El contrabando no es un mito
El desfalco al Estado, del lado de las cerealeras
El contrabando de cereales y soja planificado por grandes empresas no es un mito. Tampoco su estrategia de jugar a los desmemoriados una vez que deben explicar dentro un expediente judicial por qué compraron granos a empresas truchas. “No podemos conocer a todos nuestros proveedores ni lo que hacen”, sostienen los representantes de Vicentin en la causa que se tramita en Reconquista, que investiga el uso sistemático de facturas apócrifas.
¿En serio son convidados de piedra dentro de una trama de evasión? A partir de un relevamiento realizado por El Cohete a la Luna sobre las empresas truchas con la que operó la cerealera, surge que los directivos de esas sociedades –ingresadas en la categoría de apócrifa por la AFIP– tenían no sólo un vínculo directo con Vicentin sino que contaban con una pata en el circuito de la logística, las terminales portuarias y el esquema financiero de Rosario por donde muchas veces se fugan los agrodólares. Un negocio (turbio) redondo.
Lo que sucede con Bunge es otro caso testigo. La jueza María Eugenia Capuchetti tiene una causa por contrabando en la que la Unidad de Información Financiera (UIF) pretende ser querellante, pero la magistrada lo rechaza. Ahora, la Cámara de Casación debe decidir si el organismo que investiga temas de criminalidad económica podría formar parte del expediente. Esta no es la única causa vigente contra Bunge. La Cámara Federal de Córdoba sostuvo, hace un mes, que había que profundizar una investigación por la posible evasión planificada a través de empresas apócrifas. Toda una línea de conducta por parte de las grandes cerealeras.
Tampoco es un mito el contrabando de soja y de cereales a Brasil y Paraguay vía Misiones y Salta, delito que creció exponencialmente según las estadísticas del Ministerio de Seguridad. Una de las hipótesis del organismo que conduce Sabina Frederic es que la soja que cruza del sur al norte del país compartiría cierta logística con las bandas narcos que mueven la droga de norte a sur a través del corredor fluvial terrestre del Paraná. Por eso muchxs prefieren el silencio alrededor de la Hidrovía.
¿Quién te conoce?
Pablo Andrea Neirotti se vende al mundo como una persona de negocios vinculada a Vicentin desde hace 18 años a través de distintas iniciativas y sociedades: líder de proyecto hidroviario dentro de la cerealera, director de Logística Río Arriba S.A. y ejecutivo en Sir Cotton, también tuvo una pata en Terminal Puerto Rosario como gerente general y vicepresidente.
De su curriculum vitae escamotea su paso por el acopio Agroceibal S.R.L. (ex LC Acopio, ex Fidexar Trading) entre 2013 y 2014, cuando también formaba parte de Vicentin.
Del total de 60 empresas declaradas apócrifas por la AFIP y utilizadas por la sociedad quebrada como vehículo para comprar grano en negro y luego solicitar el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco, tan solo 8 acopios concentraron la mayor cantidad de operaciones. Una de ellas fue Agroceibal S.R.L., que en 2016 le facturó a Vicentin 7,8 millones de pesos.
“Los que facturan no son los dueños de los granos”, sostienen desde el juzgado de Reconquista. La hipótesis es que Vincentin se hizo de una determinada cantidad de granos adquiridos de manera informal a través de una serie de intermediarios tan truchos como la maniobra que pretendían pergeñar.
En la auditoria forense incorporada al concurso de acreedores constan siete sociedades que le facturaron a Vicentin 38,2 millones de pesos (Agro MAF S.R.L., Wet Pampa S.A., Crosmar Cereales S.R.L., Agro Comercial Buck S.R.L., AIS Cereales S.R.L., Atuel Cereales S.A. y Praderas S.R.L.). A este conjunto hay que agregarle los 7,8 millones de pesos facturados por Agroceibal.
¿Los directivos de Vicentin desconocían el funcionamiento de Agroceibal? Dentro del expediente judicial, la sociedad manifiesta que las operaciones denunciadas se efectivizaron y se pagaron pero que ellos no pueden conocer todo el historial de sus proveedores. Una versión que no resulta verosímil.
En 2016, en pleno auge macrista, Gustavo Nardelli, uno de los dueños de Vicentin y por entonces director de Terminal Puerto Rosario S.A., había sido invitado a festejar el cumpleaños del animador devenido embajador panameño Miguel Del Sel. La provincia de Santa Fe había conseguido una ruta directa entre el paraíso sojero y el paraíso fiscal a través de la aerolínea COPA. Al viaje inaugural también fue invitado Neirotti, gerente de Agroceibal hasta 2014 y vinculado a Vicentin desde 2003.
Es decir, Neirotti trabajaba para Vicentin y compartía directorio en el Puerto de Rosario con Nardelli, además de haber sido gerente de Agroceibal. Con Javier Padoan, otro de los dueños de Vicentin, compartieron lugar en el directorio de Logística Arriba S.A. Neirotti también fue asesor de Carlos Reutemann en el Senado.
De esta sociedad declarada apócrifa por la AFIP se desprenden otros nombres que tienen vinculación con el circuito financiero de Rosario, como es el caso de Carlos Alberto Rodríguez Ansaldi, quien fuera presidente de BRIO Valores Agente de Liquidación y Compensación S.A., Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A., y del Mercado de Valores de Rosario.
El último socio gerente registrado de Agroceibal es Carlos Alberto Bonansea (2015). Una pregunta a modo de hipótesis: ¿este acopio se creó para servir de vehículo para la compra de grano en negro?
Hasta el cuello
No es la primera vez que Vicentin aparece vinculada a una serie de operaciones de compra-venta de granos a través de empresas fantasmas o apócrifas, creadas con el objetivo de adquirir los granos sin declararlos. El año pasado El Cohete narró parte de la historia de una causa judicial iniciada en Villa María que contó con la intervención de la Delegación de Río Cuarto de la AFIP, en la que se investigaba una asociación ilícita tributaria contra el empresario Fernando Cuello. El pasado 24 de junio llegó la sentencia a seis años y medio de prisión, la segunda condena por asociación ilícita fiscal del país y de Córdoba.
A través de un conjunto de empresas fantasmas, Cuello adquiría grano sin declarar. Llegó a mover más de 1.700 millones de pesos. ¿Quién exportaba esa soja? En su mayor porcentaje salía a través de Vicentin y Bunge. Así lo aseveró la fiscal María Marta Schianni en su dictamen de elevación a juicio oral.
Cuello, en su alegato final antes de escuchar la sentencia, le dio la razón al Ministerio Público Fiscal. “Usted como titular de la PROCELAC habló de la evasión nuestra. Y yo no veo a ningún exportador sentado acá, que fueron los que causaron el daño al Estado. Tampoco a los productores agropecuarios”, sostuvo Cuello, dirigiéndose a Carlos Gonella, fiscal del juicio y ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
“En esta causa se ha demostrado el rol de las agroexportadoras. Es una red de telaraña que se teje de arriba hacia abajo, dijo un testigo especializado de la AFIP. Hay causas donde se investiga a esas grandes exportadoras como Bunge. Este es el eslabón que falta, investigar el rol de las cerealeras en la evasión”, indicó Gonella ante una consulta de El Cohete.
Línea de conducta
Bunge tiene al menos dos causas en su contra. Una está radicada en Comodoro Py, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y fue iniciada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. En el expediente se deberían investigar posibles maniobras de fraude contra la administración pública, delito de evasión agravada y un potencial lavado de activos. Por eso la UIF quiere ser querellante, a pesar del rechazo de la jueza.
Pero en Córdoba tramita otro expediente en donde la Cámara Federal, integrada por Abel Guillermo Sánchez Torres y Liliana Navarro, revocó una falta de mérito contra el ex presidente de Bunge, Plácido Enrique Humanes, y ordenó seguir con una investigación que tiene el foco puesto en la utilización de empresas apócrifas, una mecánica similar a la utilizada por Vicentin.
“Es que la existencia de facturación apócrifa, como comprobante de las operaciones celebradas, se justifica en cuanto intenta fingir una operación que no existió o bien, habiendo existido, el emisor no es quien la realizó. Así, el propósito es lograr una reducción de la carga fiscal”, sostuvieron lxs magistradxs, quienes le reclamaron al juez de instrucción mayores medidas de prueba.
Las empresas apócrifas utilizadas por Bunge serían Lemos, Lobenstein y Asociados S.A. y Porte S.R.L..
“No se investiga a Lemos y Porte por operar granos sin la debida habilitación administrativa. Por el contrario, se señala que ambas empresas fueron creadas con la finalidad de encubrir a los verdaderos operadores del sistema, que efectuaban las operaciones en negro y obtenían ganancias sin abonar los impuestos correspondientes”, sostuvo la fiscal Schianni.
“Bunge contrató o aceptó llevar a cabo las operaciones en cuestión por medio el servicio ilícito que brindaban Porte y Lemos (dado que estas constituían meras pantallas al carecer de la estructura necesaria para llevar a cabo las operaciones comerciales que facturaban), manteniendo oculto al verdadero operador y permitiéndoles de esta forma evadir obligaciones tributarias”, agregó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal.
A Sánchez Torres y Navarro les llamó la atención que una vez que Bunge hacía el pago a las dos empresas denunciadas como apócrifas, sus directivos retiraban el dinero en efectivo de manera inmediata.
“Luce particularmente llamativo, tal como lo sostiene la parte acusadora, que luego de efectuadas las transferencias informadas, estas eran extraídas en efectivo casi Inmediatamente después de acreditadas, lo que pudo permitir a quienes operaban estas cuentas, distribuir el dinero entre la firma que realmente había efectuado la operación comercial y generar los retornos a la firma contratante del servicio, de manera que no quedara registro de las operaciones posteriores a la extracción del dinero en efectivo”, puede leerse en el fallo de la Cámara Federal de Córdoba. Por eso se ordenó seguir con la pesquisa.
Al igual que en el caso de Vicentin, toda una línea de conducta.
Contrabando por el Paraná
“Decir Hidrovía y circunscribirse sólo a esa palabra es negar todo lo que sucede sobre el corredor fluvial, terrestre y aéreo vinculado al río Paraná. El silencio es lo que suele predominar sobre los delitos económicos que ocurren sobre el Paraná”, suele repetir entre sus allegados Carlos Cruz, titular de la UIF.
El tráfico de granos que busca su salida hacia Brasil y Paraguay viene creciendo. No sólo por el incremento de los operativos de las fuerzas federales, sino porque hay una mayor circulación de camiones que pretenden consumar las maniobras de contrabando.
Un temor de las autoridades nacionales es que este tipo de delitos termine por “consolidarse”. Por caso, en Misiones ya se empezaron a detectar campos tradicionales de yerba que mutaron a soja. A esto hay que sumarle los galpones a nuevo que pueden verse en El Soberbio, donde se sabe que se guarda la soja que luego se cruzará a Brasil, país con el que comparte frontera. También se conoce que las bandas llevan el grano en camiones a esos galpones bien identificados, y cuando salen de ahí para cruzar en barcazas, ya lo hacen con bolsas de arpillera escritas en portugués.
Del otro lado del río, sobre Brasil, a simple vuelo de reconocimiento pueden verse los acopios. Hasta el momento no hay investigaciones binacionales, mientras que en las causas en las que sí pudo ingresar la UIF se están indagando en los estudios que arman las cartas de porte truchas. Esa documentación sería una pista certera para dar con el inicio de la cadena de comercialización ilegal.
Muchas de las cartas de porte truchas (o simuladas) que se utilizan para el traslado del grano son anuladas por las mismas personas que las emitieron antes de llegar a destino, como una manera de borrar pruebas, indicaron a El Cohete fuentes del Ministerio de Seguridad. Otra información relevante sería el historial de las cartas de porte dadas de baja, que hasta el momento se encuentra amparado por el secreto fiscal.
La AFIP está trabajando en mejorar la trazabilidad de las cartas de porte e incluso se establecieron guardias de la Dirección General Impositiva (DGI) las 24 horas en las zonas más calientes del contrabando de granos.
Durante enero-marzo de este año, las fuerzas federales de seguridad incautaron 2.529 toneladas de cereales. En el mismo período del año pasado, las incautaciones habían sido de 277 toneladas. El incremento del contrabando fue exponencial: un 812 por ciento más de granos comercializados de manera ilegal.
El cien por ciento de las incautaciones de 2019 se llevó a cabo en la región del noreste argentino (NEA), específicamente en la localidad de El Soberbio (Misiones). El año pasado, el 48 por ciento de los operativos se produjo en la región del noroeste (NOA), específicamente en Salta, donde más del 90 por ciento se concentró en las localidades de Aguaray (40%), Senda Hachada y Embarcación (30%), y Salvador Mazza (25%).
El resto de los operativos del año pasado se realizó sobre la región del NEA, con un 75 por ciento de incautaciones en la localidad misionera de Oberá.
Criminalidad económica
El tráfico de granos y las maniobras ilegales por parte de grandes empresas no son un mito. Tampoco lo es la dificultad que existe para investigar este tipo de delitos económicos y develar las maniobras del primer eslabón de la cadena –el productor que vende en negro– como a las exportadoras que completan la maniobra.
Existen varios factores que terminan jugando a favor del silencio alrededor de estos delitos económicos: la falta de colaboración en el intercambio de información dentro de las burocracias de los diferentes órganos de control, la disparidad de fuerzas entre fiscales que deben investigar en soledad frente al conglomerado de abogados y contadores de las grandes firmas y parte de un Poder Judicial que directamente juega para consolidar la criminalidad económica.
Con la colaboración de Antonella Bartolozzi.
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