El arte de marear la perdiz

 

Al cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía federal —cuyo titular es el fiscal Eduardo Taiano— emitió un comunicado informativo sobre el estado de las investigaciones. El informe termina con un dictamen contundente: “El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada por su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”. Originalmente, la causa estuvo radicada en el Juzgado Nacional de Instrucción 25 bajo la dirección de la fiscal Viviana Beatriz Fein. Al advertir que la fiscal se inclinaba por la tesis del suicidio, se buscó el modo de apartarla de la investigación. Para ello prestó su eficaz contribución la Corte Suprema, que dispuso, con una tesis muy rebuscada, que el expediente quedara radicado en el fuero federal. Esta decisión habilitó la intervención del Juzgado Criminal Federal 10 a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Taiano. La primera decisión que adoptó Taiano fue desconocer el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que había determinado que no había elementos para sostener la participación de terceras personas en la muerte del fiscal. Así lo habían asegurado 13 de los 15 peritos, con la sola disidencia de los peritos de la familia de Nisman. El fiscal Taiano dispuso, sin justificación alguna, encargar una nueva pericia a Gendarmería, que dos años después de la muerte del fiscal emitió un dictamen absolutamente contradictorio con las evidencias científicas que se habían reunido. A partir de allí la cancha quedó embarrada.

En la actualidad, la causa principal cuenta con 126 cuerpos y más de 20.000 fojas. A la par, continúan en trámite ocho causas conexas al expediente principal. En lo que se refiere a los elementos probatorios recopilados, se han recibido más de 900 declaraciones testimoniales y se han incorporado más de 500 abonados telefónicos al entrecruzamiento efectuado, los que arrojan un total de más de 200.000 comunicaciones analizadas. Como desde toda lógica resulta una tarea imposible encontrar a los asesinos de un suicida, la causa está condenada a seguir engordando, dada la misión asumida por el fiscal Taiano de llevar a cabo lo que en España se denomina “marear la perdiz”, es decir, la labor de hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución objetiva de un problema.

 

 

Las nuevas pruebas

Como ha sucedido en años anteriores, cada vez que se aproxima la fecha del aniversario de la muerte del fiscal Nisman la fiscalía emite un comunicado para informar sobre “los progresos de la investigación”. De este modo se reflejan todas las acciones emprendidas para enredar la causa, abriendo vías de investigación sobre cuestiones menores que carecen de relevancia. Así, por ejemplo, se han dedicado denodados esfuerzos al análisis de las llamadas intercambiadas entre personal de distintas agencias del Estado en los días previos —que pueden obedecer a innumerables motivos— o se le da relevancia a un incendio producido en la Casa de Gobierno el día anterior a la muerte de Nisman. Según la febril imaginación del fiscal Taiano, el incendio fue intencional para eliminar una “prueba clave”, que eran los ingresos en la época en que se negoció el Memorándum con Irán: “Esa prueba, trascendental, fue destruida con el incendio relatado en los párrafos que anteceden, ocurrido precisamente horas previas al homicidio de Nisman”.

Con este tipo de actuaciones se alimenta la tesis conspiranoica. Otro indicio que se exhibe como relevante es el “descubrimiento” de una pequeña puerta metálica en la cocina, que permitía acceder al aparato de aire acondicionado, separada por una reja con el aparato de aire acondicionado del departamento contiguo. Taiano expone: “No sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”. El departamento vecino al de Nisman estaba ocupado por un alto ejecutivo de una empresa multinacional y es difícil imaginar que pudiera estar encubriendo a los supuestos asesinos. No obstante, como el tema puede alimentar la hipótesis conspirativa, el fiscal añade que “allí residía una persona de nacionalidad extranjera que trabajaba en una empresa dedicada a servicios de control de acceso, con vínculos con el entonces secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, y que tenía asignada la prestación de servicios en Casa Rosada y la Residencia Presidencial”.

Varias páginas del informe del fiscal Taiano se dedican a relatar las deficiencias observadas en los primeros pasos de la investigación. Es un tema que desde el principio fue tomado por el diario Clarín para lanzar la teoría conspirativa que fue luego adoptada por el juez Ercolini, invitado por ese medio a visitar el Lago Escondido. Como la fiscal Fein, al igual que los custodios de la Policía Federal, intuitivamente se inclinaron por la tesis del suicidio, consideraron que la escena que debía ser preservada se limitaba al baño donde se encontró el cuerpo del fiscal. Sin embargo, para los partidarios del asesinato, la “escena del crimen” estaría conformada por todo el departamento de Nisman. Desde esa perspectiva, es obvio que se cometieron gran número de desprolijidades, pero carecen de relevancia si se considera que los indicios sustanciales avalan la tesis del suicidio.

El informe del fiscal Taiano dramatiza sobre las condiciones de seguridad de Nisman, pero lo hace de modo avieso. Afirma: “Nisman fue dejado solo, totalmente desprotegido. Su custodia se había retirado del lugar y el reemplazo no llegó hasta casi el mediodía del día siguiente, es decir más de doce horas después. Por más inverosímil que parezca, eso fue lo que ocurrió: el fiscal federal a cargo de la investigación del atentado terrorista más trágico de la historia de nuestro país, que acababa de denunciar a los más altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio por encubrir ese atentado en connivencia con miembros del Estado extranjero acusado de cometerlo, y que a los dos días debía presentar las pruebas pertinentes en el Congreso de la Nación, fue dejado sin custodia durante más de doce horas. Los hechos vuelven a hablar por sí mismos”. En realidad, Nisman no tenía un servicio de custodia permanente en su domicilio, sino un equipo de seguridad que debía acompañarlo en sus desplazamientos en automóvil. De modo que fue él mismo quien dio instrucciones para que el servicio se presentara a las 11 de la mañana del domingo. De igual modo, se servía de ese servicio para llevar y traer correspondencia o recoger comida preparada en algún restaurante. Luego, la sesgada descripción que hace el fiscal deja en evidencia el escaso rigor técnico de su informe. 

 

 

El rol de Lagomarsino

El informe del fiscal se ensaña especialmente con Diego Lagomarsino, el técnico informático que gozaba de la total confianza de Nisman, al punto que le solicitó el arma con la cual luego se disparó en la sien. Taiano trata de vincularlo con los servicios de información del Estado, pero termina por reconocer que “las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y la Secretaría de Inteligencia informaron que Diego Lagomarsino no figuraba en sus registros como personal de inteligencia”. Analiza el rol de Lagomarsino en la tarde del sábado 17. Pone el acento en los intercambios telefónicos que mantuvieron para sustentar la tesis de que “ese sábado Nisman recibió a las 11.48 horas y 13.04 horas dos mensajes por WhatsApp del técnico informático, lo cual comprueba que fue Lagomarsino quien lo contactó en primera instancia al fiscal, y no al revés”. Pero luego reconoce que “el ingeniero informático Diego Ángel Lagomarsino concurrió en dos ocasiones” al departamento de Nisman. Añade un dato relevante: “No era la primera vez que Lagomarsino iba al departamento de Nisman, pero sí la primera que mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego”. Luego relata que Lagomarsino volvió al Complejo Le Parc Puerto Madero alrededor de las 20 horas para reingresar al departamento de Nisman y retirarse poco después.

El relato de Lagomarsino sostiene que el fiscal Nisman le solicitó un arma de fuego y que por ese motivo tuvo que regresar a su domicilio en la provincia de Buenos Aires para recogerla y hacer un segundo viaje al domicilio del fiscal para entregarla. Este relato es coherente con los registros de la guardia de seguridad del edificio que dan cuenta de que fue Nisman quien habilitó los dos accesos de Lagomarsino a su vivienda. No existe otra explicación del doble viaje que la dada por Lagomarsino y que resulta coherente con el uso que de la pistola entregada hizo luego el fiscal. Es una prueba contundente que marca claramente cuál era la intención de Nisman al solicitar un arma, pedido que también había formulado a uno de sus custodios. Para sortear la dificultad que este hecho instala en la tesis conspirativa del magnicidio, Ercolini y Taiano instalaron la tesis del “arma amiga”. Es una tesis absurda, insostenible desde la lógica y el sentido común. Se argumenta que Lagomarsino, formando parte del grupo criminal, cometió la increíble estupidez de ofrecer un arma de su propiedad para dar cobertura al propósito de disimular el magnicidio bajo la apariencia de un suicidio. Pero esta tesis tiene varios puntos flojos. Primero, no permite explicar los viajes de Lagomarsino. En segundo lugar, supone que el arma entró en el departamento del fiscal sin conocimiento de Nisman, de modo subrepticio, porque parece obvio que el fiscal no estaría de acuerdo en contribuir a la simulación de su asesinato. Pero ahora el fiscal Taiano reconoce que Lagomarsino y Nisman “mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego”, que obviamente no era sobre bueyes perdidos, con lo que la tesis de la entrada subrepticia del arma se desmorona. 

 

 

La hipótesis del suicido

Los indicios aportados por la investigación criminológica que apuntan a que Nisman se quitó la vida voluntariamente son abrumadores. El mayor obstáculo para aceptar la tesis conspirativa de Clarín-Ercolini-Taiano es, sin duda, el informe pericial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que, a partir de numerosas evidencias científicas —entre ellas las microscópicas manchas de la sangre proyectadas en el baño y la falta de rastros de ADN de otras personas—, ha dictaminado que en la muerte de Nisman no han intervenido terceros. No puede perderse de vista que este informe fue producido por una junta integrada por 13 profesionales considerados los máximos expertos con que cuenta el país en la materia. El dictamen posterior de Gendarmería, que lanza la hipótesis de la intervención de dos personas en la muerte de Nisman, es un bodrio inclasificable que no anula el de los forenses de la Corte Suprema. El juez Ercolini, a la vista de dos dictámenes periciales contradictorios, debió convocar a una reunión conjunta de todos los expertos para dar lugar a un debate y hacer explícitas las divergencias. Pero en vez de adoptar este camino, el juez prefirió tomar como dogma de fe el dictamen de Gendarmería, porque ya había tomado abierto partido por la tesis conspirativa sustentada por sus sponsors.

Políticamente, la tesis del magnicidio del fiscal Nisman ha sido arbitrada como un modo de atenuar los daños que el hecho suponía para la audaz denuncia presentada días antes por el fiscal, en la que atribuía a la Presidenta de la Nación una participación en una operación de encubrimiento del atentado de la AMIA. Admitir que el fiscal se había suicidado suponía aceptar que el propio Nisman dudaba de la consistencia de su denuncia. De modo que la oposición judicial y mediática al gobierno optó por doblar la apuesta y encubrir una fake con otra fake mayor. Desde la perspectiva institucional, que un fiscal y un juez se presten a embarrar la cancha en una investigación penal para satisfacer a determinados grupos de poder es una actuación que entraña un gravísimo daño institucional. El abogado y periodista Pablo Dugan escribió un ensayo titulado ¿Quién mató a Nisman?, que es una descripción minuciosa de los elementos reunidos en la investigación criminal que llevan a la conclusión de que “Nisman mató a Nisman”. Queda pendiente escribir un relato pormenorizado de las maniobras judiciales y mediáticas dirigidas a convertir un suicidio en un magnicidio. En el futuro alguien se encargará de esa labor, porque la mayor infamia que registra la historia judicial argentina no pasará desapercibida para los historiadores.

 

 

 

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