El ajuste tan temido

 

Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) publicada en abril de 2024 por el Ministerio de Capital Humano, que cristaliza la situación laboral a febrero de este año, para ese mes, el nivel de empleo privado registrado en empresas verificó por tercer mes consecutivo una caída neta del empleo. La contracción, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, alcanzó al 0,9%. Con relación a los meses de febrero de los años anteriores, se observa la mayor caída neta del empleo desde febrero de 2002. El informe confirma que en febrero de este año todas las ramas de actividad experimentaron contracción, y que fue el sector de la construcción el que presenta la mayor caída mensual del empleo con un 1,3% y acumula un 11,2% interanual.

Luego del piso de empleo producto de la pandemia (julio 2020), la Argentina había alcanzado un crecimiento sostenido durante 37 meses, con un máximo histórico en agosto de 2023 de puestos de trabajo registrados en el sector privado.

Lo que prosiguió en los meses de marzo y abril de 2024 en términos de pérdida de puestos de empleo resulta catastrófico. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y el secretario general de la UOCRA coinciden en que, desde la asunción del gobierno libertario, se perdieron 100.000 puestos de trabajo en la actividad de la construcción, lo que se origina principalmente por la paralización de la obra pública. Además, este resulta ser uno de los sectores con mayor informalidad laboral, alcanzando a un porcentaje del 47%. La crudeza de este parate irradia negativamente en otros rubros y actividades que dependen directamente de la construcción. Es decir, más desempleo.

Tampoco fue ajena a la pérdida de puestos de trabajo la actividad metalúrgica, habiendo denunciado el secretario general de la UOM más de 8.000 despidos en lo que va de la nueva gestión de gobierno.

Por su parte, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires denunciaron que se perdieron 17.000 puestos de trabajo solo entre diciembre y enero.

En el sector público, Milei anticipó que su objetivo es llegar a los 70.000 despidos, una cifra que representa el 35% del personal civil del sector público nacional. Hasta el momento, se produjeron alrededor de 20.000 despidos. Entre ellos hay personas con gran antigüedad, discapacitados/as y embarazadas.

En suma, sobre el final de abril, las estimaciones que podemos hacer, debido a la imposibilidad de tener datos precisos por la manipulación que efectúa el gobierno, es que, desde que asumió Javier Milei, se perdieron al menos 200.000 puestos de trabajo, incluyendo formales e informales. Ello surge de la consulta a distintos sindicatos.

Por otro lado, las consultoras privadas como Analytica, en su visión más pesimista, auguran que el desempleo podría crecer en tres puntos porcentuales, hasta alcanzar el 8,7%, lo que equivaldría a la escalofriante suma de 726.000 nuevos desocupados.

Detrás de las planillas con números existen casos reales; personas que perdieron su puesto laboral consumirán su indemnización —si es que la hubo— y luego pasarán a formar parte de un ejército de desempleados forzados, por necesidad, a aceptar peores condiciones laborales a cambio de un salario para su subsistencia. Ese es el modelo que pretende imponer el anarco-capitalismo gobernante.

Entre las empresas de gran envergadura que, excusadas en la caída del consumo, despiden personal, podemos mencionar el caso de la empresa Topper (ex Alpargatas), que en febrero despidió a 84 personas, de las cuales 80 eran mujeres. En declaraciones de aquel entonces, las trabajadoras comentaron que cuando las llamaron se pusieron contentas porque pensaron que las iban a efectivizar al cumplirse un año desde su ingreso. Sin embargo, la precarización y falta de estabilidad en el empleo, como otros flagelos del mundo del trabajo, afectan mayormente a las mujeres. Además, esta firma fue una de las primeras que dio la nota durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando despidió a 500 trabajadores.

En el caso de la compañía MABE (lavarropas Drean), la empresa despidió a 200 empleados en su planta de Luque, provincia de Córdoba, localidad en la que el 82% de los habitantes habían votado a Milei. La planta permanecerá cerrada desde el 22 de abril al 6 de mayo, lo que ha generado una gran incertidumbre en el resto del personal.

Por su parte, en la fábrica de PUMA en la Argentina, situada en la provincia de La Rioja, fueron despedidos hace escasas semanas 20 operarios. Los cesanteados explican que en este caso el objetivo fue disciplinador, toda vez que esos trabajadores/as eran quienes reclamaban por mejoras en los salarios y en las condiciones laborales. Explican que mientras la fábrica puede producir 15.000 pares de zapatillas por día, a ellos les pagan un salario de 350.000 pesos, que equivale a solo dos pares.

En la planta de la alimenticia Pepsico en Mar del Plata, sus delegados denuncian que de 550 personas que trabajaban a fines del año pasado, ahora quedan 390. El 11 de abril fueron despedidos 36 trabajadores por su activismo en contra de la implementación del “cuarto turno”, modalidad que se conoce como “turno americano” y que consiste en trabajar 12 horas durante tres días, con tres días de franco. Este formato ya existe en nuestro país y es rechazado porque elimina la posibilidad de cobrar horas extras y destruye la vida social de los trabajadores.

Estos fueron solo algunos casos de la realidad.

El arribo de un nuevo gobierno neoliberal, al igual que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, suele traducirse en vía libre para ejecutar despidos injustificados, “retiros voluntarios” o suspensiones por razones económicas. La baja en el consumo suele ser el argumento por excelencia utilizado por las empresas empleadoras; sin embargo, algunos encubren fines más oscuros como el disciplinamiento frente a la protesta. Las personas, a la merced de los mercados, en franca contradicción con las normas protectorias del trabajo.

El pueblo, por su parte, ha decidido ponerle límites al ajuste brutal de Javier Milei, ejerciendo su derecho a protestar y a expresarse. Esta semana, cerca de un millón de personas se concentraron en las calles de todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita, derecho que se encuentra incluido en la Constitución nacional (artículo 75, inc. 19). Luego de semejante demostración popular, resulta imprescindible citar a la ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, quien compartió una foto de la ficha universitaria de ella y del ex Presidente Néstor Kirchner, declarando: “Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del ‘75-‘76, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas, logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública? Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia”. “Educación pública para la igualdad de oportunidades”. Solo así, se conseguirá la igualdad real.

 

 

 

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