El apriete
Presión oficial sobre la Cámara Federal de Mar del Plata para extraerle la causa a Ramos Padilla
La más fuerte presión oficial se ejerce sobre los camaristas de Mar del Plata, Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez, para que de una vez arrebaten el expediente de Dolores al juez Alejo Ramos Padilla y lo remitan al serpentario de Comodoro Py. Ya rechazaron dos presentaciones del propio fiscal rebelde Carlos Stornelli, quien acusaba al juez de parcial en su contra, pero ahora deben resolver el planteo de incompetencia territorial presentado por el fiscal de Dolores Juan Manuel Curi, según quien la causa se inició en Pinamar, jurisdicción de Dolores, con el encuentro entre Stornelli, Marcelo Sebastián D'Alessio y el extorsionado empresario Pedro Etchebest, pero el resto del delito se cometió en la Capital Federal, donde Etchebest hizo el pago. El fiscal de Cámara Juan Manuel Pettigiani respaldó los argumentos de Curi y solicitó que la causa sea remitida a la Cámara Federal de Comodoro Py, para que "sea asignada al juzgado que corresponda".
Si esto tuvo alguna lógica al principio, el avance de la investigación de Ramos Padilla la superó. En la actualidad la panoplia de delitos de la banda se extiende por buena parte del país e incluso comprende operaciones financieras en Asia, África, América y Europa. El lavado de activos se habría realizado en las africanas islas Comores: en China y Hong Kong; en Canadá y Estados Unidos; en Turquía, Alemania, Austria, Inglaterra y Liechstenstein, por parte de empresas radicadas en Italia, Turquía y Estados Unidos, con operadores extranjeros y cuatro intermediarios argentinos, de viaje constante al exterior.
También cámaras ocultas en Uruguay, intervención en el procedimiento de detención de un prófugo en Paraguay; extracción de personas de la embajada de Estados Unidos en Caracas; inteligencia ilegal sobre la exportación de efedrina desde la India hacia México; intercambio de comunicaciones con integrantes de la banda rosarina Los Monos e infiltración en la aduana de Rosario; espionaje ilegal sobre funcionarios y políticos de las provincias de Corrientes y Formosa; empresarios de Neuquén; acciones ilegales de espionaje en Mercedes, Necochea y Quequén.
El fiscal Curi presentó su pedido de incompetencia en apenas tres fojas, en la primera semana posterior a la detención de Marcelo Sebastián D'Alessio. Si algún sentido tenía en aquel momento, lo ha perdido desde entonces, a medida que la investigación avanzaba en las direcciones señaladas. Así lo expuso Ramos Padilla en una extensa respuesta diez veces más extensa que el escrito del fiscal. Ahora los jueces están estudiando estos elementos, más el dictamen de Pettigiani, quien luego de firmarlo recibió en la puerta de los tribunales al defensor de Stornelli, Roberto Ribas, según la foto de Roberto Núñez en el medio digital Perycia, hijo natural de periodismo y justicia.
Al haber ocurrido los hechos en tantas jurisdicciones, debe priorizarse aquella que hizo cesar el delito, afirman en el juzgado. Tienen en su favor una pacífica jurisprudencia sobre hechos complejos que se despliegan en distintas jurisdicciones, según la cual debe privilegiarse la más pronta administración de Justicia y la competencia del primer juez que intervino. Pero aun si no fuera así, no hay razones para dar prioridad a Comodoro Py. Por el contrario muchos de los involucrados pueden tener allí acceso a los magistrados también investigados, como es ostensible en el caso de Stornelli.
Como puede advertirse, esto no tiene relación alguna con un caso puntual de droga, remitido a Comodoro Py, que el ministro reclama que se cite como precedente que obligaría al menos al mayor de los magistrados. El caso de un narco, resuelto hace veinte años, en una causa y una época completamente distintos
Varias de las querellas, que pretendían ser escuchadas, solicitaron exponer en audiencia pública, para mayor transparencia y credibilidad. Pero el fiscal, que es el único recurrente, optó por presentar un memorial escrito, que cerró esa posibilidad en una causa de enorme trascendencia sistémica. Las querellas también deberán hacerlo por escrito.
De este modo los aprietes oficiales podrían ser menos evidentes, aunque los jueces que votaran por abortar la causa judicial que puso en evidencia un sistema mafioso, deberían convivir con esa decisión por el resto de sus días.
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