El cero y el garrote

1. Cero

El debate del presupuesto no es una discusión menor. Dime cuál es tu presupuesto y te diré quién vive y quién muere. La ley de presupuesto no sólo constituye un marco institucional a las decisiones económicas del Poder Ejecutivo que se toman —está visto— adentro y fuera del país, sino que establece una herramienta política para la gestión gubernamental. Si se mira entre líneas podrán leerse las intenciones de los funcionarios y aventurar los escenarios que tienen en la cabeza para los próximos años.

Más allá de las inconsistencias macroeconómicas del presupuesto presentado por el gobierno para el 2019, el proyecto es muy claro cuando señala los ítems que serán objeto de recorte. Parece que el gobierno, guionado por el FMI, ahora está obsesionado con el déficit cero, lo cual impone llevar a cabo una serie de ajustes sobre el gasto público que implican recortes millonarios para energía, transporte, educación, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y trabajo, pero también implica la reducción de los salarios estatales, la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones, cuyos aumentos previstos están por debajo de la inflación pautada. Se trata de un ajuste que descompromete al Estado del mercado de trabajo y la cuestión social, pero también de la salud, la previsión social y la educación, y que desfinancia numerosas actividades vinculadas al desarrollo económico.

Un Estado chico y débil no es incompatible con un Estado fuerte. Al contrario, cuando el gobierno contrae su gasto público y despresupuesta las políticas públicas inclusivas, tienden a fortalecerse las políticas securitarias. Por eso mismo, en la ley de presupuesto, la Seguridad no ha sufrido la misma poda que los otros ministerios.

Cuando se compara los aumentos presupuestarios con la inflación que proyecta el Gobierno para 2019 (un promedio de 34,8%), el único ítem que aumenta por encima de la inflación son los intereses que paga el Estado por la deuda contraída estos años. Todos los ministerios tendrán una baja real de presupuesto, pero no en la misma proporción. La cartera de Seguridad, al igual que Defensa, pierde mucho menos que las carteras de Educación, Vivienda y Obras Públicas, Producción y Trabajo y Transporte. El presupuesto de Seguridad que se le votó al macrismo en 2016, comparado con el que tuvo esa misma cartera entre los años 2011 y 2015, ya había aumentado 476%.  El presupuesto para Seguridad no aumenta este año porque el gran salto lo dieron los años anteriores. Un ministerio, dicho sea de paso, que no tuvo superávit; el dinero que se le adjudicó a la ministra Bullrich lo gastó puntualmente, entre otras cosas, en equipamiento y municiones, recomponiendo parte de los salarios para que nadie baje la guardia.

Este incremento tiene dos objetivos, por un lado, como enseguida se verá, contener a la protesta social, y por el otro seguir formando parte de una alternativa en el mercado político. Sucede que cuando el gobierno no puede hacer campaña política con el trabajo porque aumenta la desocupación y la marginalidad; si tampoco puede hacer política con la salud, con PAMI y la educación porque se volvieron ítems que hay que ajustar; si no puede hacer campaña con la vivienda social ni con las tarifas porque hay que enfriar la economía, uno de los pocos lugares que le queda al gobierno para presentarse como merecedor de votos es la inseguridad. Una inseguridad asociada al delito callejero y al consumo y venta de drogas en los barrios más pobres. Una inseguridad que tiene un rostro concreto (pibe chorro, narcovillero, indio terrorista, activistas) y un territorio identificable (las fronteras del país y las fronteras de la ciudad, allí donde se asientan los barrios pobres). En este contexto, el gobierno promete más policías, más patrulleros, más armas, más facultades policiales, más penas, más sentencias y más cárceles a cambio de votos. Se hace política con la desgracia ajena, manipulando a la víctima y con expresiones patoteras para transformar los conflictos sociales en cuestiones policiales y luego las cuestiones policiales en litigios judiciales. De esa manera el gobierno no sólo busca desplazar el centro de atención hacia cuestiones menores sino mantener de su lado a la hinchada propia que, tarde o temprano, no dudará en vender al mejor postor que garantice al establishment la gobernabilidad con un liderazgo por derecha.

 

2. Triple cero

Michel Foucault dijo en uno de sus seminarios compilados en los libros Defender la sociedad o Genealogía del racismo, que la muerte no debería acotarse a la muerte directa, sino que debería alcanzar también a la muerte indirecta. En efecto, muerte no sólo es el gatillo fácil, la tortura y la desaparición forzada de personas, sino todo aquello que crea las condiciones para que ocurra. Léase la falta de equipamiento o insumos en los hospitales públicos, de infraestructura urbana, de planes de vivienda social y de políticas sociales. Claro que no se trata de una muerte espectacular, que llega de un día para el otro, sino de una muerte “anónima”, que actúa en cámara lenta, que va calando los cuerpos paulatinamente. Una muerte que sólo se puede relevar a través de las estadísticas,  burocrática, planificada, que reclama una administración minuciosa. La muerte es el hambre, la falta de vacunas y remedios, la desocupación, el despoblamiento y la contaminación con agrotóxicos que impone el monocultivo o la megaminería.

El estado ya no está para administrar la vida sino para gestionar la muerte. “Gestionar la muerte” quiere decir administrar la vida que no vale, la vida que el capital no necesita para valorizarse. Cuando el capital se valoriza en la velocidad de rotación, en las apuestas oportunas sobre activos financieros, cuando el capital ya no necesita centralmente de la fuerza de trabajo para valorizarse, hay un sobrante poblacional que será apuntado enseguida como afuncional. Ahora bien el hecho de que esa masa marginal sea afuncional, es decir, no tenga un fin específico para la burguesía financiera, no implica que deje de ser un problema. Al contrario, puede volverse disfuncional económica o políticamente hablando. “Económicamente” porque puede volverse delito callejero. Y “políticamente” porque puede devenir protesta social. De allí que el estado tenga que continuar interviniendo, pero esta vez no para incluir aquello que queda afuera sino para evitar que lo que sobra, irrumpa, moleste, resista, cuestione.

Gestionar la muerte quiere decir contener la exclusión social, imponer a la masa marginal un estado de sitio. El pasaje del kirchnerismo al macrismo es el de un Estado con políticas inclusivas y de bienestar a un Estado que dispone exclusas sociales y de malestar. En otras palabras: habrá un sobrante social otra vez, y si este no se resigna a aceptar con sufrimiento el lugar que le toca, si no hace el esfuerzo como el resto de “la gente”, será objeto de la atención de la fuerza de seguridad. Dicho esto, no estamos negando —siempre hablando en materia securitaria— las invariantes entre las épocas, las continuidades estructurales y de larga duración que el kirchnerismo no pudo, no supo o no quiso desandar. Tampoco las discontinuidades que, en materia de protesta, implicaron algunas reformas durante las gestiones de Héctor Masquelet y, sobre todo, en la de Nilda Garré.  

Lo digo con las palabras de Albert Camus en su obra El estado de sitio. La que habla es la peste: “Yo reino, es un hecho; por tanto, es un derecho. Pero es un derecho que no se discute: debéis adaptaros. Además, no os engañéis, si reino es a mi manera y sería justo decir que funciono. (…) Yo traigo la organización. (…) Este desorden va a ser administrado. Una sola muerte para todos y según el precioso orden de una lista. Tendréis vuestras fichas, ya no moriréis por capricho. El destino ya ha sentado cabeza, ya tiene sus oficinas. Estaréis en las estadísticas y por fin vais a servir para algo. (…) Os traigo silencio, el orden y la absoluta justicia. No os pido que me lo agradezcáis, porque lo que he hecho por vosotros es muy natural. Pero exijo vuestra colaboración activa. Mi ministerio ha comenzado”.

 

3. Garrote

La administración de la muerte planificada a través del presupuesto, dispuesta con el ajuste del gasto público, se completa con la criminalización  y represión de la pobreza y de la protesta social. La judicialización de ambas viene después, está para cubrir las espaldas de las policías y agregar legitimidad al funcionariado decisor. Como escribió Julián Axat: la Justicia funciona como una máquina de convalidar letras y firmas, son los asesinos de escritorio que disimulan sus crímenes invisibles con buenos modales, perfumes penetrantes y trajes caros.

La oposición tiene razón cuando dice que “este modelo cierra con represión”. Lo dice por experiencia propia porque esta es una serie que ya debe ir por la cuarta temporada. Pero esta vez hay una diferencia en el reparto: no estamos en la década del '90 y el corsé económico se medirá con una movilización callejera que no existía durante el menemismo o no tenía la envergadura que tiene ahora. En la última década y media se han recompuesto las tramas políticas y sociales, aparecieron nuevos espacios de articulación (CTEP, Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional; Marcha contra la baja de la edad de punibilidad), se expandieron otros (MOCASE, movimientos de derechos humanos) y surgieron nuevos movimientos sociales (Ni Una Menos, Marcha de la Gorra contra el gatillo policial, El Hambre es un Crimen). En los barrios, las fábricas, la administración pública o en las universidades públicas no impera la desertificación organizacional. Más aún, hay un activo militante y una gimnasia política muy creativa que no existía en la década del '90, que sabe apelar a los repertorios previos de acción colectiva disruptiva.

Todo esto el gobierno lo sabe perfectamente, por eso viene expandiendo los gastos dedicados a la seguridad, y por eso milita reformas legales tendientes a darle mayores facultades y equipamiento a las policías, habilitándolas a actuar más allá de los estándares internacionales de derechos humanos. Vaya por caso el famoso protocolo antipiquete, la doctrina Chocobar, los proyectos de reforma del Código Penal y los novedosos códigos de faltas. Más aún: festeja y ampara el uso de la fuerza letal exceptuando a las policías a tener que rendir cuenta por sus acciones al margen del estado de derecho.

No es casual que en los últimos meses se hayan presentado (La Plata, CABA), y en algunos casos aprobado (Córdoba, Mendoza), novedosos códigos de convivencia ciudadana donde se referencian como problemáticos determinados eventos que no están tipificados en el código penal. La teoría que está detrás de estas reformas es la siguiente: “Quien roba un huevo roba una vaca”, es decir, quien puede lo menos puede lo más. Hay que detenerse en aquellos pequeños eventos de la vida cotidiana que si bien no constituyen un delito estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar. Acciones asociadas a determinados actores o colectivos de pares, dueños de estilos de vida o protagonistas de prácticas referenciadas como productoras de riesgo, actores estigmatizados por la vecinocracia y sobre-estigamatizados por las policías como fuente de peligrosidad.

Los códigos de faltas no sólo criminalizan la pobreza, es decir, las estrategias de sobrevivencia que los sectores más pobres desarrollan para resolver problemas materiales concretos (cuidar o lavar coches en la calle; la venta de servicios en los semáforos; el arte callejero en la vía pública; la venta ambulante; el transporte público irregular; la oferta de sexo en la vía pública; la tracción de animales para cartonear; a los padres que de manera reiterada e injustificada hagan incurrir a los niños a su cargo en inasistencias a la escuela durante el ciclo lectivo; la elaboración de comida o la comercialización de bebidas en la calle), sino que además criminaliza la protesta social, es decir, aquellas estrategias políticas que los movimientos sociales y sindicales desarrollan para agregar los intereses y problemas de aquellos sectores sociales, para abrir ámbitos de manifestación pública. Léase: provocar ruidos molestos en la vía pública (hacer radios abiertas o festivales públicos); incitar individualmente o en grupo a reñir, insultar, ofender o amenazar a funcionarios públicos; provocar escándalos o tumultos en el espacio público (escraches); interrumpir o entorpecer el tránsito (cortes y movilizaciones), incineración de neumáticos; cubrirse el rostro, usar palos (cuestionamiento de la identidad y prácticas de autodefensa legítima); la degradación visual del espacio público (grafittis y pintadas); ensuciar el espacio público (hacer ollas o ferias populares), arrojar papeles (volanteadas), la instalación de toldos o sus soportes en espacios públicos (acampes); la colocación de cartelerías por fuera de los espacios administrados por el mercado publicitario (pegatinas). Más aún, reglamenta la protesta cuando establece un corralito a la misma, cuando la supedita a la autorización municipal. Peor aún, esta legislación impone la cultura de la delación cuando obliga a los vecinos a denunciar estas infracciones. En todos los casos se prevén multas, arrestos e inhabilitaciones.

En definitiva, los recortes presupuestarios se sostienen con la nueva política del garrote probada “exitosamente” el año pasado con los mapuches en la Patagonia, con los trabajadores de Pepsico y durante la votación en el Congreso de la reforma previsional, y este año con la represión después del rechazo en el Senado de la ley del aborto, la represión a los trabajadores astilleros de Rio Santiago, a los manteros de ciudad de Buenos Aires y a manifestantes en algunos cortes realizados en el marco del paro general. Una versión cada vez más recargada y amparada judicialmente. Como dice un antiguo proverbio: "Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos".

 

 

Docente e investigador de la UNQ. Director del LESyC y miembro del CIAJ. Autor de Temor y control; La máquina de la inseguridad y Hacer bardo.

 

• La ilustración principal es un collage realizado por la artista plástica de Buenos Aires Ivana Martínez Vollaro.

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