El chiste de los barbijos

 

En estas últimas semanas dos escándalos se desataron por operaciones de compra en el gobierno porteño, ambos en el marco de la pandemia Covid-19.

El primero por la adquisición de “tapabocas” con $ 200 millones de sobreprecio, a través de dos empresas intermediarias (E-ZAY y AMICBRO) que le compraron a CINMOR SRL 6 millones de barbijos por $ 68 y $ 77, respectivamente, y cuyas actividades societarias son los insumos de computación.

Lo que termina de cerrar el círculo del asombro es que la tercera compra el gobierno de la Ciudad la hizo directamente a CINMOR SRL, por $ 35 cada barbijo, habiendo abonado previamente el doble en cada una de esas operaciones.

El chiste arrojó un saldo de 200 millones.

El segundo, la compra de 15.000 barbijos marca 3M de alta eficiencia por un total de $ 45 millones, a razón de $ 3000 por unidad, a la firma GREEN SALUD S.A. cuyo director es el abogado Ignacio Saenz Valiente. Ese modelo de barbijo asciende, en el mejor de los casos, a $ 1.100 pesos en plaza.

Hasta aquí un tema de innegable sobreprecio por medio de compra directa, si no fuera por la consabida relación de Ignacio Saenz Valiente con Rodrigo Miguel, hermano del Jefe de Gabinete del GCBA. Ya había sido director de la asociación civil “El Club de la República” cuando Rodrigo Miguel era presidente, y actualmente también son socios en Green Ocean & Insurance, empresa de seguros.

No es la única ocupación de Saenz Valiente. También es director ejecutivo del Grupo Clarín y de la firma Telecom, dos empresas de estrechos vínculos con la alianza oficialista Juntos por el Cambio, signadas por su labor evangelizadora del testamento de la doble moral a la hora de hablar de corrupción.

Green Salud se constituyó recién en octubre 2019  y a poco de surgir resultó beneficiada con la compra millonaria de barbijos.

Una sociedad que tiene un capital social de $ 100.000, menos del 1% del monto de compra. Es llamativo que una entidad infracapitalizada tenga los fondos suficientes para adquirir 15.000 barbijos, a menos que se trate de una sociedad fantasma creada al solo efecto de soterrar vínculos insoslayables con funcionarios del gobierno comprador.

Ya hay denuncias penales por defraudación a la administración pública al subsecretario de Administración de Salud de CABA, Nicolás Montovio, quien autorizó la compra de elementos de seguridad personal en el contexto de una pandemia, utilizando esa circunstancia como justificación eximente en el pago de precios irrazonables y en perjuicio de la administración local.

La explicación del GCBA fue que las licitaciones quedaron desiertas, un argumento endeble si se tiene en cuenta que se trata de un artículo de venta masiva en el mercado virtual.

 

 

 

Contratación Directa, ven a mí

La Ley de Compras y Contrataciones del GCBA (2095) fue sancionada en 2006, pero el sistema fue modificado por el Decreto 433/16 cuando Horacio Rodríguez Larreta amplió las posibilidades de contratación directa sin licitación ni compulsa de precio.

Esa ley –como en todo sistema de compras y contrataciones pública que se precie de tal—, establece el principio de economía en las adquisiciones, pues dispone que toda compra o contratación debe estar regida por criterios de austeridad y ahorro en el uso de los recursos.

La utilización masiva de esta metodología de compra y contratación (que selecciona directamente al proveedor, debiendo fundarse la medida en razones objetivas que justifiquen la urgencia), no es nueva para el caso de los barbijos.

En septiembre de 2015 se conocieron las millonarias contrataciones del GCBA –en ese entonces encabezado por Mauricio Macri—, a la empresa del periodista y primer candidato a diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro. A esos contratos que ascendieron a más de 21 millones de pesos, se llegó tras la vía de la “contratación directa”.

 

 

La ficción legal, instrumento del fraude

La constitución recurrente de sociedades comerciales con la finalidad de velar el único sujeto que la constituye, nos lleva directo a la cuestión de la naturaleza y finalidad de las ficciones legales.

Las personas jurídicas en general, y las sociedades comerciales en particular, fundamentan su existencia para cumplir un objetivo social.

Es esta invención la que permite tener a instituciones incorpóreas como sujetos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.

Su razón de ser fue el reconocimiento jurídico a la mancomunación de esfuerzos para emprendimientos que implicaban grandes erogaciones económicas y que, individualmente, serían de difícil ejecución.

Sin embargo, se naturalizó el uso fraudulento de esta ficción legal al utilizarse como pantalla para cubrir a una persona física en sus negocios espurios.

Green Salud SA es una sociedad cuyo director y socio mayoritario, Saenz Valiente, tiene el 95 % de las acciones y una de las empleadas el 5%, encubriendo su voluntad individual tras una pantalla de legalidad.

 

 

La corrupción que eclipsa el debate

En los últimos años, gran parte de la discusión política giró en torno del análisis y la mediatización de investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Modelos de desarrollo económico, discusiones en torno a la regulación de monopolios, sistemas de compra transparentes, fueron discusiones que quedaron postergadas de la agenda política argentina, desplazadas por la centralidad que adquirieron las causas de corrupción.

Sin embargo, pese al cerrojo mediático que sella la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, esta dista de los standards de transparencia y está plagada de irregularidades.

El marco normativo básico de la Ciudad —en cuanto a transparencia y ética en el ejercicio de la función pública es la Ley 4865 (y su decreto reglamentario 435/2014)—, y el órgano de aplicación la Dirección de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

La ciudad no tiene una oficina de anticorrupción y la Auditoría se ve bloqueada de intervenir cuando el oficialismo hace valer su mayoría automática.

En 2018 sólo pudo auditarse el 13% del gasto. Áreas como el Subte o el mismo Paseo del Bajo fueron eximidas de ser investigadas.

La corrupción debe dejar de ser un recurso retórico de la política para convertirse en un avance institucional concreto, investigarse y juzgarse en el ámbito correspondiente impidiendo la judicialización de la política y politización de la Justicia.

 

 

 

 

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