El crimen del exterminio

 

A poco de producirse el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel impuso un “asedio completo” en la Franja de Gaza y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, prometió dejar el enclave “sin electricidad, sin comida, sin agua”. “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, dijo Gallant. Los acontecimientos posteriores han demostrado que no se trataba de una simple amenaza, sino de la voluntad política de llevar adelante una estrategia fríamente concebida dirigida a privar de alimentos a la población gazatí como forma de castigo colectivo.

Israel ya se enfrenta a una demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, que el pasado mes de enero emitió una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los palestinos de Gaza, entre las que exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a la población de la Franja. A finales de marzo pasado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó nuevas medidas provisionales “en vista del empeoramiento de las condiciones de vida de los palestinos en Gaza, en particular la propagación de la hambruna y la inanición”, exigiendo a Israel que tome “todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar (...) la prestación sin trabas y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente” los gazatíes. El Estado de Israel no se ha sentido concernido por estas órdenes que todavía permanecen incumplidas.

 

 

Niveles catastróficos de hambre

Desde el inicio de la ofensiva en Gaza, los bombardeos incesantes de Israel sobre la población palestina han provocado la muerte de más de 32.000 personas —dos tercios son mujeres y niños— y se calcula que otras 8.000 están bajo los escombros. El 85% de la población ha quedado sin hogar, y en la actualidad, más de la mitad de la población gazatí sufre niveles catastróficos de hambre. Las ONG Oxfam América y Human Rights Watch realizaron un estudio independiente en marzo, que fue enviado a la Administración estadounidense. De acuerdo con las dos ONG, en las primeras seis semanas de 2024, “las autoridades israelíes obstaculizaron más de la mitad de las misiones de ayuda humanitaria previstas para el norte de Gaza”. Asimismo, alegan que Israel ha desarrollado una política deliberada de hambruna y recuerdan que “el derecho internacional humanitario prohíbe a las partes en conflicto provocar de manera deliberada que la población padezca hambre, en particular privándola de sus fuentes de comida o de aprovisionamiento'”. A mediados de marzo, varias agencias de la ONU que participan en la denominada Iniciativa de Clasificación de las Fases de Seguridad Alimentaria alertaron de que la hambruna en Gaza es “inminente”. Consideran que, en la actualidad, más de la mitad de la población gazatí sufre “niveles catastróficos de hambre”.

 

 

Misiles contra la ayuda humanitaria

Según el chef José Andrés, presidente de la ONG World Central Kitchen (WCK), el ataque sufrido por un convoy de su organización, que ha provocado la muerte de siete trabajadores de diversas nacionalidades, es un crimen de guerra que revela el propósito del gobierno de Benjamin Netanyahu de provocar el cese de la ayuda humanitaria en Gaza. La excusa del Primer Ministro israelí de que no ha existido intencionalidad en el ataque no resulta creíble por un montón de circunstancias. La acción armada se produjo en forma contemporánea al bombardeo de la residencia del embajador iraní en Damasco, que prueba la capacidad de las nuevas tecnologías militares que maneja Israel para inferir un daño en espacios milimétricos. En el caso de la caravana de la ONG, se hicieron tres ataques con escasa diferencia de tiempo con misiles disparados desde un dron sobre tres vehículos perfectamente identificados —los tres coches tenían en el techo, en la parte visible, el logo de World Central Kitchen— que circulaban distanciados uno del otro por varios centenares de metros. Es decir que el autor de los disparos tuvo en su pantalla perfecto conocimiento de la acción emprendida y es difícil imaginar que el autor material emprendiera una acción de esta naturaleza sobre vehículos que obviamente no trasladaban “terroristas”, sin recibir autorización de los mandos superiores. Israel ya había lanzado en otras ocasiones ataques contra varios convoyes humanitarios para evitar la llegada de ayuda a Gaza, de modo que esta acción, más espectacular por la nacionalidad de las víctimas, es mera reiteración de otras similares. “No es solo un ataque contra WCK, es un ataque contra las organizaciones humanitarias que actúan en las situaciones más espantosas, donde los alimentos se usan como arma de guerra. Es imperdonable”, ha declarado Erin Gore, la directora ejecutiva de World Central Kitchen.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu afirmó hace meses que Israel no permitiría que “la asistencia humanitaria en forma de alimentos y medicinas desde nuestro territorio llegue a la Franja de Gaza”. Pero además el ejército israelí ha bloqueado en forma permanente la entrada de la ayuda necesaria también desde el sur de Gaza, en el paso de Rafah, frontera con Egipto. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y la UNRWA han denunciado los impedimentos sistemáticos por parte de Israel para bloquear la entrada de camiones que transportaban ayuda humanitaria. Cientos de camiones han visto bloqueada su entrada en forma reiterada al otro lado de la frontera sur de Gaza. El número de trabajadores de la UNRWA muertos en ataques israelíes a las oficinas de la organización de Naciones Unidas para ayuda de los refugiados asciende ya a la escandalosa cifra de 173, incluyendo médicos y enfermeros. En la llamada “masacre de la harina”, del pasado 29 de febrero, las fuerzas israelíes dispararon contra una multitud que aguardaba el reparto de ayuda provocando la muerte de 112 civiles y numerosos heridos. Tampoco Israel ha dado cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 25 de marzo, que exige un alto el fuego inmediato y garantías para la llegada a Gaza de la ayuda necesaria. Si bien Estados Unidos no vetó la resolución como en otras ocasiones, intentó hacer equilibrios diplomáticos afirmando que la resolución “no era vinculante”. Se trata de una afirmación falsa, puesto que siempre se han considerado vinculantes las resoluciones del Consejo de Seguridad, sin perjuicio de que existan dificultades obvias para imponerla coactivamente.

 

 

El ataque al convoy humanitario de World Central Kitchen (WCK) parece haber impactado también en la Casa Blanca. Por primera vez el Presidente estadounidense Joe Biden exigió a Netanyahu un alto al fuego en la Franja de Gaza bajo la amenaza de suspender la ayuda que Estados Unidos viene prestando a Israel. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó al término de una reunión de la OTAN en Bruselas que “el 100% de la población de Gaza necesita ayuda humanitaria y quienes la proporcionan lo hacen poniendo en grave peligro sus propias vidas. El incidente de WCK no fue el primero, pero debe ser el último”. Las advertencias de Estados Unidos parecen haber tenido efecto y el gobierno de Netanyahu anunció que abrirá el paso fronterizo de Erez (norte de Gaza) y utilizará temporalmente el puerto de Ashdod (a 30 kilómetros al norte de la Franja) para la entrada de ayuda humanitaria. Esta iniciativa no evitó que el mismo día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptara en su sede de Ginebra una resolución en la que se pide que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Votaron en contra de la resolución la Argentina y Estados Unidos.

 

 

El crimen de exterminio

El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) considera que es un crimen de lesa humanidad “cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático con una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre los actos considerados criminales, el Estatuto señala el “exterminio” y más adelante añade que por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados anteriormente contra una población civil, “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”. En relación con el crimen de exterminio, “comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Por su parte, el artículo 55 del IV Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra, establece que la potencia ocupante es legalmente responsable de “asegurar el abastecimiento de víveres y material médico a la población”. Esa responsabilidad exige al ocupante que haga “llegar los víveres, el material médico y el resto de artículos necesarios cuando los recursos del territorio ocupado son insuficientes”.

El artículo 8 del Estatuto de Roma determina qué acciones son consideradas “crímenes de guerra”, en cuyo caso la Corte tendrá competencia cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. En la larga enumeración de acciones que son consideradas “crímenes de guerra” se incluyen las siguientes: “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”; “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”; “dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados”; “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea”; “atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”; “el traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio”; “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares”; “dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”; “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra”.

 

 

Opiniones de los expertos

Para Kenneth Roth, ex director de Human Rights Watch, “Israel está cometiendo crímenes de guerra masivos en Gaza”. El antiguo responsable de la organización de derechos humanos considera que la Corte Internacional de Justicia ya ha dictaminado que en Gaza se está produciendo un posible genocidio. Añade que “es importante tener en cuenta que, aunque se hace mucho hincapié en el genocidio, en parte es porque es el crimen supremo y en parte porque fue la vía para llegar a la Corte Internacional de Justicia, no es el único crimen que importa. Israel está cometiendo crímenes de guerra masivos; está cometiendo crímenes contra la humanidad. Son horribles y no deberíamos creer que no importan solo porque puedan no constituir genocidio”.

Por su parte, la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese, en un informe presentando en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, bajo el título de “Anatomía de un genocidio”, le asignó al gobierno de Benjamin Netanyahu la autoría de “actos de genocidio contra los palestinos”. Considera que los actos cometidos por el Estado de Israel “van más allá del crimen de guerra”. Albanese ha destacado el carácter excepcional de lo acontecido en Gaza en los últimos cinco meses: “La flagrante y sistemática matanza de civiles palestinos, el uso de armamento ilegal, la completa destrucción de infraestructura no militar incluidos hospitales, el matar de hambre de forma deliberada, todo ello va más allá de los crímenes de guerra y contra la humanidad que ya se habían visto antes en los territorios palestinos”.

Albanese ha hecho hincapié en la intención deliberada de estos crímenes, que se evidencia con las numerosas declaraciones contra los palestinos de líderes israelíes. La monstruosidad que se está desplegando va acompañada de una narrativa anti-palestina, deshumanizadora, que emana de los más altos estamentos de la sociedad israelí, incluidos altos cargos”, ha añadido la relatora. “El genocidio no es un acto, es un proceso”, ha aclarado. “La historia colonial está llena de ideologías y prácticas genocidas que aspiran a la eliminación de pueblos indígenas y autóctonos, algo que Palestina ha experimentado”, ha puntualizado, a la vez que ha recomendado el embargo de armas a Israel y el despliegue de “presencia internacional protectora” en el enclave palestino.

El informe de Albanese coloca a la Comunidad Internacional ante el espejo de su propia responsabilidad en el drama que enfrenta el pueblo palestino. Acierta cuando considera que el problema de fondo es la ocupación colonial tardía de un territorio habitado cuando ya se habían iniciado los procesos de descolonización. De allí su afirmación de que “durante 76 años Israel ha oprimido a los palestinos como pueblo de todas las formas imaginables, aplastando su derecho inalienable a la autodeterminación demográfica, económica, territorial, cultural y política… que la amnesia colonial de Occidente ha condonado”. Su convocatoria es inequívoca: “El mundo ve ahora el fruto de la impunidad concedida a Israel. El momento de que los Estados actuaran era entonces, como no lo hicieron, ese momento es ahora”.

 

 

 

 

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