El cepo de Macri

 

La secuencia, la explicación y el contenido de las normas que el gobierno dictó en las últimas dos semanas para intentar contener la corrida cambiaria y evitar que mutara en éxodo bancario, exponen la terquedad ideológica, el desapego institucional y la desidia técnica que abruman el ocaso de la presidencia de Mauricio Macri.

El pecado original es de omisión. Si el gobierno hubiese restablecido los controles cambiarios (idealmente menos porosos que los actuales, pero aunque sea así) simultáneamente con la llegada del primer desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional en junio del año pasado (idealmente antes, pero aunque sea entonces), el país podría contar hoy con miles de millones de dólares que se fugaron tan pronto como el Fondo los prestó.

El segundo error temporal se mide en días en lugar de años pero también costó unos cuántos dólares. Entre el miércoles del anuncio del reperfilamiento de la deuda pública de corto plazo sin el consentimiento de sus tenedores y el domingo del restablecimiento del control de cambios, los ahorristas que la primera medida procuraba tranquilizar retiraron más de mil millones de dólares de sus cuentas bancarias y las reservas del Banco Central cayeron dos mil ochocientos millones. Con tal de no desairar al núcleo duro de sus votantes, Macri optó por defaultear la deuda antes que limitar la compra de dólares. Cuarenta y ocho horas más tarde debió resignarse a hacer las dos cosas “para proteger a los ahorristas”, según las palabras del autor anónimo del comunicado con el que el Banco Central anunció los nuevos “parámetros del mercado cambiario” (en español vernáculo, el “cepo”). Lástima que una vez perdida la confianza sea tan difícil recuperarla. En los primeros diez días de septiembre, los ahorristas, ahora doblemente protegidos por el reperfilamiento y por el cepo, se llevaron otros U$S 3.744 millones de los bancos.

El aporte retórico a la desahuciada campaña presidencial de Macri que el presidente del Banco Central Guido Sandleris coló imprudentemente en su discurso de presentación de las restricciones cambiarias, sinceró el riesgo latente. Tras explicar que las personas físicas podían seguir comprando hasta 10.000 dólares por mes para atesoramiento, Sandleris repitió dos veces que ese límite sólo alcanzaba al 2% de las personas que adquieren dólares y que “estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por la medida”. Dado que el último informe mensual sobre el mercado de cambios difundido por el Banco Central reveló que un millón y medio de personas compraron dólares para atesoramiento en julio, la buena nueva celebrada por Sandleris expuso que todavía hay 1.474.000 individuos con derecho a comprar esos diez mil dólares mensuales. Los grandes operadores del mercado no necesitan calculadora para sacar cuentas sobre las implicancias de esas cifras. Una muestra de ello es la brecha de más del veinte por ciento que se abrió al cierre de esta semana entre el precio del dólar oficial ($ 58) y el dólar “contado con liquidación” ($ 71), que permite permite sortear el tope del cepo mediante una compraventa de títulos.

Si la frase del discurso de Sandleris expresa su compromiso personal con la candidatura de Macri, el Decreto de Necesidad y Urgencia 609/2019, que restableció el control de cambios, revela la subordinación del Banco Central que él conduce a los designios del Presidente. A pesar de que su Carta Orgánica, sancionada por ley del Congreso, faculta al Banco Central a dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios, los verbos utilizados en el DNU firmado por Macri y todos sus ministros no dejan dudas sobre quién manda. (“El Banco Central establecerá… Facúltese al Banco Central…) Que formalmente el DNU constituya una norma de rango legal, no obvia que, en la práctica, haya sido el Poder Ejecutivo el que decidió qué se debe hacer y cómo.

Las reglamentaciones cambiarias dictadas desde entonces adolecen de omisiones, ambigüedades e imperfecciones técnicas que imposibilitan un control eficaz de las infracciones, entorpecen operaciones legítimas y no terminan de despejar las dudas de los operadores sobre si ciertas transacciones están permitidas o no. Un par de ejemplos:

La normativa obliga a los exportadores a repatriar y vender por pesos los dólares cobrados por sus exportaciones dentro del plazo establecido por el Banco Central, pero no le asigna al banco que intermedió en la operación el deber de hacer el seguimiento de la obligación y denunciar cualquier incumplimiento al Banco Central.

El Banco Central demoró once días en aclarar que, además de los emisores locales de títulos de deuda vendidos en el extranjero, también pueden comprar dólares para realizar los pagos de capital e intereses los fiduciarios de los fideicomisos que los garantizan, una incertidumbre que puso en riesgo de default técnico a más de un gobierno provincial y grupo empresario nacional.

Lamentablemente, hasta cuando hacen algo que está bien lo hacen mal.

 

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