El conflicto se amplifica

 

El ataque incendiario perpetrado en Villa La Angostura el 15 de octubre a la madrugada crea condiciones políticas e institucionales para reincorporar al gobierno de Neuquén a las estrategias activas de militarización del territorio. Sin ningún indicio firme probado hasta el momento, José Gerez, titular del Ministerio Público Fiscal neuquino, atribuyó a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) la autoría de las amenazas a un trabajador y el incendio intencional de cuatro máquinas viales de las empresas privadas que realizan una ruta y en uno de sus tramos afectan territorio de la comunidad Paisil-Antreao. La provincia aumentó el número de efectivos policiales tanto en esa localidad como en las vecinas San Martín y Junín de los Andes, lo que se comprobó en el desmesurado despliegue en dos allanamientos realizados en rukas (viviendas) de familias mapuches el domingo 18.

 

 

 

 

La Justicia federal no probó la existencia de RAM en el legajo que inició hace seis años. Ni la Justicia de Chubut ni la de Río Negro esclarecieron ni uno de los al menos cinco atentados a maquinarias viales producidos en localidades de esas provincias y comparables al de Villa La Angostura. Jamás se conoció ninguna pericia caligráfica de ninguno de los panfletos por los que se atribuyeron a RAM hechos vandálicos cometidos en distintos puntos de la cordillera de los Andes. Tampoco nunca llegó a juicio ni se condenó a ninguna persona por la docena de hechos de vandalismo que se usaron en los últimos años para la campaña de demonización del pueblo mapuche en lucha por el territorio tradicional, de acuerdo a nuestro seguimiento de los casos.

Dos varones encapuchados amenazaron con un arma de fuego a un sereno, los mismos que habrían prendido fuego a cuatro máquinas pesadas y un tráiler de Minera CODI S.A.-CONEVIAL Constructora e Inversora-Vial Agro S.A., unión transitoria de empresas (UTE) que realiza la ruta que atraviesa territorio de la comunidad Paisil-Antreao. A unos metros del lugar del ataque apareció un cartel manuscrito identificado como de RAM, aunque no queda claro si lo dejaron los dos atacantes que vio el sereno o una tercera persona. No se secuestró ningún arma en los procedimientos realizados hasta el momento, de acuerdo a lo que el gobierno fue informando a la prensa.

 

 

 

 

El fiscal general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adjudicó el atentado a RAM y aseguró que existe una organización de base indígena que actúa en forma clandestina tanto en la Norpatagonia como en Chile. La secretaria de Seguridad provincial, Marianina Domínguez, fue más cautelosa. Indicó que el hecho guarda similitudes con otros atribuidos a la RAM, pero sin dar por probada la existencia y accionar de una organización.

El conjunto de comunidades nucleadas en la Confederación Mapuche de Neuquén repudió el hecho y el Consejo Zonal Lafkenche (gente de los lagos) convocó a una Mesa por la Paz Social, que se realizó la semana pasada. Por su parte, voceros de la UTE reclamaron medidas de seguridad para continuar con los trabajos, indicando que el valor de las pérdidas rondaría el millón de dólares. Al cierre de esta nota, no se había constituido como querellante en el legajo.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) repudió la sucesión de ataques contra empresas asociadas a la entidad.

 

 

 

 

 

 

Una ruta, muchos intereses

La obra de la ruta de circunvalación se adjudicó en 2012, después de varios años de demora para descomprimir el tránsito pesado en el centro de la zona urbana de la localidad turística. El proyecto fue muy cuestionado por sectores ambientalistas por su impacto negativo, así como por la falta de estudios y audiencias previstas por la legislación vigente. En 2017 comenzaron los trabajos en la traza, que tiene seis kilómetros y medio y que afecta directamente a numerosos titulares de dominio. Muchos cobraron la indemnización por la expropiación de esas tierras.

La Dirección Nacional de Vialidad es la responsable de la obra. Junto con las tratativas con los particulares por las indemnizaciones, inició el reclamo de desalojo judicial de las familias de la Paisil-Antreao asentadas en un sector del trazado. Ese expediente federal se tramita en Zapala a cargo de la jueza Silvina Domínguez, la misma que subroga en Bariloche y cuenta con el Comando Unificado Villa Mascardi desde que desalojó a la Lafken Winkul Mapu con el pretexto de otro incendio intencional, en ese caso a un tráiler de Gendarmería Nacional.

A pesar del compromiso asumido en ese expediente, los funcionarios de Vialidad Nacional demoran la realización de la instancia de la consulta previa, libre y debidamente informada prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Pueblos Indígenas y Tribales. Desde 2015 al presente, las cuatro comunidades de la Zona Lafkenche reclaman por ese incumplimiento estatal. El sector donde se produjo el ataque se lo conoce como El Álamo, por los vestigios de la ocupación tradicional del antiguo lote pastoril 9, compartido por Paisil y Antreao desde hace más de un siglo.

El extremo oeste de la obra, donde enlaza con la ruta, está ubicado junto a otro sector en conflicto. La mole de cemento y una playa de maniobra se levantaron frente al acceso a una franja de la costa norte del lago Nahuel Huapi, donde una familia mapuche logró resistir numerosos intentos de despojo por parte de capitales privados. Uno de los conflictos es con Tije S.A., titular de dominio de una fracción de tierra que es parte del complejo turístico La Posada. El mes pasado, la empresa anunció que cerraba la hostería por falta de seguridad para sus ocupantes, cuando jamás se acreditó ningún hecho de violencia en ese sentido por parte de la gente mapuche. Nada dijo respecto al impacto negativo de la obra en construcción en una plaza donde hasta los edificios educativos se boicotean por el impacto visual y sonoro que afecta al valor inmobiliario. Héctor Vénica, abogado de Tije S.A., llevó el caso al congreso inaugural del espacio Consenso Bariloche.

 

 

 

 

 

 

Todo parece intencional

El 19 de julio de 2016 se incendió intencionalmente al menos una máquina retroexcavadora en un camino vecinal paralelo al río Azul, a unos 10 kilómetros del centro de El Bolsón. La máquina era propiedad de Pampa Energía S.A., valuada en 2,4 millones de dólares, y estaba afectada al zanjeo para el cableado eléctrico subterráneo desde Lago Escondido a El Bolsón.

El 30 de julio de 2016 en El Hoyo, al noroeste de Chubut, fueron incendiadas intencionalmente dos retroexcavadoras en una empresa de turba y aparecieron panfletos de RAM. Más de dos años después, la madrugada del 16 de octubre de 2018, personas encapuchadas incendiaron un obrador con tres máquinas viales de la empresa Hidraco en Villa Mascardi. El cuidador fue maniatado. La prensa difiere en el número de atacantes.

El 8 de noviembre de 2018, en el paraje Golondrinas, al noroeste de Chubut, fueron incendiadas dos máquinas viales pertenecientes a la empresa Contrera Hermanos, que realizaba una obra de ampliación y extensión del Gasoducto Cordillerano. El mismo mes, la empresa Hidden Lake denunció la quema de maquinaria vial, el incendio de la casilla de un vigilante y daños al tendido eléctrico aéreo que lleva la energía desde la central Río Escondido a El Bolsón.

El 1° enero de 2021, en el paraje Mallín Ahogado, atentaron intencionalmente contra máquinas de CN Sapag, que ganó una licitación del Plan Castello. El 3 octubre de ese año, se produjo un ataque al campamento de Vialidad Rionegrina Sociedad del Estado (ViaRSE) en el acceso al cerro Catedral, en Bariloche. Una casilla y máquinas resultaron destruidas.

Finalmente, el 6 de octubre pasado, dos máquinas viales fueron atacadas en un depósito del centro de esquí Piedras Blancas, en la ladera del cerro Otto, Bariloche.

Ningún caso fue esclarecido por la Justicia. Todos fueron juzgados y condenados por funcionarios públicos, dirigentes políticos y empresarios a través de la prensa.

En El Bolsón se inició una trayectoria incendiaria que es previa a RAM, que no concita el interés de la prensa porteña y tampoco obtuvo respuesta judicial hasta el momento.

• En 2009 ardió Radio Activa, medio que cubrió las marchas de oposición al aeropuerto de Joseph Lewis en la recta de El Foyel, que fue aprobada, pero hasta ahora no construida.
• En 2015 incendiaron FM Comarca Andina, propiedad de un integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra que cuestionó especialmente el proyecto de urbanización en el cerro Perito Moreno, como la afectación a la Pampa de Lüdden, vecina a Hidden Lake.
• El fuego al centro comunitario de Mallín Ahogado, que era el lugar donde se reunía la asamblea comunitaria.
• En marzo de 2018 ardió FM Alas, radio comunitaria con más de treinta años en El Bolsón.
• En marzo de este año ardió una cabaña en un camping de la seccional Bolsón de ATE, organización que acompaña el reclamo por el libre acceso al lago Escondido.
• Doce días después, ardió en el paraje Mallín Ahogado una cabaña de madera propiedad de un activista de la asamblea ambientalista regional.

 

 

 

El caso Villa La Angostura

El ataque al campamento CONEVIAL se produjo alrededor de la 1.30, como supo buena parte de la población local que oyó las sirenas del cuartel de Bomberos Voluntarios local. El principal testigo es el sereno, un hombre que hacía pocos días había arribado a la localidad, según una fuente de los trabajadores. En un lugar descampado, con muy poca iluminación, dos hombres atacaron al sereno que ocupaba un tráiler. Uno de ellos portaba un arma de fuego (al parecer corta) en una mano y en otra un objeto que podría ser una botella con combustible, según la descripción que hicieron en conferencia de prensa Gerez y el jefe de la Policía, comisario general Julio Ariel Peralta. Lo amedrentaron y le permitieron irse del lugar. Ya de espaldas, el sereno escuchó un disparo de arma de fuego y vio de soslayo el inicio del fuego, pero no puede asegurar quién disparó ni quién ni con qué se inició el fuego, siempre según la versión de los funcionarios públicos. Así es que la versión de un vocero de la empresa agrega elementos que no se corresponderían con la declaración del principal testigo.

Los funcionarios públicos no dieron precisiones sobre el hallazgo del panfleto manuscrito, ni sobre el levantamiento de huellas o el resguardo de la escena del crimen por la labor de los bomberos.

 

 

 

 

Otro hecho político confluyó en este procedimiento. En la localidad se instaló el comisario inspector Juan Carlos Ibarra, director de Seguridad Interior de Junín de los Andes, para intervenir en el caso. En tanto que el titular de la comisaría 28 de Villa La Angostura, Néstor Catalán, quedó seriamente debilitado por su responsabilidad institucional en el procedimiento del 20 de julio pasado, cuando una guardia bajo su responsabilidad resultó responsable del homicidio de Robinson Gatica Quintriqueo. Por su parte, Ibarra es uno de los responsables de la falta de seguridad en San Martín de los Andes durante el ingreso y fuga de un activista sindical que hirió a una empleada municipal y atentó con arma de fuego contra dos reporteros gráficos el 29 de julio pasado, a plena luz del día. El funcionario público es, además, parte del equipo que no impidió la fuga del autor material de los disparos ni de quienes colaboraron con él.

 

 

 

Tiempo(s) y memoria

Hace un año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) editó “Coordinación represiva contra el pueblo mapuche. Cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas”. El trabajo repasa el aporte de Gerez y Neuquén a la estrategia de criminalización y la judicialización del conflicto.

Según las últimas declaraciones públicas, Gerez no se apartó del marco general que institucionalizó la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sostuvo que el caso de Villa La Angostura tiene el modus operandi de otros anteriores de RAM, cuando no hay ninguno esclarecido, ni en la autoría material ni intelectual. Tampoco parece haber revisado errores propios, como impondría el rigor profesional del cargo que ocupa. En noviembre de 2017 atribuyó a RAM el sabotaje a un pozo de hidrocarburos realizado en la meseta del Yacimiento Centenario (Neuquén), por el que persiguió desde la Fiscalía a un grupo de activistas políticos defensores de los derechos humanos del Alto Valle.

En agosto de 2017 se incendiaron dos vehículos en un predio destinado al depósito de automóviles en Neuquén capital. Dos meses después se inició un incendio intencional en un pozo de la empresa Pluspetrol, emplazado en el sector de la meseta, al Sur de la Autovía Norte, también de la ciudad de Neuquén. La Justicia provincial no pudo probar la autoría de ninguno de los dos hechos. De todos modos, algunas de las viejas armas de caza secuestradas pasaron a engrosar el Informe RAM, una cuasi ficción de creación grupal que el Ministerio de Seguridad de la Nación todavía mantiene como un documento público en su página web. No se conoce que Gerez haya pedido que se modifique la documentación de las páginas 11 y 12 de ese informe, a pesar de que el juez federal Gustavo Villanueva sobreseyó a los seis perseguidos, entre ellos un hombre sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

En ese expediente, el fiscal jefe aseguró que ordenó hacer pericias caligráficas a los volantes adjudicados a RAM, las cuales nunca quedaron acreditadas. En su momento, así lo denunció Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogadxs de Argentina, quien representó a dos de los seis perseguidos. El caso pasó a la Justicia federal, que absolvió al grupo en 2019.

“No podemos permitir que ingrese la RAM a Neuquén”, dijo dos días después del ataque clandestino en Villa La Angostura. Pero, ¿cómo? ¿No había sido RAM la de los dos ataques en ciudad de Neuquén? ¿Acaso no tenía pericias probatorias? El ataque fue “cobarde”, a oscuras, de madrugada, con el rostro oculto –enumeró el fiscal jefe–, elementos que se presentaron en muchísimos otros casos de violencia.

 

 

 

El ataque fue intencional. La dirección de esas intenciones puede conocerse con la identificación de los autores materiales e intelectuales, en la que el fiscal jefe quiere jugar un papel central.

 

 

 

 

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