El camino elegido

 

El gobierno de Macri se endeudó irresponsablemente. El 9 de diciembre de 2015, último día de gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública bruta alcanzaba el 52,6% del PIB, de los cuales, solamente alrededor de un 9% del PIB era con bancos y fondos de inversión y conformaba un total del 16,5%  del PIB con el resto del sector privado, un 6,4% del PIB con organismos internacionales de créditos, tipo Banco Mundial, BID, CAF, etc. y la mayor parte era intra sector público (el 29,7% del PIB)

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces. El 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudaban 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB que se estima en 352.300 millones de dólares) y modificó drásticamente su composición donde, al deberle más de 44.000 millones de dólares al FMI, los organismos internacionales pasan a tener acreencias por el 21,4% del PIB en 2019 y, la deuda en poder del sector privado el 38,9% del PIB. Que se agrava por los vencimientos que se superponen este año 2020 y los próximos.

En ese marco de exigencia y magnitud de vencimientos de la deuda, el gobierno nacional apuesta a que el conjunto de los acreedores acepte un plan de pago que permita un sendero de crecimiento del PIB y de las exportaciones. El ministro Martín Guzmán sostuvo el miércoles 12 en la Cámara de Diputados que las exportaciones (que en el año 2019 fueron por 65.115 millones de dólares) deben crecer a una tasa del 4,5 al 5% anual y el PIB en torno al 2% anual.

Para ello deberían diversificarse las ventas externas y sin nombrarlas se refirió a Vaca Muerta, a la minería y a darle mayor valor agregado a las exportaciones agrícolas.

De esa manera, dijo, se generan una macroeconomía consistente que debe ser apoyada por el acuerdo de precios y salarios coordinados por el Estado nacional y una política fiscal que debe tender a equilibrar sus cuentas, en un escenario que denominó “alcanzable y realista”, que implica alcanzar el equilibrio fiscal primario (antes del pago de los servicios de la deuda) para 2022 y un superávit entre el 0,6% y 0,8% del PBI (unos 2.600 a 2.800 millones de dólares) en 2023, cuando el total del gasto público nacional (que es en pesos) sea el equivalente a 85.000 millones de dólares (un 24% del PIB).

También concedió otro escenario, en el que se podría alcanzar el equilibrio fiscal primario, con una economía en recuperación, en 2023 un superávit fiscal primario del1% y en 2024 de 1,2% del PIB.

Recordemos que en 2019, según la Secretaría de Hacienda de la Nación, los intereses de la deuda ascendían a $ 724.285,3 millones de pesos que eran el 3,33% del PIB y a la vez representaban el 18,13% del presupuesto de la administración nacional. Por ende el gobierno está proponiendo suspender el pago de los intereses y del capital adeudado por lo menos por tres años (hasta equilibrar el superávit primario que es antes de pagar los servicios de la deuda), y utilizar esos recursos para apuntalar la inversión pública, mejorar las jubilaciones y pensiones y estimular el mercado interno.

Por eso el ministro Guzmán no dio detalles de la oferta oficial. Sí anticipó la necesidad de “una reestructuración de deuda profunda", que causará " frustración por parte de los bonistas". En otras palabras, dejó entrever que, además de un amplio período de gracia, el gobierno buscará un fuerte recorte en los cupones de intereses y una quita de capital. También adelantó que no habrá un mejor tratamiento para la deuda bajo ley Nueva York que la local, porque "cuidar a la ley argentina es fundamental para el desarrollo del mercado de capitales doméstico".

 

 

Los fondos de inversión

El lunes 27 de enero vencieron los Bonos BP 21 de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, por un valor total de 249.975.000 dólares, que tenían un plazo de 10 días corridos para no incurrir en default, que se cumplía el miércoles 5 de febrero. El martes 4 de febrero la provincia pagó la totalidad del vencimiento más los intereses, suma que debe detraer de sus escasos recursos de la provincia y que implica un menor gasto en obra pública y en las prestaciones de salud, educación, asistencia social. Esto se debió a que el Fondo Fidelity no le permitió hacer valer la “cláusula de acción colectiva” que dice que si el 75% de los acreedores aceptan deben aceptar todo el resto. En directa o indirecta, Fidelity poseía más del 25%, lo cual equivale la capacidad de bloqueo.

Al aproximarse el final del gobierno de Macri, muchos inversores trataron de salir de las posiciones argentinas, pero los principales acreedores de la Administración Nacional y de algunas provincias, como Fidelity, compraron esos bonos a precios muy por debajo de su valor nominal. Esto explica que, pese a las fuertes órdenes de venta en los mercados internacionales, no derrapara tanto su valor.

Por supuesto que en el ínterin ganaron fortunas, por ejemplo, el BONAR 2020 que vence el 8 de octubre, paga una renta fija del 8% anual en dólares. La lámina dice 100 y la compraron a menos de 45 dólares, por lo que obtuvieron, hasta hoy, una renta de más del 17% anual en dólares

Ese es el verdadero estado de situación y esos acreedores tienen un solo fin, maximizar sus ganancias a como dé lugar.

El jueves 13 de febrero vencían los Bonos Dual (AF 20) por 105.000 millones de pesos, que se habían constituido mayoritariamente en dólares (y se ajustaban en pesos y en dólares, y el dólar creció un 300% de $ 20,20 a $ 63 por unidad), pero se pagan en moneda nacional. El 3 de febrero renovaron solo el 10% del capital. El 10 de febrero el gobierno debió declarar desierta la colocación de bonos del Tesoro con los que intentaba juntar dinero fresco para hacer frente a los 95.000 millones de pesos restantes del vencimiento del bono dual AF20. Por lo tanto, el martes 11 de febrero el gobierno nacional decidió pasar el vencimiento del capital al 30 de septiembre de 2020. Obviamente al día siguiente descendió en un 30% ese título que se paga en pesos, cuando esos bonos estaban a un 80% de la paridad. (Recordemos que  la paridad de los que están en dólares es el 45% o menos.)

El Ministerio de Economía y después el ministro en la sesión de la Cámara de Diputados, dijeron que el Bono Dual es un caso atípico de la deuda en pesos y que los dos grandes fondos tenedores (Black Rock y Templeton) pretendían que se los canjeara por otros títulos similares (ajustados en pesos o por valor dólar, el mayor de los dos) y en menos plazo. De habérselo pagado en su totalidad en pesos, si el bonista no renovaba (le reconocen un valor de $ 63 por dólar) y quería comprar dólares debía pagar el Impuesto PAIS (del 30%), con lo cual el precio era de $ 82) con lo que el Estado cobra el impuesto y el bonista gana menos.

La decisión del gobierno es una jugada de riesgo. Por un lado se demuestra lo que dice el comunicado del Ministerio de Economía: que no están dispuestos a dejarse chantajear por los fondos, en este caso Black Rock y Templeton, pero, por otro lado, se está perjudicando a los bonos en pesos en general por el temor de que no se paguen en tiempo y forma en el futuro inmediato. De allí que el gobierno insista en que es un caso especial.

Guzmán dijo en la sesión de Diputados que el stock de dólares es escaso, se están utilizando reservas internacionales de libre disponibilidad del BCRA, pero que dada la magnitud de la deuda y de los vencimientos, esto no puede seguir haciéndose por mucho tiempo más.

El miércoles 12, el Ministerio de Economía adjudicó 6.400 millones de pesos en dos tramos de Letras del Tesoro con tasa Badlar (titulo Lebad), en una licitación que contó con baja participación de inversores privados y en la que se obtuvo bastante menos de los 10.000 millones de pesos que se esperaba recaudar (Básicamente lo compraron la ANSES y los bancos públicos).

 

 

Cómo sigue

El gobierno está jugado a plantear una reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Y los grandes fondos de inversión han decidido tratar de cobrar lo máximo posible, a como dé lugar.

En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.

Si no se le paga en tiempo y forma a los acreedores es obvio que el valor del título público va a descender. Esto lo hace apetecible a fondos especulativos (que en mayor o menor sentido lo son todos), que incluso pueden no haberle prestado nunca a la Argentina. Si con los bonos que adquieran en los mercados internacionales llegan al 25% de las acreencias, con jurisdicción extranjera, revivirán la historia del juez Thomas Griesa y el negarse a tratar el “caso argentino” de la Corte Suprema de los EEUU.

No haber pagado o “reperfilado” los títulos en pesos agrava el cuadro, con lo que el dólar pasa a ser una moneda codiciada y se van a ir desarmando posiciones en pesos para pasarse a la divisa norteamericana, vía el CCL (Contado Con Liqui) que es la venta de títulos públicos y privados en los mercados internacionales. Así se generan dos fenómenos, por un lado la fuga de capitales y por otra parte, la extranjerización y el aumento de la especulación incluso sobre activos de empresas argentinas, que se venden a precio vil, cuando el que los compra sabe que esa empresa vale mucho más. La inconmensurable deuda externa y la depreciación de nuestra moneda tornan muy barato el patrimonio de empresas privadas y públicas argentinas, favoreciendo su extranjerización. Los trascendidos periodísticos dicen que el grupo “Los Grobo”, que tras la devaluación del dólar en 2018 presenta fuertes pérdidas en sus balances, pide un reperfilamiento de su deuda. Lo mismo ocurre con otras grandes empresas que se endeudaron en divisas pensando que el gobierno de Cambiemos iba a atrasar el tipo de cambio y durar al menos dos períodos.

También se suma al pedido de reperfilamiento de la deuda de la Unión Industrial Argentina a través de su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista que representaba a los industriales en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) durante la dictadura militar, todos elementos que van configurando un cuadro cada vez más complejo.

Eso sí, quiénes fugaron 88.371 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos y qué se hizo con la deuda tomada por el macrismo, es un secreto no revelado.

Debe acordarse con el conjunto de los acreedores y con los poseedores claves de cada título, misión que le cabe a los bancos colocadores de deuda que se debe contratar para posibilitar la reestructuración  y negociar en los términos que planteó el ministro Guzmán, primero el país, su gente, los que no participaron de la deuda y de la fuga.

Hay un Plan B. Defaultear toda la deuda y que esperen para cobrar, pero también nosotros atenernos a las consecuencias, que son fundamentalmente la presión a la corrida cambiaria y el cese de inversiones presentes y futuras del exterior “occidental y judeo-cristiano” y el riesgo, siempre presente, de que el Departamento de Estado de los EE.UU. nos incluya en el “eje del mal”

Mientras tanto Mauricio Macri y sus ministros de Hacienda y presidentes del BCRA están de vacaciones, como si no tuvieran ninguna culpa del país que dejaron.

 

 

 

 

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