetivaciones, agresiones e infamias, aunque en lo sustancial –el supuesto ilícito— nunca se sabía en qué consistía”.

 

 

 

 

 

El ataque desde las redes volvió a ocurrir tras el sobreseimiento de Los Sauces y Hotesur.

 

 

 

Un problema de Justicia

En las jornadas sobre lawfare, Zannini habló de su detención. “Estaba en Río Gallegos. Sabía que (Claudio) Bonadío me iba a detener. El 7 de diciembre de 2017 tenía que hacer algunos trámites personales y noté que un auto me estaba siguiendo. Me fui manejando a la sede de la Policía Federal y les dije:

—Me está siguiendo un auto de color rojo, vengo a que me digan si son ustedes y me quedo tranquilo, porque me van a detener. O a saber si no son ustedes, porque entonces me quieren robar.

Ellos respondieron:

–Quédese tranquilo, doctor, somos nosotros.

Cuando salió, “me voy a casa de unos amigos, y luego me voy a mi casa. Cuando llego no me dejan entrar porque no tenían orden de allanamiento, sino orden de detención”. Entonces, con show montado, lo detuvieron. Así lo recordó: “Me detuvieron a las dos de la mañana, con periodistas, con todo”. Y expresó: "Muchas de estas causas tienen parecidos en otras latitudes, tienen todas la misma matriz. Hay que ver más profundo, por debajo de lo que nos muestran las noticias, para ver qué está generando esto. No lo miremos como un problema sólo político: es también un problema del funcionamiento de la Justicia, que agarró los parámetros de la publicidad y la acción espectacular para la detención, para aplicarlo a todo”.

Cuando alguien preguntó cuál es la salida, Zannini habló de la necesidad de construir consensos serios del lado de la política. Graciana Peñafort arengó en la apertura: “Tenemos que lograr mejorar las instituciones judiciales de nuestro país. Cuando se acaba la ley, empieza el imperio del odio. El odio mata, el lawfare también”.

 

 

 

 

 

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