El conflicto en la Cordillera

 

El conflicto con las fuerzas políticas y económicas que resisten el derecho al territorio del pueblo mapuche-tehuelche se recrea constantemente en la zona andina, reafirmándose en el eje Bariloche (Río Negro)-Esquel (Chubut). Decisiones judiciales y movimientos sociales y políticos se articulan en el tablero cotidiano de la puja de poder, y queda de lado la presunta división e independencia de poderes.

Proponemos mirar en relación algunos hechos de los últimos dos meses:

1. Silvia Little, fiscal federal de Bariloche, elevó a juicio oral y público la causa madre del conflicto de Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi), contra siete mapuches por presunta usurpación de dos lotes.
2. La Administración Nacional de Parques Nacionales (ANPN) retiró la querella en ese expediente, por lo que la fiscalía es la única que impulsa ese juicio.
3. Organizaciones ambientalistas cuestionaron la decisión política de Parques de retirar la querella y seguir en la vía de la solución pacífica del conflicto.
4. La asesora legal de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Florencia Arietto, se presentó en ese expediente solicitando ser querellante en representación de una comunidad mapuche, solicitud rechazada en primera y segunda instancia.
5. La fiscal Little llamó a una mesa de diálogo, para el 20 de este mes, en el expediente que ella misma dio por cerrado y elevó a juicio, para lo que convocó a participar a la asesora legal de Bullrich, a pesar de no ser parte.
6. Juntas vecinales de áreas residenciales VIP de Bariloche, asociaciones empresariales y ruralistas conformaron la Mesa de Consenso Bariloche ante “la inminente pérdida de grandes extensiones de tierra de uso público”. Convocan a un foro “por una Patagonia sustentable y en paz” para el 25 de este mes en el mismo hotel donde Bullrich y los suyos lanzaron públicamente el movimiento anti-tomas en abril de este año.
7. El sábado 31 de julio a la noche, un fuego intencional consumió una cruz junto a un camino dentro de Los Alerces.
8. Horas después, el domingo 1° de agosto, Bullrich subió a su cuenta de Twitter el video grabado en la tranquera de acceso a la Pu Lof Resistencia Cushamen, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado.
9. El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, dispuso personal de la policía provincial para reforzar el portal de acceso del parque. A la vez, Gendarmería aumentó el número de efectivos apostados, ante los reclamos por sucesos de vandalismo.
10. La última semana, sectores de Esquel y Trevelin convocaron a concentrarse y marchar, este domingo 8, en defensa del Parque Nacional Los Alerces, para lo que exigen que el gobierno nacional cumpla con la ley de su creación. Anunciaron que participarán “pobladores de Villa Mascardi que sufren usurpaciones y violencia”.

 

 

 

 

Falta un muerto en la historia oficial

El relato del poder hegemónico pretende convertirse en verdad jurídica en el teclado de Little para el caso del conflicto territorial en Villa Mascardi. El 25 de junio presentó su pedido de elevación a juicio contra seis mujeres y un varón mapuche por la presunta usurpación de dos lotes inscriptos como de propiedad de Parques Nacionales. Imputó hechos realizados entre el 10 de noviembre de 2017 y el 23 de ese mismo mes, cuando fracasó el intento de desalojo por la fuerza de la lof Lafken Winkul Mapu. Ese recorte temporal dejó afuera los dispositivos represivos de los días posteriores, especialmente el del 25 de noviembre, cuando integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina disparó por la espalda, quitándole la vida a Rafael Nahuel e hiriendo a Joana Colhuan y Gonzalo Coña.

La supuesta víctima de esta reivindicación territorial, la ANPN, planteó “en reiteradas oportunidades en este proceso, que no tiene intención de criminalizar a los imputados sino, por el contrario, abordar el conflicto desde un lugar alternativo a la vía penal”. Así lo sostuvo la Asociación Gremial de Abogad@s al solicitar el sobreseimiento del grupo, que fue rechazado. El Estado nacional tampoco inició reclamo por la vía civil. Un eventual juicio no modificará la situación, señaló la gremial, ya que “la ocupación de tierras de titularidad de Parques Nacionales, que la comunidad reivindica como parte de su territorio ancestral, no es percibido por los sindicados como un delito. La eventual imposición de una pena por estos hechos, sólo profundizará la distancia entre las partes involucradas”.

Para su hipótesis, la fiscalía tomó testimonios de actores con sus propios intereses directos en el conflicto o estratégicos en el acaparamiento de tierras. Un guardaparques aseguró haber sido violentado y se prestó a identificar a personas con la identidad resguardada con pasamontañas, con dichos de terceros que ni siquiera estaban en el lugar. La misma persona es uno de los representantes de la comunidad mapuche Wiritray que insiste en ser querellante en este expediente con el patrocinio Arietto y de Ernesto Saavedra, el abogado despedido por el Obispado de San Isidro por hacer apología del genocidio llamado “Conquista del Desierto”.

 

 

 

Alfredo Luis Iwan prestó declaración como abogado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), afectada por el corte supuestamente intencional del suministro por parte de la Winkul durante los primeros días del reasentamiento. Iwan es un activo actor del acaparamiento de tierras. Integró los directorios de Estancia Alicurá S.A. cuando el norteamericano Herman Warden Lay era el propietario de ese campo ubicado en Neuquén, y de la Yvelina S.A., del grupo belga BURCO en la cordillera de Chubut. También fue vicepresidente de Altec S.A., empresa de tecnología propiedad del Estado de Río Negro, y es integrante de la comisión directiva del Colegio de Abogados de Bariloche, sólo por mencionar algunos de los espacios de poder a los que pertenece.

 

 

Pinza fiscal

La fiscal pidió unificar tres expedientes por distintos lotes en conflicto en Villa Mascardi, al sur de Bariloche, lo que fue rechazado. Dio por fracasada una mesa de diálogo por la presunta usurpación del lote a nombre de la Unión Personal Superior de Gas (UPS Gas), que está hipotecado. Aun así, el lunes 2 de agosto convocó a una nueva mesa de diálogo para encontrar una vía de solución alternativa para el 20 de este mes. Su convocatoria es prometedora, al menos para la cobertura de prensa, ya que será presencial en Bariloche con invitados de perfil alto.

Llama la atención que convocó al diálogo a lxs siete imputados por el caso “madre”, que ya está elevado a juicio por ella misma. Por esos hechos convocó al presidente del directorio de la ANPN, al presidente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) y a la abogada del organismo, pese a que retiraron la querella. El 2 de julio se venció un plazo y Parques no se presentó como querellante, confirmando en el expediente la decisión política tomada días antes por resolución.

Invitó a Betiana Cendón, fiscal jefa de la Circunscripción Bariloche, donde fueron giradas dos causas: la de presunta usurpación del establecimiento “La Escondida” de Magdalena Giménez Tournier, financista, y del predio del Obispado de San Isidro, que paralizó su querella a partir de la intervención de sus pares de la Patagonia. Con esa misma tarjeta puede ingresar al diálogo John Grehan, esposo de Giménez Tournier, agente inmobiliario y activista del movimiento anti-tomas. Por esa vía ya no tiene lugar Saavedra, “El Chino”, ya que el Obispado prescindió de sus servicios cuando releyó sus escritos racistas en el expediente.

Little le abrió la puerta a Saavedra y Arietto como pretensos querellantes en representación de Wiritray, ya que la negativa de Cámara recién quedará firme en unos días más y, hasta entonces, son invitados. Wiritray está asentado en la costa opuesta del lago Mascardi: su reivindicación territorial no alcanza el espacio de la Winkul. Con presencia permanente y continua en el lugar, Parques jamás le reconoció el título de propiedad comunitaria ni permitió su desarrollo tradicional con animales. El uso del juzgado federal, de Parques y de una asociación de guardaparques de los intereses particulares de esta comunidad es uno de aspectos más vergonzosos y tristes de este conflicto, que horada las heridas de los más débiles.

Finalmente, la fiscalía convocó a Inés Marabolis, titular de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi, que es representante directa de la posición de la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), así como también a Horacio Pietragalla y Mariano Przybylski, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

 

Más mesas, menos diálogo

El 30 de julio se lanzó la Mesa de Consenso Bariloche con las juntas vecinales de Villa Mascardi, Pájaro Azul, Nahuel Malal y Llao Llao; las cámaras de Comercio y la de Turismo; la Asociación de Hoteleros; el Club de Rugby Los Pehuenes y la Sociedad Rural local. Manifestaron “especial preocupación el proceso de reconocimiento de la ocupación de 2.900 hectáreas que actualmente tiene en custodia el Ejército Argentino, donde se proyecta un parque central”. Aluden al proyecto de la gobernadora Carreras y a los territorios reivindicados por las comunidades Tambo Báez, Millalonco-Ranquehue, Trypay Antú y Celestino Quijada. Se plantearon como objetivo “asegurar la condición jurídica de las tierras públicas de Bariloche y el libre acceso, uso y goce de dichas tierras”, en total coincidencia con los del proyecto Propiedad Privada Patagonia (PPP), canalizado por la Fundación para la Naturaleza del Futuro (FuNaFu).

La urbanización Pájaro Azul está ubicada a la altura del kilómetro 10 sobre la costa del lago Nahuel Huapi. A continuación, Nahuel Malal sobre el kilómetro 12, costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, y Llao Llao, en la península homónima y en difícil digestión con la comunidad Tacul. Por su parte, el club Los Pehuenes emplazó su cancha de rugby sobre tierras públicas municipales sin que se conozcan sus aportes a la comunidad como contraparte del compromiso del comodato, indicó una fuente que conoce ese expediente.

Con un programa político similar, la semana pasada emergió un grupo de vecinos autoconvocados de Esquel y Trevelin en defensa del Parque Nacional Los Alerces. Por las redes sociales armaron un documento crítico con el gobierno nacional y la gestión local de Parques ante la reivindicación territorial de la comunidad Pailako. Son referentes locales del comercio y prestadores de servicios turísticos, trabajadores estatales del mismo organismo y pobladores criollos con sus propios derechos adquiridos, según fuentes del lugar. La convocatoria es en un cruce de rutas a unos 8 kilómetros de la sede de la intendencia del parque, donde se leerá un documento que ya circula por las redes.

 

 

Pailako se reasentó en enero del año pasado. La Justicia Federal inició una causa por presunta usurpación contra uno de sus integrantes. Hasta fines del año pasado se mantuvo una mesa de diálogo con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que este año no funcionó. En los últimos meses se reavivó la tensión, sobre todo, por un puente interno de uso frecuente por parte de los pobladores, que está cortado.

Existen grupos de hecho, alianzas locales que expresan el conflicto. Mascardi y Los Alerces –en modo incipiente– muestran las limitaciones y las posibilidades de la democracia real, el abismo entre la retórica del diálogo y la falta de construcción de herramientas de negociación válidas para sectores que se escapan de los moldes reconocidos.

 

 

 

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