Bien de muchos, opulencia de pocos

 

La semana que pasó fue histórica en materia de seguridad social, por dos hechos de enorme relevancia: la puesta en marcha el plan de medicamentos gratuitos y la derogación del esquema de jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación.

 

Medicamentos para todos

El día martes se presentó en Quilmes el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos por parte de la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y del Presidente de la República, Alberto Fernández. Creo que vale la pena analizar este hecho desde tres perspectivas distintas:

1. su impacto social y político,
2. los efectos en la salud de los beneficiarios y
3. el impacto en la economía del beneficiario.

En cuanto al impacto social y político, lo primero que corresponde decir es que lo ocurrido es excepcional en la historia de la seguridad social argentina. Medicamentos gratuitos por parte de PAMI hubo siempre, unas veces los recibieron muchos y otras veces pocos. Pero esta es la primera vez que los reciben todos los afiliados del PAMI, lo cual torna impactante la medida porque con ella se elimina una de las cosas más ignominiosas de la seguridad social: el tener que acreditar pobreza para tener derecho a un medicamento. Está certificación de pobreza se hacía mediante las encuestas socioeconómicas que han sido y seguirán siendo hasta tanto desaparezcan de la faz de la tierra una aberración ética, jurídicamente injustas y repugnantes a la dignidad humana. Solo imaginar que un trabajador que si bien logró sumar un patrimonio modesto pero superior al que requiere la norma de acceso a una prestación y percibe una magra jubilación se quede sin el medicamento, atenta contra la inteligencia. Pero eso no es todo, ya que aún contando con patrimonio o sin él, cuando estas encuestas se aplican un trabajador jubilado, con su dignidad a cuestas, tiene que someterse a la humillación de demostrar que es pobre.

Una mención especial merece la simpleza del procedimiento requerido para acceder al medicamento, ya que con la receta emitida en forma electrónica por el médico, donde conste el medicamento incluido en el vademécum gratuito, los datos de DNI y del carnet de afiliación, el beneficiario podrá concurrir a la farmacia de barrio para recibir el medicamento, firmar y regresar a su casa. Así de simple: no necesita autorizar la receta, tampoco necesita ver a servicio social alguno, todo eso queda en el pasado y lo más importante, es para todos igual.

Otra cuestión que sorprende es que, habiendo pasado por el PAMI numerosos directores, interventores y normalizadores, con gestiones buenas, aceptables o malas, con mayor o menor peso político, quien venga a dar semejante respuesta ética, solidaria y llena de justicia social sea la más joven directora  del PAMI que al menos yo recuerde, como lo es Luana Volnovich. Esto tiene que hacernos reflexionar respecto que algo muy distinto a lo que conocimos hasta ahora está ocurriendo en nuestro país.  Sé que alguno podrá decir, y con razón, que la medida es del gobierno que encabeza Alberto Fernández, pero no es menos cierto que la imaginación y la dedicación la pone el funcionario que tiene la capacidad de oír la necesidad popular y encontrar los medios para que esa necesidad se transforme en un derecho.

El segundo impacto de la medida está relacionado con los efectos que tiene en los tratamientos médicos. Hasta el momento que empezó a funcionar la entrega gratuita de medicamentos, los beneficiarios a quienes se les recetaba algún remedio debían tener capacidad económica para comprarlo, o conseguir el dinero necesario para adquirirlo, y si no contaba con él se quedaba sin tomar el medicamento con las consecuencias que ello traía aparejado. A partir de esta decisión el medicamento llegará al beneficiario sin demora alguna, y por lo tanto, la efectividad de los tratamientos médicos a partir de martes pasado será muy distinta.

La tercer dimensión del impacto que produce la entrega de medicamentos gratis tiene que ver con lo que podríamos llamar “efecto de bolsillo”. Es decir, el impacto en la economía individual de los beneficiarios. Aquí hay tres lecturas que pueden hacerse:

1. Aquellas personas que tenían un vinculo estrecho con el PAMI y compraban los medicamentos que necesitaban con el máximo de descuentos posibles. En ese caso, la modificación implica un ahorro del 13,9% de la prestación mínima jubilatoria.
2. Quienes por diversas circunstancias no logran optimizar los beneficios que PAMI otorga (por cuestiones patrimoniales o burocráticas), donde el ahorro alcanza a casi el 30% del haber mínimo jubilatorio.
3. Aquellos que no tienen cobertura (debido a la falta de afiliación o la elección de una obra social distinta, u otras cuestiones). En este caso, si se afiliara a PAMI y/o resignara su obra social, el ahorro superaría el 50% del haber mínimo jubilatorio.

Es claro que estas encuestas no son la verdad revelada, ya que muestran promedios. Pero hay algo que es innegable: que una medida como la entrega gratuita de medicamentos a todos los afiliados, más allá del ahorro que represente, tiene la significación de la tranquilidad de aquellos que, por tener una buena salud, hoy no hacen uso del sistema, pero saben que inexorablemente algún día necesitarán recibir algún medicamento y que cuando llegue es momento no les significara ningún gasto y sobre todo, ningún riesgo, ninguna angustia de que su necesidad se transforme en un peso en su presupuesto ni en el de su grupo de pertenencia.

En definitiva, la entrega de medicamentos gratuitos hace realidad la idea de José Martí de que es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos.

 

 

Privilegios para nadie

El día jueves pasado se produjo otro hecho de inmensa trascendencia en materia de seguridad social: se votó en el Senado la modificación de los regímenes previsionales del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación. Este tema ha sido tratado en los medios durante estos días hasta el cansancio, pero pretendo detenerme en dos cuestiones que creo que no han sido explicadas adecuadamente.

La primera cuestión está relacionada con el impacto que tiene la derogación del artículo 16 de la Ley 24018. Todos hemos sido testigos de que cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto original, la corporación judicial  se encontraba preparando una oposición relativamente light sobre las modificaciones, ya que sabían que mientras no se tocara el artículo 16 que les otorgaba a los jueces jubilados la condición de jueces en reserva podían dar vuelta la decisión del Parlamento con una declaración de inconstitucionalidad en la Corte, ya que por ser jueces les cabe la aplicación de la intangibilidad del salario de los jueces prevista en el artículo 110 de la CN. Pero cuando el diputado Leopoldo Moreau, al momento de tratar el proyecto en comisiones, propuso la derogación del mencionado articulo 16, los representantes de la corporación judicial presentes en el debate se mostraron sorprendidos y por demás inquietos, transmitiéndose impresiones algunos de manera exaltada y poniendo calma otros, pero se notó que algo cambió y el control se perdió, dando inicio a una lucha mas fuerte. En esa contienda no escatimaron vileza, desde decir que la Argentina se quedaba sin jueces ya que todos se jubilarían, hasta agraviar al Presidente diciendo que la voluntad era vaciar el Poder Judicial para manipular la justicia. Nada ello pasó, pero nuevamente presenciamos una escena patética, donde varios integrantes del aparato judicial perdieron la compostura, la cordura y los códigos sólo para defender un privilegio desmesurado.

Quiero, a modo de ejemplo, invitar a los lectores a buscar una nota en el diario La Nación del día jueves 12 de marzo, escrita por el ex juez Luis Herrero. Ver que quien fuera un prestigioso juez de la Seguridad Social, luego de mas de 30 años ininterrumpidos de camarista, llegara tan bajo como para defender lo que él sabe que es un privilegio desmesurado, da vergüenza ajena. En esa nota, quien debería ser el principal defensor del derecho humano a la seguridad social previsto en el articulo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en vez de proteger a los más vulnerables, les echa la culpa de que él pierda privilegios. Argumenta que el sistema previsional es deficitario, supuestamente, por haber dado la Asignación Universal por Hijo, el plan de inclusión jubilatoria y otros planes sociales, tal situación quita recursos para que él cobre su jubilación de privilegio. Patético. Luego de tantos años de ejercer la magistratura, se le olvidó la diferencia entre seguro social y seguridad social. O lo que es peor, acepta cualquier cosa mientras él reciba su suculenta jubilación que sin duda superará los $ 400.000. La Justicia tiene el desprestigio social que merece.

Durante el debate en el Senado del día jueves, como miembro informante del dictamen en minoría habló el senador Martín Lousteau. Hace mucho, pero mucho tiempo que no tenía oportunidad de escuchar un discurso tan cargado de soberbia y con tantas barbaridades técnicas dichas en una misma exposición, que no voy a analizar en esta oportunidad, ya que no forman parte del objeto de esta nota. Pero diré que me resulta increíble que quien fue ministro de Economía necesite sobreactuar para intentar mostrarle a los que lo miraban que era un conocedor del tema. No se dio cuenta de lo básico que tenía frente a los ojos, ya que a partir de esta ley y la derogación del artículo 16 de la Ley 24018, los jueces jubilados y todos los regímenes enganchados del Poder Judicial por esta norma se transforman en simples jubilados, y por ende, sujetos pasibles de ser alcanzados por el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, a partir de ahora todos los jubilados (incluidos los del Poder Judicial) tienen la obligación inexcusable de pagar el impuesto a las ganancias, y ese solo recurso va a hacer que el sistema se autofinancie. Una vez más, la soberbia es la mejor manera de tapar la ignorancia. Que bueno sería para la democracia que el senador Lousteau analizara su discurso y en la próxima sesión del Senado de la Nación le pidiera disculpas a los jubilados y pensionados argentinos por haber dicho tantas inexactitudes, tantas aberraciones y tantas falacias técnicas.

 

 

 

Las cuentas deben cerrar con la gente adentro

Una vez más, asistimos a un gran debate político de esos que para quienes nos dedicamos a estudiar estos temas dejan una huella profunda. Porque la justicia social derrotó en esta oportunidad al privilegio; porque quedó demostrado que, aun en el marco de la crisis que estamos viviendo, fue posible lograr medicamentos gratuitos para todos los afiliados al PAMI y terminar con un privilegio del que gozaron los miembros del Poder Judicial desde hace más de 170 años. Pero nada de lo ocurrido es mera casualidad, ha sido logrado por el conjunto del pueblo argentino cuando decidió terminar con el flagelo que representa el neoliberalismo. En estos caso es bueno volver a Beveridge cuando enseña que "la liberación de la necesidad no puede ser impuesta ni concedida a una democracia. Debe ser conquistada por ella misma. Para conquistarla necesita valor, fe y sentido de unidad nacional: valor para hacer frente a las dificultades, y superarlas; fe en nuestro futuro y en los ideales de lealtad y de libertad por los cuales, a través de los siglos, nuestros antepasados estuvieron dispuestos a morir; y sentido de unidad nacional que se imponga a los intereses de clase o de grupo".

 

 

 

 

 

 

 

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