El asedio, la lealtad y la victoria

 

Desde el 10 de diciembre de 2019, los grupos económicos concentrados y la derecha impulsan una estrategia desestabilizadora y destituyente contra el gobierno nacional.

Se trata de entorpecer o impedir el funcionamiento del Poder Legislativo, a fin de que no se conviertan en leyes los proyectos de aporte extraordinario de las grandes fortunas o de reordenamiento de la Justicia Federal. Ante la decisión del Senado –en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional— de negar el acuerdo a tres jueces trasladados por decreto de Macri para cubrir la Cámara Federal Penal de Comodoro Py, lo que implica el regreso a su lugar de origen, se recurre al per saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta ofensiva se combina con marchas que despliegan una violencia cada vez mayor, con la complicidad de los medios hegemónicos, que llegaron hasta el extremo de señalar el domicilio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como uno de los lugares de concentración.

 

 

El estado de excepción como regla

Quienes acusan de autoritario al gobierno nacional y al Frente de Todos, quienes –como el ex Presidente Macri— pretenden imponer la ruptura de la alianza como condición para dialogar (la destitución de Cristina), o reclaman la renuncia del gobierno y “todo el poder a la Corte Suprema”, anhelan regresar al estado de excepción que rigió en nuestro país desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019.

Recordemos que el gobierno de Cambiemos inicia su mandato con despidos masivos en el Estado y su correlato en la actividad privada, una feroz devaluación, la apertura de las importaciones, una nueva política exterior de alineamiento con el imperialismo norteamericano, la anulación de la ley de medios audiovisuales. Estas medidas se llevan a cabo por decretos simples o de necesidad y urgencia, sin llamar a sesiones extraordinarias del Congreso.

En nuestro país, durante casi todo el siglo XX y comienzos del presente, ya fuere a través de los golpes de Estado (1930, 1955, 1966 y 1976) como del quiebre de varios mandatos constitucionales (1989 y 2001), se crean situaciones que afectan la llamada “gobernabilidad”, y la clase dominante crea las herramientas necesarias para contrarrestar el avance social y político de la fuerza de masas de los desposeídos, en todos los casos violando su propia institucionalidad.

Este estado de excepción se implantó de hecho en nuestro país desde el 10/12/15;  y el objetivo perseguido por la oposición de derecha denominada Juntos por el Cambio es volver al mismo.

“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en el que vivimos es regla” –decía Walter Benjamin—. Debemos buscar un concepto de historia que se corresponda con dicho estado” [1].

Las clases dominantes no se ajustan a la Constitución ni a las leyes, ni a los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el gobierno nacional como medidas de emergencia frente a la pandemia del Covid-19. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los despidos de Techint, violatorios de la prohibición de las cesantías sin causa, por fuerza mayor o falta de trabajo, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020. También con el acuerdo marco CGT-UIA, que legitima acuerdos colectivos que alcancen el 75 % de los salarios netos, y otorga amplia libertad a los empleadores, que podrán disponer las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, violando el Art. 8° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297, que reconoce el derecho de los trabajadores que deban cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio a percibir en forma íntegra sus remuneraciones. La evidente ilegalidad de ambos hechos no impidió que el Ministerio de Trabajo los convalidara.

La gran burguesía goza de un bill de indemnidad permanente, existen tabúes, ciertas esferas de dominio cuya modificación es inadmisible. Por ejemplo: la propiedad y posesión de la tierra, el dominio de los medios de comunicación –que generalmente se identifica falsamente con la “libertad de prensa”—, el comercio exterior de granos y el Poder Judicial. Cualquier política que afecte estas zonas sensibles acarrea la ilegitimidad del gobierno que la promueve. Todo lo que afecta la verticalidad de las relaciones sociales es considerado subversivo e inaceptable por las clases dominantes.

La concentración del poder económico y social determina que cualquier ley sancionada por el Congreso que no refleje las relaciones de dominación o se aparte de las mismas, sea calificada como ilegítima.

Es lo que ocurrió con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, cuya aplicación fue impedida a través de insólitas medidas impulsadas por los grupos económicos y financieros propietarios de las grandes cadenas monopólicas –particularmente el grupo Clarín—, que fue anulada por decreto del gobierno de Macri.

Desde el primer momento el gobierno de Macri se empeñó en dominar y colonizar el Poder Judicial, a través de una “mesa” organizada por el Ejecutivo y la AFI. Se generalizó la persecución contra los jueces que no respondían a los designios del régimen. Se aseguró una Corte Suprema adicta con dos miembros que fueron designados en comisión: Rosenkrantz y Rossatti, y aceptaron integrarla en esas condiciones irregulares, logrando no obstante el acuerdo del Senado.

Este cambio de régimen fue logrado por el macrismo fortaleciendo el rol represivo del aparato del Estado. Comienza por declarar el estado de emergencia en seguridad, que se dispuso a los fines de encubrir –con el pretexto de lucha contra el narcotráfico— la adquisición sin licitación alguna de armas y equipos en Estados Unidos e Israel destinados a la represión de las organizaciones sociales, la aprobación de nuevos protocolos represivos de carácter secreto y la actividad de los servicios de inteligencia redireccionada hacia el “enemigo interno”, en el marco de una renovada doctrina de la seguridad nacional.

Parte de la oposición de entonces–en nombre de la “gobernabilidad”— jugó un rol de convalidación y respaldo de las decisiones del Poder Ejecutivo, y apoyó la más grave de las medidas: el acuerdo con los fondos buitre, y la derogación de la ley de pago soberano, que abrió la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento del país y al sometimiento al capital financiero y los organismos de créditos internacionales.

El neoliberalismo implica el reemplazo de la política por la “gestión”, del conflicto y el debate democrático de las ideas por la “administración”; y la dirección política del gobierno se ejerce con el más crudo autoritarismo.

Esta desnaturalización del sistema republicano implica que no existan mediaciones entre el poder económico y el poder político, reforzando el dominio total del capital más concentrado sobre los trabajadores y sectores populares.

Otra de las condiciones es que el Poder Judicial continúe siendo independiente de la soberanía del pueblo, que no pueda ser democratizado, ni siquiera reordenado, como se intenta a través del proyecto reciente de ordenamiento de la Justicia Federal. Se trata de un poder que debe autorregularse, y por lo tanto oponerse abiertamente a cualquier ley dictada por el Congreso que establezca una ampliación del número de miembros de la Corte Suprema o modifique la composición o el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

 

 

El pacto no escrito

La derecha sostiene la idea de una democracia controlada, basada en un sistema bipartidista, que no genere sobresaltos para el poder real, por cuanto ambos partidos deberían abrazar con leves variantes el mismo programa neoliberal, garantizando la propiedad privada sin limitación alguna, sin nacionalización ni control del comercio exterior.

Por detrás del juego de las instituciones republicanas existe un escenario en el que deben ponerse de acuerdo el gobierno y la clase dominante para garantizar la continuidad del pacto no escrito de subordinación del poder político al poder económico.

Cuando esto no ocurre, si un gobierno se niega a ser controlado por la clase dominante, nada importa su legitimidad democrática; será acusado de “autoritarismo”, acosado y desestabilizado por sectores organizados por los grupos económicos y mediáticos.

 

 

El 17 y el 18 de octubre

El 17 de octubre mostró en nuestro país, por una parte las limitaciones técnicas de la proyectada marcha virtual, que colapsó como consecuencia de la ofensiva de los enemigos del gobierno nacional.

Por otra parte, demostró la voluntad y capacidad de movilización del peronismo, que se volcó a las calles en las principales ciudades del país cuando se frustró el ingreso al acto virtual. Las caravanas de camiones, ómnibus, camionetas, autos y motos crearon una nueva situación, superando el pesimismo, el escepticismo y el desaliento que la jauría mediática pretende inocular en las masas. Demostraron también que sin la movilización popular, será imposible que el gobierno del Frente de Todos pueda defenderse eficazmente de las acciones desestabilizadoras y concretar sus proyectos más importantes.

No hay un solo golpe de Estado en América Latina que no se haya ejecutado en nombre de la libertad. Así ocurrió en 1955 con la autodenominada Revolución Libertadora. Igualmente en Chile, donde mujeres pertenecientes a los sectores medios fueron precursoras de los caceroleos y se paralizó el transporte de cargas, abriendo el camino al golpe criminal de Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Así ocurrió en Bolivia en el 2019, con la movilización de los grupos ultraderechistas de Santa Cruz, que prepararon las condiciones del golpe contra Evo Morales.

En ese mismo país hermano, la proscripción del líder del Movimiento al Socialismo y la represión desatada contra los trabajadores y los sectores populares, no pudieron impedir la aplastante victoria electoral del binomio Luis Arce-David Choquehuanca el domingo 18 de octubre. Los grandes derrotados: la dictadura de Jeanine Añez, tan decadente como criminal, la oligarquía racista de Santa Cruz y su líder Camacho, el nostálgico neoliberalismo “democrático” de Carlos Mesa. Se retomará el rumbo de la revolución democrática y cultural, de la hermandad con los pueblos de América Latina, de la intervención del Estado en la economía, para superar la grave crisis creada por la política destructiva de la dictadura y la pandemia del Covid-19, a fin de reivindicar la explotación soberana del litio, el gas y demás recursos naturales.

Con la movilización popular del Día de la Lealtad en nuestro país queda demostrado que el movimiento de masas no ha perdido su fuerza, y que puede desplegarse aún durante la pandemia.

Con la victoria del Movimiento al Socialismo en Bolivia se alza una barrera contra la ofensiva derechista en América Latina.

Pero la agresión continuará con mayor virulencia en ambos países, combinando los medios legales con los ilegales: las trabas en el funcionamiento del Congreso, la judicialización, los aquelarres violentos. Se tratará de impedir cualquier reconstitución de los gobiernos populares y su avance hacia una sociedad democrática e igualitaria.

En esta etapa de crisis mundial, con destrucción de empleos y agudización de las desigualdades, los trabajadores y sus organizaciones deben respaldar todas las medidas que refuercen el control de cambios, contra la especulación y la fuga de divisas, y plantear la nacionalización de los depósitos bancarios y el control del comercio exterior. Sin ellas será ilusorio reconstruir la economía productiva. Al mismo tiempo, se impone promover una ley de prevención de riesgos laborales, la obligatoriedad en todo el país de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, la reducción de la jornada sin reducción salarial, el derecho a la estabilidad en el trabajo, la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección, y rechazar cualquier reforma laboral o previsional regresiva impuesta por los grupos económicos o el Fondo Monetario Internacional.

 

 

 

[1] Walter Benjamin, “Sobre el concepto de historia”, en “Estética y política”, Editorial Las cuarenta, Buenos Aires, Marzo de 2013, pág. 139.

 

 

 

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