EL COMANDO SUR SE VA A LA GUERRA
Perfume de mujer en la coordinación estadounidense hacia Subamérica
El jefe del Comando Sur del Pentágono, almirante Craig Faller, concluyó la última semana su gira de despedida en República Dominicana, participando de la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe (CANSEC) junto a referentes militares de países comprometidos en los objetivos de Washington de aislar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y al mismo tiempo obstaculizar y/o coartar los vínculos de cooperación de China y Rusia con la región.
Un mes atrás el almirante Faller se presentó ante el comité de seguimiento de las actividades de defensa del Senado, en Washington, para brindar su visión sobre la situación del área que el Pentágono se arroga como de su incumbencia soberana, tal cual queda graficado en el escudo que exhibe el Comando.
En ese informe del 16 de marzo, el jefe del SOUTHCOM advierte a los legisladores: “Este hemisferio está siendo atacado. Los principios y valores democráticos que nos unen están siendo activamente socavados por las violentas Organizaciones Criminales Transnacionales (ECT), la República Popular China y Rusia”. Más adelante agrega: “Estamos perdiendo nuestra ventaja posicional en este hemisferio y se necesita acción inmediata para revertir esta tendencia.” Según el posicionamiento de Faller, las amenazas detectadas incluyen a los Actores Estatales Regionales (AER) malévolos –como Cuba, Venezuela y Nicaragua– que perpetúan la corrupción y desafían la libertad, abriendo la puerta a Rusia y a China.
Faller le solicitó al Senado un financiamiento específico para desplegar agregados militares en las embajadas, dado que “en el hemisferio es mejor no tener bases permanentes sino lugares donde podamos entrar y salir y trabajar con nuestros socios en su capacitación y preparación”. En el mismo informe, advierte que “otra capacidad necesaria para superar a nuestros adversarios en la región, es la inteligencia. Debemos recopilar información en todos los ámbitos y compartirla con nuestros socios si es posible”.
El informe brindado por Faller fue el último de su gestión. El Presidente Joe Biden anunció el último 8 de marzo que la próxima jefa del Comando Sur será la teniente general retirada Laura Richardson.
El SOUTHCOM es uno de los nueve comandos militares en que se divide la fuerza militar estadounidense, y comprende un área de influencia que va desde México hasta la Antártida, con sede en Miami (México corresponde al Comando Norte). El día de la nominación de Richardson, durante una actividad en la Casa Blanca en la que participaron Biden, la Vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Defensa Lloyd Austin, se buscó exteriorizar una falsa perspectiva de género, acorde con los emblemas en boga del neoliberalismo cultural. La presentación de Richardson, y de la nueva jefa de la Fuerza Aérea, generala Jacqueline Von Ovost, se inscribe en el intento de disimular el énfasis guerrerista explícito de la política exterior de Washington, absolutamente ajeno a una ética del cuidado, la praxis histórica de resistencia de las mujeres frente al modelo de apropiación y control de los territorios y los cuerpos.
El modelo globalista de los demócratas busca legitimarse sobre la base de la promoción de la diversidad y la validación de los derechos humanos, mientras sobreactúa una firmeza discusiva apta para ser digerida por el trumpismo aún encumbrado. Desde esa perspectiva, Biden apela en forma demagógica –al igual que lo hizo antes Obama– a la iconografía de las libertades civiles con el objeto de incentivar a los agitadores de Región Administrativa Especial de Hong Kong y promover, al mismo tiempo, el secesionismo de la minoría musulmana de los uigures, en la región de Sinkiang. Para ese cometido, diferentes ONGs y fundaciones despliegan una intensa labor en ambos territorios, empoderando y financiando a grupos descontentos y a los medios de comunicación que les brindan difusión y cobertura.
La confrontación geopolítica ha sido planteada por Washington ante el crecimiento incesante de la economía de Beijing y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Mientras el Departamento de Estado busca invisibilizar el deterioro de su competitividad en las áreas productivas más dinámicas, se empecina en encubrir la contienda como un choque de civilizaciones entre democracias y autocracias. Sin embargo, las causas que explican el posicionamiento del Departamento de Estado remiten básicamente a que en 2019 China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de cuatro países de la región (Brasil, Chile, Perú y Uruguay), y a que Beijing escaló al segundo puesto como socio global de la región por detrás de Washington.
Armas y economía
Entre 2002 y 2019, los intercambios de Beijing con América Latina y el Caribe pasaron de 17.000 a 315.000 millones de dólares. Y desde que la pandemia se instaló en 2020, China comprometió mil millones de dólares en préstamos para adquirir insumos sanitarios, mejorar la infraestructura médica y proveer vacunas para enfrentar la Covid-19. Durante ese mismo lapso, Washington entregó a la región financiamiento por la décima parte de lo otorgado por Beijing, unos 100 millones de dólares. Las visitas de Faller a Uruguay, Argentina y República Dominicana no incluyeron la donación o provisión de vacunas, pese a que Washington tiene un porcentaje de vacunados superior al de China. Este último país inoculó al 16 % de su población y Estados Unidos al 60 %. Desde la aprobación de las vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud, el país asiático derivó un 50 % de su producción total al sudeste asiático, África, América Latina y el Caribe.
A pesar del formidable gasto militar, Washington es el único integrante del club de los 36 países más ricos que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no ofrece cobertura universal sanitaria. Casi 30 millones carecían de seguro médico antes de la pandemia y otros 25 millones dejaron de contar con cobertura durante la pandemia debido a los despidos.
La hostilidad de Estados Unidos hacia el gigante asiático posee más de dos décadas de antecedentes. En los primeros años del presente siglo, George W. Bush (hijo) financió el rearme militar de Taiwán con el objeto de generar disputas fratricidas. En 2009 Barack Obama se dedicó a obstaculizar la cooperación sino-japonesa y el Pentágono se opuso a la aspiración de Tokio de clausurar la base militar en Okinawa. Durante la presidencia de Donald Trump se intensificó la guerra comercial y tecnológica y se multiplicaron las sanciones contra empresas y funcionarios corporativos. Entre estos últimos, los integrantes del directorio de Huawei, la compañía con mayor cantidad de patentes vinculadas con la tecnología 5G. Para interrumpir el desarrollo del sudeste asiático, la actual administración de Biden continúa con el objetivo trazado por Trump de conformar una OTAN del Pacífico, articulando las 25 bases que Washington dispone en Japón junto con las 15 que mantiene en Corea del Sur. Se pretende completar esa red bélica con el aporte de Australia y la India.
A fines de 2019, el presupuesto militar de Estados Unidos alcanzó los 732.000 millones de dólares y el de China una tercera parte, 261.000 millones. Washington posee 4.500 cabezas nucleares contra 260 de Beijing. Las inversiones en aparatología bélica dispuestas por la Casa Blanca suman una cantidad mayor a los diez países que le siguen en términos de financiamiento militar. Su presupuesto es 10 veces superior al de Rusia y, para el año fiscal 2021, se prevé un gasto superior al dispuesto por Donald Trump en su cuatrienio. Se presume que Washington posee 800 bases militares esparcidas por todo el mundo, dedicadas a gestionar proyectos variados.
Pese al peligro denunciado por los referentes del Comando Sur respecto a China, en América Latina y el Caribe solo existe despliegue de fuerzas militares estadounidenses. En Colombia se asientan siete bases, y dos en Aruba y Curaçao. En Honduras opera la Base Aérea Soto Cano; en Lima, el Naval Medical Research and Development y en Chile, el Centro de Entrenamiento de Fuerte Aguayo ubicado en Valparaíso. Además han desarrollado innovadores programas como el que ofrecen en el Law International Enforcement Academies (ILEA), financiado en forma directa por el Departamento de Estado, con soporte académico del Departamento de Justicia y el Pentágono, en el que se ofrece formación y capacitación de jueces, organismos se seguridad, periodistas y funcionarios políticos en la más novedosa de las instrucciones desplegadas en el continente: la guerra jurídico-mediática. Otra de las sedes de ILEA se encuentra en Bangkok, Tailandia, donde se entrena a centenares de alumnos provenientes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, en el arte de defender los derechos humanos y resistir las políticas de Beijing.
La Guerra Fría del Siglo XX se expresó en términos militares, geográficos e ideológicos, aunque incluía los obvios componentes estructurales de índole económica. El actual conflicto planteado por Estados Unidos se presenta –de forma palmaria– como productivo y tecnológico. Este escenario pone en disputa el liderazgo financiarista-neoliberal instaurado desde mediados de la década del '70 del siglo pasado cuando se buscó aniquilar al Estado de Bienestar y a la clase obrera que crecía en su seno.
La lógica capitalista apeló en varios periodos de los dos últimos siglos al conflicto bélico para maximizar sus modelos de acumulación. En la actualidad, ese designio está limitado, al igual que en la Guerra Fría, por la sobreabundancia de misiles nucleares. Pero –a diferencia del enfrentamiento que se dio con la URSS, cuando las estructuras productivas poseían velocidades y complejidades disímiles– el tiempo no parece jugar a favor de Washington. La innovación, la productividad y la sinergia entre Ciencia y Tecnología se han mudado desde el Atlántico al Pacífico.
Antonio Gramsci objetivó épocas de transición como las que se observan: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.
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