El comienzo del genocidio

 

En febrero de 1975 y a través de un decreto secreto, la Presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó el inicio del Operativo Independencia. El documento oficial ordenaba realizar operaciones militares, de acción cívica y psicológica a “efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Cuatro días después de la firma del decreto, unos 1.500 militares fueron trasladados a la zona sur de la provincia y asentaron allí sus bases. “Un día ha llegado toda una tropa de más de tres cuadras de largo, con todo: camiones, Unimog, todo. Ellos han venido y se han instalado de prepo, no han preguntado a nadie y se han instalado”. Así cuenta la ocupación Juan Carlos Dip, que en esa época tenía almacén en Caspinchango, uno de los poblados del sur. Como él mismo recuerda, no era la primera vez que los pobladores de esas zonas veían aparecer efectivos con armas en camiones y helicópteros. Ya habían estado ahí la Policía Federal, la policía provincial y también el Ejército. Esta vez se quedaron.

El Ejército desplegó en la zona un verdadero “escenario de guerra”: se instalaron trincheras y puestos militares en todo el territorio, establecieron estrictos controles en cada uno de los pueblos y en las vías que los comunicaban, y comenzaron a arreciar los secuestros y desapariciones.

Ese operativo se publicitó como una iniciativa antiguerrillera. En efecto, el despliegue se hizo en la zona donde se había instalado desde 1974 la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Allí quedó concentrada la zona de ocupación militar de la provincia y en ese sector se instaló el principal Centro Clandestino de Detención (CCD) de Tucumán: la Escuelita de Famaillá. Sin embargo, la represión se extendió mucho más allá del sur tucumano: se instalaron espacios de detención clandestina por todo el territorio provincial y allí fueron trasladadas las personas secuestradas en Tucumán y en las provincias limítrofes.

Las víctimas se cuentan (se siguen contando) de a decenas. La base de datos con la que se trabajó en esta investigación registra 1.508 víctimas entre 1974 y 1983. La mitad fue secuestrada antes del golpe de Estado y mantenida en cautiverio en alguno de los 60 espacios de detención clandestina que funcionaron en la provincia en ese entonces.

El Operativo Independencia no solo incrementó la represión que había comenzado a intensificarse a partir de la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. También cambió sus formas. Este cambio se registra tanto en la metodología represiva como en el carácter de la fuerza represora: la práctica de secuestro y desaparición forzada de personas, que ya se venía utilizando de manera esporádica, se convierte en un mecanismo sistemático y planificado cuyo dispositivo principal será el Centro Clandestino de Detención. Y el Estado vuelve a centralizar a través de sus instituciones la dirección de las acciones represivas desplegadas hasta entonces a través de la Triple A y otras fuerzas parapoliciales y paramilitares.

 

 

 

 

 

Un acontecimiento incómodo

Esta dimensión novedosa de la represión desplegada durante el Operativo Independencia fue denunciada muy tempranamente y reconocida en el informe de la Comisión Bicameral que investigó los crímenes de Estado en Tucumán. Pero no hubo condiciones de escucha sino hasta muchos años después. Es que el Operativo Independencia ha sido (y, en parte, sigue siendo) un acontecimiento incómodo.

Hay dos elementos que lo vuelven difícil de abordar. Uno: evidencia que la instalación de campos de concentración y de la política sistemática de desapariciones forzadas no comienza con el golpe de Estado sino durante un gobierno constitucional, gobierno que ejercía un sector del peronismo. Por añadidura, cuestiona una asociación relativamente tranquilizadora que liga asesinatos estatales a dictaduras militares y reserva el terreno calmo para el Estado constitucional de derecho.

Dos: el Operativo Independencia vuelve insoslayable la discusión, aún áspera, sobre las guerrillas revolucionarias en general y la guerrilla rural del PRT-ERP en particular. El lugar de la guerrilla en la explicación del desencadenamiento del genocidio es un tema de discusión que, claramente, no se reduce a la realidad tucumana. ¿Fue la guerrilla una excusa y el verdadero fin era barrer con toda resistencia posible al modelo neoliberal? ¿Se trató de una reacción defensiva de las fuerzas del régimen que vieron en las guerrillas y el movimiento popular una amenaza al statu quo? ¿Aceleró y/o intensificó la guerrilla un proceso represivo que tarde o temprano iba a producirse, como lo demuestran otros países de América Latina donde hubo dictaduras represivas sin que hubiera guerrillas?

Todas estas preguntas se plantean a nivel nacional. La diferencia es que pueden barrerse bajo la alfombra de “las resistencias de todo tipo” como explicación última de la violencia genocida. En Tucumán no es tan fácil omitir esta discusión por la co-presencia de dos hechos: la instalación de centros clandestinos de detención un año antes que en el resto del país y la presencia de la única guerrilla rural que existía en ese momento en la Argentina: la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del PRT-ERP. Dicho de otro modo: cuando uno intenta explicar por qué en Tucumán la política sistemática de desaparición forzada comienza un año antes, algo tiene que decir sobre la guerrilla.

Aunque no haya sido trabajado directamente, este problema impulsó la construcción de este libro; funcionó como su horizonte político. El problema explícito que aborda, en cambio, es el reseñado con el número uno: intenta demostrar que el Operativo Independencia desarrollado entre febrero de 1975 y marzo de 1976 en Tucumán fue el comienzo del genocidio perpetrado en la Argentina.

 

 

¿Por qué el comienzo?

El libro hace una reconstrucción minuciosa de la mecánica represiva desplegada en Tucumán durante 1975, haciendo foco en las fuerzas represivas, los espacios que montaron y las víctimas que produjeron con esa actividad. Con ello muestra que el Operativo Independencia fue el momento de emergencia (y puesta a punto) de una nueva forma de castigo estatal que es estructuralmente igual a la que se desarrolló en dictadura.

Hablar de momento de emergencia significa trazar una frontera. O, mejor, correrla. Es que el Operativo Independencia, con su saga de desaparecidos y centros clandestinos, suele quedar ubicado en un punto liminar. O aparece como el clímax de la represión estatal antes del gobierno militar o es citado como el antecedente más cercano, la antesala más próxima a las metodologías propias de la dictadura. En ambos casos, el límite que marca lo cualitativamente distinto continúa siendo el golpe de Estado.

El libro procura mostrar que el cambio cualitativo en las formas represivas en Tucumán no se produjo con el golpe de Estado sino con el comienzo del Operativo Independencia.

Después del golpe de Estado cambia la forma de gobierno, pero no la forma de ejercicio de la violencia estatal. La instauración de una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas implica transformaciones que van mucho más allá de la organización del poder punitivo de Estado. Por eso no estoy diciendo que “todo es lo mismo”; solo lo es la naturaleza del poder represivo. Para ser más específica diré que en Tucumán el golpe de Estado no transformó los rasgos estructurales de la represión estatal.

 

 

¿Por qué un genocidio?

El Estado reprime desde que es Estado, incluso reprimió para llegar a serlo. Por eso, cuando hablo aquí del comienzo de una nueva forma de castigo estatal no me refiero al “comienzo de la represión” sino al inicio de una manera particular y novedosa de hacerlo.

La manera más evidente de identificar esa novedad es la instalación de Centros Clandestinos de Detención (CCD). Sin embargo, sería un error considerar que el CCD, con su sola presencia, explica esta novedad. Es tan solo un índice: así como el sistema penal moderno no se explica con la cárcel, aunque esta sea su institución central, la nueva modalidad de castigo no se explica solo con el CCD, aunque sea este su corazón.

¿Qué significa afirmar que esta nueva forma de castigo estatal es un genocidio? La pertinencia de este concepto para el análisis del caso argentino es objeto de un amplio debate, que está lejos de haberse saldado. No entraré aquí en esas discusiones. Mi objetivo es exponer aquello que considero el aspecto central del concepto de genocidio, aquel que estructura la mirada general de este libro.

Tal como lo desarrolló en 1943 el jurista y creador del término Rafael Lemkin y lo reformuló el sociólogo argentino Daniel Feierstein, el concepto sociológico de genocidio tiene como elemento distintivo situar a la violencia estatal y al exterminio como parte de una estrategia más amplia de dominación. Porque la esencia del genocidio no está necesariamente en las muertes que produce sino en lo que se propone con ellas: transformar y someter a quienes quedan vivos.

Esto quiere decir que el genocidio produce desaparecidos, sobrevivientes, asesinados, niños apropiados y toda una amplia lista de represaliados, pero que no se detiene allí. Al mismo tiempo y utilizando el terror que esas prácticas generan, transforma a quienes quedan vivos, tiende a producir sujetos obedientes y, en lo posible, identificados con quienes detentan el poder, aspira a modificar de manera duradera aquello que las personas solían considerar bello y feo, bueno y malo, justo e injusto.

 

 

Una estrategia de poder

Este enfoque ha moldeado la manera de estudiar las víctimas directas, los espacios clandestinos de detención y la forma de despliegue de las fuerzas represivas. El corazón del aparato represivo ha sido abordado en su carácter de emisor de un mensaje cuyo destinatario no es el cuerpo de la víctima. Es por eso que no he estudiado el funcionamiento interno de los centros clandestinos de detención sino su distribución en el territorio y el vínculo con sus entornos, por ejemplo.

Pero ese “afuera” no fue solo el destinatario de un mensaje, ni el simple observador de aquello que les sucedía a las víctimas directas. La violencia estatal sobre determinados cuerpos fue el corazón de la estrategia de poder, pero no su único elemento. Durante el Operativo Independencia, en el sur tucumano hubo, por ejemplo, censos poblacionales, controles de circulación, actos cívicos militares, torneos deportivos, campañas de vacunación, reparación de escuelas y hospitales, entrega de pensiones a discapacitados y casamientos colectivos para evitar que las parejas “vivieran en el pecado”.

Hubo todo un conjunto de medidas destinadas a controlar la circulación en el espacio de los cuerpos y las cosas. Algunas se implementaron en toda la provincia, como los controles de rutas, mientras que otras fueron exclusivas o más intensas en el sur tucumano, como los censos poblacionales, la emisión de carnés de identificación y el control de tenencia de alimentos, medicamentos, equipos de radio, entre otros.

Y también se registraron toda otra serie de políticas destinadas a la asistencia de la población. Junto con su finalidad más evidente de legitimar la intervención del Ejército, estas políticas implicaron nuevas formas de interpelar a quienes eran objeto de asistencia. Ya no se le hablaba al trabajador sino al “buen pobre”; ya no se apuntaba a garantizar derechos sino a prevenir la subversión.

La apuesta de este libro es reunir todas estas aristas para demostrar que el Operativo Independencia fue una estrategia compleja de poder cuyo objetivo no fue solo aplastar a las guerrillas y a las luchas sociales sino, también, modificar una cultura contestataria.

 

 

 

FICHA TÉCNICA

Tras las huellas del terror: el Operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina

Ana Sofía Jemio

Buenos Aires, 2021

Editorial Prometeo

Colección Pasados Presentes, dirigida por Débora D´Antonio

284 páginas.

 

 

 

 

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