El Banco Mundial socava la democracia

En el acuerdo de culpabilidad que puso fin oficialmente al mayor caso de corrupción juzgado por los tribunales estadounidenses, la empresa constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado entre 2001 y 2016 “aproximadamente 778 millones de dólares en sobornos, en asociación con más de 100 proyectos en 12 países, incluyendo Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.

Los escándalos consiguientes resultaron en el enjuiciamiento penal y la prisión, el exilio forzado e incluso el suicidio de varios ex Presidentes y muchos otros políticos acusados. Indirectamente, la corrupción evidenciada contribuyó a la proliferación de gobiernos neoliberales y de extrema derecha en América Latina.

Lo que no dicen la fiscalía conjunta de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Tribunal del Distrito Este de Nueva York es que la mayoría de esos 100 proyectos contó con participación activa, asesoramiento y fondos del Banco Mundial, por medio de su ventana de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI).

El Banco Mundial financió activamente y brindó garantías a Odebrecht en el mismo período en que la corporación luego confesó haber creado “una elaborada estructura financiera secreta que operaba para desembolsar los pagos corruptos de sobornos y esconderlos en la contabilidad”. En 2002, Bernard Pasquier, director de la CFI para América Latina y el Caribe, afirmó con entusiasmo que un préstamo de 280 millones de dólares a Odebrecht concertado por el Banco Mundial con la participación de HSBC, Bank of America, Credit Lyonnais e IKB Deutsche Industriebank debería “ayudar a demostrar los beneficios de mejores prácticas de gobierno corporativo y transparencia”.

De hecho, el Banco Mundial estaba tan orgulloso de este apoyo que en un “set de herramientas” para el Foro Global de Gobierno Corporativo expone el caso de Odebrecht como un ejemplo para capacitar a directores corporativos sobre cómo una empresa familiar puede salir a bolsa.

Como parte de ese apoyo, la CFI pasó en comisión a una de sus expertas en género para que trabajara con Odebrecht en Brasil durante un año, parte de 2013 y de 2014. Poco después, en 2015, el Banco Mundial incluyó a la empresa constructora en la asociación SheWorks (junto con Coca-Cola, Intel y otros) como modelo de “políticas que promueven el empleo de las mujeres y su empoderamiento”.

Si bien puede ser aceptable que el Banco Mundial “preste” su personal a un beneficiario, se debería haber detectado un conflicto de intereses cuando el proyecto de transporte más grande de Colombia se adjudicó a una empresa cuyo principal ejecutivo de planificación era el marido de la oficial de inversiones de la CFI que estableció los términos de la licitación. El Grupo Aval consiguió el contrato para construir una carretera de 1.000 kilómetros a través de terreno montañoso que conecta la capital con los puertos del Caribe. El principal socio de Aval en ese proyecto fue Odebrecht, que luego reconoció haber pagado seis millones y medio de dólares en sobornos por este contrato. María Victoria Guarín, de la CFI, enfrenta una multa de hasta un millón de dólares si los tribunales colombianos fallan en su contra en los juicios civiles por conflicto de intereses y contactos indebidos. El grupo Aval y las subsidiarias de su esposo han sido demandados por 150 millones de dólares.

En enero de 2018, el puente más grande de Colombia, que se estaba construyendo para la carretera en cuestión, se derrumbó, matando a nueve trabajadores.

“No hay duda de que la CFI conspiró contra la libre competencia y la transparencia”, dijo en una entrevista Pablo Robledo, el ex regulador antimonopolio que dirigió la investigación. Sin embargo, la CFI no puede ser juzgada en Colombia debido a la inmunidad diplomática otorgada por el acuerdo de país anfitrión que los países en desarrollo deben firmar con el Banco Mundial.

En realidad, “dormir con el enemigo” es la política oficial de la CFI... pero no tan literalmente. La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (respaldada por Naciones Unidas) y la Oficina del Fiscal General concluyeron que Grup Maritim TCB, una corporación catalana, había acordado pagar un soborno de 30 millones de dólares a varios funcionarios del gobierno guatemalteco (de los cuales terminó pagando sólo 12 millones) para construir y administrar la Terminal de Contenedores del Puerto de Quetzal (TCQ).

La CFI del Banco Mundial desempeñó un papel clave en el proyecto TCQ, otorgando a Grup Maritim un préstamo de 62 millones de dólares y comprando acciones por un valor de 7,7 millones en la compañía, con lo que adquirió una participación de 15% en TCQ.

Cuando el Presidente y el Vicepresidente guatemaltecos se vieron obligados a renunciar en 2015 debido a otro escándalo de corrupción, Grup Maritim vendió la terminal a la corporación danesa de logística Maersk por mil millones de dólares. El gobierno guatemalteco recibió 32,7 millones como indemnización, pero el fiscal general del país exigió que se declarara nula toda la venta.

Cuando la Corte Suprema decidió en contra de Maersk –que siempre negó haber sabido de los sobornos–, la firma danesa demandó a Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con base en el acuerdo de inversión entre el país centroamericano y España. El sistema de arbitraje del CIADI fue creado y alojado por el Banco Mundial, que fue parte de la operación TCQ desde el principio, pero esto no se considera un conflicto de intereses.

En otro caso muy sonado, el Banco Montevideo de Uruguay, vendido por Deutsche Bank a la familia Peirano en 1992, había “violado todas las reglas y requisitos existentes en cuanto a los procedimientos bancarios y la confianza de los clientes del banco” en su bancarrota fraudulenta en medio de la crisis financiera de 2002. Cuatro miembros de la familia Peirano, incluidos dos ex ministros de Finanzas, fueron encarcelados. Dado que la CFI poseía 9,16% de las acciones de capital de Banco Montevideo, los clientes que perdieron sus depósitos, incluido el Banco de Seguros del Estado, demandaron a la CFI ante el Tribunal de Distrito de Nueva York. Argumentaron que “los propietarios que tenían el poder y la oportunidad de nombrar miembros de la Junta de Accionistas son corresponsables de las violaciones en caso de que la Junta no implemente, monitoree y aplique las políticas y procedimientos adecuados para salvaguardar los activos del Banco Montevideo”. Esta es una lógica que los procedimientos de gobierno corporativo del Banco Mundial generalmente recomendarían. Sin embargo, el tribunal decidió que, dado que “la CFI es una organización internacional que goza de una amplia inmunidad bajo la IOIA [Ley de Inmunidad de las Organizaciones Internacionales de 1945], sigue siendo inmune a la demanda en este asunto”. Y el caso fue cerrado sin más trámite.

Apalancando la corrupción

En octubre de 2011, un comunicado de prensa del Banco Mundial anunció con orgullo que “la CFI, miembro del Grupo del Banco Mundial, está proporcionando una innovadora garantía de crédito parcial de 50 millones de dólares a un cliente de la CFI, Constructora Norberto Odebrecht SA, para apoyar el desarrollo de infraestructura en Brasil y otros países latinoamericanos”. Esos 50 millones de dólares se multiplicaron casi mágicamente por un factor de 40 en el título del comunicado: “Garantía de la CFI a la Constructora Norberto Odebrecht de Brasil apoyará hasta 2.000 millones de dólares en infraestructura”.

El truco financiero se explicó de la siguiente manera: “La CFI ha diseñado una innovadora línea de garantía parcial de crédito bajo la cual la garantía de 50 millones de dólares permitirá a Constructora Norberto Odebrecht SA colocar en el mercado hasta 250 millones de dólares en bonos, que respaldan directamente hasta dos mil millones de dólares en contratos de construcción en sectores como energía, agua, carreteras, puertos, aeropuertos y riego”.

Ambas partes eran muy conscientes de que este era un nuevo modelo destinado a ser probado y copiado. Marcos Lima, quien dirigió la unidad de gestión de riesgos, seguros y fianzas de Odebrecht, dijo: “Esperamos replicar esta nueva estructura financiera con la CFI y otras instituciones en el futuro para aumentar aún más la capacidad”.

Del lado del Banco Mundial, Atul Mehta, director de Manufactura, Agronegocios y Servicios de la CFI, dijo: “El desarrollo de infraestructura es uno de los desafíos más importantes para un crecimiento sostenido. Crea importantes oportunidades de empleo y capacitación para la base de la pirámide y para las pequeñas y medianas empresas. La CFI se complace en probar este nuevo producto financiero que aborda una limitación clave y espera ofrecerlo en otros mercados”.

La alianza entre el Banco Mundial y Odebrecht fue tan exitosa que unos meses después de este anuncio, en julio de 2012, la CFI probó con la misma empresa constructora un nuevo modelo de asociaciones público-privadas (PPP), ahora dirigido a la educación.

En lugar del proceso tradicional de adquisición, mediante el cual el sistema escolar paga a una empresa de construcción para erigir las instalaciones, el contratista ahora obtendría “una concesión de 20 años para financiar, construir, equipar y operar servicios no pedagógicos de 32 nuevas escuelas preescolares y cinco primarias escuelas”.

Según los términos de la concesión, el socio del sector privado no sólo es responsable de la construcción, sino también de la “limpieza, vigilancia, lavandería, mantenimiento y gestión de servicios públicos” durante dos décadas, lo que “permitiría a los directores de las escuelas centrarse en la enseñanza en lugar de administrar múltiples proveedores”.

El proceso de licitación fue facilitado por CFI y Odebrecht obtuvo el contrato.

En noviembre de 2017, más de dos años después del arresto de Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía fundada por su abuelo, el Banco Mundial todavía promocionaba el proyecto educativo de Belo Horizonte como modelo en un folleto sobre “Creación de mercados en Ghana”, en apoyo de la estrategia del gobierno para “construir la economía más favorable para los negocios en África” y “fomentar la competitividad de las empresas ghanesas”.

La base de datos del Banco Mundial actualmente registra PPP con participación de Odebrecht en Brasil, Perú, Colombia y México, por un total de más de 30.000 millones de dólares. Además, Odebrecht y otras cuatro constructoras brasileñas (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y OAS Construction) recibieron miles de millones de dólares del banco brasileño de desarrollo BNDES para expandir sus operaciones en América Latina a África.

Estas cinco empresas han sido investigadas desde 2014, acusadas de formar un “cartel” para decidir entre ellas el precio y el ganador de todas las ofertas públicas de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras. Para negociar una reducción de sus 20 años de prisión, el CEO Marcelo Odebrecht acusó a todos los partidos políticos, tres o cuatro ex Presidentes de Brasil y varios de sus colegas latinoamericanos y africanos de recibir sobornos de la compañía.

En su apogeo en 2016 Odebrecht empleaba a 128.000 personas en todo el mundo y tuvo un ingreso de alrededor de 100.000 millones de dólares al año. La multa que le impusieron los gobiernos de Brasil, Suiza y Estados Unidos es de 2.600 millones de dólares. Sin embargo, fue recién en febrero de 2019 que el Banco Mundial anunció públicamente que excluía a Constructora Norberto Odebrecht de participar en proyectos financiados por el Banco Mundial y eso por apenas tres años. La pena se redujo, se explicó, debido a la cooperación de Odebrecht.

¿Sólo una “manzana podrida”?

El economista español José Luis Guasch, ex empleado del Banco Mundial, descubrió que el 78% de todas las PPP de transporte en América Latina habían sido renegociadas, con un promedio de cuatro adiciones por contrato y un aumento de costos de 30 millones de dólares por adición. Por ejemplo, el costo de una carretera que une Brasil y Perú aumentó de los 800 millones de dólares inicialmente previstos a 2.300 millones por medio de 22 adiciones. Tales cambios en el contrato, dice Guasch, pueden ser “terreno fértil para la corrupción”. Hubo abundante investigación disponible en el Banco Mundial en la primera década de este siglo para advertir sobre los posibles efectos negativos de las PPP. “Todos sabían que Odebrecht estaba haciendo esto”, dice Christopher Sabatini, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. “La colusión fue clara desde el principio”.

Es lógico que la corrupción no sea un accidente sino un factor inherente en el modelo. En primer lugar, tenemos una empresa que aprovecha el dinero público para recaudar dinero privado (con una garantía de 50 millones de dólares, Odebrecht colocó bonos por 2.000 millones). Luego resulta que esta empresa sólo tiene un único cliente posible, que es el gobierno. La tentación de influir sobre ese cliente para obtener licitaciones, sin las cuales la empresa no podría pagar a sus bonistas, es obvia y muy grande.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en febrero de 2019, decidió que la inmunidad de la CFI como organización internacional no se aplica a sus actividades comerciales en ese país, porque esto le daría a su negocio una ventaja injusta sobre los competidores. En consecuencia, una demanda contra una central eléctrica a carbón, presentada por un grupo de pescadores del estado indio de Gujarat, pudo continuar su curso en los tribunales inferiores.

Esta decisión podría abrir la puerta a una lluvia de demandas, e incluso permitir la reapertura de muchas que fueron descartadas, como la del Banco de Montevideo. Las implicaciones de esa decisión sobre el Banco Mundial y toda la estrategia de “apalancamiento” del financiamiento del sector privado con dinero público todavía no se han evaluado.

* Roberto Bissio es director del Instituto del Tercer Mundo. Publicado en La Diaria, de Montevideo.