EL BLINDADO FISCAL NARCO

 

El fiscal Claudio Scapolán no tiene un fin de año tranquilo. Y eso que sus dotes de fugitivo le permiten un gran margen de maniobra en lo que para su entorno fue una sombría Navidad.

La Justicia, por lo pronto, todavía no le llamó la atención por su marcada desobediencia. Es que faltó tres veces a indagatoria por la abrumadora prueba en su contra por narcotráfico. Pese a que su recusación a la jueza Sandra Arroyo Delgado ya fue negada, su estrategia es copiada de la de Carlos Stornelli y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.

Ganar tiempo, buscar viejos colegas que lo apoyen, distraer la pesquisa hacia el lobby en pasillos judiciales y mediáticos. Y así, nunca concurrir de cuerpo presente a responder las preguntas que lo comprometen de forma inexorable.

El fiscal Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, se cansó de sus tácticas dilatorias y la última semana lo denunció ante la jueza Arroyo Salgado. Le hizo dos pedidos puntuales: que fije nueva audiencia para materializar la indagatoria de Scapolán, “habilitando la feria judicial por existir en autos personas privadas de su libertad”, y que lo intime a comparecer bajo apercibimiento de solicitar la promoción de su desafuero y luego su detención. Si el imputado continúa escapando, se solicitará que se lo declare en rebeldía y se le quiten los fueros, para “asegurar su comparecencia en el proceso”.

Cualquier ciudadano imputado por un delito debe presentarse a declarar, salvo que alguna razón extraordinaria se lo impida. Luego tendrá derecho a responder o no las preguntas del fiscal y del juez según convenga a su estrategia de defensa, pero debe presentarse. No cumplir con esa obligación es más grave aún si el imputado es un funcionario judicial, acusado por narcocriminalidad, nada menos que como líder de una asociación ilícita, uno de los delitos más graves a nivel institucional.

¿Por qué entonces Scapolán sigue siendo un privilegiado que gambetea a la Justicia cuando quiere, sin mayores consecuencias?

Un alto investigador judicial lo explicó de la siguiente manera: “Scapolán está amparado por la protección política. Fijate lo que hizo la comisión bicameral en el jury el año pasado, con el resguardo de senadores como Sergio Berni. El jury además no hizo nada este año pese a tener todo para avanzar, pero tampoco hizo nada el procurador Julio Conte Grand, que también tendría que acusar, teniéndolo todo para hacerlo”.

–¿Al  fiscal Scapolán lo protegen políticos de diversa estirpe y extracción?

–Eso parece. El pacto Massa-Vidal funciona. Y Sergio Massa y su familia tenían una relación fluida con Scapolán, de mandarse mensajes por los cumpleaños y esas cosas. Hay hechos gravísimos de narcotráfico y corrupción. De Scapolán dependía la investigación de intendentes de San Isidro y cajoneó las causas. Pero además tampoco pasa nada con el fiscal Fabián Fernandez Garello o con Federico Nieva Woodgate, acusados por crímenes de lesa humanidad. Los mecanismos institucionales no funcionan. El bipartidismo los traba.

–¿Y qué está ocurriendo en el presente?

–La pregunta es qué hacen el Poder Ejecutivo provincial y nacional, porque esta pesquisa acumuló enorme prueba contra Scapolán y su banda y se necesita avanzar en su juzgamiento. ¿O acaso no les interesa la existencia de bandas policiales y judiciales vinculadas al narcotráfico, en cuyo funcionamiento hay muertes, sicariato mediante?

Según pudo reconstruir este medio, el planteo de recusación que hizo Scapolán sobre Arroyo Salgado fue rechazado por la propia jueza, por la Cámara Federal de San Martín y por la Cámara Federal de Casación penal, la máxima instancia penal del país. Pero el fiscal narco no se da por vencido: se presentó en la Corte Suprema, pese a que el código no permite ningún recurso más contra el rechazo de una recusación.

Su argumento es inconsistente. Se remonta al inicio de la causa, cuando un testigo de identidad reservada había dicho que Arroyo protegía a Scapolán. La denunció incluso en el Consejo de la Magistratura. Pero tanto allí como en el juzgado federal de Tres de Febrero se desestimó la denuncia. Ese testigo –se supo poco tiempo después– era un narco que estaba siendo imputado en el expediente.

Arroyo Salgado incluso pretendió excusarse en la causa, pero tanto la jueza Alicia Vence como la Cámara Federal de San Martín la rechazaron. Todo ese trámite tardó un año. Fue el tiempo que esperó el fiscal Domínguez para presentar la imputación de Scapolán como líder de una asociación ilícita vinculada con el narcotráfico.

Es una megacausa donde están bajo sospecha cerca de 50 personas y se investigan delitos que van desde “armado” de causas y extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta tenencia de estupefacientes para su distribución y comercialización.

La prisión preventiva, hasta estos días, comprendía a los funcionarios judiciales, ex colaboradores de Scapolán, Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale; a los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares, Juana Medina y Mario De Armas, y a los civiles Cristian Seu y José Molina.

 

 

Liberaciones polémicas

Los secretarios Jarisch y Santivale acaban de ser liberados por la Cámara de San Martín, por considerar que sus celulares no estaban conectados al momento de una operación ilegal. Fuentes judiciales dijeron a El Cohete que esa decisión no afecta al grueso de la pesquisa ni influirá sobre la imputación de Scapolán, aunque la cuestionaron: “Es un fallo absolutamente arbitrario, que no valora la prueba en su conjunto. No tiene sentido comprender la evidencia de forma aislada. Y es posible que cuando los secretarios estaban en acción se dividiesen las tareas y que sus celulares no estuviesen conectados al momento de una operación, lo cual no significa que no estuvieran allí. Es absurdo desligarlos de la escena por analizar sus roles en la trama policial, cuando es la Justicia la que opera detrás de la policía”, dijo una fuente judicial.

La liberación la firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, miembros de la Sala I, considerada como “permeable” a los intereses políticos. En la resolución, además, se desconoce la trascendencia que tiene la tarea de los secretarios para el funcionamiento de juzgados y fiscalías penales. “Son funcionarios de carrera que tienen un enlace permanente con las dependencias policiales, coordinan equipos de trabajo, tienen acceso directo a las evidencias, proyectan resoluciones”, explicó otra fuente experta.

En el caso de los secretarios de Scapolán, según pudo probar la investigación de la fiscalía de Domínguez, eran partícipes activos en “el temor infundido a víctimas y testigos, la utilización de testigos falsos, los testimonios guionados, direccionados o falseados y las maniobras extorsivas desplegadas”.

La Sala I, en rigor, acumula un largo historial de irregularidades. Su líder, Juan Pablo Salas, fue un histórico secretario del juzgado federal de Morón a cargo de Jorge Rodríguez. Con su bendición fue nombrado juez federal subrogante de Morón desde 2005 en el Juzgado 3 y desde 2011 en el Juzgado 1.

 

 

Como subrogante, Salas estuvo a cargo de la fallida investigación por la desaparición de Luciano Arruga. Pese a que nunca fue designado juez titular y que estuvo a cargo de dos de los tres juzgados federales de la jurisdicción en los que el narcotráfico y la violencia asociada parecen tener vía libre, fue ascendido a camarista por Mauricio Macri.

A su vez, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín fue recusada por parcialidad por el colectivo Stop FlyBondi, que litiga contra el polémico aeropuerto de El Palomar por el cese de los vuelos nocturnos. Y también operó en un caso del PAMI por una defraudación contra el Estado. Allí, en el marco de una investigación judicial contra los dueños y socios de la Clínica de Salud Norte, ligados a una asociación ilícita emparentada con la vieja guardia del duhaldismo en el conurbano, aquellos fueron apresados por falsificar historias clínicas y sobrefacturar a PAMI. La Sala I los liberó en un fallo escandaloso porque dejó sin efecto la maniobra fraudulenta comprobada en la imputación colectiva. La misma Cámara benefició este año con la libertad a José Damián Sofía, un presunto narcotraficante de Morón relacionado con los narcos Gustavo Sancho, Xavier Guastini y poderosos traficantes de origen colombiano.

 

 

En la megacausa Scapolán se repite un accionar polémico de los camaristas. En los casos Anacona y Bustamente –dos piezas clave de la pesquisa–, consideraron que los secretarios Jarisch y Santivale no estuvieron involucrados directamente en el robo de 500 kilos de cocaína ni en la extorsión ni en la coima de los imputados, por comprender que no  se hallaron el tiempo suficiente en el lugar de los hechos.

A juicio de Salas, Fernández y Morán la maniobra fue realizada por los policías a espaldas de las dos personas de máxima confianza de Scapolán: Sanvitale, amigo desde la adolescencia e histórico secretario de la fiscalía, y Jarisch, el secretario al que policías e informantes apodaban “Maxi” y que este año estuvo a punto de ser designado fiscal.

Con el espíritu de cortar el hilo por lo más delgado, los camaristas tampoco sopesaron que Sanvitale y Jarisch eran las personas que gestionaban esas investigaciones. Desconocieron que la pesquisa, con abundante evidencia, probó que ambos cuidaban las espaldas del fiscal recibiendo declaraciones y proyectando decisiones. Como también que detenían a personas sorprendidas con apenas unos pocos gramos de estupefacientes en su poder.

Según la acusación hacían lo que en la jerga se conoce como el juego sucio, porque sin su trabajo de amparo y protección los funcionarios policiales a sus órdenes no podían cargar al hombro la droga sustraída, extorsionar a las personas allanadas, robarse pertenencias y recibir el dinero de coimas.

Nada de todo eso pareció importarles a los jueces de la controvertida Cámara de San Martín, que les dieron la gracia de la libertad como regalo de fiestas.

 

 

 

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