El candidato

 

En enero, una pesadumbre se apodera de los tribunales de Comodoro Py. Pocas almas caminan por sus pasillos. El 2 de enero, primer día después del inicio de la feria de verano, el gobierno oficializó la candidatura de Daniel Rafecas para la Procuración General. Rafecas habita la mole de Retiro desde hace décadas. Hace quince años que ocupa un despacho en el tercer piso como juez federal, pero no es considerado uno de sus hijos dilectos. Allí anida el porqué de la elección de Alberto Fernández.

 

 

La carrera

No es novedad la elección de Rafecas para ocupar el cargo que quedó vacante desde diciembre de 2017 tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó. Después de la victoria en las primarias, Alberto Fernández le había hecho saber al titular del juzgado 3 que era su candidato para la Procuración.

Después de la asunción lo llamó la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para confirmarle que iban a avanzar con la nominación. Ella misma lo anunció en la entrada de la cena de la Asociación de Magistrados. La noticia –que no era tal en los despachos más encumbrados del Poder Judicial– tuvo una buena repercusión. Al día siguiente Rafecas visitó a Fernández en la Casa Rosada. En esa reunión estimaron que el trámite debería estar concluido para abril.

El magistrado y el Presidente se conocen desde hace años porque los dos son profesores en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la misma materia: Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

En las próximas dos semanas, el Ministerio de Justicia va a recibir adhesiones e impugnaciones a la nominación de Rafecas. Después de eso procesará la información y deberá remitir el pliego al Senado. Rafecas tiene que pasar la audiencia en la Comisión de Acuerdos y necesita siete votos más de los que actualmente tiene el Frente de Todos, por lo que el oficialismo deberá conquistar voluntades en otros campos.

La Unión Cívica Radical (UCR) guarda un viejo rencor con Rafecas, después de que impulsara la causa por coimas en el Senado. Cambiemos –actual Juntos por el Cambio– hizo del juez un blanco por haber desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El magistrado confía en el recambio generacional dentro de la UCR y en el buen vínculo que supo cosechar con algunos dirigentes del PRO ligados a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Si los números lo acompañan, Rafecas deberá poner en marcha una reforma estructural en la Justicia. Como jefe de los fiscales, deberá conducir la aplicación del sistema acusatorio, que pone en el ministerio público la responsabilidad de las investigaciones. Todo indica que deberá hacerse cargo de la oficina de escuchas, que actualmente está en manos de la Corte por decisión de Mauricio Macri.

 

 

Los primeros pasos

Rafecas nació el 5 de agosto de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires. Cursó la primaria en una escuela pública en Villa Urquiza. Todas las mañanas, el padre lo llevaba desde Villa Devoto –donde vivían por entonces– hasta el colegio San Francisco de Sales de Almagro, un poco más cerca de la cancha del club de sus amores, San Lorenzo. Después, el padre seguía viaje hasta la empresa Centenera del Grupo Bunge & Born, donde trabajaba como ingeniero. Por esa época empezaron las primeras peleas políticas en la familia. Mientras Daniel se entusiasmaba con el sandinismo en Nicaragua, el padre defendía a los contras.

En los tiempos del Juicio a las Juntas, le tocó hacer la colimba en Villa Martelli, en lo que actualmente es Tecnópolis. Volvió al batallón en democracia y como el juez que investiga los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército. En 1987 entró como meritorio en un juzgado penal que funcionaba en el Palacio de la calle Talcahuano.

Se casó por primera vez en 1993 y se divorció cuatro años después. En julio de 1998 conoció a una contadora, que al tiempo se convirtió en su esposa y la madre de sus dos hijos: una chica que está por arrancar la carrera de Derecho y un varón que está terminando la primaria.

Para 1998 ya estaba trabajando en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Pasó por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), entonces a cargo de Maximiliano Rusconi. Diciembre de 2001 lo encontró en La Boca, en una fiscalía descentralizada, que había creado el entonces procurador Nicolás Becerra para acercar la justicia a los barrios.

Fue secretario letrado de la Procuración. Cuando asumió Esteban Righi –el ex ministro del Interior de Héctor Cámpora y maestro de Alberto Fernández— lo convocó para trabajar con él en la sede de la Procuración. Al poco tiempo salió su nombramiento como juez, la profesión con la que soñaba de chico.

 

 

El juez del pasado reciente

Cuando levantó la vista, vio que el mal estaba sentado frente a él.  Ocupaba una silla entre los libros, las fotos y los recuerdos familiares que poblaban su despacho. Vestía traje y asía una carpeta azul, en la que transportaba unos papeles amarillentos que desafiaban los años y que a él le devolvían el tono marcial que supo tener.

Ese hombre delgado y alargado al que tenía frente suyo le preguntó –sin levantar demasiado la voz— si él podía acusarlo de tener las manos manchadas con sangre, si le imputaba algún delito en el que había sido el autor directo. El juez lo miró y le dijo que no. La serenidad le volvió al rostro. Tomó la carpeta, revolvió entre las hojas amarillentas y leyó. Dijo que asumía la responsabilidad por lo actuado por sus subordinados y que reclamaba ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Repitió lo mismo que había dicho en el Juicio a las Juntas y se negó a responder preguntas.

—Muy amable, doctor –le dijo Jorge Rafael Videla al terminar.

Rafecas fue uno de los cuatro jueces designados en 2004 durante la gestión de Néstor Kirchner. Llegó junto con Ariel Lijo, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Había concursado para un tribunal oral. Cuando tuvo que optar, se inclinó por el juzgado. Entre otras cosas, porque ahí tramitaba la causa por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército. Las causas habían empezado a reactivarse en 2001, cuando el entonces juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para los secuestros de José Liborio Poblete y de Marta Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su bebita, Claudia. Y la Cámara Federal confirmó la decisión de Cavallo.

Rafecas se volvió el referente de las causas de lesa humanidad en Comodoro Py. Cuando hay una sentencia importante, el juez baja a la sala AMIA de los tribunales para conversar con integrantes de organismos de derechos humanos o familiares de las víctimas. Lo hizo en la sentencia del juicio ESMA de 2017. En 2018, también estuvo dándole ánimos a los trabajadores del Hospital Posadas que esperaban la sentencia al represor Luis Muiña, que un año antes había sido beneficiado por el 2x1 de la Corte.

 

 

Genealogía de un viejo rencor

A Fernando De La Rúa lo había tenido sentado frente a él para indagarlo en 2006, después de haber dispuesto el procesamiento de los otros imputados en el caso por supuestas coimas en el Senado mientras se votaba la reforma laboral de 2000. El ex Presidente había llegado preparado para quedarse largo rato. Cargaba un tupper con comida y estiró la declaración hasta entrada la noche. Salió, dio su versión de los hechos ante los periodistas que esperaban y se fue.

La causa conocida como la ley Banelco era una mancha venenosa en Retiro. La habían tenido cuatro jueces y ninguno la quería: Carlos Liporaci, Gabriel Cavallo, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral. Para fines de 2013, el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 absolvió al ex Presidente, descartando como pruebas los dichos del arrepentido Mario Pontaquarto y los cruces telefónicos. El TOF llegó a comparar la instrucción de la causa con la del primer juicio de AMIA. Para Rafecas fue un baldazo de agua fría, que además le deparó una denuncia en el Consejo de la Magistratura, que terminó archivada y con agrias críticas para el TOF.

El cimbronazo más fuerte lo sintió en la Semana Santa de 2012, cuando el entonces Vicepresidente Amado Boudou convocó a la prensa al Congreso, que derivó en acusaciones a la Justicia por el caso Ciccone. Righi renunció. Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo quedaron en la cuerda floja. A los días, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe se presentó en el Consejo de la Magistratura con copia de los mensajes que había intercambiado con el juez sobre el caso Ciccone. Rafecas perdió la calma, lo vivió como una traición de parte de un amigo de la familia. Explicó que los mensajes fueron un error, pero que él no tenía la causa todavía. Los medios comerciales dijeron que era el abogado defensor del Vicepresidente Amado Boudou. No era cierto.

El hilo que conecta esas dos causas lleva al estudio de Darío Richarte, el número dos de la Secretaría de Inteligencia (SI) durante la presidencia de De La Rúa. La SI había sido la que había movido los piolines de las coimas en el Senado, el caso que había impulsado Rafecas.

 

 

Nisman

—¿Te enteraste?

—¿De qué?

—Te tocó la causa Nisman.

Rafecas estaba manejando cuando recibió una llamada a su celular. Iba con su familia camino a sus vacaciones en Uruguay. Lo sorprendió la llamada de un periodista. El mismo lunes 2 de febrero de 2015, su colega Lijo había dicho que no tenía competencia para intervenir en la denuncia de Nisman contra CFK y el entonces canciller Héctor Timerman. Como Rafecas estaba de vacaciones, Sebastián Ramos lo cubría en su juzgado. Hubo una consulta entre los dos jueces, y Ramos declinó la competencia. Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, terminó decidiendo que la causa le quedara a Rafecas.

El 13 de febrero, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la denuncia y pidió a Rafecas que investigara. El juez ya se había comunicado con algunos de sus colaboradores y preparaba la vuelta a Buenos Aires. Cuentan que durante los días que siguieron Rafecas llegaba alrededor de las 7.30 de la mañana y se quedaba hasta entrada la noche.

El mismo 26 de febrero, Rafecas convocó a un grupo de dirigentes de la comunidad judía, entre ellos el entonces titular de la DAIA Julio Schlosser, y Waldo Wolff, actual diputado del PRO. Les comentó lo que había decidido desestimar la denuncia de Nisman y firmó la resolución delante de ellos.

El juez creía que les debía explicaciones por la buena relación que habían cosechado. El 18 de julio de 2011, Rafecas había sido el orador principal en el acto para conmemorar el ataque. Un año después, la DAIA le había dado el premio “Derechos Humanos”. Sus vínculos con la comunidad eran de larga data. Estudioso del genocidio nazi, desde 2002 era asesor del Museo del Holocausto y en 2005 sorprendió cuando ofició de guía durante una visita para tres jóvenes que habían hostigado a un chico judío.

“Somos respetuosos de las decisiones de la Justicia”, declaró Schlosser a la salida del juzgado. Las cosas empezaron a cambiar hacia fines de año y con el calendario electoral en la mano.

En octubre de 2015, Wolff declaró ante la fiscal Viviana Fein –a cargo de la investigación sobre la muerte del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA– que Rafecas lo había amenazado por teléfono. En realidad, sostuvo que fue una voz femenina la que pronunció la supuesta intimidación. La denuncia quedó pronto en la nada. El juez Sebastián Casanello sobreseyó a Rafecas y la Cámara confirmó su decisión.

Sin embargo Rafecas tuvo que dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en el caso Nisman por impulso del macrismo. El cuerpo lo multó con una quita del 50 por ciento de su sueldo por única vez, pero el juez apeló ante la Corte Suprema. El máximo tribunal le dio la razón y le redujo la multa.

 

 

Un aval singular

Rafecas estaba fuera del país cuando el 7 de septiembre de 2016 empezó a circular el texto de una solicitada que exigía su remoción, y que había sido publicado en simultáneo en Clarín y La Nación.

La solicitada contra Rafecas se publicó tres días después de que los abogados que representan a las hijas de Nisman y de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado presentaran un recurso ante la Corte Suprema para pedir que la causa por la muerte pasara al fuero federal, como sucedió. En el horario central de TN, Arroyo Salgado agradeció la solicitada en contra de su colega. En el juzgado cuentan que antes de la denuncia de Nisman, Rafecas y la jueza de San Isidro tenían una buena relación. De hecho, ella lo llamaba para pedirle que le recomendara gente para su juzgado.

La solicitada contra Rafecas reunía a representantes de entidades conservadoras de la Justicia, sectores del campo y funcionarios cambiemitas – como el propio Nicolás Dujovne. No fueron pocos los que les atribuyeron un rol a los directivos de La Nación en la redacción del texto. Hay otro viejo encono allí: Rafecas fue el primer juez en declarar que la compra de Papel Prensa fue producto de delitos de lesa humanidad.

Hubo una contrasolicitada, que se publicó en Página/12 y Perfil. En pocos días, el juez juntó más de cinco mil adhesiones. Estaban todos los organismos de derechos humanos, académicos de renombre, periodistas y políticos. Uno de los que mandó un correo en solidaridad fue Alberto Fernández. Ni soñaba con ser Presidente, pero sabía que Rafecas era víctima de una persecución.

 

 

 

 

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