El año de los pasillos anchos

 

La Cámara Argentina del Libro da cuenta de una caída registrada en 2018 de un 48% de la producción respecto de 2015, en que la tendencia descendente se inició.

El editor Daniel Divinsky recuerda: “Hasta 2015 había una parte importante del presupuesto nacional destinado a compras enormes a muchísimas editoriales, incluyendo chicas y medianas, de libros que eran remitidos directamente a las escuelas”. Se adquiría literatura, no sólo textos. “Sólo quedó la compra para las bibliotecas populares, pero con presupuesto muy reducido”

En esta dramática instancia, escritores, libreros, editores, traductores, gráficos y bibliotecarios coinciden en la urgente necesidad de políticas públicas específicas.

 

La asfixia de los costos

Sobre los descomunales incrementos en los costos, Víctor Malumián, de Ediciones Godot, destaca: “Uno de los puntos más importantes es cómo se manejará la parte tributaria, muchas veces lo menos glamoroso es lo más importante. Uno de los golpes fuertes es que al haber cada vez más presión de gastos y menor venta, se dejan de publicar títulos que son más difíciles de vender, apuestas que son más arriesgadas, entonces se empieza a afectar a los autores más nuevos”.

Según el editor Juan Pampín, de Corregidor, “la situación es pésima. Desde 2015 se cerraron unas 50 librerías, cifra importante si pensamos que hay poco más de 900 activas en todo el país. Hay falta de rentabilidad, cualquier librería del interior tiene tres costos fundamentales: alquiler, sueldos y fletes. El costo de alquileres y servicios subió muchísimo. Hoy una librería necesita tener una superficie bastante importante y estar bien iluminada, un combo complejo, no se puede poner menos luz, la gente necesita ver lo que está llevando, por otro lado el agua, que se paga en base a la superficie, hace que una librería que tenga un local de 300 o 400 metros, con depósito, deba pagar 12 o 15.000 pesos de agua, a pesar de tener solamente dos baños y una cocina”.

El encarecimiento de la logística y el aliento a la federalización son también preocupaciones centrales. La democratización de la distribución requiere que los libros puedan viajar sin un costo prohibitivo para estar al alcance de lectores de todo el país. La mayoría de las librerías está concentrada en Buenos Aires, su escasez en algunas provincias es otro aspecto a trabajar en pos de un acceso equitativo.

Las dificultades repercuten además sobre la exportación de libros. Según Divinsky, “hubo momentos en que la industria editorial argentina exportaba más que la española” al mercado hispanoamericano. Esto fue decayendo, hasta llegar a las dificultades actuales y la escasa presencia internacional, como resalta Raquel Franco, editora de libros infantiles “La internacionalización del libro argentino para niños y niñas es aún muy pobre, tanto en volumen de ejemplares como en licenciamiento de sus contenidos, mientras se premia la calidad de su producción en el mundo. Se necesitan políticas específicas de desarrollo industrial”

En esta edición de la Feria del Libro bajó un 8% la superficie de stands contratada por expositores. “Se nota que los pasillos son más anchos”, bromea Divinsky. Algunas editoriales pudieron ampliar sus metros a último momento, pues, dada la desocupación por los altos costos, obtuvieron una rebaja para que no quedaran vacíos.

 

El proyecto del Instituto Nacional del Libro

El 22 de abril, los distintos actores del sector y diputados de diferentes bloques presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de creación del INLA, basado en la premisa: “La producción cultural y el acceso al libro son derechos y el Estado tiene que garantizarlos”. 

Mientras el Cine, el Teatro y más recientemente la Música tenían sus Institutos, con el Libro había una deuda. Nos cuenta Divinsky: “Hubo en los últimos 20 años cuatro proyectos, uno de los cuales llegó a ser sancionado por el Congreso y fue vetado por De la Rúa. El gestor del veto fue Darío Lopérfido”.

Alejandro Dujovne, investigador del Conicet en Sociología de la Cultura, especializado en Libro y Edición, quien, convocado por el presidente de la Comisión de Cultura, Daniel Filmus, trabajó durante un año en su elaboración, con colaboración de Heber Ostroviesky, nos contó cómo fue el  proceso.

Fueron convocados los múltiples sectores que conforman el mundo del libro. Se escucharon las reivindicaciones propias de esta coyuntura crítica (fuerte contracción de la demanda, ausencia de compras de literatura por parte del Estado, aumento de costos, demoras en cadenas de pago, cierre de imprentas, despidos, reducción de las tiradas) y también necesidades más estructurales.

En cuanto al financiamiento del Instituto, se le destinaría como mínimo el 2% del presupuesto de la Secretaría de Cultura. El organismo sería autárquico y tendría un Consejo conformado por los propios actores del sector, quienes participarían en las decisiones para la aplicación de esos fondos. Se fija un límite máximo del 20% para la administración del INLA, asegurando que el resto sea destinado a las políticas de apoyo que se adopten, es decir se restringe el gasto burocrático.

Señala Dujovne que, al institucionalizarse un ente autárquico con recursos propios, compuesto en su gobierno por representantes especializados del sector, se evita que las políticas dependan de la buena voluntad del funcionario de turno y se asegura un marco de estabilidad, para que el apoyo no sea una política espasmódica.

Este órgano, aclara, no será un mero coordinador, sino que podrá activamente proponer, diseñar e implementar políticas, incluso sugerir políticas coordinadas con otros ministerios. Esto cambia radicalmente la articulación, la interlocución entre los actores del sector y el Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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