El asesinato impune de Rafa Nahuel

 Cabo 1° Francisco Javier Pintos, de cuyo MP5 salió el disparo mortal.

 

Algunos aspectos del expediente y la investigación judicial en torno al asesinato de Rafael Nahuel, aún no están claros. Mientras el juez Gustavo Villanueva dejó la subrogancia en Bariloche sin procesar al Albatros de cuya arma de guerra salió el disparo mortal.

Se cumple el primer año del asesinato de Rafael Nahuel a manos de un cuerpo especial de la Prefectura Naval Argentina, y el expediente judicial parece encaminado a cargar las responsabilidades del hecho sobre los propios integrantes del pueblo mapuche.

La última medida que adoptó el juez Gustavo Villanueva, quien subrogó el Juzgado Federal de Bariloche, fue ordenar un nuevo peritaje sobre la bala que mató al joven de 21 años. La decisión pone en duda el resultado del primer estudio realizado, que determinó con exactitud que el proyectil provino del subfusil MP5 del Cabo Primero Francisco Javier Pintos, quien habría efectuado más de 50 disparos durante la incursión en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Villanueva encargó la nueva medida de prueba a la Gendarmería, y podría concretarse sin peritos de la querella, que representa a la familia de Rafael Nahuel.

La estrategia de la defensa de los Albatros fue clara: asegurar que el MP5 de Pintos no estuvo en el lugar del alegado enfrentamiento. Pintos declaró en indagatoria el pasado 5 de junio, y desde entonces Villanueva no resolvió su situación procesal. Ahora dejó la subrogancia y al Juzgado regresó el magistrado Leónidas Moldes, fiel representante de los sectores más conservadores de la Justicia local.

Entre otros puntos sin investigar, Villanueva obvió cualquier medida para aclarar quién es la persona identificada como “Ifi As Zalar”en el celular del Ayudante de Segunda de Prefectura Naval Argentina, Eric Fabián Blanco. Ese contacto, un día anterior del asesinato de Rafael, advirtió que iba a ser “una noche movida para los buenos”. Sobre ese punto avanza uno de los capítulos del libro Silenciar la muerte – Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel, que aquí se adelanta.

 

 

Lo primero que hizo Villanueva el 25 a la mañana, fue ordenar la intervención de dos teléfonos que mantenían contacto con el número terminado en 253, adjudicado a uno de los hombres de la familia Colhuan. Entendió que el titular de esa línea podía seguir escondido en la montaña, evaluó que desde ese teléfono se recibieron y realizaron numerosas llamadas que podrían aportar datos sobre su situación, y dispuso las medidas para obtener información.

Al teléfono finalizado 253, a las 14.14 horas del 25 de noviembre, llegó un mensaje que decía: “A las 6 bajen a pescar”. A las 14.19 desde la línea de Colhuan se respondió: “Está bien a esa hora estamos”.

En función de ese cruce de mensajes, el juez Villanueva ordenó al Prefecto Principal Leandro Ruata, jefe de Prefectura Bariloche, que “intensifique (en cantidad de personal) las recorridas que viene ejecutando”. Le dijo que estaba facultado para solicitar apoyo de otras fuerzas —Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional— y así “dar con el paradero de las personas sustraídas el día del procedimiento”.

Se refería a quienes no fueron detenidos el día 23.

Villanueva ya había realizado la consulta en Buenos Aires y recibió el OK del Director de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, un viejo conocido de Macri, quien lo designó a poco de asumir. Ex directivo de Phillip Morris, hizo lobby contra los proyectos de ley Antitabaco. Además es dueño del complejo Country Club Cumelén, en Villa La Angostura, uno de los elegidos por Macri para sus sistemáticos descansos patagónicos.

Si Villanueva hubiera sabido que en el teléfono de algunos de los integrantes del grupo Albatros que unas horas después matarían a Rafael Nahuel, se encontraba la clave de lo que sucedería, tal vez hubiera podido evitar ese desenlace.

Por ejemplo, en el celular del Ayudante de Segunda de Prefectura Naval Argentina, Eric Fabián Blanco, se esconde uno de los misterios de la causa que ni el juez Villanueva ni la fiscal Little se dieron nunca a investigar: ¿Quién es una persona apellidada Salazar?.

El Ayudante Blanco, en los días previos al ataque de Prefectura, cruzó 16 mensajes de texto con alguien guardado en sus contactos como “Ifi As Zalar” —las últimas dos palabras, anagrama de Salazar—.

Ifi As Zalar, cuyo teléfono termina en los números 602, le advirtió a Blanco, el 24 de noviembre a la 01,26 de la madrugada: “Atentos. Me ha llegado cierta información, respecto a futuro accionar durante esta noche o mañana. A Juz Fed y PF (Policía Federal), o bien algún corte de ruta. Esta data viene de gente desde adentro. La cual están invitando muy cerradamente a gente del 7,2 km a reagruparse o unirse con los de Mascardi y armar algún lío. Perdón muchachos pero va a ser una noche movida para los buenos, PSA, COER tienen orden de recorrer ante posibilidad de atentados en la zona”.

No fue una “noche movida para los buenos”; fue, en todo caso, la del 25, una tarde movida para los que Ifi As Zalar, Blanco, y el resto de las fuerzas de seguridad, consideran “los malos”.

La “cierta información” que manejaba el contacto de Blanco deja en claro que la comunidad podría haber estado infiltrada, o bien que alguien podía tener acceso a escuchas de los teléfonos intervenidos por el juez.

Algunas horas antes de aquel mensaje, Blanco le envió un texto: “Zalazar. Te hago una consulta, vos informaste sobre el tema de las mochilas?”

Blanco se refiere a las mochilas encontradas el día 24. As Zalar —¿Zalazar?— no respondió.

Juan Manuel Salazar sería un efectivo de la Policía de Río Negro que tal vez pueda aportar algún dato al expediente, pero su identidad nunca fue investigada.

Mientras ese 25 de noviembre Villanueva estaba en su despacho, los Albatros dedicaron la mañana y primera tarde a fotografiar y filmar sus incursiones, antes de “intensificarlas” por orden del juez.

El cabo primero Francisco Antonio Lezcano sacó fotos con algunos Albatros posando, e hizo un video; el cabo primero Francisco Javier Pintos sacó cinco fotos de vainas tiradas, árboles y barricadas; el cabo segundo Carlos Valentín Sosa realizó un video con su celular.

Los días previos fotografiaron los paisajes y se sacaron fotos y selfies posando en actitud desafiante.

Posiblemente Pintos hubiera subido alguna de esas imágenes a su Facebook, donde oportunamente compartió una foto celebrando el aniversario del golpe del 24 de marzo junto a sus compañeros de armas; o donde canaliza todo su odio contra el kirchnerismo y los chilenos. Pero las cosas cambiaron, y las fotos sacadas el 25 de noviembre a la noche figuran en el expediente judicial, son de frente y perfil, y mostrando las manos durante la toma de muestras para el análisis de presencia de pólvora.

 

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