El alma rota

 

A pocos meses de cumplir seis años presa, Milagro Sala está mal otra vez. Esta semana tuvo un agravamiento en su salud consecuencia directa del ensañamiento de Gerardo Morales en contra de quien construyó en la provincia de Jujuy miles de viviendas para los más humildes. “Está con el alma rota”, describió sobre su estado Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Lxs presxs políticxs de Jujuy también están preocupados. Pero aún así y en medio de la oscuridad, se abrió una pequeña luz de esperanza. El juzgado federal de Jujuy llamó a indagatoria a René “Cochinillo” Arellano y a su compañera Cristina Noemí Chauque, acusados por falso testimonio en causa la conocida como los escraches de los huevos: la primera causa que Morales armó en su contra y que muestra el entramado detrás de las acusaciones, repetido en cada expediente. Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación de Abogadas y Abogadas del Noreste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Milagro Sala volvieron a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la situación de hostigamiento y criminalización a ella desde que Gerardo Morales asumió el gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

La sangre y la cárcel

Milagro está angustiada ante el encierro. También porque el Poder Judicial cada semana le envía una cédula por alguna causa. Lo está por el deterioro de su familia, la destrucción de la obra que construyó en la provincia y el alejamiento de la militancia que no encuentra respuestas. Milagro sostiene que también fue abandonada por quienes entre el 2016 y el 2019 desfilaron por Jujuy para sacarse una foto y hacer campaña con la primera presa política. En el mismo sentido, Garfagnini aseguró que “el problema de Milagro es que tiene rota el alma porque su fuerza política la sigue manteniendo presa y sigue privilegiando la relación con su carcelero”, explicó en referencia a Gerardo Morales.

“La sangre y la cárcel siempre fueron siempre un límite para el peronismo –dijo Coco--. Cruzarlo genera un quiebre moral dentro de la militancia del movimiento popular que la lleva al desgano, a la apatía y al desenamoramiento de nuestra fuerza política. No deberíamos recurrir nosotros al carcelero para aprobar leyes en el Congreso, no deberíamos allanarle una situación donde sea el rey del litio en Argentina y designe a su esposa en YPF. Deberíamos encarar una reforma judicial y ampliar la Corte. Podríamos escuchar un ratito a Zaffaroni o vamos a seguir con una Corte como la que tenemos hoy, que es el basurero de la democracia”.  Consultado sobre el estado de la relación con Elizabeth Gómez Alcorta, ex abogada de Milagro Sala y ahora ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Garfagnini destacó que dialoga con ella con frecuencia así como con otros funcionarios del gobierno. Y dijo: “Cuando hicimos el acampe en Plaza de Mayo pasaron varios compañeros del gobierno que fueron los que enfrentaron las políticas del macrismo con nosotros durante cuatro años, pero ellos no son los que toman las decisiones. Son estas tres personas que mencioné quienes tienen que convocar a los compañeros a debatir una agenda que permita enfrentar a los poderosos de este país. Si nos convocan, nosotros vamos”.

 

 

 

 

 

 

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, co-presidenta del organismo, en diálogo con El Cohete a la Luna señaló: “Consideramos inaceptable la continuidad de la privación de libertad de Milagro Sala y demás compañeras y compañeros de la Tupac. Es preciso que los tres poderes del Estado generen acciones para lograr el cese de esta arbitrariedad. Reclamamos la votación en el congreso nacional del proyecto para lograr la Intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, así como que se ejerza claramente un fuerte cuestionamiento de las actitudes del gobernador Morales, artífice de la peor persecución vivida contra militantes sociales. Hay escasa decisión política en este sentido, esperábamos una acción decidida y concreta que hasta ahora no ha tenido lugar en la agenda nacional”.

Otros organismos defensores de derechos siguen con preocupación el deterioro del estado de salud después de 2.096 días presa. El próximo 11 de octubre una delegación que encabezan José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, rama Argentina, viajará a Jujuy para dialogar con Milagro y con cada una de las presas y de los presos políticos de la provincia: María Graciela López, Patricia Margarita Cabana, Javier Nieva, Miguel Ángel Sivila, Ivan Dante Altamirano, Mirta Rosa Guerrero María Condori y Adriana Condori. En el inicio de la campaña de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el 14 de noviembre, desde el gobierno nacional prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.

 

 

 

 

 

 

La vuelta la CIDH

A mediados de agosto, en una denuncia que hasta ahora no tomó estado público, el Cels, Andhes y Milagro Sala volvieron a responsabilizar al Estado argentino ante la CIDH por la violación a los derechos humanos de la dirigente social. Además de recorrer el proceso de persecución que se inició el 16 de enero de 2016 con la privación arbitraria en el acampe, uno de los ejes de esta nueva denuncia contra el Estado argentino detalla las irregularidades que tuvieron lugar en el marco de la causa que se conoce como “de las bombachas” en la que se acusó a Milagro Sala de amenazar por teléfono a dos policías de la provincia de Jujuy. La descripción repite lo que se puede ver en distintos expedientes contra Milagro: la representación de las supuestas víctimas por parte de abogados relacionados con Gerardo Morales, la animosidad de los fiscales que impiden introducir prueba en favor de la dirigente social y construyen la culpabilidad con argumentos discriminatorios y apreciaciones personales que no tienen ninguna relación con los hechos denunciados.

En la denuncia, los organismos también destacan que en esa causa en particular, si bien el Tribunal Oral que la enjuició en primera instancia decidió absolverla por falta de pruebas, el fiscal mantuvo su posición criminalizante. “A partir de la segunda instancia, Milagro Sala se vio seriamente perjudicada en el ejercicio de sus derechos fundamentales, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fue condenada por el Tribunal de Casación de la Provincia. La máxima instancia judicial de Jujuy confirmó la condena y la Corte Suprema decidió no revisarla. De esta manera, la última instancia judicial de la Argentina consolidó una serie de violaciones al debido proceso y las garantías judiciales mínimas que tiene toda persona que es sometida a un proceso penal”, explicó a este medio Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Cels.

Por otro lado, Morales señaló que en la denuncia se detallaron diversas situaciones que Milagro Sala debió soportar. Entre ellas:

• haber sido condenada en segunda instancia sobre la base de una prueba de procedencia dudosa, incorporada extemporáneamente y que nunca fue puesta en discusión a lo largo del proceso, por lo que se le impidió defenderse;
• haber sostenido su condena sobre la base de un análisis del “contexto histórico”: la construcción sesgada y discriminatoria de Milagro Sala como una mujer violenta y poderosa con capacidad de amenazar a personas, aunque estas amenazas en concreto no se hayan logrado probar;
• el rechazo y descalificación de los testigos que sostenían que las amenazas no existieron, por el solo hecho de ser conocidos de ella y sin tener en cuenta que un análisis de toda la prueba impedía confirmar que los hechos ocurrieron como los policías dijeron;
• la decisión de fijar una pena de prisión de cumplimiento efectivo sin ningún tipo de fundamento.

“Esto, en relación al presunto hecho cometido, es desproporcionado y arbitrario, y revela que la única intención del proceso era castigarla”, señalaron desde el CELS. Por otro lado, la presentación también dio cuenta que todas las instancias de revisión de la condena fueron meramente superficiales. Los jueces se negaron sistemáticamente a dar un tratamiento serio y exhaustivo de los planteos de Milagro Sala”, explicó el director de Litigio y Defensa Legal. En paralelo, el último 15 de junio tanto el Cels como otros organismos de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sostenga las medidas provisionales otorgadas en noviembre de 2017, cuando ordenó al Estado argentino adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala. El nuevo escrito señala que subsisten los motivos por los cuales fueron otorgadas las medidas sobre la extrema gravedad y urgencia en la situación actual de Milagro Sala vinculada a su salud psicofísica y que continúa la necesidad de prevenir la ocurrencia de daños irreparables a su persona.

En cuanto a la continuidad de la persecución judicial, destacaron la nueva causa abierta en su contra en junio de este año, días antes de las elecciones provinciales. A pesar de llevar más de cinco años privada de su libertad, acusaron a Milagro Sala de instigar a los vecinos de Campo Verde que protestaron en contra de la decisión del gobierno provincial de construir una escuela en uno de los pocos espacios verdes que hay en el barrio. “Desde el inicio de estas medidas provisionales, la situación judicial de Milagro Sala se inscribe en un contexto de hostigamiento y persecución, tanto a ella y sus allegados como a la organización que lidera, por parte de las máximas autoridades provinciales, que generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica”, sostuvo Diego Morales. Y agregó: “Además, en estos dos mil días se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta”.

 

 

 

 

 

 

Cochinillo, parte dos

En el primer proceso judicial que Gerardo Morales inició contra Milagro Sala la Justicia acudió al testimonio de una única persona que no pudo ser corroborado por nadie más como sucedió más tarde en otras causas. En base al testimonio Milagro Sala fue condenada. En el caso de los huevos, una persona llamada René Cochinillo Arellano aseguró que durante una reunión en casa de Milagro, ella le ordenó realizar un escrache contra el entonces senador que hoy concentra la suma del poder público de la provincia. Sin embargo, otras personas que estuvieron en esa misma reunión, e incluso quienes efectivamente estuvieron en el escrache, lo desmintieron. Pero, además, en el juicio oral y público que se realizó en diciembre de 2016, se corroboró que Arellano mintió, al menos, en 10 ocasiones. En función de esas mentiras es que la entonces abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó la extracción de testimonios. Luego, a mediados del año siguiente, cuando la causa llegó a la Cámara de Casación Penal, el fiscal Javier De Luca presentó una denuncia por falso testimonio contra del empleado de Morales. Esa denuncia prospera ahora en Jujuy.

 

 

 

 

 

Varias características del testigo se conocieron en pleno juicio. Cuando se le consultó a Arellano si trabajaba para el Estado, el testigo --que como tal está obligado a decir la verdad-- aseguró que no. Sin embargo, informes oficiales revelaron en el mismo momento del debate que era empleado del gobierno de Gerardo Morales. Poco después, en un artículo periodístico, Horacio Verbitsky detalló que entre Arellano, sus hijos y esposa cobraron ese mismo año alrededor de 1 millón de pesos por parte del gobierno de la provincia. Otra de las mentiras develadas en el juicio estuvo vinculada a la relación entre Arellano y Luciano Rivas, abogado de Gerardo Morales. Según el inconsistente relato de Cochinillo, un día desesperado fue a la legislatura de Jujuy y de casualidad --palabras textuales-- se cruzó con Rivas y le pidió ayuda. Así fue que le contó sobre el supuesto pedido de Milagro Sala para que escrache a Morales y se convirtió en testigo estrella de la causa. Sin embargo, su propia compañera en el mismo juicio, señaló que en realidad conoció a Rivas a través del famoso Normando Álvarez García, conocido ahora por ser el ex embajador argentino en Bolivia al momento de producirse el contrabando de municiones en pleno golpe de Estado contra Evo Morales. Casualidad va, casualidad viene, la policía que acusó a Milagro de amenazarla telefónicamente en la causa de las bombachas tuvo como representante legal a… Luciano Rivas y Gastón Morales, hijo del gobernador y ahora a cargo del cultivo de cannabis. Porque siempre es bueno que todo quede en familia.

Otro de los hechos que dan cuenta del falso testimonio de Arellano está vinculado con la relación con Rivas. Mientras Arellano dijo que no volvió a ver ni a hablar con el letrado de Morales desde el encuentro en la Legislatura, un informe de la empresa telefónica reveló que también hablaron por teléfono el día anterior a la declaración del testigo en la etapa de instrucción. Esta semana, más precisamente el 28 de septiembre, Arellano y Chauque se presentaron ante el Poder Judicial. En esta ocasión, como imputados. Y se negaron a declarar. Mientras las causas se caen a pedazos cuando se ponen bajo la lupa de la legalidad, el hostigamiento contra Milagro Sala no cesa. Y la pregunta es si se detendrá esta situación solo una vez que la vean muerta o si se va a tomar la decisión política de frenar el atropello antes de que sea demasiado tarde para Milagro y para el país.

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