EL BOMBAZO DE MAJDALANI

 

La inmobiliaria

Sentado en la mesa de un bar, el espía observa, anota movimientos y horarios, prepara el informe. Pide otro café, tal vez un tostado, guarda el ticket con los demás. Es un trabajo más bien chato, sin vértigo, hasta que se levanta, cruza la calle y toma fotos del frente de un edificio. Se esmera: va de un lado a otro, busca la mejor luz, prueba el zoom, como lo haría el empleado de cualquier inmobiliaria. Vuelve al bar satisfecho.

Así, ocupando la memoria del celular en imágenes que parecen inocuas, el espía da el presente, marca la tarjeta, demuestra que está cumpliendo el turno. El efecto es doble. Por un lado se asegura el cobro de los viáticos. Por otro, revela que no es un cuentapropista, que sólo es un soldado en la línea de mando, que está cumpliendo órdenes de una autoridad.

 

 

El chat

A las 12:11 del 7 de julio de 2018, el agente de la Policía Metropolitana y reclutado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leandro Araque, recibió en su celular un mensaje proveniente del número 302626348. “Me dijo 8 q hace un año no vive ahí bolu”, leyó Araque y, por reflejo, rogó que fuera una broma. Después, más calculador, le echó la culpa a un tal Diego.

La cripta del sentido se rompe con apenas un poco de contexto. El día anterior, una adolescente de 14 años llamó al 911 porque le pareció extraño un paquete abandonado frente a un edificio de la Avenida Callao, casi esquina con Arenales. Los policías constataron que se trataba de una bomba fabricada con un bloque de Trinito Nitrato Tolueno, más conocido como TNT, un celular, cables y cinta adhesiva. También había una nota que acusaba al agente de inteligencia retirado y por entonces subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, de ladrón y traidor.

 

 

El mensaje que recibió Araque era inequívoco: la operación había fracasado porque Vila ya no vivía en ese edificio. Pero más importante fue la referencia a “8”, que es la designación histórica para hablar del número dos en la jerarquía de los servicios de Inteligencia (alude al piso que ocupa en el edificio de la calle 25 de Mayo), es decir, la por entonces subdirectora Silvia Majdalani. Para despejar cualquier duda, el “Diego” del que habla Araque no es otro que Dalmau Pereyra, director operacional de Contrainteligencia, un cargo con dedicación exclusiva a los mandatos de Majdalani.

“Ese chat es el eslabón perdido porque, primero, vincula la gran causa de asociación ilícita que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes y presos en las cárceles con mi causa por la bomba; y segundo, muestra una relación directa y en tiempo real con la 8 o Silvia, que aparece un par de veces mencionada así y que alude a Majdalani. Tomar fotos de la puerta de un edificio significa que lo están estudiando para que sea blanco de una operación, eso hicieron conmigo para amedrentarme y quedó claro que fue una directiva expresa”, se entusiasma Vila, tanto que hasta se anima a un pronóstico: “Colocar un explosivo sube las penas, no se puede argumentar desconocimiento sobre la ilegalidad de la acción, complica la situación de los procesados, se van a empezar a denunciar entre ellos para salvarse”.

 

 

 

La prueba

A mediados de abril, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé dispuso la remisión a los tribunales de Comodoro Py de la causa por el supuesto espionaje ilegal cometido por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, algo que pedían a gritos los procesados y ex titulares del organismo Gustavo Arribas y la ya mencionada Majdalani, entre otros ex funcionarios de la administración Cambiemos. El magistrado no hizo más que acatar la orden de la Cámara Federal de Casación Penal de desprenderse de dos expedientes ya célebres: uno que se ocupa del fisgoneo a Cristina Fernández, tanto en el Instituto Patria como en su domicilio porteño; y otro centrado en las tareas de seguimiento ilegal a dirigentes políticos –aliados y opositores–, periodistas y sindicalistas por parte de la banda autoproclamada “Súper Mario Bros” y al espionaje en las cárceles a presos kirchneristas.

Fue el trabajo de Augé y de la fiscal Cecilia Incardona lo que permitió conocer el contenido del celular de Araque, última y condenatoria revelación. Además del dialogo que evidenció el conocimiento de los jefes de la AFI sobre las actividades de sus subalternos, también se encontraron en el Galaxy Samsung imágenes del edificio donde vivía Vila (destaca un primer plano del portero eléctrico); del parte de la Policía Federal refiriendo el secuestro del explosivo; de los panfletos difamatorios lanzados en los alrededores del Ministerio de Defensa donde Vila trabajaba; y hasta de la carta que “anónimamente” se le hizo llegar al ministro Oscar Aguad pidiendo el apartamiento del subsecretario de Asuntos Internacionales por “acosador y corrupto” (y que desató un debate previo entre los agentes, también fijado en el chat, sobre la conveniencia de recordar la filiación radical del apuntado). Pero nada tan perturbador como la fotografía fechada el 2 de julio de 2018 a las 13:26 del artefacto explosivo que cuatro días después sería colocado frente al domicilio de Vila. El mismo desparpajo se descubre en la imagen enviada desde el celular de Jorge “el Turco” Sáez, otro prestador de servicios a la AFI, que muestra la mano sosteniendo un papel con el número de celular, DNI y dirección del objetivo.

Ese celular –dice Vila– estaba congelado, lo tenía bajo custodia el juez Daniel Rafecas porque lo había incautado en un allanamiento a la mujer de Araque, también policía, que había intervenido en un operativo donde desaparecieron 60.000 dólares. Araque cayó en el lugar pensando que podía salvarla por trabajar en la AFI, pero en vez de eso le sacaron el celular. Perder ese teléfono fue lo que posibilitó la mayor parte de la investigación. Generó desconfianza entre ellos, no le creían, pensaban que los iba a extorsionar. A partir de ese momento, el grupo dejó de tener actividad. Pero un año después, con la detención del narcotraficante Verdura, el celular recobró interés.

 

 

El susto

El pistolero y traficante de drogas Sergio Rodríguez, más conocido por sus apodos –el preciso Tomate y el genérico Verdura– que obligaban a la reverencia en las barriadas de Esteban Echeverría y Almirante Brown, hacía dos cosas muy bien, una derivada de la otra: arreglar con la policía y escaparse de la Justicia. Pero el 21 de febrero de 2020, a una semana de su última evasión, la única opción era entregarse. Mandó a llamar al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena porque tenía miedo de que sus antiguos socios lo mataran para asegurarse el silencio. Ya esposado, propuso un trato nada original: información valiosa a cambio de benevolencia. El juez, rutinario, escuchó. Después, más ansioso, pidió todo tipo de detalles.

Rodríguez habló de un abogado y agente de la AFI que le había prometido cobertura para su negocio. La devolución de gentilezas incluyó llevar un paquete hasta la puerta de un edificio sobre la porteña Avenida Callao, a metros de Arenales, con el fin de “darle un susto” a alguien. Los investigadores no tardaron en identificar a Facundo Melo, ex agente de la AFI dentro de la Dirección de Contrainteligencia, y a través de él a una red de tareas de espionaje ilegal que, como ya se dijo, incluía al policía Araque y su celular delator.

 

 

La explicación

Araque no es un ingenuo. Mucho menos un olvidadizo. “Ellos guardaban las fotos y las conversaciones porque era una forma de reaseguro. A todos los caracterizó una relación de gran desconfianza porque no eran agentes formados sino que fueron convocados para participar de un sistema de ilegalidad. Conservar ese material es tener agarrado al otro, hacerlo cómplice, y avisar que si caigo no lo voy a hacer solo”, explica Vila.

Con respecto a los motivos de tanto ensañamiento, el veterano funcionario admite que les complicó el negocio. “La red de agregados militares que están en las embajadas dependían de mí en lo político institucional. A partir de las nuevas misiones de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la AFI corría el riesgo que desde allí yo les pudiera auditar los gastos, controlando la veracidad de la información. Afuera se roba más fácil. Por ejemplo, si alguien te pide 100.000 dólares para hacer una base en La Matanza, después vas y te fijás, la Bicameral (en referencia a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso) puede verificar que la base esté, pero si te piden lo mismo para la Triple Frontera o Centroamérica, ¿quién lo controla? Podés pedir un millón que nadie te va a decir que no. Cuando la policía se corrompe, administra los negocios ilegales de la calle, como la prostitución o el juego, los encubre y sube la recaudación. Luego dirán que eso no existe. En la Inteligencia es al revés, se inventa un enemigo que no existe para obtener gastos reservados de arriba hacia abajo. El exterior es como Vaca Muerta para los espías”.

 

 

Vila, que supo estar al lado de Raúl Alfonsín durante su gobierno, dice que vivió “dos Semanas Santas”. La original, del ‘87, en la que un grupo de oficiales, según sus propias palabras, “le quiso imponer al Presidente una agenda distinta”; y la réplica, en 2015, durante la gestión de Cristina Fernández, cuando fue el turno de desestabilizar de los agentes de Inteligencia. “La diferencia –dice– es que en la de Alfonsín la oposición subió al palco y acompañó, mientras que después la grieta impidió el respaldo a Cristina y se terminó apoyando más a (Antonio) Stiuso”, el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia.

Aunque hayan sido días peligrosos, donde estuvieron en juego las instituciones democráticas, Vila jura que no se queda con este presente.

“La de ahora es una batalla sin ninguna épica, una pelea sórdida. Uno era incapaz de imaginarse conteniendo los levantamientos de Aldo Rico a través de una denuncia en la Justicia. Este es un proceso anodino donde ganar no provoca ninguna alegría, apenas puede generar alivio. Estoy recorriendo los pasillos de tribunales sin ninguna ilusión”.

 

 

 

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