El bozal de Casal

 

Mientras el proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal aguarda a ser tratado por la Cámara de Diputados –desde hace un mes tiene dictamen de comisión–, el subprocurador a cargo de la Procuración, Eduardo Casal, se encamina a cumplir cuatro años como interino y cada vez más fiscales y fiscalas cuestionan sus métodos, en forma y en fondo. “La persecución es total”, advierte una fiscala sumariada a El Cohete a la Luna.

 

 

Política de persecución

Durante el debate en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales del proyecto de reforma, que obtuvo dictamen de mayoría el 18 de mayo, el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) denunció que los sumarios a las fiscalas son el principal método de disciplinamiento que aplica Casal. Uno de los emblemáticos, dijo, es el que enfrenta Gabriela Boquín, fiscala de la causa del Correo Argentino, que frenó el intento de condonarle la deuda a los Macri. El sumario se inició hace dos años. Ya tiene dictamen favorable del instructor pero el Consejo Evaluador aún tiene la causa “dormida”. Esta semana Boquín recibió una buena noticia de la Justicia federal: el juez Sebastián Casanello cerró el expediente que le había iniciado la familia del ex Presidente.

“Boquín se plantó frente al intento de Macri de estafar al Estado argentino con el Correo”, advirtió Moreau en dicha reunión, y alertó sobre el funcionamiento irregular del tribunal de enjuiciamiento de la Procuración. “Boquín no sabía qué pruebas se estaban colectando”, enfatizó.

 

 

El caso no es el único. El año pasado la fiscal Mónica Cuñarro expuso en el Senado sobre la reforma a la ley del MPF. Uno días después Casal promovió un sumario en su contra. “Pero no se detiene ahí: hace unos días el procurador interino dijo que las fiscalas no podían ir a ver a (el ministro de Justicia, Martín) Soria sin pedirles permiso. Este señor es un misógino, tiene una obsesión con las fiscalas mujeres”, dijo Moreau, presidente de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Mientras la causa contra Boquín por supuesto mobbing o acoso laboral –la misma acusación que pesa sobre casi todas las mujeres sumariadas– continúa abierta hace más de dos años pese al dictamen exculpatorio del instructor, Casal cerró un sumario contra el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Omar Pleé, en apenas tres días: el 13 de abril Pleé le informó al procurador interino que su visita a Macri en marzo de 2018 –revelada por El Destape– había sido para que el ex Presidente le explicara por qué la había elegido a Inés Weinberg de Roca y no a él para ocupar el cargo de jefe de los fiscales. Pleé dijo además que Macri le pidió que se quedara en su puesto y que no se jubilara. El 16 de abril Casal dispuso la reserva de las actuaciones “sin más trámite”. Una fiscala consultada por El Cohete señaló que este proceso se hizo “de forma irregular” porque tendría que haber sido vía una resolución del Ministerio Público Fiscal, algo que no ocurrió.

 

 

La fiscala sostuvo que desde la Procuración se digita a los integrantes del Consejo Evaluador, pese a que la ley vigente establece que deben surgir de un “sorteo público”. Para subsanar esto, en la reunión con Soria se propuso que el sorteo sea grabado en video y se labre un acta por escribano público, como una manera de transparentar. “El caso de Boquín es emblemático porque ahí se descubrió cómo se arman los sumarios, cómo inventan, cómo es el mecanismo de lawfare interno para los díscolos que no están de acuerdo con la gestión de Casal”, expresó la fiscal consultada. Añadió que el Consejo Evaluador no tiene plazo para pronunciarse y que no se respeta el derecho de defensa porque no permiten al sumariado acceder a la prueba. “Te tienen agarrado del cuello”, graficó.

En esa línea, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, dijo que es urgente cambiar el régimen disciplinario vigente en la Procuración, que fue dictado en 2017. En una entrevista con Télam, advirtió que “es absolutamente cuestionable en cuanto a la violación de las garantías constitucionales y convencionales en lo que hace al derecho de defensa de los fiscales y fiscalas”.

Lugones, que es camarista federal en San Martín, dijo que hay una “doble vara” en la forma en que son tratados los fiscales amigos respecto de los que no lo son. Para los amigos, los sumarios no avanzan, se cierran. Para los que no lo son, hay dos opciones: “una es avanzar rápidamente y dejarlos sujetos a una investigación que no es posible controlar, vigilar o cuestionar adecuadamente, en tanto que para otros lo que se aplica es el régimen de dejarlos colgados de un pincel por largo tiempo, para que puedan ser presionables llegado el momento”.

 

 

Mujeres en todos lados

La reforma a la ley orgánica del MPF ya tiene media sanción del Senado. En Diputados incorporó modificaciones, que se plasmaron en el dictamen de mayoría. Se determina que el Procurador/a General de la Nación será designado/a por el Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. Y también establece que “la postulación y designación no podrá realizarse durante el año electoral” en el cual se elija Presidente y vice.

“El dictamen de mayoría en Diputados mejoró notablemente el anteproyecto que vino del Senado, pero es insuficiente. La independencia del MPF necesita que para remover a cualquier fiscal se necesiten dos tercios de los votos del Tribunal de Enjuiciamiento y que el régimen disciplinario no sea secreto y respete el debido proceso”, consideró la fiscal Mónica Cuñarro ante la consulta de El Cohete. Cuñarro es co-redactora de la primera ley de Ministerio Público Fiscal.

El dictamen incorpora una modificación al proyecto con media sanción del Senado, que era una demanda de las fiscalas para terminar con la desigualdad: reduce de diez a cinco la cantidad de años de antigüedad como fiscal/a general necesarios para ejercer como interino. Además, el interino/a solo podrá estar en esa condición durante seis meses no prorrogables desde su designación.

La perspectiva de género exigida por las fiscalas está en el artículo 12, que regula las funciones y atribuciones del/la Procurador/a: “Diseñar y fijar la política general del Ministerio Público Fiscal de la Nación y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública, la cual deberá ser desarrollada bajo una perspectiva de género”.

También hay perspectiva de género para los concursos: tanto en la prueba de oposición escrita como en la oral y pública, uno de los temas y/o casos deberá incluir temáticas de género o su resolución deberá demandar un enfoque de género y todos/as los/as postulantes deberán acreditar capacitación en la materia.

Prevé que tanto en el tribunal de enjuiciamiento como en el consejo evaluador, los jurados de los concursos y las direcciones de recursos humanos, disciplina y las unidades de apoyo a las fiscalías tengan en cuenta que por ley deberán respetar la paridad de género. “Tiene que haber mujeres en estos lugares, que son el poder de la Procuración, tienen más poder que el propio Procurador”, advirtió la fiscala consultada por El Cohete.

Las fiscalas remarcan un dato: del “Mapa de Género del Ministerio Público Fiscal” presentado por Casal en noviembre del año pasado, surge que si bien hay paridad en relación al total de trabajadores y trabajadoras en la Procuración, sólo el 26,74% de las mujeres ocupan el cargo de procuradoras y fiscalas frente al 73,26% de sus compañeros varones. “Hay una raíz patriarcal en el Poder Judicial y una actitud corporativa de protección. Sin ir más lejos [Juan Carlos] Gemignani recusó a una fiscal por haber participado de una marcha de #NiUnaMenos”, señaló la fiscal Mariela Labozzetta a El Cohete.

 

 

Mucho más que un bozal legal

La nueva embestida de Casal contra las fiscalas tiene su punto de partida el 12 de abril. Ese día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, las recibió en su despacho: cinco participaron de la reunión en modo presencial y el resto vía remota. En la mesa junto a Soria y su vice Juan Martín Mena se sentaron Labozzetta, Gabriela Baigún, Laura Belloqui, Cintia Oberlander y Mónica Cuñarro, todas ellas de Capital Federal. De forma remota participaron Ana Miriam Russo (Provincia de Buenos Aires); Indiana Garzón (Santiago del Estero); Virginia Miguel Carmona (La Rioja); María Hermida (Tierra del Fuego); Iara Silvestre (La Pampa); Cecilia McIntosh (Buenos Aires); Josefina Minatta (Entre Ríos) y María Schianni (Córdoba).El sucesor de Marcela Losardo había asumido su cargo hacía dos semanas. El comunicado oficial de la cartera señaló que el encuentro obedecía a “la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el Sistema de Justicia” y buscaba el “rediseño institucional del Ministerio Público Fiscal”.

El Cohete a la Luna quiso saber cómo se armó la reunión. Las fiscalas consultadas comentaron que advirtieron a partir de las declaraciones de Soria que quería trabajar con perspectiva de género y así surgió la idea de pedirle una reunión para tratar reformas a la ley del MPF que venían discutiendo en distintos grupos aunque sin un espacio de encuentros sistemáticos. En otros casos fueron convocadas directamente por el ministro. Hubo encuentro, foto y enseguida llegó la represalia del procurador Casal.

El 22 de abril, el subprocurador firmó la resolución 101 en la que recomendó “a las señoras fiscales que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes”. A las fiscalas las habían denunciado la titular de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y la integrante de dicho espacio y abogada todoterreno Florencia Arietto. Bullrich está señalada por haberse reunido durante su gestión como ministra de Seguridad con distintos fiscales, entre ellos Guillermo Marijuan. La diputada Vanesa Siley reparó sobre este dato: “No somos nosotros quienes estamos diciendo que es un delito reunirse. La ex ministra denunció reuniones que ella había mantenido como ministra”.

Bullrich y Arietto pidieron a Casal que les abriera un sumario. El procurador interino archivó la denuncia pero advirtió que ese tipo de encuentros podía “generar situaciones equívocas”. Algunas fiscalas leyeron que se les quería imponer un bozal legal, o algo más que eso.

Al día siguiente, el 23 de abril, las fiscalas Baigún, Belloqui, McIntosh, Garzón, Minatta, Labozzetta, Carmona, Oberlander, Silvestre, Russo, Schianni y Hermida le respondieron sobre la recomendación. “Nos compete (…) la construcción de un sistema judicial con mirada de género. Esta agenda es una demanda social que nos toca representar hasta el máximo de nuestros esfuerzos y capacidades como mujeres integrantes de un sistema judicial que no ofrece una respuesta adecuada frente a las violencias por motivos de género”, dijeron.

“Nos compete –subrayaron– porque esta agenda no la representan las corporaciones ni las instituciones que también están dirigidas centralmente por varones y que se resisten con vehemencia a las transformaciones que las mujeres estamos reclamando. Motorizar estas demandas es nuestro derecho y también es nuestra obligación”.

La fiscal Mónica Cuñarro, que también participó de la reunión con Soria y Mena, eligió otra vía para cuestionar las resoluciones de Casal. El 5 de mayo presentó al procurador interino un recurso de “reconsideración y jerárquico en subsidio”. La fiscal consideró que la actuación de Casal “excede sus facultades funcionales” y que las resoluciones –la 101 del 22 de abril y la 102, supuestamente aclaratoria, del 26 de ese mes– “resultan contrarias a instrumentos internacionales de derechos humanos (…) que impiden toda forma de discriminación contra las mujeres y el ejercicio de cualquier acto de violencia institucional y simbólica”.

En un escrito de 14 páginas, Cuñarro manifestó: “Mi autonomía personal y funcional permite que participe de reuniones o comisiones de reforma de leyes en forma pública y transparente. Este es un hecho que históricamente se ha llevado a cabo por Magistrados y Magistradas del Poder Judicial y del Ministerio Publico Fiscal en forma pacífica, consuetudinariamente y sin intervención del Procurador General de la Nación. Denegarme o restringir este derecho a participar en comisiones, debates, conferencias o reuniones implicaría una restricción o denegación a derechos individuales y funcionales, que por sobre todas las cosas están reconocidos por la Constitución Nacional”. Cuñarro advirtió que las resoluciones de Casal sobre las fiscalas buscan “encauzar en una única voz las opiniones y propuestas personales de todos los fiscales”.

 

 

Entre los “protegidos” de Casal, advierten las fiscalas, están algunos de los asistentes a la marcha del 18 de febrero de 2015 en homenaje a Alberto Nisman: Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, José María Campagnoli, Carlos Stornelli y Ricardo Sáenz. Allí también estuvo presente el fiscal Eduardo Taiano, quien tenía –y tiene aún– a su cargo la investigación del deceso del colega.

El 17 de mayo el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) adhirió al recurso de reconsideración planteado por Cuñarro y advirtió que Casal llevó adelante “un ejercicio inédito de mansplaining institucional” porque su segunda resolución contra las fiscalas (102, el 26 de abril) tenía “como objeto únicamente explicarles que malinterpretaron” el texto de la primera resolución. “Coincidimos con las fiscalas en el carácter discriminatorio”, advirtieron desde el gremio judicial.

 

 

Paridad real

La fiscal Mariela Labozzetta está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). El 12 de abril se sentó en la mesa con Soria y su vice, Juan Martín Mena. En diálogo con El Cohete dijo que el Ministerio Público Fiscal tiene que tener perspectiva de género en su propia actuación, más allá de quién sea el Procurador/a, y al interior de la propia institución.

“Hoy por hoy las cuestiones de género no aparecen si no las impulsamos. La Procuración tendría que poder diseñar una política criminal con perspectiva de género. Me refiero a casos muy concretos: quien investiga temas de narcotráfico tiene que poder pensar que, en muchísimos casos, a las mujeres se las usa como ‘mulas’ para transportar las drogas”, explicó Labozzetta, que además de conducir la UFEM es fiscal en Morón.

 

 

Otra fiscal consultada por El Cohete, que no participó en la reunión con Soria pero es parte de un espacio de mujeres en el marco de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, dijo que además de las modificaciones en la ley son prioritarios los cambios reglamentarios. Por caso, uno de los temas en los que vienen trabajando es que se asigne un puntaje a las tareas de cuidado: durante los años en que las mujeres están de licencia por maternidad o al cuidado de familiares, no suelen poder cursar las capacitaciones que luego les otorgan puntaje para los concursos. Están pidiendo que las tareas de cuidado se valoren en la carrera.

“Una tiene que lograr que más mujeres feministas ocupen cargos de decisión. No creo que cualquier mujer sea garantía de nada, pero más mujeres generan un ambiente más igualitario. Ser fiscal es un trabajo para mujeres, tenemos las características de ecuanimidad y prudencia. Cuantas más mujeres seamos el ambiente va a ser más igualitario”, expresó. Subrayó que “los estereotipos de género no sólo son de arriba hacia abajo jerárquicamente sino que también se dan en la jerarquía: hay cierta predisposición a pensar que la mujer magistrada maltrata o que gritamos”. Aquí una de las principales acusaciones que pesan sobre las fiscalas sumariadas: mobbing o acoso laboral.

 

 

 

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